Boletín informativo nº 698

Walter Bulacio: A fuerza de lucha, (¿esta vez sí?) el 24 de septiembre llega el juicio.

Con 22 años de demora, a 4 años de la elevación a juicio y tras varias suspensiones, finalmente se fijó fecha para el inicio del debate oral y público contra el comisario Miguel Ángel Espósito, ex titular de la comisaría 35ª y jefe del operativo policial desplegado el 19 de abril de 1991 en las inmediaciones del Estadio Obras.

No es necesario, a esta altura, recrear demasiado los hechos que ocurrieron ese viernes a la noche, cuando centenares de jóvenes fueron arrestados en una “razzia” durante un recital de rock. Walter Bulacio, de 17 años, salió la mañana del sábado 20 de la comisaría en ambulancia, con un grave cuadro neurológico, consecuencia de la tortura. Una semana después, murió.

A lo largo de la infinita causa judicial, cada gobierno hizo lo suyo para garantizar la impunidad de los represores.

El gobierno de Menem, cuyos ministros y demás operadores se turnaron para apretar jueces y fiscales, fue el encargado del encubrimiento inicial. El comisario, cuyo hermano solía aparecer en la conferencias de prensa presidenciales custodiando al primer mandatario, recibió la defensa oficial del cuerpo de abogados del ministerio del Interior, del que entonces dependía la policía, hasta que prefirieron recurrir (como sucedería 20 años después con los policías en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra), a un prestigioso y caro estudio del poder, el mismo que por entonces defendía a ministros como Cavallo, secretarios como Matilde Menéndez y empresarios socios del poder como Yabrán.

Durante el gobierno de la Alianza, además de sostener la inmovilización de la causa, que desde abril de 1996 hasta 2008 se mantuvo en la misma etapa, y de excluir a la mamá de Walter y a CORREPI de la querella, el presidente De la Rúa contrató, para contestar nuestra demanda internacional, al académico Daniel Pastor, que años después sería el primer director de la academia de “formación” de la policía Metropolitana de Mauricio Macri. Convencido defensor de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el Dr. Pastor, en nombre del gobierno nacional, negó que Walter fuera torturado y defendió al estado argentino con los mismos argumentos de la defensa del comisario en la causa interna. Cerca del juicio en Costa Rica, el actual precandidato de UNEN y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra fue nombrado como juez ad hoc de la Corte IDH para representar los intereses del gobierno argentino.

Cuando Eduardo Duhalde llegó a la presidencia, encomendó el asunto a su ministro de Seguridad Juan José Álvarez, su socio en la represión del Puente Pueyrredón. Para evitar el juicio y condena internacional, reconocieron la responsabilidad del estado argentino por la detención ilegal, tortura y muerte de Walter por decreto presidencial. Total, había sido “otro gobierno”. No contaban con que poco nos interesaba una declamación discursiva, y que insistiríamos en celebrar el juicio para que la Corte IDH se expidiera sobre las normas y prácticas represivas en Argentina.

El 18 de septiembre de 2003, la Corte IDH condenó al estado argentino –que a último momento trató de relativizar el alcance de su reconocimiento de responsabilidad- y le ordenó terminar con el sistema de detenciones arbitrarias (averiguación de antecedentes, contravenciones y faltas, razzias, procedimientos “de entrega del menor”, etc.).

Fue el turno, entonces, de los gobiernos kirchneristas, que se dedicaron a incumplir la sentencia internacional mientras, con su particular estilo, anunciaban a cada rato su “cumplimiento”. Cristina Fernández, de la mano de Aníbal Fernández, anunció la exoneración del comisario Espósito, que, agotado por los escraches, llevaba para entonces 12 años jubilado. Cada vez que la Corte intimó al estado a informar sobre los motivos de demora en el cumplimiento de las cuestiones de fondo de la condena, contestaron con rodeos y eufemismos, y hasta mandaron al secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, a presentarse como querellante en la causa interna. Mientras tanto, ampliaron todas las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, incorporaron otras fuerzas, como gendarmería y prefectura, al control territorial y batieron todos los records en materia represiva.

Hoy, agotadas las excusas, llega el juicio, que empezará el 24 de septiembre a las 10:00, ante el TOC nº 29.

Ya lo dijimos cuando, en 2011, se había fijado otra fecha. Este juicio, el intento definitivo de consolidar la impunidad, además de llegar tarde, llega mal.

El comisario Miguel Ángel Espósito será el único acusado. Bien acusado está, pero habrá demasiadas sillas vacías. Espósito, como los comisarios que dirigieron la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, como el comandante Chiappe que dirigió el operativo en el Puente de Corrientes, como cada policía que aprieta el gatillo contra un pibe pobre o un militante, o como cada guardiacárcel que tortura un preso, es sólo el ejecutor. Ninguno de sus mandantes enfrentará una acusación.

Tampoco se lo juzgará por la muerte de Walter, ni por las torturas a los restantes 73 detenidos. El objeto del juicio será, exclusivamente, la detención ilegal. Que no es poco, pero no alcanza. Nunca alcanza la justicia del mismo sistema que reprime por necesidad fundante de la clase que domina.

Vamos a estar en ese juicio, aunque la máxima pena que legalmente podremos requerir sea de 6 años de prisión; aunque sea la mejor prueba de cómo el sistema se defiende al costo de entregar un peón, que hoy, tan viejo y enfermo que habrá una unidad coronaria permanente por si colapsa, ya no le sirve para nada.

Vamos a estar ahí, y esperamos que muchos nos acompañen, pero no porque necesitemos una sentencia que será tan incompleta e inútil como el juicio mismo.

Vamos a estar porque la lucha no se apaga. Crece y crece, con cada pibe que, en un recital, una marcha o una cancha de fútbol, canta “Yo sabía…”, con cada familia que no se resigna a que la policía haya fusilado a su hijo y se suma a la militancia antirrepresiva, con la convicción profunda y constante de que la única respuesta posible, frente a la represión, es la organización independiente y la lucha consecuente.

Criminalidad de uniforme en tres actos.

Primer acto: El 25 de julio, Juan José Vallejo, un productor agrícola chaqueño, viajaba por una ruta tucumana en su camioneta Toyota Hilux junto a su hija de 16 años y un amigo paraguayo. En una rotonda, los detuvo un auto sin identificación, con policías de civil. Con el argumento de una mala maniobra, secuestraron el vehículo y los detuvieron.

En la comisaría de Yerbabuena, los separaron. A Vallejo le informaron que si no pagaba $30.000, le iniciarían una causa a él y su amigo, y entregarían la nena a una red de trata para la prostitución. Aterrado, más aún cuando oía llorar a su hija en otra habitación, y veía que los demás policías uniformados pasaban por su lado como si el cuadro fuera lo más normal del mundo (cosa que así era), el hombre aceptó comunicarse con su familia para que juntaran el dinero y se lo giraran.

A la mañana siguiente, Vallejo, escoltado por policías de civil, intentó retirar el dinero de dos oficinas de la empresa por la que le giraron la plata, pero el monto era mayor que las reservas que tenían, por lo que secuestrado y secuestradores terminaron en un banco. Allí, Vallejo se las arregló para susurrar al cajero lo que estaba pasando, sin decir que sus captores eran policías. El empleado del banco avisó a sus superiores con discreción, e intervino la custodia del banco, que los detuvo y dio aviso a la fiscalía de turno. Todo terminó con 27 policías de la Brigada de Investigaciones Norte presos, y el jefe de la policía provincial autofelicitándose porque los poliextorsionadores fueron detenidos por otros policías… que no sabían de quiénes se trataba, claro.

Segundo acto: Hace más de 15 días, Alcides Díaz Gorgorio, oficial de prefectura que cumplía funciones en la comisión de enlace con las fuerzas de la secretaría de Seguridad, ingresó al domicilio del candidato peronista no kirchnerista Sergio Massa, en un coqueto e híper seguro barrio privado de Tigre. Disparó contra una cámara de seguridad con una pistola calibre 22 con silenciador, y robó una caja fuerte que contenía pesos, dólares, joyas y dos pen drives (nada más normal que guardar pen drives en la caja fuerte, ¿no les parece?).

La noticia no trascendió, ni siquiera cuando el prefecto fue detenido, lo robado recuperado (excepto los pen drives) y se identificó a otros dos prefectos, hoy con pedido de captura. La cosa se supo recién cuando, el 4 de agosto, el periodista oficial Horacio Verbitsky lo publicó en Página/12, ironizando sobre la “inseguridad” en el municipio que el candidato pone de ejemplo de su política “contra el crimen”.

A continuación, Massa salió a denunciar en una conferencia de prensa que no difundió lo ocurrido por pedido del fiscal, que quería mantener la cosa en reserva dada la condición de empleado del gobierno nacional, y en la secretaría de seguridad, del ladrón. Calificó el hecho como simple robo, pero señaló como sugerente que el prefecto usara un silenciador, que se llevara algo tan poco valioso materialmente como los pen drives, y anunció desafiante: “No nos van a asustar”.

Minutos después, el secretario de Seguridad Coronel Sergio Berni, es decir, el jefe del chorro, replicó que, en realidad, el prefecto era militante del espacio político del intendente de Tigre, que era su puntero y que hacía seguridad en el barrio como parte de su plan de “seguridad”.

Entre semejante chisporroteo de acusaciones cruzadas, lo que los dos pasaron a segundo plano, es que, de nuevo, el chorro tiene uniforme.

Tercer acto: El 18 de noviembre de 2012, el policía bonaerense Luciano Duarte entró a los pasillos de la villa El Tropezón, en San Martín, y fusiló de un disparo al adolescente Diego Salto. Su relato fue que pasó por ahí “para cortar camino hacia la estación” (¿?) y que le quisieron robar el bolso donde tenía plata y una laptop. La verdad, descubierta a fuerza de organización de la familia con CORREPI, y con el coraje de los chicos del barrio que se atrevieron a declarar, es que el día anterior el policía había dado plata a uno de los “soldados” de la villa para que le comprara droga, pero no quedó conforme con la entrega, por lo que volvió para cobrársela. Confundió a Diego con el pibe que había visto a la entrada del barrio y lo mató.

Sin embargo, más de una docena de testimonios no habían servido a la fiscal de San Martín para ordenar la detención e indagatoria del policía, hasta que, a fin del mes de julio, se enteró que el bonaerense está malherido y detenido en otra causa, a cargo de la fiscalía de al lado.

Resulta que don Luciano Duarte, que seguía trabajando como si nada después de fusilar a Diego, como oficial subayudante en la comisaría 11ª de Tres de Febrero, protagonizó, como tituló Clarín, “un raid delictivo”: “Amenazó a una quiosquera, robó un coche, asaltó una estación de servicio y un puesto de diarios”. Como la policía lo persiguió y se tirotearon, y el polichorro quedó herido en el abdomen, lo detuvieron y trasladaron al hospital, sin saber que era un colega.

La fiscal de la causa Salto, al enterarse, se apuró a pedir, también, la detención. Total, ya está detenido por el robo, y quizás ahora les cree a los amigos y vecinos de Diego.

Tres hechos diferentes, en tres lugares distintos, que muestran quiénes son los que protagonizan la criminalidad cotidiana, y, de paso, ponen en evidencia que no es lo mismo, para un fiscal, balear un pibe en un barrio que robar un auto, incluso si sos policía.

Gatillo fácil en vivo y directo en Canadá.

La madrugada del 27 de julio, la ciudad de Toronto, Canadá, despertó al sonido sordo de las balas, esas que siempre vienen del mismo lado: las que en todos los rincones del planeta parten del brazo armado del sistema y se estrellan en las paredes del corazón del pueblo.

Sammy Yatim, de 18 años, quien había migrado al país con su familia proveniente de Siria desde hacía cinco años, fue acribillado por efectivos de la policía de Toronto en las inmediaciones del centro de la ciudad. Subido a la línea 505 del servicio TTC de tranvías, Sammy había pedido tanto al resto de los pasajeros como al conductor que bajaran del vehículo. Llevaba un pequeño cuchillo en la mano, no sabemos por qué. Tampoco nos interesa saberlo.

Lo que sí sabemos es lo que sucedió después (el video grabado por los testigos del hecho resulta más que descriptivo:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=htV6JdVVTJA).

La ignominia del escenario habla por sí sola: alrededor de veinte efectivos se despliegan rodeando y apuntándole a un pibe solo arriba de un vehículo vacío; él, en ascuas, cuchillo en mano, escucha. El agente James Forcillo le apunta y le conmina a los gritos que lo arroje. Él lo hace, como confirmaron tiempo después los testigos. Aun así, y no pasados más de cuarenta segundos del aviso, Forcillo abre fuego a matar: se oyen tres disparos. Sammy se desploma. Ya caído, Forcillo termina de fusilarlo descargándole otras seis veces encima para que, sin asco, otro agente le detone una descarga eléctrica de Taser al pecho. Sammy muere en el hospital horas después.

Los aledaños saben que no es un suceso aislado: basta con recordar los casos del taxista Richard Bernabé en 1996 y de Mohammed Ana Bennis en 2005, así como el de Freddy Villanueva, joven de 18 años, hondureño, asesinado en el norte de Montreal por estar jugando a los dados en un parque en agosto de 2008, y cualquier caso de gatillo fácil que pudiéramos citar de los que se suceden tanto en nuestro país cada veintiocho horas como en todas partes; y así como saben que no es aislado, es que la población salió a decir basta con sus familiares a la cabeza.

Mientras tanto, el jefe de la policía, Bill Blair, delegó la completa responsabilidad en las manos de sus cónyuges –la Unidad de Investigaciones Especiales de Notario- simulando un supuesto duelo y alegando que “se está investigando el caso (…)” y que “la población tiene derecho a reclamarle a la policía de Toronto”, al tiempo que el agente Forcillo era suspendido en acto de sus funciones, no sin la respetuosa salvedad de que el estado siga, hasta que la noticia trascienda demasiado, pagándole sus haberes mensuales de verdugo.

Nada de esta situación nos toma por sorpresa –aunque siempre dañe el acto mismo de la muerte impune-. El país que se vende internacionalmente como candelabro ejemplo de los DDHH y la correcta moralidad no es más que uno de tantos ejemplos de los que podemos valernos para comprender la sistematicidad con que el sistema capitalista legitima la garantía de su dominio de clases.

En tiempos en que el FMI le ha marcado a la economía canadiense que achique los puestos de trabajo, cuando las leyes antiterroristas y las que criminalizan la protesta están a la orden del día, nosotros denunciamos lo de todos los días: el gatillo fácil no es elemento aislado, es evento de diario e internacional, es herramienta sistemática de una sociedad dividida en clases destinada a la dominación capitalista, y frente a ello nuestra respuesta deberá seguir siendo, acá como en Canadá, o hasta que choque China con África, la organización y la lucha.

Las aparentes paradojas del kirchnerismo y la seguridad: gendarmes hasta en la sopa y candidatos de sirena azul para los tiempos que llegan.

Si uno busca en el diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra PARADOJA, encuentra: 1. adj. desus. paradójico. // 2. f. Idea extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de las personas. // 3. f. Aserción inverosímil o absurda, que se presenta con apariencias de verdadera. // 4. f. Ret. Figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción.

El gobierno nacional, enrolado en un rasgo del peronismo tradicional como es de la conciliación entre las clases sociales y los sectores en general de una sociedad moderna, cuenta entre sus temas principales (y por tanto, centrales en esta carrera eleccionaria burguesa) el de la “seguridad”.

Como un rostro de Jano, el gobierno tiene una versión agradable y convincente para los diversos sectores que pretende cooptar, ya sea para la militancia o para el simple voto: una es la que, cada vez que tiene la oportunidad, la propia presidenta expresa jugando a la víctima, y que tiene que ver con el supuesto “costo político” que el gobierno ha tenido que costear en los últimos 10 años “por no reprimir”. Esta versión es para los seguidores “progresistas” y bienpensantes del gobierno.

Otra versión, preparada para sectores más conservadores, es la que la presidenta y sus acólitos exponen cuando promocionan inversiones millonarias en seguridad o destacan el crecimiento exponencial de las filas en las fuerzas represivas del estado.

En estos tiempos de elecciones, vienen bien dos nuevos ejemplos concretos de esta última versión: por un lado, el spot publicitario de Martín Insaurralde, donde el precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires (de pasado duhaldista, buen alumno de Aníbal Fernández, otro duhaldista ex-intendente de la zona sur del conurbano bonarense, responsable político por las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y apuesta fuerte de Cristina Fernández) expone su concepto de la seguridad a partir de su experiencia en Lomas de Zamora.

En el spot afirma que destinó el 10 % del presupuesto a “seguridad” y que más de 100 patrulleros vigilan Lomas en busca de una “seguridad integral”, lo que, por supuesto, es un eufemismo mediocre, un concepto vacío de contenido con el que se disfraza la militarización territorial emprendida por el gobierno.

Con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve: Martín Insaurralde no se diferencia demasiado de Sergio Massa o de Mauricio Macri. Lo único que los separa son las listas. En su gestión, como le gusta decir a él, designó al frente de la subsecretaría de Seguridad de la municipalidad de Lomas de Zamora a Elizabeth Caamaño, mano derecha de Eugenio Burzaco, reconocido macrista que estuvo a cargo de la policía Metropolitana y era asesor de seguridad del gobernador de la provincia de Neuquén, Sobisch, el año que asesinaron al maestro Carlos Fuentealba. “Especialista” en seguridad, es un apologista de la mano dura, integrante de la Fundación Pensar y dueño de la consultora de seguridad Templar. Elizabeth Caamaño, su mano derecha durante una década, fue, además, asesora de la policía Metropolitana, asesora legal y coordinadora de asesores de Eugenio Burzaco, y asesora en comisiones y jefa de despacho de Burzaco cuando fue diputado en el Congreso de la Nación.

Esto no sorprende. En 2011, el kirchnerismo puso al frente del Consejo Escolar de Lomas de Zamora a Raúl Magallanes, ex miembro de la policía bonaerense de Camps y Etchecolatz durante la última dictadura militar, imputado en causas por delitos de lesa humanidad. La lucha que encabezó el sindicato de ATE, zona sur, y que fue acompañada por numerosas organizaciones, entre ellas CORREPI, logró forzar la renuncia del represor (ver Boletines nº 639, 647 y 661). Además de esto, llevó en sus listas a represores como el ex jefe del grupo Halcón Daniel Abaca, y al comisario general Salvador Baratta (ver Boletín Informativo nº 615).

El otro ejemplo, se refiere a las declaraciones del ministro de Seguridad Puricelli, quien apareció en estos días, fervoroso, al anunciar la duplicación (sí, DUPLICACIÓN) de efectivos de la Gendarmería Nacional desde el 2004. Esa celebración de la militarización ya aludida, que pone a los gendarmes, como todos sabemos, a vigilar los barrios y a asesinar pibes en lugar de cumplir con su función original, la de cuidar las fronteras del país, si es que para algo sirven, vino acompañada por una frase que exime de comentarios: “el compromiso del gobierno nacional por la seguridad pública no es circunstancial ni está sujeto a una campaña electoral”, además de remarcar al largo gobierno del matrimonio Kirchner como el “más importante en materia de seguridad de los últimos 50 años”.

Puricelli además cargó contra la prensa, que según él desconoce “el esfuerzo de los hombres y mujeres que arriesgan su vida por el bien común”.

Aquí se produce la (aparente) paradoja del kirchnerismo respecto a la temática de la “seguridad”: si el gobierno no reprime ¿por qué invierte cifras millonarias en elementos tecnológicos (patrulleros futuristas, cámaras, etc.) y cooptación de personas para las fuerzas de seguridad del estado?

Frente a las declaraciones de Puricelli, esta paradoja puede aparecer en otra formulación: ¿qué sería lo que habría que reconocerle y no se le reconoce a los efectivos de las fuerzas de seguridad? ¿Por qué si un gobierno no reprime y pretende una policía “comprensiva” como abuelitas, pretende que se le reconozca lo realizado en la materia?

Sabemos que la paradoja es aparente, básicamente porque uno de los términos es cierto (el gobierno invierte cifras enormes en pertrechar a su brazo armado) y el otro es falso (el gobierno sí reprime).

No se trata de una paradoja, tampoco de una contradicción, sino de una simple mentira. Ah, el diccionario dice de la mentira: “Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa”.

Otro asesinato en la comunidad Qom.

Hace unos días, supimos de un nuevo asesinato a miembros de la comunidad Qom. Esta vez, se trata de la joven aborigen Juana Gómez (15), quien apareció ahorcada, colgada de un árbol, en el predio de una ex desmotadora en la localidad de Quitilipi, Chaco. La autopsia determinó que la joven fue violada y luego muerta a golpes. Ya sin vida, la llevaron a rastras al predio y la colgaron de un árbol para simular un suicidio.

Un asesinato que se enlaza necesariamente con el fusilamiento en una manifestación de Roberto y Mario López, con las muertes de Celestina Jara y su nieta, o la de Florentín Díaz, con la detención arbitraria y posterior fusilamiento del joven Maximiliano Pelayo, y tantos otros episodios todo en el marco del constante amedrentamiento dirigido a los referentes de la comunidad Qom. Imposible eludir cómo se imbrican los intereses económicos por la apropiación de la tierra con el odio racial de terratenientes y policías que salen a “cazar indios”.

Como hemos repetido tantas veces, estos asesinatos son, también, una arista más de la política del gobierno nacional, que como todo gobierno pro-patronal, se encarga de castigar a quienes salen a pelear por condiciones básicas de vida, como la tierra y la vivienda.

Es cada vez más evidente la convivencia entre grandes terratenientes y gobierno, a pesar de que, a partir de la fuerte repercusión de este último hecho, producto de la denuncia de la comunidad Qom y otras organizaciones sociales, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich saliera a “despegarse”, a reunirse con la familia de Juana y propusiera al estado provincial como querellante en la causa judicial. Mientras Capitanich quiso simular indignación ante “los hechos aberrantes que se están cometiendo”, lo que produce indignación son sus palabras de aparente repudio ante la política que defiende y genera.

Próximas actividades:
Miércoles 7 de agosto, 10:15, movilización a Comodoro Py acompañando la apelación de la querella en la causa contra Gerardo Martínez.
Sábado 10 de agosto, 12:00, en la Plaza de Moreno, volanteada y jornada antirrepresiva.
Martes 13 de agosto, a las 13:00, movilización a los tribunales de Quilmes durante al audiencia en la Cámara Criminal pedida por el defensor del policía Veysandaz, asesino de Javier y David, contra su prisión preventiva.
Viernes 23 de agosto, desde las 20:30, festival por la absolución de los petroleros de Las Heras en la Facultad de Filosofía y Letras, Puán 470.