Boletín informativo nº 699

SPF: “En política se puede hacer cualquier cosa, menos ignorar la realidad”.

La frase la lanzó la presidenta en el cierre de la Conferencia General del Opanal, y calza como guante a medida para definir las políticas de su gobierno en materia represiva. En abril de 2011, el ministerio de Justicia, acosado por las denuncias de torturas y muertes en las cárceles federales, anunció un “cambio cultural en el Servicio Penitenciario”, que consistió en remover a su director, Alejandro Marambio, y nombrar en su reemplazo a Víctor Hortel. Hoy, en medio de una situación similar, condimentada por el escándalo de la fuga de 13 presos de un pabellón de máxima seguridad en el complejo penitenciario de Ezeiza, el anuncio es prácticamente el mismo, y la “solución”, la inversa: sale Hortel, vuelve Marambio.

Alejandro Marambio fue el responsable del SPF desde su nombramiento, en 2003, por el presidente Néstor Kirchner y su ministro de Justicia, Aníbal Fernández. Durante su gestión fueron asesinadas más de 200 personas detenidas en cárceles federales, y se multiplicaron las denuncias por aplicación de tormentos, a pesar de la reticencia de las víctimas a hablar por temor a las obvias represalias. Estos datos aparecen corroborados no sólo en los registros de organizaciones independientes como CORREPI o la Agencia Walsh, (ver el reciente Informe publicado por ambas, “Una década ganada, ¿para quién?”), sino que son reconocidos por organismos oficiales del gobierno nacional, como la Procuración Penitenciaria Nacional.

La designación de Hortel, discípulo del juez Eugenio Zaffaroni y militante de la agrupación oficialista “Negros de Mierda” que funciona en la órbita de La Cámpora, no cambió las cosas. El número de muertos en penales federales y la práctica sistemática de la tortura siguieron creciendo, de la mano del conjunto de circunstancias inhumanas que caracterizan lo más básico del sistema carcelario en Argentina, al punto que la Procuración Penitenciaria Nacional informa en su sitio web que “investiga” 429 casos de tortura en cárceles federales ocurridos en 2012 y 367 desde el 1º de enero al 1º de mayo de 2013.

Tanto es así, que, en 2012 y 2013, la justicia inglesa –insospechada de toda humanidad, la misma que a diario avala la represión a los pobres de su país, y que “castigó” a los policías que fusilaron al brasileño Jean-Charles Menezes con una multa- denegó dos extradiciones de personas requeridas por jueces federales de nuestro país (Lucy Wright y Aaron Campbell-Murray), porque, a pesar de los informes del gobierno argentino, concluyeron que las condiciones de alojamiento en nuestras penitenciarías “implicarían necesariamente la sumisión de sus ciudadanos a un régimen violatorio de sus derechos humanos”.

Hortel y Marambio no son otra cosa que versiones alternativas, con un discurso ligeramente variado, de una misma realidad, la de las torturas y muertes que convierten a las cárceles argentinas en lugares de exterminio. Una realidad que, como dijo Cristina Fernández, no se puede ignorar.

Hoy Carrera, ayer y mañana todos.

El 25 de enero de 2005, al mediodía, Fernando Ariel Carrera, de 27 años en aquel entonces, manejaba su Peugeot 205 blanco por las calles del barrio de Pompeya. Venía de dejar a sus hijos en la casa de su abuela, cuando de pronto, llegando a la intersección de las calles Sáenz y Esquiú, vio un hombre trepado al marco de la ventana de un auto negro que le apuntaba con una Ithaca. Asustado, aceleró pensando que van a asaltarlo. Inmediatamente recibió varios disparos, uno directo a la mandíbula. Perdió el conocimiento, y el auto, acelerado, siguió adelante un tramo de dos cuadras, trayecto en el cual atropelló a cinco personas y terminó chocando con una camioneta que llevaba otras dos. Tres peatones fallecieron por el impacto.

El auto negro -un Peugeot 504 prohibido a circular según el Registro de Automotores- y un Renault 9 gris, recorrían la zona en el marco de un “operativo cerrojo” que pretendía seguir la pista a un auto blanco con las mismas características que el de Carrera, denunciado por robo a mano armada en la zona de Lugano. El personal a cargo era la brigada de la comisaría 34ª, obviamente de civil. Cuando los autos policiales llegaron al lugar del choque, se acercaron al vehículo de Carrera y le descargaron otros 18 balazos. Seis fueron a parar en su cuerpo. Herido de enorme gravedad, fue detenido y hospitalizado.

A pesar de lo que diría tiempo después el informe policial, los disparos silbaron de un solo lado. La situación fue la de siempre: rápidamente manipularon todo, plantaron el “perro” y otras posibles pruebas, limpiaron la zona y armaron la escena y la causa a su gusto, hasta que llegaran los medios y publicaran su informe, con la versión oficial.

En junio de 2007, Carrera fue condenado por el Tribunal Oral Criminal N°14 a 30 años de prisión por triple homicidio con dolo eventual, robo agravado, lesiones y abuso de arma. Permaneció siete años privado de su libertad en el penal de Marcos Paz hasta que, a raíz del recurso interpuesto por su defensa, avalado por referentes de los DDHH como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, la Corte Suprema anuló la sentencia y ordenó a la Cámara de Casación -que ya había confirmado la condena- que la revisara y emitiera un nuevo fallo.

Para entonces, el había tenido una masiva difusión, en especial a partir del documental de Enrique Piñeyro, “El Rati Horror Show”, difusión que no alcanzan los miles de casos similares que terminan con fusilamientos de gatillo fácil o terminan, como éste, con la víctima presa. El escándalo público sirvió un nuevo y jugoso filete para que el gobierno lo agendara en la lista de los casos que se arroga como propios, en su opereta de “defensor de los DDHH”. Y mientras se frotaban las manos, la cena ya estaba servida: el 6 de junio de 2012, Fernando Carrera era excarcelado por disposición del Tribunal que cinco años antes lo había sentenciado.

Claro que no escatimaron en gritos, aplausos y papeles picados, ni tardaron en hacerse vistosas las manos oficialistas que se rasgaron las vestiduras dando cuenta de la pretendida justicia que imparte este gobierno; pero así como funciona todo en el mundo de la corrupta mentira y la infame impunidad, el fallo tendría patas cortas: el lunes 12 de agosto, Carrera fue condenado, nuevamente, a 15 años de prisión por robo agravado y triple homicidio por la Sala III de la Cámara de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Ana María Figueroa.

Éste no es un hecho excepcional, sino una muestra de la dinámica con que arman y desarman las causas a diario en la usina de la secta del gatillo, donde todos los servidores del estado, tanto su brazo armado como su pata judicial, se cubren las espaldas tejiendo una sola red: basta con recordar la Masacre de Wilde, allá por 1994, un caso prácticamente igual. La policía iba a la caza, por un “ajuste de cuentas”, de un grupo de personas que había salido de Santos Lugares en dos autos. Al encontrar a uno de ellos, lo balearon con más de doscientos plomazos, y mataron a sus tres pasajeros, para después confundir otro auto concordante con la descripción del que les faltaba. Se repitió, entonces, la misma acción: policías de civil tirándole a un auto que, por desesperación, miedo e instinto de supervivencia intentó huir, para descarrilar a causa del pinchado de las gomas. Una vez quieto y con las manos en alto, el librero Edgardo Cicutín recibió 11 tiros. La justicia sobreseyó, tiempo después, a diez policías imputados en la causa –ahora prescripta- y responsabilizó al cabo Marcos Rodríguez como único autor de los hechos, quien oportunamente se dio a la fuga y hoy sigue prófugo.

Así se mueven, así operan las fuerzas represivas que bañan de sangre las calles, protegidas por jueces y fiscales, y legitimadas por los medios de comunicación hasta que no les queda otra, y que forman parte de una misma realidad que es aquella que venimos denunciando desde el principio: la represión es política de estado.

El asesino de Javier y David tiene “sindicato” para defenderlo.

El martes 13 de agosto se llevó a cabo una audiencia en los tribunales de Quilmes por el asesinato de David Vivas (21) y Javier Alarcón (15), los dos pibes asesinados por el capitán Alfredo Alberto Veysandaz cuando volvían de bailar con un grupo de amigos (ver Boletín n° 688). La audiencia fue pedida por el secretario de Accidentes de Trabajo del SIN.PO.PE. (“Sindicato de Policías y Penitenciarios”), Dr. Rubén Adrián Fernández, abogado defensor de Veysandaz, para apelar la prisión preventiva. Recordamos que, gracias a la lucha en las calles, logramos que el policía, esta vez, fuera indagado y detenido por los homicidios de los chicos y la tentativa de homicidio de Marcelo, el único sobreviviente. Aunque en mayo la detención fue convertida en prisión preventiva, no está en una cárcel, sino en una dependencia policial en Pilar, gozando de privilegios que ningún preso sin uniforme tiene.

En la audiencia, el defensor del asesino planteó la clásica excusa de la legítima defensa” y sacó a relucir el famoso cuento de los chorritos que salen “de pollo” a ver si encuentran alguno con pinta para robarle. No dejó de resaltar que conoce muy bien las causas en las cuales se intenta, según dijo muy indignado, “presionar a los magistrados con la movilización”. Y no caben dudas que lo sabe, es el mismo abogado que defendió y consiguió la absolución de los policías torturadores y asesinos de Gastón Duffau (ver Boletín n° 469) y de Fabián Gorosito.

Mientras tanto, afuera, en las puertas de tribunales, con la movilización, los bombos, los platillos, el canto popular, y el micrófono en la mano para seguir denunciando la política represiva del estado, se concentraron compañeros de HIJOS La Plata, Bandera Negra, Ceprodh y otras organizaciones para acompañar la fortaleza de las madres de los pibes que, junto con Hagamos Lo Imposible y CORREPI, vienen dando la pelea para que el asesino de sus hijos pase el resto de su vida tras las rejas.

Decíamos que el defensor es el secretario de Accidentes de Trabajo de uno de los “sindicatos” policiales, lo que por sí solo dice mucho de cómo califican esos grupos organizados de uniformados el gatillo fácil y la tortura. Cuando son arrastrados a juicio, lo consideran un “accidente laboral”. Ningún integrante del aparato represivo del estado puede ser caracterizado como un trabajador más. Son desclasados que optaron por convertirse en perros guardianes de quienes explotan a los trabajadores, cuyos intereses son totalmente opuestos a los de la clase trabajadora: conservar su posición de privilegio para poder seguir acumulando riquezas a costa del trabajo de la mayoría del pueblo. Aquí entra el rol de las fuerzas de “seguridad”. Su tarea es ejercer el control social y disciplinar a los que se organizan por mejores condiciones de vida, y lo hacen al precio de un pibe asesinado por día con la tortura y el gatillo fácil. Por eso, insistimos: los policías no son trabajadores, y su “sindicalización” sólo genera mejores condiciones para que ellos puedan seguir reprimiéndonos, y tengan su propia estructura para defenderlos.

Represión en Egipto.

El proceso de rebelión popular que hace dos años volteó a Mubarak, en Egipto, no está cerrado. La rápida caída de un dictador que estuvo en el poder durante treinta años, y el descabezamiento de las cúpulas militares más comprometidas con el régimen, fue un claro mensaje de parte de las fuerzas armadas egipcias: entregar a los dictadores para salvar a la dictadura. El llamado a elecciones fue una típica maniobra de la burguesía para tratar de contener la movilización popular, usufructuando las ilusiones en las instituciones de la democracia formal.

El gobierno electo de los Hermanos Musulmanes, con Morsi a la cabeza, llevó adelante una política económica de corte neoliberal, con eliminación de subsidios, dictada por el Fondo Monetario Internacional, que generó fuertes resistencias y movilizaciones populares en su contra, horadando así su base social. El resultado de esa política fue el aumento de la desocupación, que según cifras oficiales es del 13%, y de la pobreza, resultando en que más del 25% de la población egipcia está por debajo de esa línea. La gota que rebalsó el vaso fue el intento de Morsi de aumentar su poder personal, concentrando en el ejecutivo mayores poderes de emergencia para, precisamente, estar en mejores condiciones de reprimir las movilizaciones contra su gobierno.

A principios de julio, las fuerzas armadas egipcias, nuevamente montándose en la movilización popular contra Morsi, para intentar controlarla, llevaron adelante un golpe de estado contra el gobierno de los Hermanos Musulmanes. A partir de este momento desató una feroz represión sobre esta agrupación política, que, por un lado, ya se cobró la vida de cientos de militantes y dejó un tendal de miles de heridos y, por el otro, busca mandar un claro mensaje aleccionador cuya finalidad es cerrar el proceso abierto por la primavera árabe. La represión contra los Hermanos Musulmanes es un mensaje para todos los rebeldes.

La destitución fue avalada por el imperialismo yanqui, que se cuidó muy bien de hablar en esos términos, ya que si hubiera caracterizado el desplazamiento de Morsi como un golpe de estado, habría tenido que retirar la ayuda financiera al ejército egipcio, uno de sus principales aliados en Medio Oriente.

A partir de la caída de Morsi, el ejército se hizo cargo del gobierno y formó una especie de gobierno técnico, que incorporó a miembros de fracciones políticas de la burguesía egipcia. El ejército nombró como presidente, con poderes dictatoriales, al titular de la corte suprema, Adly Mansour y como vicepresidente encargado de la política exterior a El Baradei, político de la oposición burguesa nucleada en el Frente de Salvación Nacional (quien ya ha renunciado actuando una falsa indignación ante la represión). Como primer ministro se nombró al economista neoliberal Hazem El-Beblawi, fundador del Partido Socialdemócrata y ex-ministro de finanzas del gobierno militar en 2011. El General Al Sisi, vice primer ministro, se mantiene en el ministerio de Defensa. Buena parte de las provincias son manejadas por gobernadores militares vinculados directamente con el régimen de Mubarak. Los gobiernos burgueses cambian, el estado burgués persiste.

Las fuerzas armadas egipcias se han intentado apropiar de las reivindicaciones populares contra el gobierno de Morsi para descomprimir la bronca e intentar pacificar el país, cerrando definitivamente el proceso abierto con el surgimiento de la primavera árabe. Si hay algo que podemos tener en claro es que a los militares no les gusta tener al pueblo en las calles.

Los cientos de muertos y miles de heridos le van quitando base social a los destituyentes, lo que ha sido advertido por Barak Obama, quien, haciendo gala de su hipocresía habitual, ha condenado formalmente la represión pero no retira la ayuda económica a las fuerzas armadas egipcias. El temor de los yanquis es que la represión radicalice la rebelión popular, aumentando la polarización y que no pueda controlarla, y se vea afectada la seguridad (su seguridad y la de su aliado, el estado de Israel) en Medio Oriente.

En lo que concuerdan la burguesía egipcia, y su principal partido, las fuerzas armadas, y el imperialismo yanqui, es en la necesidad de cerrar el proceso abierto con la primavera árabe. Difieren aparentemente en el método para lograrlo. Sin embargo, no debemos engañarnos, si la rebelión del pueblo egipcio sigue en aumento, ambos cerrarán filas y serán capaces de asesinar a millones con tal de mantener sus privilegios.

Como siempre, el pueblo sólo puede confiar en la organización de sus propias fuerzas y en la lucha sin cuartel contra sus enemigos históricos, los capitalistas de su país, su estado, y el imperialismo.

Cronograma del juicio por Walter Bulacio – Cómo presenciar las audiencias.

El tribunal Oral nº 29 nos ha informado cuáles serán las condiciones para que la prensa y el público puedan acceder a la sala durante las audiencias del juicio al comisario Miguel Ángel Espósito, que comenzará el 24 de septiembre en el edificio de calle Paraguay 1536, entre Montevideo y Rodríguez Peña.

Los trabajadores de prensa deberán acreditarse por medio del Centro de Informática Judicial (CIJ).

Para el resto del público, se deberán presentar los nombres y número de documento con antelación al inicio de las audiencias. Para facilitar el trámite, CORREPI sugiere que todas las personas interesadas en concurrir una o más veces al debate, envíen su nombre y nº de DNI a correpi@fibertel.com.ar, si es posible con indicación de qué jornada o jornadas se desea presenciar, ya que la capacidad de la sala es limitada. Semanalmente elaboraremos las listas con los nombres recibidos y las habilitaremos en el tribunal.

El cronograma previsto por el tribunal es el siguiente, siempre a partir de las 10:00:

Martes 24 de septiembre, apertura del debate y lectura de los requerimientos de elevación a juicio. Luego el tribunal invitará al comisario Espósito a prestar declaración indagatoria, y comenzará la recepción de las declaraciones testimoniales pedidas por la fiscalía y la defensa.

La recepción de testimonios continuará los días jueves 26 y lunes 30 de septiembre; miércoles 2, jueves 3 y martes 8 de octubre.

El jueves 10 de octubre alegará la querella, el martes 15 la fiscalía, y el jueves 17 la defensa. Posteriormente se fijará la fecha para la lectura de la sentencia.

Convocaremos en breve a una reunión de organizaciones para coordinar la movilización y acto que acompañará el inicio del juicio.

Próximas actividades:

Sábado 24 de agosto, 14:00, intervención de CORREPI en panel sobre represión en democracia durante el 5º Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, Facultad de Humaniades, La Plata.

Miércoles 28 de agosto, 17:30, mesa debate en la Facultad de Filosofía y Letras, Puán 470: “A 10 años del modelo, un debate necesario (educación, trabajadores, economía, represión)”. Participa CORREPI, organiza La Bemba.

Jueves 29 de agosto, 18:30, charla debate “La represión del estado sin filtro” en el centro cultural El Transformador de Haedo, Caseros y Llavallol, Haedo Norte. Participan Agencia Walsh y CORREPI, invitan Organización Monte e HIJOS zona Oeste.

Jueves 29 de agosto, 19:030, en la Universidad de Quilmes, R. S. Peña 352, Bernal, charla debate “Ayer y hoy, donde hay un privilegio, hay represión”. Participan y organizan CORREPI, Bandera Negra e HIJOS La Plata.