Boletín informativo nº 695

Brasil: sin carnaval, pero con narices de payaso.

Las narices de payaso que portan los manifestantes en muchas partes del mundo, denuncian la hipocresía que envuelve a las democracias. Denuncian que el gobernante se consagra electoralmente como un estadista, y, una vez en la “gestión”, es el gerente de intereses bien diferentes a los de aquellos que lo consagraron.

Si el pueblo entonces se indigna no pasa nada, hasta que esa indignación se corre de la queja y se transforma en protesta social. Entonces, sí, sea del color que sea, el consagrado recurrirá a su unívoca y general respuesta: represión y acusaciones más o menos veladas de “accionar terrorista”. Es una trama bien conocida entre nosotros.

Desde el 3 de junio, Brasil viene siendo “la democracia en jaque”. El aumento del transporte público en 20 centavos por encima de los 3 reales fue el detonante para que cientos de miles de personas, en su mayoría jóvenes, hayan protagonizado la más importante protesta colectiva de los últimos 20 años en varias ciudades del país.

No debe perderse de vista que el eje central de la protesta pasó por San Pablo, dónde existe la mayor concentración de clase trabajadora urbana, con inflación sostenida sobre la canasta familiar de algo más del 13% anual). Como no debe perderse de vista que la mecha encendida por el aumento, sirvió también para reclamar por otras penurias que sufre el pueblo, en especial en materia de salud, educación y obras de saneamiento.

Y tampoco debe perderse de vista que hay sectores de la propia burguesía que disputan hacia adentro del bloque de poder, y pretenden “parasitarle la agenda a los indignados” como expresó uno de los referentes espontáneos de la protesta legítima, en relación al rol que juegan algunos emporios de la información. El contexto se completa con una erogación indiscriminada de fondos públicos hacia obras de infraestructuras relacionadas con dos eventos del negocio futbolero: la Copa de las Confederaciones 2013 y el Mundial 2014. Más de 15 mil millones de dólares solamente para el Mundial.

El panorama se resume así: mientras el fuego artificial ilumina el cielo de los estadios del negocio futbolero, la bronca callejera enciende el fuego de la realidad popular.

El incipiente gesto reactivo y proactivo que protagoniza parte del pueblo brasileño, en tanto no sólo discute por el restablecimiento de derechos históricos sino también por otros nuevos, pone de relieve la naturaleza del estado capitalista vestido de democrático. A la vez, revela los límites de los procesos económicos basados en la productividad y la no afectación de la tasa de ganancia empresarial. Brasil sigue siendo presentado como el ejemplo de las economías emergentes en latitud sur. Su presidenta, Dilma Roussef, se llena la boca diciendo: “elevamos la renta y ampliamos el acceso al empleo”, pero al mismo tiempo se “sorprende” por la naturaleza de la protesta y los episodios violentos que ha generado.

Desde lo político-económico, las variables que el capital inventa y ella pone en práctica para oxigenarlo, sean neoliberales o neodesarrollistas, encuentran su límite cuando, a la hora de apropiarse de renta, todos esos modelos sin excepción, ponen la mano abiertamente en el bolsillo de los trabajadores. Buscar esos 20 centavos y no tenerlos, o peor, sacarlos de la mesa familiar, conduce inevitablemente a la protesta. Tal vez lo olvidó o quizás nunca le importó a la presidenta surgida de las entrañas del PT. Tal vez, confirme aquello que Babeauf escribió en 1797: “los gobernantes sólo hacen revoluciones para gobernar”.

Lo que no sorprende es su respuesta inmediata frente a los sucesos: centenares de detenidos, militarización con fuerzas de seguridad y armadas, reforzadas por miles en las ciudades donde se juega la Copa Confederaciones y 9 muertos, al tiempo que repiten “no reprimimos la protesta social”.
Lo dicen sin colocarse la nariz de payaso, a esta altura un recurso categórico de los indignados para simbolizar nuestras democracias.

Como en Brasil, pero sin protestas y en todo el país.

Sin las protestas que hay en Brasil, la represión de las fuerzas de seguridad de nuestro país, asesinaron a nueve personas en los últimos diez días, la misma cantidad que en las revueltas del país vecino.

Cristian Sebastián Molina fue detenido por la policía de la comisaría 15ª de Tunuyán, provincia de Mendoza, y a las pocas horas apareció colgado de los barrotes de la celda de la comisaría. En Rosario, una policía federal asesinó a un chico de 17 años que, según ella, intentó robarla, pero que no estaba siquiera armado y recibió varios impactos de bala. En Neuquén, un policía provincial disparó 14 balas para asesinar a un integrante del servicio penitenciario de la misma provincia, porque supuestamente tenía relaciones con su mujer.

Además de estos casos, los medios divulgaron una gran cantidad de hechos, en los que las fuerzas represivas asesinaron a diferentes personas que se encontraban en situaciones realmente inverosímiles. Por supuesto, la prensa se limitó a copiar el texto de la fuente policial sin siquiera investigar un poco la certeza de lo informado. Así, informó que la policía federal asesinó a un supuesto ladrón, en Barracas, ciudad de Buenos Aires, que intentó fugarse en bicicleta disparando un arma. Es decir, que mientras intentaba pedalear a una velocidad suficiente como para escaparse de los policías que estaban a bordo de un patrullero, tuvo la habilidad para mantener el equilibrio y disparar, dominando la retrocarga de cada supuesto disparo. En La Plata, provincia de Buenos Aires, una policía asesinó, en la puerta de su casa, a un hombre desarmado que, según ella, había intentado entrar por la fuerza. En la localidad de Mariano Acosta, provincia de Buenos Aires, dos policías, uno retirado y otro en actividad, padre e hijo, asesinaron a dos supuestos ladrones que habrían intentado asaltar un lubricentro atendido por los primeros. La policía sostiene que ambos ladrones tenían dos armas. Sin embargo, los únicos que recibieron disparos fueron estos últimos y no consta que hayan disparado ni una sola vez.

Un policía de la Metropolitana asesinó a un chico de 17 años, de nombre Omar Ariel Ruiz, en la localidad de Florencio Varela. El metropolitano sostuvo que el pibe, junto con otro, intentó robarle; que se identificó como policía; que dio la voz de alto; que éstos le dispararon y que él respondió los disparos. Así las cosas, Omar ¡quedó tendido a 100 metros del lugar y con una réplica de revolver a su lado! Convenientemente, en una casa cercana “encontraron” un arma tirada con dos vainas servidas.

En la localidad bonaerense de Villa Centenario, un policía provincial asesinó a otro supuesto ladrón (un cómplice se habría dado a la fuga) que habría intentado robarle el auto. Como en los casos anteriores, los supuestos ladrones estaban armados pero el policía salió ileso.

Cuando leemos todas estas crónicas de historias inverosímiles, siempre nos viene a la memoria, el artículo que Rodolfo Walsh escribió en 1968, sobre “La secta del gatillo alegre”. Ante los “suicidados” en cárceles y comisarías, decía Walsh, hace ya 45 años: “la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu… Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados.”. Ante cada hecho en el que asesinan a algún familiar o conocido, Walsh también nos recuerda que la vocación de violencia de los policías no se agota con el gatillo fácil o la tortura, “sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del ‘arma reglamentaria’”. Lo mismo nos ocurre con la profusión de casos en que los policías dicen “enfrentarse” con los delincuentes, y siempre salen ilesos mientras que los supuestos ladrones mueren. Hace 45 años esto también llamaba la atención al autor del artículo, que irónicamente escribía: “En los tres primeros meses de 1968, la Policía bonaerense mató en tiroteo a diez delincuentes, o presuntos delincuentes, sufriendo por su parte una sola baja. Este rendimiento de diez a uno es único en el mundo…”. La misma suerte corre la crónica policial, que desde aquella época, “registra media docena de historias que pueden tomarse de modelo”. Son las que estuvimos repasando más arriba.

Policías mendocinos, neuquinos, bonaerenses, federales, metropolitanos, asesinaron igual que en Brasil pero sin protestas. Los medios de comunicación, como siempre, les cubren la espalda.

Sobreseyeron a un trabajador… y al Proyecto X.

Los días 5 y 12 de abril de 2011, los trabajadores del Frigorífico Rioplatense realizaron sendos cortes en la ruta Panamericana como consecuencia de un conflicto laboral que sostenían con la patronal. Se trataba de un conflicto de vieja data, por salario y condiciones laborales, que se había intensificado a partir de la actitud de la empresa, que se negaba a negociar con los trabajadores.

En esos cortes, intervino la gendarmería seleccionando arbitrariamente, de entre los cientos de trabajadores que participaron, a los integrantes del cuerpo de delegados del frigorífico, con la finalidad de armarles causas penales. Para realizar esta tarea se valieron de dos herramientas: la base de datos que tiene esa fuerza en Campo de Mayo, conocida como Proyecto X, y los informes de la empresa, que completaron los datos personales de los delegados.

De esos cortes se desprendieron dos causas. Una de ellas, contra uno de los delegados, Carlos Zerrizuela. La otra, contra el resto de los representantes gremiales. Tan burdo fue el armado de esta segunda causa que, de todas las fotografías que tomaron, sólo pudieron identificar a un compañero, y sólo contra él sigue abierto el proceso. La primera causa, contra Carlos Zerrizuela, avanzó meteóricamente, y, desde mediados de 2012, se encontraba en el juzgado federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a la espera de juicio oral.

Desde CORREPI, luego de asumir la defensa política y técnica de todos los delegados, planteamos la nulidad de la causa elevada a juicio, porque Carlos había sido seleccionado, mediante el uso de tareas de inteligencia, por ser un delegado clasista conocido y referenciado por sus compañeros de trabajo. Para entonces, los compañeros de la comisión interna del frigorífico, con nuestro patrocinio, habían sido reconocidos como querellantes en la causa por espionaje contra la Gendarmería Nacional.

El planteo de nulidad lo hicimos el año pasado. La jueza estuvo casi un año para resolverlo, alargando el proceso para evitar pronunciarse y, así, no emitir opinión sobre las tareas de inteligencia. Por otra parte, tenía en claro que si rechazaba nuestro pedido y realizaba el juicio oral, el principal enjuiciado no iba a ser Carlos Zerrizuela, sino el Proyecto X.

Por ello, tuvo que dar todo un rodeo. Dictó el sobreseimiento de Carlos Zerrizuela, cerrando de esta manera la causa y evitando el juicio oral, pero sin pronunciarse sobre el espionaje de Gendarmería. Para esto, tuvo que desarrollar un razonamiento que parece una broma, pero que revela cuál es la verdadera función del aparato represivo estatal. El núcleo de la resolución es el siguiente: como los cortes de ruta ocurren habitualmente, y hay oportunidades en que la policía nos los reprime, esto puede llevar a la convicción, por parte de los que cortan, de que se trata de una “conducta legítima”. Por tanto, Carlos no habría comprendido que el corte era, según la jueza, ilegal.

El razonamiento implícitamente admite que la represión tiene por finalidad aleccionar, educar, a quienes luchan por mejorar sus condiciones materiales de vida, aun cuando las leyes digan que esa lucha es ilegal. Como los antiguos maestros, para la jueza la letra con sangre entra.

Esto además nos muestra hasta qué extremo pueden llegar los jueces cuando deben sacarse de encima una causa que les quema las manos, por el eventual costo político a pagar. En este caso, la decisión de no pronunciarse sobre las tareas de inteligencia realizadas por una fuerza que depende del gobierno nacional, forzó el reconocimiento de la finalidad social de la represión estatal. Se podría decir que la traicionó el inconsciente.

Lo cierto es que, si en este caso sobreseyeron al compañero Zerrizuela, fue por la intensa campaña de lucha y denuncia, desarrollada contra quienes armaron la causa y realizan labores de espionaje en las organizaciones populares y en las comisiones internas clasistas.

“Una excursión de pesca”.

Con esta frase, el juez federal Lijo volvió a rechazar el pedido de ser tenidos por querellantes de las organizaciones que impulsamos la investigación sobre Gerardo Martínez, por su accionar como Personal Civil de Inteligencia del Batallón de Inteligencia 601, durante la dictadura.

Una vez más, a pesar que la Cámara le ordenó en el mes de febrero que, una vez adjuntado los estatutos de las organizaciones, debía proveer las querellas, Lijo hizo de cuenta que nunca existió dicha resolución, a partir de la idea de que “no se ha imputado delito alguno”, lo que anticipa un inminente nuevo intento de archivo, como el que impedimos en diciembre de 2012.

Todo esto, a pesar que el mismo juez dijo, el 18 de diciembre de 2007, en la causa sobre el Batallón 601, que: “En el marco descripto, las funciones de los PCI (Personal Civil de Inteligencia) del Ejército consistían en clasificar y ordenar los informes remitidos al Batallón 601 por las unidades de inteligencia de todo el país. Con esta información clasificada, se determinaban los objetivos o “blancos”, como se denominaba a quienes serían luego secuestrados por los Grupos de Tareas, sometidos a torturas en los Centros Clandestinos de Detención para luego, en la mayoría de los casos desaparecerlos”.

Lijo no tuvo problemas en cosechar “porotos progres” en la causa del Batallón 601 condenando a 25 años al descartable de Cristino Nicolaides, pero no está dispuesto a siquiera abrir la investigación contra el burócrata de Gerardo Martínez, al que aún no se le ha colgado el cartel de “desechable”. Como siempre, casi nada depende de los “buenos/malos vientos” que corren por los pasillos de los tribunales. Será la movilización, la lucha y organización de quienes pelean contra la impunidad de ayer y de hoy, contra los uniformados y contra los “civiles”, la que podrá hacer avanzar la causa y torcer la voluntad de un juez que ha decidido hacer lo posible y un poco más para dejar escapar al “pez gordo”.

Armas “no letales”: el viejo-nuevo cuento para la política represiva del estado.

Hace dos semanas, el capitán Roberto Lezcano asesinó al hincha de Lanús, Daniel Jerez, mediante un disparo de bala de goma a corta distancia.
Ricardo Casal, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, “sagazmente”, decidió que la policía bonaerense no usaría más balas de goma, dado que si bien son consideradas como no letales, a corta distancia no lo son.

El debate “armas letales vs no letales” quedó flotando en el aire una vez más. Debate falaz si los hay. En primer lugar, sean del tipo que sean, las armas letales o no, son utilizadas por el estado, siempre para la misma función: reprimir a los perjudicados por el orden existente, y por ende potenciales cuestionadores, y a aquellos que ya se organizan y luchan en su contra.

En segundo lugar, quedó claro, para quien lo quiera ver, que hablar de “armas no letales” es un simple eufemismo. José Poblete le hundió el cráneo al docente Carlos Fuentealba mediante el disparo de una “no letal” granada de gas lacrimógeno.

Cuando desde el estado nos hablan de cambiar las armas letales por las no letales, proponen, por ejemplo, las pistolas de descargas eléctricas (picanas portátiles) tipo Taser. A contrapelo de su propagandizado carácter “no letal”, entre 2001 y 2010, las Taser causaron la muerte de 500 personas en EEUU.

Fue grande el escándalo mediático cuando Macri las propuso para la Policía Metropolitana, hasta que fueron prohibidas judicialmente. Pero nadie se queja de que sean utilizadas por los cuerpos especiales de las policías Federal (GEOF), de Buenos Aires (Halcón), Mendoza (GES), Santa Fe (TOE) y Eter de Córdoba. En abril de este año, el intendente de Las Heras, Teodoro Caminos, representante del kirchnerismo local, creó su propia policía municipal y las dotó de Taser. Ante el cuestionamiento dijo “las picanas no matan”. No claro, solas no matan a nadie, salvo cuando algún representante del aparato represivo las usa para represaliar.

Por su parte, el Pentágono estadounidense viene llevando la delantera en el desarrollo de las llamadas “armas no letales”. Uno de los proyectos más conocidos es el cañón LRAD, un dispositivo acústico de largo alcance. Esta arma puede usarse contra muchedumbres, pero las ondas sonoras también pueden dirigirse contra una persona bien determinada. La eficacia de este cañón puede apreciarse en las escenas del 7 de noviembre de 2007, en Tiflis, que muestran cómo fue dispersada allí la manifestación.

Otro proyecto norteamericano es un sistema de neutralización activa, (Active Denial System), que consiste en un potente irradiador de ondas medias. Los voluntarios en los que fue experimentada esta arma “no mortal” explicaban que sentían dolor y el deseo reflexivo de escapar inmediatamente del lugar de su acción.

Investigaciones médicas afirman que la aplicación de estos medios puede llevar al surgimiento de quemaduras y de heridas, a disfunciones agudas de sistemas orgánicos, y, en caso de una influencia prolongada, a enfermedades crónicas y al cáncer.

Entonces ¿armas no letales? Nada nuevo, simple juego de palabras, para legitimar, una vez más, la represión del estado.

Cuarto plenario del Encuentro Nacional Antirrepresivo.

Los días 21 y 22 de junio se realizó, en Mar del Plata, la cuarta reunión plenaria del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo). A las organizaciones que ya lo integraban (Sociedad de Resistencia, Mendoza; Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba; AGARRE -Acción Grupal AntiRRepresiva - Comodoro Rivadavia, Chubut; CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Buenos Aires; Colectivo de Militantes por los DDHH de El Bolsón, Río Negro; FAM - Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, Buenos Aires; CADH -Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario, Santa Fe y COPODH – Colectivo Popular por los DDHH, Buenos Aires) se sumaron la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste (GBA); OTOÑO (Cipoletti, Río Negro) y Coordinadora Norpatagónica contra la Violencia Institucional (Choele Choel, Río Negro).

Durante el primer día hicimos un repaso de la situación represiva a nivel nacional y regional y de cómo se vienen profundizando día a día las políticas específicas (engrosamiento del aparato represivo, gatillo fácil, desapariciones, torturas, represión tercerizada, criminalización de las luchas, presos políticos, situación carcelaria, etc.), y un balance del desarrollo y crecimiento del ENA desde la última reunión general en Córdoba.

Dedicamos el sábado a discutir y resolver nuestro plan de acción común para denunciar y golpear la política represiva, ratificando que LA REPRESIÓN ES POLITICA DE ESTADO. Luego se realizó una charla abierta con intervención de todas las organizaciones, y cerramos con una concurrida peña. Destacamos la excelente organización y la habitual hospitalidad de los compañeros del FAM, que garantizaron la realización del Encuentro.

La próxima reunión plenaria será en Rosario, en el fin de semana largo de octubre, con la CADH como anfitriones.

Próximas actividades.

Miércoles 3 de julio, 11:00, movilizamos a los tribunales federales de Comodoro Py en defensa del compañero Rolando Echarri Pareja, luchador peruano que enfrenta un pedido de extradición de su gobierno.

Miércoles 3 de julio, 13:30, en Campana (Andrés del Pino y Rivadavia), sentencia en el juicio contra el teniente de la policía bonaerense Omar Brítez por el asesinato de Hernán Ibiris y las heridas a Fernanda Verón.

Viernes 5 de julio, a las 19:00, en el Centro Cultural Rosa Luxemburgo, Carlos Calvo 546, charla-debate sobre el avance de la represión con Vicente Zito Lema, y nuestros compañeros Nicanor Bogado y María del Carmen Verdú. Coordina el periodista Herman Schiller.

Viernes 5 de julio, 17:00, charla en la facultad de Filosofía y Letras organizada por la Comisión Antirrepresiva sobre el juicio a los trabajadores petroleros de Las Heras.