Boletín informativo nº 693

El bolillero del gatillo fácil sigue girando.

Mientras los gobiernos que administran una sociedad dividida en clases cumplen la tarea esencial de garantizar la dominación a través del ejercicio de la represión, los grandes artífices de la cooptación de consenso, los medios, se encargan de filtrar lo que no puede verse y de ordenar lo que debe trascender. Todos los días, y sin importar mucho su alineación o su enfrentamiento con el gobierno de turno, nos cuentan lo conviene, y como conviene al poder.

Así es como quisieron disimular la responsabilidad estatal en el fusilamiento policial del hincha del Club Atlético Lanús, Javier Gerez, el pasado 10 de junio, cuando intentaba ingresar al Estadio Único de La Plata para ver a su equipo. Los estilos fueron muchos, pero ninguno vaciló en cumplir su función: algunos medios dijeron, lisa y llanamente, “la violencia del fútbol nuevamente ha dejado un muerto”, obviando la intervención policial en un marco de general represión; otros inauguraron la expresión “malapraxis policial”, como si un deliberado disparo fuera lo mismo que una equivocación médica. La enorme mayoría, incluso después que el ministro provincial Casal confirmara que la muerte se produjo por un proyectil disparado por un policía, utilizaron el eterno “confuso episodio”.

Otras apreciaciones no fueron menores: mientras no hubo resultados del peritaje forense, muchos medios cuestionaron la posibilidad de que una bala de goma pudiera causar la muerte. En primer lugar, bien sabemos que los azules no siempre llevan postas de goma, o sólo éstas -como hemos podido verificar infinidad de ocasiones, como el caso del Pata Díaz, fusilado por el policía Pablo Apecechea, en cuyo juicio los policías confirmaron que es habitual intercalar, en las escopetas, postas de goma con postas de plomo. En segundo lugar, como ha quedado demostrado en otra buena cantidad de casos, varios del 20 de diciembre, por ejemplo, un cartucho con postas de goma puede matar si se dispara lo bastante cerca. Igual lo puede hacer un cartucho de gas lacrimógeno, como ocurrió con el maestro Fuentealba.

El ministro Casal, a la vez que confirmó que fue una posta de goma de una escopeta policial, no dudó en aprovechar la coyuntura para desligar su responsabilidad política, pretendiendo “ocuparse” del asunto, y facilitó los videos de las cámaras de seguridad a la fiscalía interviniente en el caso, desafectó de la fuerza a los tres posibles tiradores, y, en inequívoca muestra del absurdo de insistir con lo de “justicia democrática e independiente”, declaró a los medios que poco menos que ordenó al fiscal que se ordenara la detención.

Del mismo modo, unos días antes, también en la ciudad de la Plata, se intentó justificar los fusilamientos policiales de dos pibes que ocurrieron en días consecutivos (4 y 5 de junio). Uno de ellos fue asesinado por un policía federal en el barrio Villa Elvira. El otro, por un bonaerense en el barrio Aeropuerto. Casos muy similares, por no decir iguales: los verdugos dicen que fueron víctimas de un intento de asalto, que se identificaron y que los chicos les dispararon (parece que los dos eran igual de malos tiradores, pues ambos policías resultaron ilesos). Los uniformados, claro, “se defendieron” y tiraron a matar. El mismo relato que tantas veces, cuando logramos llegar a los expedientes, queda desbaratado con los tiros en la nuca o la espalda, con el “perro” plantado y –al margen de que los jueces condenen o absuelvan- la certeza del fusilamiento.

De la misma manera, pero unos kilómetros más lejos y días después, el 7 de junio, en el barrio municipal de Zárate, cuentan que un móvil de la policía bonaerense llegaba de madrugada a una obra en construcción por una denuncia recibida al 911 de “movimientos extraños”: el resultado fue un pibe fusilado por la espalda con balas de plomo. El superior a cargo de la división policial declararía después: “El policía creyó que la escopeta estaba cargada con postas de goma y no con perdigones de plomo”.

Así es como los medios reproducen la versión policial, la versión oficial.

Mientras nos cuentan lo que conviene, la sistematicidad de la represión estatal sigue al corriente del día y nuestros pibes siguen muriendo.

Todos los días, el bolillero del gatillo fácil sigue girando, la militarización de los barrios desangelados y su finalidad -la desarticulación de la organización popular- son la moneda corriente de una política de estado que vive para perpetuar el privilegio capitalista.

Pero eso sí, así como la impunidad está al corriente, así como es de contundente la realidad de los hechos, así se reafirma, nuestra necesidad de dar respuesta, que es y será: ¡CONTRA LA REPRESIÓN, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

Sobre los cambios en el gabinete nacional.

La noche del 30 de mayo se anunció el primer cambio de gabinete nacional desde el inicio del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Agustín Rossi pasó, de presidir el bloque de diputados del Frente para la Victoria, a dirigir el ministerio de Defensa. Arturo Puricelli fue cambiado del ministerio de Defensa al de Seguridad, y la ministra saliente, Nilda Garré, fue destinada a un irrelevante puesto de embajadora ante el ministerio de Colonias yanqui, la OEA.

Entre varias enseñanzas que dejaron estos cambios, una de ellas fue la reacción de los medios de comunicación, tanto oficialistas como opositores: con distinta valoración, coincidieron en lo esencial: “Un enroque de piezas pero sin cambio de rumbo”, tituló Página 12; “Cambian los ministros, siguen los problemas” fue el encabezado del editorial del opositor Joaquín Morales Solá.

Otro aspecto en el que coincidieron fue resaltar que, con estos cambios, se saldaba la interna de Santa Fe en contra de Rossi. Esto, antes que se conociera que pusieron bajo su órbita a la flamante obra social de las fuerzas armadas y de la empresa de Fabricaciones Militares. Uno de los soldados más fieles de Cristina va a ser el encargado de decidir los destinos de más de 700 millones de pesos en un año electoral. Más que degradarlo, se lo ungió como jefe de campaña del FPV. Además, Agustín Rossi continuará la tarea ya delineada por Néstor Kirchner de “reconciliar a la sociedad con las fuerzas armadas”, esto es, de desarmar ideológicamente al pueblo frente a su verdugo histórico.

En el caso de Arturo Puricelli, los medios también volvieron a estar de acuerdo. Los oficialistas publicaron que se habría tratado de un reconocimiento, al nombrarlo en un área de mayor relevancia política; los opositores lo interpretaron como una ratificación ante denuncias de corrupción e ineptitud. Sea como fuere, no hay que olvidar que, en este caso, el gobierno repite la misma táctica que en otras áreas sensibles: el funcionario con más poder político no es el de mayor jerarquía. Así como en Economía, donde el ministro Lorenzino es una figura menor, y resaltan Kicillof y Moreno, en el ministerio de Seguridad la figura principal es Sergio Berni, que además es amigo de Puricelli desde hace 20 años. Los segundos aplican la política de gobierno y sus superiores jerárquicos son los fusibles que permiten que aquéllos continúen en sus cargos.

En el colmo de la exageración, los diarios opositores mostraron la designación de Nilda Garré como señal de una cruzada del gobierno contra la “prensa independiente”. Según estos medios, el gobierno busca quitar poder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tener manos libres para “ir por la libertad de prensa”, como si la existencia de esas instancias supranacionales pudiera ser la salvaguarda de algún derecho o libertad. El estado terrorista de Colombia sigue masacrando a su pueblo, pese a que existen varios juicios en su contra, caratulados como masacres, en la Corte de la OEA. El estado argentino no ha derogado la legislación que permite las detenciones arbitrarias policiales, pese a que así lo exige la sentencia del mismo tribunal dictada en el caso “Bulacio” en 2003.

También se señaló que la llegada de Puricelli al ministerio de Seguridad significará un retorno de la cooperación de nuestras fuerzas de seguridad con la DEA norteamericana. Esto es falso, ya que esa “cooperación” (en realidad, sumisión) nunca dejó de existir. Los represores se han entrenado con los yanquis desde 2003 sin solución de continuidad. En línea con la presidenta, que se había quejado de que los jueces dejan libres a los delincuentes apresados por la policía, Berni repitió la misma letanía y Puricelli aseguró que trabajará “para que la gente se sienta cada vez más segura y realmente se termine con este flagelo del delito”. Es decir, cabe esperar una profundización de las políticas de seguridad y de la represión.

El secretismo que rodeó a estos cambios demostró quién manda todavía en el gobierno: Cristina. A pocos días de retar a propios y a extraños por intentar tratarla como idiota, brinda otra muestra de que puede encuadrar a su tropa y que ésta le obedece, por el momento. Esta demostración no necesariamente es un indicio de fortaleza sino que puede significar todo lo contrario, un síntoma de debilidad. Lo cierto es que, por el momento, todos se cuadran. Por tanto, no cabe suponer que alguien más que la presidenta sea quien fije la política de gobierno, lo que a su vez implica señalarla como la principal responsable de todas sus consecuencias.

La ida de Garré no termina con el Proyecto X, con la infiltración a las organizaciones populares, con los operativos Centinela y Cinturón Sur, con la criminalización de los luchadores, con la entrega de perseguidos políticos a sus verdugos, con la existencia de presos políticos, etc., porque no es Garré la responsable primaria de esas políticas, sino la propia presidenta, en tanto despliega una práctica que es política de estado desde de 1983.

Como “bautismo” de su gestión, y mientras las fuerzas de seguridad argentinas concurren a un curso en la Escuela Iberoamericana de Policía para ponerse a tono con las formas de la represión continental, el nuevo ministro de Seguridad participó de la XXXIII Reunión de Ministros de Interior y Seguridad del MERCOSUR en Montevideo, Uruguay. Su objetivo expreso es “promover el intercambio de información (entre el MERCOSUR e INTERPOL) que contribuya en la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional”. ¿Y si aprovecharan esos sistemas para encontrar a los policías prófugos, como el sargento Bonifacio Garay, asesino de Omar Lencina, que desde 1995 se esconde en Paraguay?.

El pez por la boca mata.

A menudo reclamamos la hipocresía con que los dueños y guardianes del estado actúan y se expresan; nos indignamos cuando hablan de estado de derecho, de igualdad, de patria, de redistribución de la riqueza. Es repulsivo verlos sonreír cuando hablan en nombre del pueblo mientras lo explotan o aniquilan. Pero tranquilos compañeros: hay excepciones.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó públicamente algunos días atrás: “Un menor no tiene menos responsabilidades que un mayor a la hora de cometer un homicidio. Aquí no hay atenuantes que valgan (…) Si es un menor y es capaz de matar, significa que no sólo es un peligro para la policía, sino para toda la sociedad. Desde este lugar, queremos pedir al Poder Judicial la máxima pena, el máximo castigo para quienes atacan, lastiman, agreden y matan a nuestros policías, que tienen la sagrada misión de salvar vidas”.

Estas expresiones, que colocan al brazo armado del estado en un lugar de víctimas, cuando han sido, son y serán siempre los verdugos, no sólo repugnan por lo retrógradas que resultan respecto a nociones elementales como la edad de imputabilidad de los seres humanos (es la ley que ellos mismos hacen ¿qué más quieren?) y las determinaciones que la exclusión social provoca, sino porque legitiman la represión preventiva, esta vez sin decoro ni eufemismos.

¿Alguna duda?… Weretilneck aclara todo: “A veces si nos apegamos a lo que dice la ley ¿qué hace el juez con un menor? Se lo devuelve a la familia, y devolver cierto menor a la familia significa darle el arma nuevamente para matar, por la situación psiquiátrica y de adicción que tiene ese chico. Por eso a veces no hay que apegarse tanto a la ley, hay que tener más sentido común”.

Lo que el gobernador quiere decir con sentido común es, llanamente, matarlos. Hay que matar a los chicos y adolescentes que agiten o delincan en una sociedad como la rionegrina, polarizada como pocas en el país.

La ley –invento burgués que funciona como su reaseguro más importante respecto al status quo– ha sido siempre “vendida” por el sistema educativo como la codificación del sentido común. La ley es ley porque es buena, prudente, justa, ecuánime, etc. En otras palabras, porque aplica el sentido común humano a todas las situaciones posibles. Se sabe: los garantes de la explotación nunca se quedaron muy contentos con esto, y aun en plena “democracia” y bajo un gobierno que se autoproclama como cultor de los derechos humanos, el pez por la boca muere.

Eso nos gustaría decir, pero por lo que parece, el pez por la boca mata.

¡Basta de demora, la libertad ahora!

Hace 40 años, la movilización popular arrancaba, primero de la cárcel de Devoto, luego de todo el país, a centenares de compañeros, presos políticos, que esperaban su libertad para seguir luchando por una transformación social.

Luego de las elecciones de 1973, el pueblo exigía que el gobierno diera respuesta al reclamo de la liberación inmediata de militantes, sobre todo de organizaciones armadas como PRT y Montoneros.

La movilización a las puertas del penal de Devoto fue tanto masiva como decidida para lograr el objetivo de la liberación de los compañeros, quienes desde adentro también daban la pelea por su libertad. Fue así que en esa jornada, a pesar de la respuesta represiva por parte de las fuerzas del penal que costó la vida de dos manifestantes, incluso horas antes que se votara en el congreso la Ley de Amnistía, se logró la libertad de todos los presos políticos.

Esta es la historia de una lucha triunfante que dio nuestro pueblo en las calles por lograr la liberación de todos los presos políticos. Fueran de la organización que fueran, el pueblo pedía la libertad de todos los compañeros revolucionarios que luchaban por una sociedad más justa.

A muchos años de ese hecho tan significativo, la lucha por la libertad de los presos del pueblo sigue siendo una tarea de las organizaciones políticas y sociales.

Quienes nos organizamos diariamente para cambiar la realidad, sabemos que enfrentamos la represión y la cárcel en cualquier momento y lugar. Hoy, esta realidad es la que están sufriendo los compañeros presos de levantamientos populares como Corral de Bustos y Bariloche, como así también el compañero peruano Rolando Echarri Pareja.

Estos son nuestros presos políticos hoy, los compañeros que por luchar por vivienda, trabajo, justicia social, condiciones dignas de vida, están detenidos en nuestro país.

Así como hace 40 años la lucha y la movilización lograron arrancar la liberación de los compañeros militantes y luchadores, somos nosotros hoy quienes debemos asumir el compromiso de esa lucha.

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS.

No al encarcelamiento de los trabajadores petroleros en Las Heras.

El 17 de junio, en Caleta Olivia, comenzará el juicio contra los trabajadores petroleros que, en 2006, llevaron adelante una fuerte lucha contra su empresa, durante la que, tras la respuesta represiva de los gobiernos nacional y provincial, resultó muerto un policía.

El estado hizo cargo de la muerte del policía Sayago a los trabajadores, doce de los cuales fueron sometidos a prisión y tortura durante tres años y a los que ahora quiere llevar a juicio y condenar, con un expediente tan amañado que la propia fiscalía planteó tres veces que el trámite está plagado de nulidades desde su inicio.

El 17 de junio, mientras en la ciudad de Buenos Aires nos movilizaremos a la Casa de Santa Cruz con todas las organizaciones que reclaman el cierre de la causa y el cese de persecución a los trabajadores, una delegación de compañeros viajará a presenciar la apertura del juicio y explicitar el apoyo militante y la solidaridad plena a los trabajadores represaliados.

Turquía: La represión desató un volcán.

El pasado viernes 31 de Mayo, un grupo de ecologistas acampaba en la plaza Taskim, dentro del parque Gezi, situado en la capital turca de Estambul, en protesta contra la construcción de un complejo comercial. El proyecto incluye la construcción de la mezquita más grande del país y una réplica de un cuartel de la era otomana. Es impulsado desde gobierno e implica la tala de los árboles del parque, lugar emblemático de las movilizaciones sociales hasta la matanza de 36 obreros el 1º de mayo de 1977.

La policía del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, procedió a desalojar el acampe con gases lanzados de a pie y desde helicópteros; hidrantes; balas de gomas y palos. La represión fue feroz y destapó un volcán, que dio lugar a un masivo movimiento de repudio de la población y provocó la mayor movilización del país en los últimos veinte años. Desde Estambul hasta Ankara, se extendió al interior, especialmente a Adana e Izmit. También contó con llamados de huelgas de la Confederación de Sindicatos de Funcionarios, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Públicos (KESK) y la Confederación de Trabajadores Revolucionarios.

Como en Egipto, la masividad también se expresó en la unidad de la lucha callejera de las hinchadas de los tres principales clubes de fútbol rivales: Besiktas, Fenerbahce y Galatasaray. Un diario burgués se lamentaba dado que “por desgracia, los ultras turcos están acostumbrados a los gases lacrimógenos de la policía… se pueden convertir en un peligroso ejército de choque”.

Por el momento, el saldo de la represión fue de tres muertos: un joven de 22 años aplastado por una tanqueta en Estambul y otros dos, ambos de 20 años, por disparos de armas de fuego en la cabeza, en Estambul y en Antakya. Según la Asociación de Médicos de Turquía, hay más de 3.000 heridos, 15 de gravedad y fueron detenidas 1.700 personas, entre ellas 6 “twiteros” extranjeros: dos franceses, dos iraníes, un estadounidense y un griego.

El llamado “milagro turco”, que implicó un crecimiento económico del 5% anual en los últimos diez años, se basó en el proceso de privatizaciones que incluyó telecomunicaciones, red eléctrica, banco estatal, rutas, autopistas, puentes, ríos, lagos, estanques, la mayor empresa mundial de tabaco, fábrica de acero y aerolíneas de bandera nacional. Todo el proceso fue acompañado de una reforma laboral a medida, y fue posible por el apoyo que recibió el partido oficialista islamista de la Justicia y el Desarrollo (APK) durante las elecciones del 2007 y 2011 con el 47% y 50% respectivamente.

Turquía es una república laica, fundada en 1923, sobre las ruinas del imperio Otomano, por Mustafa Kemal Ataturk. El APK atacó desde el inicio la laicidad y las libertades democráticas. Hizo ingresar la religión en el espacio público. El velo islámico fue autorizado en algunas universidades. El virtuoso pianista Fazil Say fue condenado por blasfemia por una serie de twits en los que ironizaba sobre la religión. La semana pasada, el gobierno hizo votar una ley que prohíbe la venta de alcohol cerca de las mezquitas y las escuelas. Además, tuvo intentos de limitar el derecho al aborto o prohibir el adulterio. Y con la excusa de la lucha contra el terrorismo, lleva adelante una represión con miles de personas detenidas.

A pesar del llamado “milagro”, el salario promedio es de 570 euros, es decir menos de la mitad de un trabajador europeo. La combinación del ataque en el terreno económico y a las libertades democráticas, parece haber bajado el milagro a la tierra. Desatada la resistencia de los manifestantes, la bolsa de comercio acumuló una pérdida del 12% y las demandas ya no pasan por la anulación del proyecto urbanístico sino por la exigencia de la renuncia de Erdogan.

País aliado de EEUU en la zona, Turquía es miembro extra la OTAN desde 1952. En enero de este año, un primer contingente de 300 soldados alemanes y holandeses partió rumbo a Turquía para preparar el emplazamiento de misiles “Patriot” solicitados por Ankara a la OTAN.

Con la excusa de proteger a Turquía de ataques sirios, los misiles se estacionarán en las provincias de Adan, Kahramanmaras y Gaziantep, las que se encuentran a 60 y100 kilómetros de la frontera con Siria. El 18 de mayo hubo un ataque en Antakya, ciudad fronteriza en la que murieron 50 personas. Erdogan acusó a Siria y Damasco rechazó la acusación, responsabilizando a Erdogan. En este contexto, EEUU y la Unión Europea decidieron levantar la prohibición de venta de armamento al llamado “Ejército de liberación de Siria”.

“Tenemos varias opciones para defender nuestras fronteras, una de ellas es invocar al artículo 5 de la Alianza. La OTAN tiene la responsabilidad de defender las fronteras de Turquía, como país miembro del bloque”, dijo Erdogan al señalar que ello dependerá del desarrollo de la situación con Siria. El artículo 5 de la Alianza fue invocado solo una vez en la historia, tras los atentados del 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos.

Los recientes acontecimientos colocan en stand by el armado del escenario para la invasión de Turquía a Siria. Pero, ni lerdo ni perezoso, en estos días Erdogan acusó a los manifestantes de estar manipulados por “terroristas” y descartó renunciar al polémico negocio de urbanización que desencadenó la revuelta.

Una vez más, vemos como la excusa de la “lucha contra el terrorismo” sirve para llevar adelante la política de represión tanto en el plano nacional como internacional. A los pueblos del mundo, nos queda organizarnos, resistir y movilizarnos contra la represión, en Turquía, en Argentina o donde sea que los estados repriman, en la perspectiva de dar la pelea para liberarnos de una vez por todas del látigo de los capitalistas.

Próximas actividades.

Jueves 13 de junio, a las 11:00, corte de Callao y Corrientes en reclamo de la libertad de los presos políticos de Corral de Bustos y Bariloche.

Jueves 13 de junio, desde las 11:30, cuarta jornada en el juicio al policía Omar Brítez por el homicidio de Hernán Ibiris y la tentativa de homicidio a Fernanda Verón, en el TOC 2 de Campana, Andrés del Pino y Rivadavia.

Sábado 15 de junio, a las 13:00, CINE PARA LA LUCHA en el local de CORREPI, Carlos Calvo 2499, esq. Alberti, con guiso antes y debate después de la peli.

Lunes 17 de junio, 17:00, marcha desde el Obelisco a la Casa de Santa Cruz en defensa de los trabajadores de Las Heras, en la jornada de inicio del juicio en su contra.

Lunes 17 de junio, mesa de debate en la Universidad Gral. Sarmiento, Malvinas Argentinas con participación de CORREPI.

Lunes 17 de junio, 16:00, charla en el Colegio Nacional Buenos Aires organizada por el Centro de Estudiantes con participación de CORREPI.