Boletín informativo nº 691

Doble absolución, doble impunidad: La policía al cuidado de los jueces.
Después de varias semanas de intentar desgastar y desmovilizar a los compañeros que se hicieron presente en los tribunales y de dilatar innecesariamente el debate, el pasado viernes 17 de mayo el Tribunal Oral en lo Criminal nº 3 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Rafael Villamayor, Marcelo Dellature y Jorge Camino, absolvió al policía federal Maximiliano Germán Ledezma, que el 26 de septiembre de 2010 fusiló con cuatro y tres tiros en la espalda a Walter Robles y Leandro Pérez, dos pibes de villa Fiorito.

Esa fue la respuesta del poder judicial ante el pedido de prisión perpetua de CORREPI y de 20 años de cárcel del fiscal. Legítima defensa, presunción de que los chicos estaban armados, miedo que justifica 9 disparos de los cuales siete hicieron blanco, hostilidad de los vecinos que “alteraron la escena”, varios nombres técnicos y explicaciones absurdas se agolpan en las justificaciones judiciales que para nosotros no tienen otro significado que el que venimos denunciando desde hace años: impunidad y complicidad ante los disparos asesinos de la policía a nuestros pibes en los barrios.

Después de una larga lucha logramos sentar al policía federal Ledezma, custodio de la presidencia, en el banquillo, y no por la muerte de Lean solamente, como nos quisieron imponer en un momento (justificándose en que se había encontrado un arma junto al cuerpo de Walter y pasando por alto que todos los tiros fueron por la espalda) sino por los dos. Obligados a juzgarlo por los dos homicidios, los jueces descartaron sin el menor prurito las declaraciones de los vecinos de la cuadra, que contaron cómo vieron a los pibes que corrían dando la espalda al asesino, y se apoyaron en la versión policial de que Villa Fiorito es una “zona baja naturalmente hostil a la policía”. Así, concluyeron que todos los que, tras los fusilamientos, se agolparon en la calle para increpar al policía federal y sus camaradas provinciales eran delincuentes que aprovecharon a llevarse el arma que nunca apareció… porque no estaba.
Seguiremos, junto a las compañeras Nelly y Marcela, mamás de Leandro y Walter y militantes de CORREPI, el camino de lucha que dimos dentro y fuera de los tribunales. El mismo estado que le sigue pagando el sueldo a Ledezma, que lo reclutó, entrenó y equipó, es el responsable político de estos asesinatos, y de cada pibe asesinado a diario por su aparato represivo.

Son muchos las tareas que debemos seguir cumpliendo junto a los compañeros, para mostrar que los policías no se “defienden” cuando disparan por la espalda, que no tienen miedo sino odio cuando disparan, que no se equivocan, que disparan -lo entiendan o no- porque su tarea es acallarnos frente a este mundo de injusticias.

La pelea por Walter y Leandro sigue. Ante el tribunal de Casación, para anular este juicio amañado, pero sobre todo en la calle, organizados y conscientes de quién nos mata y por qué.

Den la alarma: ¡todos a sus puestos!

Aunque la historia del oficial de inteligencia de la PFA que el gobierno infiltró durante más de 11 años en la Agencia de noticias Rodolfo Walsh ya sea conocida, nunca estará de más remarcarla: Américo Balbuena, policía en actividad, encubierto como periodista (y actor aficionado, por descarte) fue designado por el gobierno de Eduardo Duhalde y mantenido por ambos Kirchner para espiar, desde una agencia de noticias compañera, a las organizaciones y militantes del campo popular. Obviamente no fue el primero ni es el único integrante del aparato represivo estatal que cumple esa tarea o una similar, pero la voladura de su cubierta se sintió como un golpe que dejó un sabor amargo general, y, dadas las circunstancias, un golpe que no cesa de llegar.

Parejo al repudio general, y al calor de la indignación que trae cada nueva estocada del gobierno, se sintió una gran sensación de sorpresa dando vueltas en el aire, un desconsolado asombro de muchos que no daban crédito a lo que sus ojos veían. Y si bien, inicialmente, tal sensación podría resultar por demás comprensible, es necesario que reflexionemos. ¿De qué nos sorprendemos?.

Sorprendernos porque el estado utilice mecanismos de espionaje para garantizar el ejercicio del control social y el disciplinamiento del pueblo, significaría no comprender la esencia represiva que lo define. El estado, cualquiera sea el gobierno de turno, funciona sobre la base de -y por- la efectividad de sus distintos mecanismos represivos. Ésta no es historia nueva. Así fue y así seguirá siendo. Basta con recordar el despliegue que incluye desde el Proyecto X de la gendarmería nacional a la implementación de las leyes antiterroristas para dar cuenta de lo que estamos hablando.

Asimismo, es importante remarcar que este tipo de circunstancias tienen una doble función. No basta con desplegar una red de espionaje para perfeccionar la represión selectiva sobre la clase trabajadora organizada. Estas coyunturas también sirven para generar un desierto de parálisis e inmovilización, que se logra instalando, a partir de estos sucesos, una escabrosa sensación de paranoia en los sectores militantes. Una paranoia que no provoca otra cosa que desconfianza, y por lo tanto, lesiona la cohesión.

La presunción y la verificación de la infiltración no es un tema menor, sobre todo a la hora de definir criterios y medidas para garantizar la seguridad de cada organización, lo que es un debate histórico en la agenda de la militancia. Un debate que, sin duda, debe seguir profundizándose. Pero éste, el momento de la exposición del “episodio” Balbuena, no debe agotarse en sólo sufrir y lamentarnos, porque justamente eso es lo que sus jefes pretenden: generar inseguridad, inestabilidad, temor en los luchadores, y su consecuencia, la claudicación de las luchas. Debemos profundizar el análisis y encauzarlo en la lucha de todos los días.

Tanto la historia como la coyuntura lo demuestran: la represión es una política de estado, y resulta imprescindible que se asuma y que se enfrente como tal. Si les permitimos que nos agarren desprevenidos, que nos sorprendamos con sus acciones, que generen desconfianza entre los compañeros, vamos fritos. Éste es momento de salir a dar respuestas, y nuestra respuesta está en la organización y la lucha.
¡Den la alarma, todos a sus puestos!

Más represión a las luchas de los trabajadores.

En los últimos días hemos visto a nivel nacional distintas represiones a la lucha obrera. Es el caso de los desalojos de tierras en Córdoba por parte de la policía provincial; de la ciudad de Buenos Aires con la imprenta Lanci, cuyos obreros tomaron la fabrica para defender sus puestos de trabajo, y también el caso de l automotriz Lear en la provincia de Buenos Aires, cuyos trabajadores fueron reprimidos por la gendarmería cuando intentaban cortar la Panamericana para reclamar la reincorporación de 19 compañeros despedidos por su actividad sindical. En las últimas horas, se suma el ataque en Chaco a las organizaciones sociales, con el saldo de por lo menos un muerto y 95 presos.

Todas estas luchas por reivindicaciones vinculadas al trabajo, la vivienda, la tierra y otros derechos básicos, son sistemáticamente reprimidas por la fuerza pública, al amparo del aparato judicial y bajo la orden del poder político. Su fin es desorganizar y aleccionar a los trabajadores que se atreven a protestar. Es una política de estado, que se extiende por todo el país, que no varía según el partido gobernante de turno y que recrudece frente a las crisis económicas.

Mientras en los medios se habla de pronósticos sobre la cotización del dólar y se discute el “blanqueo”, es casi completo el silencio periodístico sobre la respuesta cada vez más violenta que da el estado ante las luchas. Ante el recrudecimiento de la represión a los trabajadores organizados, debemos oponer unidad, más organización y más lucha.

¿Un “fenómeno sociológico” nos mata un pibe por día?

En sintonía con la política kirchnerista de despegarse de las acciones represivas estatales sobre el pueblo, a principios del mes de mayo convocaron a un encuentro, en Plaza Congreso, de la “Campaña contra la Violencia Institucional”, con la participación de todo tipo de funcionarios y militantes oficialistas, intelectuales y algunos familiares de víctimas.

El absoluto cinismo con el que se trata el tema represivo desde el gobierno permitió que, en la misma jornada, funcionarios y dirigentes kirchneristas cumplieran el rol de defender la política represiva del gobierno, a la vez que compartían paneles con familiares de sus víctimas, que, por el sólo hecho de existir, dan por tierra con todo intento de desresponsabilizar al estado de la represión sistemática que día a día se descarga contra el pueblo.

Desde la “producción intelectual” alrededor de estas políticas, se desprende un enorme esfuerzo por asumir una tarea en defensa del gobierno. Así, en los materiales escritos que expresan las voces de quienes son caras visibles de esta campaña, se levantan desde las básicas “teorías” de la “autonomía policial” o “los lastres de la dictadura” hasta pomposas explicaciones sociológicas donde se intenta ocultar el rol de la represión como política de un estado que defiende los intereses de los explotadores, queriendo poner esa responsabilidad en “la sociedad en su conjunto”.

Dicho en pocas palabras, como ya no pueden negar la represión, nos quieren hacer creer que “la culpa de que haya más de 3.800 pibes fusilados por la policía o decenas de asesinados por luchar, la tenemos todos”.

En folletos y revistas de la campaña encontramos párrafos y párrafos citando a Althusser y “las relaciones que sujetan”, a Durkheim, para plantear que los pobres policías son casi víctimas de “dispositivos y relaciones que presionan sobre su modo de actuar, pensar y sentir” (¿asesinar y torturar?), la microfísica de Foucault para justificar las relaciones de poder dentro de la policía como un “fenómeno social” y hasta tergiversan a Trotsky para parecer zurdos y abonar un poco más a la tesis de la continuidad de una policía autónoma con resabios de autoritarismo dictatorial.

Ni qué decir de los coquetos manuales con consejos sobre qué hacer “si te detienen” con recomendaciones administrativas sobre casos de detenciones sólo de la bonaerense, una versión reformada y recortada de nuestro “Manual del Pequeño Detenido”, obviando lógicamente su conclusión central: “Todas estas técnicas ayudan para acelerar la soltura y aliviar la situación del detenido. (…) No son una solución de fondo, pero en el caso concreto ayudan. (…) Mostrarles que no les tenemos miedo, (…) les mete miedo a ellos, porque a nada temen más que a los pobres organizados y conscientes”.
Los militantes de la Juventud Peronista hablaron de “historia”, de los ‘70, de los ‘90, del neoliberalismo… pero ninguno mencionó que más de la mitad de los asesinados por la represión estatal responden al período del “gobierno nacional y popular”.

Desde el CELS hablaron de la “cultura de la fuerza” y de los “abusos” policiales. De sus “importantes investigaciones” que registran “una amplia gama de acciones policiales abusivas cuyo blanco principal son los jóvenes pobres”… Sin perder de vista, claro, que sólo hablan de la policía de Scioli, como si en el resto del país, incluida por supuesto la ciudad de Buenos Aires, los pibes no fueran detenidos, torturados y asesinados de la misma forma y en la misma cantidad de casos que en la provincia de Buenos Aires.

Pero tanto esfuerzo puesto en confundir y cooptar se ve opacado por la realidad. Ninguno de los funcionarios, intelectuales ni militantes K pudieron responder a las denuncias concretas sobre las torturas y asesinatos que ocurren sistemáticamente desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.

Es que desde el estado y los diferentes gobiernos de turno, jamás podrán responder favorablemente al pueblo, al que necesitan disciplinar para mantener este estado de cosas, con la explotación del pueblo pobre y trabajador por los que dominan. Ni haciendo el mejor compendio sociológico podrán pasar por alto que los más de 3.800 asesinados por el aparato represivo desde 1983 hasta la fecha muestran una sistematicidad y una responsabilidad de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, de todo tipo y color; y que la participación del aparato judicial y los medios de comunicación son parte de la puesta en práctica de esta política represiva del estado.

Usan nuestras cifras, nuestro lenguaje, nuestros espacios… pero jamás podrán usar nuestra lucha.

Se viene la policía municipal en la provincia de Bs. As.

En el fárrago de cuestiones que enmascaran la tenida política en la provincia de Buenos Aires, la de la seguridad ocupa un lugar central. Peronistas no K (sciolistas o denarvaistas) por un lado y peronistas k (sabatellistas entre ellos) por el otro, vienen pugnando por apropiarse del concepto de “policía municipal” para dar respuestas a la “demanda de seguridad ciudadana” que, hoy por hoy, resulta una de las más logradas consignas de la fábrica de consenso en que unos y otros confluyen.

Muy resumido, todos plantean descentralizar algo del manejo institucional policial para los municipios con más de 100 mil habitantes que lo deseen, traspasando recursos humanos y técnicos por los que los mentados distritos contarán con un cuerpo propio de policía destinado a “prevenir y conjurar actos delictivos”.

La actividad policial municipal tendrá, según los proyectos, límites imprecisos: no actuarán en el mantenimiento del orden interno, ni en operaciones especiales, ni en investigación criminal. Esas funciones seguirán a cargo de la policía provincial, por lo que la superposición de fuerzas y tareas será entonces una constante. Tan constante, como la amenaza que se cierne sobre los más pobres de los distritos que verán, así, saturadas las calles de uniformes, móviles y frecuencias pobladas de órdenes y “qsl” destinadas a mantenerlos a raya y lejos de los ámbitos públicos en los que la gente bien disfrute sus privilegios.

La experiencia de las guardias urbanas y la creación de la macrista Metropolitana dan cuenta de la continuidad histórica del modo en que se concibe la llamada “seguridad preventiva local” que inspira a todos los proyectos.

Con fraseología más o menos conservadora, más o menos progresista, ambos sectores representantes del orden impuesto coinciden en que lo importante es relegitimar el rol represivo de la institucionalidad.

Es absurdo pretender algo distinto cuando, a poco de sobrevolar los proyecto, luce que la formación de los “nuevos” dependerá de los “viejos” (la vigencia de los planes y docentes de la Vucetich está plasmado en el proyecto oficial, mientras que la Junta de Reencasillamiento de todos aquellos actuales policías que quieran formar parte del cuerpo municipal, es lo distintivo del sabatellista).

Como era de preveer, no existen diferencias sustanciales entre los diversos proyectos. Quien quiera encontrar diversidad conceptual sobre el rol de la institución elegida por el poder para ejecutar el disciplinamiento interno de la sociedad dividida en clases, saldrá defraudado.

Sciolistas y no sciolistas, kirchneristas y no kirchneristas, todos acuerdan en la necesidad de contar con más perros guardianes, con mínimas discrepancias sobre el financiamiento, el traspaso de partidas presupuestarias o la creación de un fondo especial, como plantea Nuevo Encuentro.

La presencia de múltiples fuerzas de todo color (provinciales, municipales y las nacionales, como gendarmería y prefectura que ya están) impactará en el paisaje a controlar, pero nunca como en la subjetividad de quien habita ese paisaje.

Sciolistas y no sciolistas, kirchneristas y no kirchneristas, todos acuerdan en considerar la integridad de los ciudadanos en relación directa con el derecho de propiedad. Con el eufemismo “mapa del delito” pretenden perimetrar las zonas dónde desborda la pobreza. Es que la verdadera guerra se la declaran a los pobres.

Aparentan desmilitarizar la fuerza, a puro gesto: prohiben venias, pasos marciales, junta de tacos… al tiempo que sofistican su capacidad represiva, con armas y equipamientos propios de ciudades ocupadas. El problema para todos ellos es la solemnidad policial, no el disciplinamiento social.

Sciolistas y no sciolistas, kirchneristas y no kirchneristas, todos acuerdan en que el maquillaje ayuda a tapar las arrugas que afean el rostro de la sociedad capitalista. Llaman “de proximidad” a la institución que registra la mayor cantidad de crímenes en función de políticas de estado. He ahí la muerte de un pibe pobre por día a manos de estas fuerzas.

Calculan en cuatro años la implementación definitiva de estos proyectos. Cuatro años, nada más, para que la muerte, agazapada en uniforme y patrullero nuevo reciba los llamados desde otros teléfonos.

Próximas actividades.