Boletín informativo nº 708

Desaparecidos, una práctica que no desaparece.

“Patricia Dell´Orto, brutalmente torturada, gritaba: ‘No me maten, no me maten, quiero criar a mi hijita. Llévenme a una cárcel pero no me maten’. Luego se escuchó, pum, pum, dos tiros en la cabeza mataban a Patricia y su compañero”. Así atestiguó Julio López con su voz entrecortada por el llanto y sus manos temblorosas en el juicio al genocida Etchecolatz. El 18 de septiembre de 2006 lo desaparecieron por segunda vez. Y volvieron a matar a Patricia y al grito de una madre desesperada de ternura.

Ahora acabamos de conmemorar los cinco años de la desaparición de Luciano Arruga en Lomas del Mirador. Su mamá habló así: “… Me dijiste vos: ‘Hoy sé, soy Luciano Nahuel Arruga, un pibito que vive en una villa’… Vos me decías que estabas orgulloso de tus raíces, de tu esencia… Cuando me caigo, cierro los ojos y te recuerdo… Los que me quisieron despedazar y destrozaron tu vida me verán de pie…”. Y el conjunto de los familiares presentes afirmaron, “Ésta no es una década ganada para nosotros, es el estado represor quien mata y desaparece a nuestros hijos”.

Los desaparecidos desde diciembre de 1983 son más de doscientos en estas “democracias”. Allanado el camino con la obediencia debida, punto final e indulto en los ’80, el estado siguió la práctica usada masivamente por la dictadura de la desaparición de personas, sea en el marco de la represión preventiva como de la selectiva, aunque con distintas formas y diferente sistematización. Luego de detenciones y torturas, arrojan sus cuerpos a basurales, zanjones o los dejan en lugares para simular un accidente, como en las vías del tren. Algunos aparecen con cierta rapidez, como sucedió con Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco en Villa Lugano en 2009; otros, luego de muchos años el azar ayuda a encontrarlos, como ocurrió con el niño Alejandro Flores en Río Cuarto, hallado dieciocho años después, mientras trabajaba una retroexcavadora en 2009. Otros no aparecen nunca.

Los primeros desaparecidos en democracia fueron los mendocinos Adolfo Garrido, Raúl Baigorría y Pablo Guardatti en 1990; en el mismo año, Andrés Núñez en La Plata; tres años después, Miguel Bru; y al siguiente, los entrerrianos Héctor Gómez y Martín Basualdo; en Paraná en 2002, Elías Gorosito; y, en la llamada década ganada, desaparecerían Luciano González en Corcovado; Facundo Rivera Alegre, “El Rubio del Pasaje”, en Córdoba; y no olvidamos que los desaparecidos son más de dos centenares, si bien los más visibles para la sociedad son Julio López, Luciano Arruga e Iván Torres. Siempre las mismas manos asesinas de la policía, ahora con el aporte de la gendarmería y la prefectura.

El trabajador salteño Daniel Solano, desaparecido en Choele-Choel el 5 de noviembre de 2011, es ejemplo de la aplicación de este método en la represión selectiva. Daniel fue llevado como jornalero por Agrocosecha SRL para trabajar en las plantaciones de manzana de la empresa Univeg Expofrut. Los trabajadores comenzaron a organizarse contra la sobreexplotación a la que los sometía el régimen de tercerización laboral. La empresa tentó a Daniel para que informara sobre la incipiente organización obrera. El compañero se negó, sumándose activamente a la lucha. Fue visto por última vez cuando lo detuvo la policía en la madrugada saliendo de un boliche. Se sospecha que fue asesinado en la comisaría 8ª. Este operativo es un complejo entramado compuesto por compañías sin escrúpulos, empresarios de la noche, fuerzas policiales de élite y jueces a sueldo.

Cerrando el círculo dantesco, hoy el gobierno que se proclama “defensor de los derechos humanos” nombra en la jefatura del ejército al general de inteligencia Milani, un genocida. Este señor impulsa una alianza con EEEUU contra el narcotráfico que habilitaría a las fuerzas armadas a participar dentro del territorio nacional, siendo ésta una injerencia prohibida por la constitución que estos mismos políticos elucubraron. La propuesta tiende a recuperar terreno perdido, pues los servicios de inteligencia de EEUU ya trabajan desde hace mucho tiempo con las policías de nuestro continente, a las que entrena y prepara. Y más, estos gobiernos “progresistas” de la región convocan a las instituciones policiales para formar parte en la ONU de las supuestas fuerzas de paz.

El código de faltas cordobés, ni más ni menos que los demás.

A pesar de que el sistema de faltas y contravenciones es uniforme en todo el país, incluida la ciudad de Buenos Aires, es en la provincia de Córdoba donde es más visible la lucha organizada contra el código de faltas. Además de la lucha del FOCCOF (Frente Organizado Contra el Código de Faltas), no hay organización cordobesa de trabajadores, estudiantes, social o del tipo que fuere que no denuncie explícitamente el carácter represor de las contravenciones.

La organicidad y dinamismo que tiene la pelea cordobesa contra el código de faltas ocasiona, a veces, que se suponga que se trata de un reclamo válido sólo en ese distrito, que tendría un plus represivo sobre el resto del país. Claramente eso no es así, ya que, como decíamos, hay tantos códigos de faltas o contravencionales como provincias, incluida la CABA, e incluso hay zonas en las que, además de las contravenciones provinciales, existen normas similares de tercer nivel, es decir, municipales, como ocurre en varias localidades de Misiones, y en la propia ciudad de Córdoba.

Los códigos de faltas, el cordobés y los restantes 23, integran, junto a la facultad policial de detener personas “en averiguación de antecedentes” o “para identificar”, según la jerga de cada ley local, la principal herramienta para imponer el control social con que cuentan las policías y el conjunto del aparato represivo. Con las faltas o contravenciones y con la Doble A, cualquier policía puede detener a cualquiera, en cualquier lugar sin necesidad siquiera de inventar una excusa. Si esa detención es cuestionada por arbitraria e ilegal, el policía simplemente dirá que aplicó el código de faltas o la ley de identificación, y no habrá fiscal ni juez que ponga en duda su legalidad.

Tan importante es para el estado argentino, cualquiera sea el gobierno de turno, que sus fuerzas de seguridad tengan estas facultades para detener personas arbitrariamente, que hace más de 10 años prefiere sostener el incómodo rótulo de “incumplidor de las condenas de la Corte Interamericana de DDHH”, antes que resignarlas cumpliendo con su derogación, como se lo ordenó la sentencia del 18/9/2003 en el caso Bulacio.

En lugar de derogar un conjunto de normas que sólo sirve para reprimir, ya que nada tiene que ver el empleo de las contravenciones o la averiguación de antecedentes con la real prevención del delito (tema en el cual, además, tendrían que empezar por autodetenerse), cada tanto se ofrece, a gusto del consumidor, algún proyectito más o menos potable de reforma de los códigos existentes, como si fuese posible, derogando un par de artículos y mechando alguna palabrita como “derecho de defensa”, “garantía de doble instancia”, “debido proceso”, etc., desaparecer lo que es la propia naturaleza del sistema contravencional: contar con un “sub-derecho penal”, de control local y en manos de las policías, para reprimir preventivamente a pobres, jóvenes y minorías discriminadas; para disciplinar y de paso explotar extorsivamente a quienes encuentran su supervivencia material en la calle (vendedores ambulantes, artesanos, personas en estado de prostitución, trapitos, limpiavidrios, etc.) y, también, contar con una eficaz herramienta para la represión a la protesta, frente a escraches, cortes de calle u otras acciones de lucha, sin necesidad de recurrir al más intrincado camino (al menos en el papeleo que tanto les preocupa) como es el derecho penal formal.

En ese camino, en la ciudad de Córdoba el intendente Ramón Mestre (hijo, heredero y homónimo del represor del Puente de Corrientes en 1999 y del 20 de Diciembre de 2001) anunció la creación de una comisión para reformar el Código de Faltas Municipal, proceso que incluirá una serie de audiencias públicas, y presentará un ante-proyecto de reforma. Igualito que hicieron en la ciudad de Buenos Aires en 2004, proceso que terminó con la reforma claramente represiva que enfrentamos con tantas organizaciones en la jornada del 16 de julio de ese año, con el costo de 17 trabajadores presos por tres años.

Pero el tiro le ha salido por la culata, porque en un ataque de sinceramiento, se designó como uno de los responsables de la comisión de reforma al abogado y empresario José Luis Palazzo, quien actuó como servicio “vocacional” en la empresa EPEC durante la dictadura, ayudando a identificar a los “subversivos” –es decir, a los trabajadores más comprometidos en el gremio que dirigía Agustín Tosco- en la planta.

La designación de un cómplice de la dictadura para dirigir esa reforma al código de faltas pone en evidencia de manera brutal que proponer o aceptar gustosos proyectos de reformas sólo consolida el sistema contravencional, que no es represivo porque esté viejo o mal redactado, sino porque ésa, y no otra es su función. El actual código contravencional de la CABA, que reemplazó los edictos policiales batiendo palmas al grito de “progresismo”, fue cuidadosamente empaquetado, a mediados de los ’90, con la etiqueta de “código de convivencia urbana”, verdadera trampa cazabobos que permitió que algunos, de buena fe incluso, creyeran que era un avance. Fue un avance, pero para la represión. Quienes combatimos los edictos ayer, y hoy lo hacemos con el código porteño, sabemos que era más fácil cuestionar entonces una norma sin legalidad de origen, que enfrentar hoy con éxito las modernas faltas, dotadas de un aparato judicial propio y revestidas de legalidad porque los diputados levantaron la mano para votarlo. Por eso, frente al sistema contravencional, como frente a todo el sistema de detenciones arbitrarias, nuestro reclamo es la derogación lisa y llana, algo a lo que nunca accederá un gobierno que necesite administrar eficazmente la represión, salvo si el pueblo organizado lo pone en jaque y le impone su voluntad.

Violencia es el estado privatizando las calles.

En estos últimos días hemos visto cómo el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se dedicaron a continuar reprimiendo y persiguiendo a los trabajadores, tanto en sus puestos de trabajo como en cortes que realizaron en las calles para reclamar por su situación laboral.

Los manteros de Once fueron desalojados de sus puestos de trabajo, se les incautó la mercadería, se allanaron domicilios a punta de pistola, se llevaron objetos personales y se amenazó a los trabajadores, que respondieron con movilización. Primero fue el corte en Pueyrredón y Rivadavia para reclamar contra los desalojos llevados adelante por el gobierno, realizados en conjunto por la secretaría de Uso de Espacios Públicos de la ciudad y la policía metropolitana. Otros cortes y marchas se sumaron en los días siguientes.

A su vez, mientras se realizaban los desalojos y allanamientos (como siempre, en horas de la madrugada), los medios corrían a preguntarle al comisionado de la metropolitana, Culchaw, por qué tardaban en desalojar todos los puestos de una sola vez y por qué no ponían custodia policial permanente para evitar que los manteros volvieran a instalarse.

Tanto los medios hegemónicos como el gobierno de la ciudad se centraron en criminalizar a los trabajadores, los primeros acusando directamente a los puesteros, y el gobierno a través de la declaraciones de Patricio Di Stefano, subsecretario de Uso del Espacio Público de la ciudad, quien aseguró que “todas las personas que trabajan en Once son parte de una organización que maneja mucho dinero, una asociación ilícita”, de la cual, por supuesto, no dio ni el más mínimo indicio. Es más, admitió que estos desalojos se están dando en el marco de un plan del gobierno de la ciudad para “despejar” (“limpiar”, según el comisionado Culchaw) las veredas de vendedores ambulantes. Arguyendo que no permiten la libre circulación y que hacen competencia desleal, criminalizan a estos trabajadores que, ante la precariedad de su situación económica y laboral, se la rebuscan como pueden, poniendo un puesto en la calle, aguantando las inclemencias del clima y la represión del gobierno y la policía.

Como si se tratara de una suerte de “viveza criolla” y no de una estrategia de supervivencia de aquellos que el sistema prolijamente se encarga de correr a un costado cuando de estabilidad laboral y condiciones de vida dignas se trata, este desalojo se suma a todos los que el gobierno viene realizando (Retiro, Constitución, Flores, Florida) y que promete seguir llevando adelante en más espacios de la ciudad.

Del mismo modo, trabajadores de la fábrica Kromberg & Schubert marcharon este miércoles 29 al ministerio de Trabajo, reclamando por los más de 60 despidos que viene realizando la empresa desde 2013 (54 de ellos despedidos en enero de este año) y por las persecuciones que están sufriendo. Fueron cercados por la PFA, camiones hidrantes e infantería, que los dejaron encerrados, sin poder avanzar hasta el ministerio.

A la vez, trabajadores tercerizados de Aerolíneas Argentinas intentaron realizar un corte frente al Aeroparque Jorge Newbery, reclamando el pase a planta permanente, aumento de sueldo y denunciando que la empresa Falcon no realizó los correspondientes aportes a las obras sociales, como una especie de castigo por su reclamo. A la vez que mandaba a la PFA a Aeroparque para impedir el corte y a gendarmería a Ezeiza, Berni hacia declaraciones de rockstar venido a menos, diciendo que “los ciudadanos comunes estamos asqueados y hartos de que un grupo minúsculo, que tiene derecho a manifestarse, corte la calle” y criticando al gobierno de la ciudad por no haber impedido el corte de los manteros de Once, básicamente acusando a Macri de no reprimir lo suficiente, “obligando” al gobierno nacional a “poner orden” en la ciudad. Mientras tanto, por la Costanera no se podía circular, pero porque la cortaban gendarmes y policías.

Así, se creen habilitados para hablar del espacio público como si fuera propiedad de los gobernantes de turno, en la medida en que ellos deciden quién y cómo se lo usa, y utilizan las herramientas represivas y judiciales para impedir que lo hagan los trabajadores, persiguiéndolos y recitando todos los lugares comunes que los medios masivos de comunicación se encargan de reproducir minuciosamente. De esta manera, intentan hacernos sentir ajenos a esos lugares que deberíamos sentir como nuestros, marcando la presencia estatal hasta en nuestra propia subjetividad a la hora de salir a la calle. La única forma de resistir esta política de desalojo y represión, es organizándonos para pelear por nuestros derechos, tomar la calle y que ésta sea realmente pública, no un lugar lleno de policía, gendarmería, rejas y cámaras, sino un espacio del que podamos apropiarnos, del que realmente podamos participar y formar parte.

Inicio de año con represión a los pueblos originarios.

Apenas si transcurrió un mes de este nuevo año 2014, y ya se amontonan en la crónica invisible para los grandes medios de comunicación las represiones sufridas por los pueblos originarios en conflicto por la defensa de sus tierras.

El 7 de enero, en Chaco, la policía provincial reprimió a miembros de la comunidad Qom en la localidad de Makallé, que se manifestaban, con un corte parcial, sobre la ruta provincial N° 16. Los gases y los balazos de goma dejaron ocho heridos, incluyendo chicos, mujeres y ancianos, mientras el jefe del operativo arengaba a su tropa: “¡Indios de mierda, hay que llevarlos a todos al matadero, para que desaparezcan del todo!”.

El 12 de enero, cerca de Abra Pampa, Jujuy, integrantes del pueblo Kolla decidieron protestar por la forma inconsulta en que se organizó el paso de los vehículos del Rally Dakar, violando sus derechos preexistentes. Los efectivos policiales atacaron a los manifestantes que cortaban la ruta a puro golpe, y se llevaron detenidos a cuantos pudieron.

Alguien preguntó al jefe del operativo si tenían alguna orden judicial para echarlos de la ruta. La respuesta no dejó dudas: “No hace falta, tenemos orden directa del gobierno de desalojarlos por las buenas o por las malas”.

Casi al mismo tiempo, en Cachi, Salta, la comunidad diaguita Kallchakí “Las Pailas”, que viene resistiendo el avance sobre su territorio de un proyecto inmobiliario privado, fue atacada por más de medio centenar de policías, que ésta vez sí tenían orden judicial para impedir que los miembros de la comunidad siguieran evitando que se cerrara con un portón el acceso a un camino comunitario. Por dos días se extendieron la represión y la resistencia, que culminó con decenas de detenidos, heridos y graves daños materiales en un local comunitario y su biblioteca popular.

Chaco, Jujuy, Salta, sólo tres ejemplos de la represión que a diario se descarga sobre los explotados.

Diciembre a pura bala.

Cuando CORREPI presentó, el 29 de noviembre de 2013, la actualización del Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, aclaramos, como siempre, que –además del mes de diciembre, que aún no había transcurrido- en poco tiempo deberíamos sumar la infinidad de asesinatos cometidos por el aparato represivo estatal durante 2013 de los que nos enteramos –cuando nos enteramos- más tarde.

Hoy, solamente del mes de noviembre, ya conocemos cuatro casos de gatillo fácil que no están incluidos en el listado que llevamos a la Plaza de Mayo a fin del año pasado: Braian Mogica fue asesinado el 19 de noviembre por el bonaerense Benjamín Gabriel Yuguet. Brian Ezequiel Godoy (17) fue fusilado por un policía el 25 de noviembre en Morón. Gabriel Gutiérrez (25) fue asesinado el 30 de noviembre en Neuquén, después que su testimonio fuera central para la condena del policía que fusiló a Braian Hernández (14).

Ya en el mes de diciembre, registramos los siguientes casos: Gabriel Leonardo Cuenca fue asesinado de un disparo el 3 de diciembre en Corrientes por un policía que vio que había intentado robar una cartera. El 12 de diciembre, en José Mármol, un agente de la PFA fusiló a un adolescente del que no conocemos el nombre. El mismo día, en un hospital de Córdoba, murió Leandro Bustos, el joven que un mes antes había recibido un disparo policial en un ojo en la puerta de su propia casa. El 16 de diciembre, otro adolescente fue fusilado por un bonaerense en Isidro Casanova. El 17, en Tucumán, durante los saqueos, un policía baleó fatalmente a Aldo Molina, de 45 años. El 19, en Mendoza, un policía federal retirado mató de tres balazos a un joven que, desarmado, trató de robarle el auto. El 24 de diciembre, en Floresta, Ángel Duarte, de 40 años, estaba en un corte de calle, protestando por la falta de energía eléctrica. Murió tras un disparo del policía federal Nicolás Encinas. El mismo día, en Villa Luro, alguien avisó a Walter Foco, de 46 años, que había un auto con tres sujetos sospechosos frente a su casa. Como hacía poco lo habían asaltado personas de similar descripción, salió con un arma a la calle. Eran policías federales, y lo fusilaron por la espalda.

También crece la lista de muertos en lugares de detención, como con los ejemplos de Cristian Leonardo Pereyra, que apareció “ahorcado” en su celda de la UP 6 de Rawson, Chubut, el 22 de diciembre; o Héctor Ramírez y Fernando Rivarola, que murieron el 28 de diciembre en el penal Almafuerte de Mendoza, después que los guardiacárceles instigaran una pelea en la que otro preso, conocido “coche-bomba”, los mató con una faca.

Apenas si un incompleto muestreo de cómo el aparato represivo estatal ejerce a diario el control social a sangre y fuego.

Próximas actividades.

Miércoles 5 de febrero, a las 17:00, concentramos en 9 de Julio y Av. de Mayo para marchar a Plaza de Mayo, por la absolución de los trabajadores de Las Heras.