Boletín informativo nº 709

Por los caídos de ayer y de hoy: comienza el juicio por el 19 y 20 de diciembre.

El lunes 24 de febrero, a las 10:30, en los tribunales de Comodoro Py, comienza el juicio por la represión desatada durante las jornadas de lucha de los días 19 y 20 de diciembre en el marco de la rebelión popular de 2001.

Desde el inicio de la causa comprobamos que, como siempre, la justicia había tomado por determinación el consagrar la impunidad de los poderosos. Basta, para comprobarlo, con revisar el proceso respecto del ex presidente Fernando De La Rúa, principal responsable político de la represión. A pesar de los esfuerzos insistentes de las querellas, que consiguieron que, tardíamente, fuera indagado por los homicidios y las tentativas de homicidio cometidos por el aparato de seguridad que como jefe de gobierno dirigía, y aunque fue brevemente procesado, la justicia finalmente decidió premiarlo con un fallo especialmente llamativo por el absurdo que lo constituyó: el hombre fue sobreseído luego de haber declarado que recién supo que hubo muertos al día siguiente, ni supo lo que sucedía en la periferia de la Casa Rosada, porque no se asomó en ningún momento a las ventanas, ni tenía radio ni televisión encendidas.

De este modo, con De La Rúa sobreseído, la justicia cerró el debate a sus espaldas y consagró la ajenidad del poder ejecutivo, descabezando la cadena de mandos en la responsabilidad política. A partir de ese momento, su tesis se tradujo en la posibilidad de argumentar que la represión de aquellas jornadas fue un “desborde” de la fuerza policial, que no fue bien manejada por funcionarios “incompetentes”, imputando al ex ministro del Interior, Ramón Mestre; al ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov; al ex jefe de la PFA, Rubén Santos y a los quince comisarios de la cúpula policial de aquel entonces, por homicidio culposo (es decir, por violación del deber de cuidado, impericia o negligencia), lo que prevé una pena máxima de cinco años de prisión a cada uno.

Desde luego, esta posición busca proteger la función esencial del aparato represivo, soslayando criteriosamente la responsabilidad estatal, para poder explicar los hechos represivos como actos de “abuso” o “exceso” en el caso de los que dispararon, y “conductas erróneas” que “no hicieron lo que debían hacer” en el de los funcionarios. No van a ser juzgados por represores y corruptos, sino por ineptos y negligentes, con la misma imputación que tanto indigna a la “opinión pública”, cuando se aplica al conductor ebrio que atropella y mata a una persona en la vía pública.

Igual que Menem, con todos los hechos represivos de su gobierno y la voladura de Río Tercero, o el propio De La Rúa, en las causas de la represión en el Puente Gral. Belgrano de Corrientes y las coimas en el senado; como Duhalde en la causa del Puente Pueyrredón; como durante todos los gobiernos hasta el día de hoy cuando los represores son absueltos por matar a nuestros pibes en los barrios, la causa del 19 y 20 de diciembre prueba la forma en que el estado se protege a sí mismo, garantizando la impunidad de sus eventuales administradores.

Nosotros sabemos lo que pasó ese día, no necesitamos que nos lo cuenten. Sabemos que las calles eran una cacería que articulaba por único lenguaje la lluvia de plomo para evitar que llegáramos a Plaza de Mayo al grito de “que se vayan todos”. Así fue como cayó nuestro compañero Carlos “Petete” Almirón, como los otros 38 caídos de ese día en todo el país, que hoy integran la inmensa lista de más de 4.300 personas asesinadas por el estado desde el retorno de la democracia hasta la fecha. De lo que estamos seguros es que, por más que intenten doblegarnos, nuestra respuesta siempre va a ser la organización y la lucha.

Concentramos en la Torre de los Ingleses a las 09:00 para marchar a los tribunales de Comodoro Py

¡Por los caídos de ayer y de hoy!

¿Cómo no sentirme así? Si el gatillo sigue allí…

Todos los días nos despertamos con la amarga certeza de que hace unas horas o unos minutos, el gatillo gritó fuego. Nos levantamos y, antes de llegar al trabajo ya sabemos que en alguna parte silbaron los tiros, no sólo porque a veces los propios medios que los encubren nos lo cuentan, sino también porque sabemos que de la gruesa mayoría desgraciadamente no nos enteramos. Sin embargo, aunque mucho quieran ocultarlo, nosotros somos de los que no dejamos que nos cuenten la historia, por eso prestamos atención.

Hacia fines de enero, durante la madrugada del 23, un efectivo de la policía federal volvía a su casa en el barrio de Caseros. Dos muchachos de 18 años lo abordaron para robarle la moto. El “tiroteo” que alega el policía, como siempre, terminó los dos pibes muertos antes de que llegue la ambulancia, y el oficial ileso. La fiscalía dijo que el hombre obró en legítima defensa. Hoy está suelto.

El 5 de febrero, en la localidad de Inriville, Córdoba, Mariela Bortot (40), madre soltera de dos hijas adolescentes, salió a caminar por las afueras del pueblo y desapareció sin dejar rastros. Al día siguiente se descubrió, por un video de seguridad y un testimonio vecinal, y rastros biológicos en su auto, que el ex policía Jorge Orellano (58), jefe de seguridad del intendente Marcos Rodrigué, infatuado por un no correspondido amor por Mariela, es el responsable.

El 11 de febrero, a la salida del bingo de Olavarría, pcia. de Bs. As., el ex militar José Milton Tapia (68) llegó hasta el auto de su esposa Silvia Marchesi (53) y le vació encima medio cargador de su autorizada .38. Ella murió en el acto, el se entregó horas después bajo la consigna “me estaba engañando”.

El 12 de febrero hacia las 22:00, en el barrio Meridiano V, ciudad de La Plata, al teniente del Grupo Halcón Cristian Duarte, se le acercaron tres muchachos, de nuevo, para robarle la moto. Otra vez el “tiroteo” unilateral, con un herido y un muerto. Por supuesto, el uniformado salió ileso.

El 14 de febrero, a las 5 de la madrugada en el barrio La Emilia, Zárate, Yoana Gladys Esquivel (24) estaba parada en la puerta de su casa. Al parecer, un llamado al 911 había alertado sobre la presencia de un “hombre sospechoso” que “merodeaba la zona” en su motocicleta. Una efectiva de la PFA llegó a la zona y se dirigió al “objetivo” con el arma en mano. Después dijo que se resbaló y que por error “se le escapó un tiro”, que fue a parar al cuerpo de Yoana, que murió en el hospital. “No podemos considerar que estemos ante un caso de gatillo fácil. No hubo resistencia y sí se confirmó que el personal policial ingresó al lugar”, dijo al día siguiente el fiscal de la causa, Martín Zocca. El fiscal resulta oportunamente revelador: lo que queda claro, es que, para la justicia, lo importante es que los represores hagan lo suyo. Faltaría entonces que explique por qué, suponiendo que efectivamente se resbaló y el tiro se le escapó, la mujer policía andaba en un lugar con vecinos en la calle con el arma empuñada y sin el seguro.

Estos son algunos de los últimos casos de los que se suceden todos los días, a los que nos enfrentamos y combatimos para que cada día sean menos. Sólo algunos. Lo importante de todo esto es que, como decíamos antes, no dejemos que nos cuenten la historia, sino que, como partícipes de ella, nos ocupemos de transformarla, para que nuestra pregunta se haga respuesta.

La pregunta es: ¿cómo no sentirme así? Si el gatillo sigue allí…

Sigamos asqueando a Berni.

El año 2014 empezó con manifestaciones a lo largo y ancho del país. En un contexto donde la inflación es cada vez mayor y los salarios se devalúan, los trabajadores salen a las calles a luchar por reivindicaciones básicas.

Por el lado del gobierno, ya definieron muy bien cuál va a ser la respuesta: la represión.

En el último mes, todo intento de movilización popular contó con el envío de cientos de policías y gendarmes con el objetivo de mostrar la capacidad represiva del estado y presionar para que no movilicemos más.

A fines de enero, la agrupación Barrios de Pie realizó hoy una protesta frente al ministerio de Desarrollo Social para reclamar la actualización de los montos de planes sociales. La respuesta del gobierno nacional fue la saturación de la Av. 9 de Julio con más de 300 policías y 700 gendarmes que impidió el paso de los manifestantes. Ese mismo día, el 29 de enero, vecinos del Barrio Mitre, en Saavedra, protestaban contra el Shopping Dot, responsable de múltiples inundaciones en el barrio. El gobierno de la Ciudad no tuvo una respuesta diferente a la del nacional, y la policía Metropolitana los reprimió.

El 31 de enero, trabajadores tercerizados de Aerolíneas Argentinas intentaron llevar adelante la medida votada en asamblea de cortar la Costanera para exigir el pase a planta permanente. El gobierno nacional desplegó más de 200 efectivos de la policía federal listos para reprimirlos e impidieron el corte.

Lo mismo sucedió con los vecinos de zona oeste del conurbano bonaerense el 7 de febrero, cuando intentaron cortar el Acceso Oeste, con el objetivo de exigir las obras que el gobierno de la provincia promete en cada campaña electoral para evitar inundaciones. Los vecinos fueron reprimidos y desalojados.

En las últimas semanas, los manteros de Once fueron reiteradamente reprimidos y desalojados por la policía federal y metropolitana. Los cortes de calle que organizaron para luchar por su fuente de trabajo recibieron el mismo trato.

A esto debemos sumar el panorama en el resto del país, donde la represión del estado se hace presente ante cualquier reclamo, como sucedió en Córdoba con las manifestaciones en contra del aumento del boleto, y en Chaco, donde varias organizaciones se manifestaban contra el gobierno provincial exigiendo viviendas. En ambas situaciones hubo detenidos y heridos, como en decenas de casos semejantes.

¿Qué dijo el gobierno nacional frente a su accionar represivo? Lejos quedaron los discursos donde el gobierno intentaba ocultar el despliegue de su política represiva, repartiendo culpas entre supuestas “manzanas podridas” y “resabios dictatoriales”. Ahora son bien sinceros y claros. El Secretario de Seguridad, Sergio Berni, explicó a La Nación el 31 de enero: “Hay que estar al frente de los conflictos y hay que ponerles un límite; los ciudadanos comunes estamos asqueados y hartos de que un grupo minúsculo, que tiene derecho a manifestarse, corte la calle por cinco minutos de televisión”. Y agregó que desde el gobierno “no le tenemos miedo a los conflictos”.

Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tampoco dejo lugar a dudas, el 4 de febrero, en el discurso que dio en la Casa Rosada frente a la militancia kirchnerista: “Todavía me llama poderosamente la atención que subsistan grupos, o grupitos chiquitos que cortan una calle por cualquier cosa y sin embargo no hacen nada cuando ven lo que hacen otros respecto de los intereses que dicen representar, por eso hay que convencer también a esa gente, a esos argentinos que dejen de cortar la calle, molestando al resto y se dediquen a cuidar a la gente en serio. Yo le pido a cada uno que cuando vean a alguien cortar una calle díganle ‘¿Estás enojado por algo? Vení, acompáñame al supermercado a controlar que no le roben a la gente’ [Cortando las calles] lo único que estamos haciendo es jorobar a otros argentinos que van al trabajo o tal vez, sea esa la verdadera intención. Yo siempre digo, cuando pareces muy, muy de izquierda apareces del otro lado, porque la tierra es redonda.”

Las manifestaciones por un salario que alcance para vivir, por una vivienda digna o por la absolución de los petroleros de Las Heras, que tanto asco y desconcierto le dan al gobierno nacional, seguirán replicándose a lo largo y ancho del país, porque las necesidades del pueblo trabajador no vamos a solucionarlas dentro de un supermercado controlando precios, sino en la calle con organización independiente y lucha consecuente.

El estado reprime, el pueblo responde.

Hace dos semanas, en Resistencia, Chaco, organizaciones populares protagonizaron una protesta frente a la casa de gobierno, exigiendo el aumento en los planes sociales y materiales de construcción para viviendas, ante los fortísimos aumentos de precio de los productos de primera necesidad.

El flamante gobernador de la provincia, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, no quiso ser menos que su antecesor Jorge Capitanich, y mandó a la policía a reprimir la manifestación, con la excusa de que “interrumpían el tránsito”. Marcelo Churín, secretario de Seguridad, fue claro. Dijo que tienen la orden explícita del gobernador de no permitir el corte de calles y que es eso lo que la policía debe cumplir. La violenta represión con gases lacrimógenos, palos y balas de goma, dejó como saldo al menos veinte heridos y diez detenidos.

Al día siguiente, en Buenos Aires, efectivos de la policía Metropolitana fueron a desalojar a los “manteros” de Plaza Miserere. Los desalojos ya habían comenzado semanas atrás, en distintos puntos de la zona y la policía ya había levantado más de 30 puestos e incautado más de 1.300 bultos de mercadería.

En este último desalojo, hubo resistencia por parte de los trabajadores, por lo que ocho de ellos fueron detenidos por “agresión y resistencia a la autoridad”, como si no fuera agresión mandar policías armados a despojar a los vendedores de su fuente de trabajo.

Ante esto, los manteros de la zona cortaron la Av. Pueyrredón, exigiendo la libertad de sus compañeros y denunciando el maltrato recibido por parte de la Metropolitana.

Días después, los docentes de Santiago del Estero se manifestaron en reclamo de mejores condiciones salariales. Su sueldo es el más bajo de todo el país, y no les alcanza para vivir. La movilización contó con un fuerte apoyo de distintos sindicatos y organizaciones sociales.

Más de 2.000 personas marcharon hacia la casa de gobierno, donde los esperaba un enorme operativo policial. La respuesta a los justos reclamos de los trabajadores, otra vez, fue la represión. Hubo varios heridos y una decena de detenidos.

Pese al silencio de la gobernadora Claudia Ledesma Abdala, y al amedrentamiento sufrido, los compañeros no bajarán los brazos y seguirán con las medidas de lucha.

Podemos ver que este año se caracterizará nuevamente por ajustes y represión al pueblo. Afortunadamente, vemos también que, pese a los intentos de acallar los reclamos, los trabajadores nos seguimos levantando y seguimos organizándonos para luchar contra las injusticias de este sistema.

¿Al servicio de quién?

El 11 de febrero, una mujer fue a realizar una denuncia por violencia familiar a una comisaría del partido bonaerense de San Fernando. Lejos de protegerla del pariente violento, fue golpeada y quedó detenida, acusada del delito de “resistencia a la autoridad”. El hecho trascendió gracias a que se difundió un video, que mostró que, cuando Sandra Cabo pidió al policía que de mala gana la atendió una copia de su denuncia, y protestó ante la negativa, la agarraron del cuello, la hicieron arrodillar, la golpearon y le apuntaron con una escopeta. Obviamente, el familiar denunciado, conocido delincuente de la zona, tiene vínculos con a comisaría en cuestión, la 4ª de Virreyes.

El 12 de febrero, en Santa Rosa, La Pampa, el joven Damián Marsero denunció que fue discriminado por un patovica del boliche Kryon, por lo que se quejó al dueño del lugar, instancia en que una mujer policía que lo escoltaba le tiró gas pimienta y luego efectivos de la unidad antidisturbios lo golpearon.

Marsero relató a los medios locales “Caí al piso boca arriba, me tiraron gas pimienta en los ojos, la boca y la nariz, no podía respirar, no podía responder a los golpes que me daban; me dieron vuelta la cabeza y me la raspaban contra el cemento”.

Mientras lo transportaban en una camioneta policial a la comisaría, debido a la acción del gas, la víctima dijo que tenía ganas de vomitar, y el agente que lo custodiaba le dijo: “si me vomitás el coche, te voy a recagar a palos”.

Lo llevaron a la seccional 3ª, donde permaneció ocho horas incomunicado. Una vez liberado, se comprobó que sufrió desprendimiento de córnea, que probablemente requiera un transplante; traumatismo de cráneo, golpes en varias partes del cuerpo, contusiones internas y heridas cortantes.

Sólo dos ejemplos más de cómo el aparato policial tiene claro al “servicio” de quién está.

Próximas actividades.

Lunes 24 de febrero, a las 9:00, concentramos en Retiro para marchar a los tribunales de Comodoro Py al inicio del juicio por la represión a la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001.

Jueves 27 de febrero, Jornada Nacional de Lucha por la absolución de los petroleros de Las Heras. con paro de 24 horas de ATE Capital.

Cronograma:

6:00, Corte en Panamericana y ruta 197.

9:30, Corte en Puente Liniers, Rivadavia y General Paz

11:00, Corte en Puente Pueyrredón, concentrando 10:30 en Estación Darío y Maxi.

18:00, en Mendoza, corte de media calzada en el nudo vial de Costanera (Vicente Zapata y Costanera).

18:00, concentración de la FUBA en Plaza Houssay.

18:30, en Bahía Blanca, movilización y acto, junto a Ramón Cortés, en plaza Rivadavia.

Habrá otras actividades en la ciudad de La Plata y en las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, San Luis y Neuquén.