Boletín informativo nº 710

Juicio por Checho Casal: “El policía es el estado y el estado lo fusiló“.

El 3 de junio de 2010, en Moreno, el sargento de la PFA Néstor Adrián González fusiló a Sergio Checho Casal, de 16 años. Los dos tiros de su reglamentaria, provista por el estado, entraron por la espalda de Checho, uno en la nuca.

La excusa utilizada entonces, fue un intento de robo que se habría realizado con un arma de juguete. Checho, asustado, salió corriendo y en esa corrida fue cazado por el policía. De inmediato, los mecanismos que la legitimación del gatillo fácil tiene reservados para estos casos se pusieron en práctica.
La policía habló de “enfrentamiento”, la fiscalía aprobó esa versión, el asesino argumentó legítima defensa. Lo cierto es que rápidamente fue excarcelado y el caso rumbeaba para la consagración de esa vieja amiga del sistema: la impunidad.

Pero bastó que familiares de CORREPI se acercaran a la familia de Checho para que la propuesta de luchar organizadamente contra el crimen de su hijo, y el de todos los pibes que caen como él, prendiera.

Se cortaron calles, se marchó, se volanteó. Se hicieron charlas, festivales, se ganaron las calles de Cuatro Vientos, de Las Flores, de Moreno Centro y también se disputó ante la justicia. Cuatro años después, y solamente por esa lucha, por esa constancia, llegó el juicio en Mercedes.

Fueron dos días con la solidaridad de mucha gente que se movilizó contra la naturalización de estas prácticas sistemáticas de eliminación de los pobres. Dos días en los que, en tribunales, se probó el fusilamiento que todos conocíamos. Dos días que resumen la lucha de cuatro años.

El miércoles 26, a las 14:00, el Tribunal Oral nº 4 de de Mercedes dará a conocer la sentencia. La fiscalía pidió 20 años de prisión, porque no se animó a convalidar lo que es una lógica indiscutible: si, como alegó la fiscal, “González es el estado y autor de un fusilamiento“, ¿qué otra cosa que perpetua corresponde pedir?. CORREPI sí la pidió.

Es posible que se obtenga una sentencia condenatoria, por supuesto la exigimos. Pero aún así, nunca será esa la última palabra.
Cuando Estela Casal dijo en la Plaza de Mercedes que, mirando las caras de los compañeros, calmaba en parte su dolor de madre, estaba diciendo que en la lucha organizada confiaba todas sus fuerzas.

Esa es la conciencia. Sólo con ella estará todo dicho.

UCR y kirchnerismo: Lo que hicieron por los DDHH.

Los diarios de la semana titularon “Guerra de afiches” para referirse al contrapunto entre radicales y peronistas K que comenzó con un afiche de los primeros en el que, sobre una foto de la presidenta, la “juventud radical” pregunta ¿Qué hiciste por los DDHH últimamente?, y se responde con los 51 muertos de Once, la persecución a los Qom, la posición del gobierno en el conflicto venezolano y la designación de Milani. La Cámpora rápidamente contestó “Algo habremos hecho”, con fotos de Hebe Pastor de Bonafini, la bajada del cuadro de Videla, los juicios a los genocidas de la dictadura y el matrimonio igualitario.

Más importante que lo que dicen, es lo que ambos callan, porque muestra en qué coinciden. Ni uno ni otro se “tira por la cabeza” los hechos represivos que lo gobiernos radicales y kirchneristas dirigieron contra los trabajadores organizados, ni la común política represiva para controlar y disciplinar al pueblo, porque en eso, matices muy menores aparte, andan parejos.

Poco pueden hablar los radicales de derechos humanos. Sólo en el gobierno de De La Rúa (sin necesidad de remontarnos a Yrigoyen y la represión encomendada al teniente coronel Varela para exterminar obreros en la Patagonia, y salteando también a Alfonsín, con las Felices Pascuas, el fósforo blanco, la tortura y la represión en La Tablada y la Masacre de Ingeniero Budge, etc.), los radicales tienen en sus manos la sangre de 45 compañeros caídos en la represión a la protesta, desde la masacre del Puente General Belgrano de Corrientes el 17 de diciembre de 1999 a las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, pasando por los fusilamientos de Aníbal Verón, Barrios y Santillán en los cortes de la ruta 34, más casi 500 asesinados en los barrios por el gatillo fácil o la tortura en lugares de detención. Su paradigma de “gran demócrata”, Arturo Illia, fue quien impulsó la reforma que incorporó la llamada “prepotencia ideológica” (art. 213 bis) al código penal, delito sistemáticamente usado en la persecución política. Claro que, buen ejemplo de que en materia represiva los que hoy disputan entre afiches no tienen mucho que envidiarse, Perón le subió la pena en su tercer gobierno, y el kirchnerismo lo declaró delito federal en su séptima ley antiterrorista.

Menos puede hablar el kirchnerismo, con 21 asesinados en la protesta, de Luis Cuéllar a Mariano Ferreyra, de Carlos Fuentealba a Juan Carlos Erazo, de los fusilados en Talar y Bariloche protestando contra el gatillo fácil al Parque Indoamericano; los 70 desaparecidos de los últimos 10 años, como Jorge Julio López, los dos Lucianos, Arruga y González, Daniel Solano, Facundo Rivera, Iván Torres, o los casi 2.500 asesinados por el gatillo fácil y la tortura de la policía, la gendarmería, la prefectura y los penitenciarios. Agreguemos al cuadro, para completarlo un poco, las siete leyes antiterroristas, Las Heras y la condena a perpetua de los petroleros, Milani, Granados, Berni, los cursos de entrenamiento de las fuerzas de seguridad dirigidos por EEUU y la reciente convocatoria de la presidenta, el 1º de marzo, a todos los partidos de la burguesía para explicitar su acuerdo de común interés en profundizar la represión frente a las luchas que desata el ajuste.

El panorama más completo puede leerse en el informe 10 años de kirchnerismo: una década ganada ¿para quién? en http://correpi.lahaine.org/?p=1213.
Radicales y peronistas se han alternado en el gobierno, desde diciembre de 1983, en distintas versiones y hasta aliados entre sí. Todos reprimieron al pueblo trabajador. Que no vengan, ni unos ni otros, a querer lavarse la cara con esas manos manchadas de sangre.

El gatillo fácil, represión de todos los días.

Acompañando estos tiempos de ajuste y devaluación, y de una mayor sinceridad del gobierno en cuanto a su política represiva sobre los trabajadores organizados, la represión más silenciosa y cotidiana, se sigue haciendo sentir como siempre. Hablamos del constante hostigamiento y represión en los barrios, con el gatillo fácil y las torturas como moneda corriente para nuestros pibes. Esta es una política sistemática que se ejerce en todo el país, debido a que la represión es necesaria para sostener un sistema desigual e injusto.

En la provincia de San Luis, localidad de Naschel, el policía Walter Talquenca entró a los tiros a un boliche bailable. Mató al camionero Fernando Brizuelas y a un comisario, e hirió 17 personas más.

En Rosario, provincia de Santa Fe, Maximiliano Riquelme, de 20 años, fue asesinado el 3 de marzo cuando iba con sus amigos en auto. Otro auto los interceptó y persiguió a los tiros. Lograron perderlos de vista, pero ya era tarde, Maximiliano estaba herido de muerte. Los asesinos son cuatro policías del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez.

En Trelew, provincia de Chubut, donde los hermanos Sergio y Denis Aballay, víctimas de las torturas policiales en 2010, con cinco policías condenados por el hecho, fueron asesinados a tiros en plena calle, el 9 de marzo. Los hermanos eran testigos en la causa por el asesinato de Julián Antillanca, a manos de la policía chubutense, aquel mismo día en que sufrieron las torturas en la comisaría. Esta causa aún sigue abierta.

En el Gran Buenos Aires, el 17 de enero, Matías Canelo fue atacado a los tiros por la policía Romina Vanesa Castillo, quien lo hirió en un pie y el abdomen. Matías y un amigo iban en moto cuando recibieron los disparos. Su amigo lo llevó al hospital, donde falleció por las heridas el 3 de marzo. Cuando su mamá fue a preguntar a la fiscalía por la causa judicial, le dijeron que estaba cerrada por la muerte del imputado, ya que solo investigaban un supuesto robo.

La justicia, como la pata legal del Estado desde la cual se garantiza, entre otras cosas, la política represiva, se encarga, cada vez que puede, de sostener la impunidad de los asesinos a sueldo del estado, como en el caso de Brian Saucedo.

Brian tenía 18 años, vivía con su mamá y dos hermanos en la más absoluta pobreza junto a las vías del ferrocarril Mitre, en el corazón de Barrio Ludueña de Rosario. Se había criado en la comunidad del padre Montaldo, comunidad en cuya orquesta Brian tocaba el chelo. El 11 de septiembre de 2013 fue asesinado por policías de la seccional 12 de la provincia. Por supuesto, luego de sucedido el fusilamiento, la policía se encargó de que parezca un “enfrentamiento”, pero hubo alguien que se animó a contar una historia distinta, “el chico nunca se tiroteó con la policía, sino que lo remataron en el piso cuando se había entregado. Le pegaron un tiro en la nuca y varios en la espalda. Eran dos policías de la comisaría 12ª y no del Comando. Uno era Sebastián P. y otro morrudo más petiso, que fue el que tiró“, dijo Emanuel Cichero, de 25 años, que pasaba con su moto por el lugar. El 7 de noviembre de 2013, Emanuel fue asesinado de un tiro por la espalda mientras andaba en moto. La justicia, que no incluyó su testimonio en la causa de Brian, dictaminó esta semana, que no fue un caso de gatillo fácil.

En otros casos, cuando el caso cobra visibilidad por la lucha que llevan adelante familiares, amigos y organizaciones, aplican alguna condena que luego será disminuida o revocada. Siempre intentan ser garantes de esta impunidad, como en el caso de Luciano Arruga, quien ya lleva 5 años desaparecido por la policía de Lomas del Mirador porque no quiso salir a robar para ellos. Ninguno de los responsables ha sido procesado. Esta semana, como broche de oro de la impunidad, Alejandro Granados, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, levantó la sanción que por fuerza de la movilización popular había impuesto a los subcomisarios Néstor Díaz y Ariel Herrera, los subtenientes Oscar Fecter y Daniel Alberto Vázquez y los oficiales Martín Monte, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz, quienes, a partir de esta semana, estarán en las calles nuevamente para seguir cumpliendo con su función represiva.

Primero disparan.

La madrugada del 14 de marzo, Leonardo Paz (22), chofer de la línea 56, murió baleado. Según relataron los medios, dos muchachos armados subieron al colectivo en el barrio de Villa Celina, partido de La Matanza, con la intención de robar a los pasajeros. Entre ellos, al fondo, iba un efectivo de la PFA vestido de civil. Según se informó, los muchachos, luego de sacar sus pertenencias a los pasajeros, los hicieron descender del vehículo. El federal, priorizando sus bienes a la vida, decidió desenfundar. El resultado fue la muerte del colectivero.

Como sea que pasara, hay algo que no cambia: en un colectivo, un bar o un restaurante, frente a la desgracia de que te asalten, hay que cruzar los dedos y rogar que no haya un policía entre el pasaje o la clientela, porque en ese caso, además de que te roben, podés terminar muerto.

A raíz del hecho, el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, anunciaría un paro de servicios por 12 horas. Horas después y en diálogo con los medios diría: “vamos al paro para ver si las autoridades se deciden a proteger como corresponde a los trabajadores en los colectivos”. En otras palabras, el reconocido burócrata sindical -plegándose al sorteo de la agenda nacional- no hace otra cosa que pedir mayor militarización de los territorios. No hay medias tintas para entender la frase: el hombre habla de “proteger como corresponde” a los trabajadores. Evidentemente, como describiera tan detalladamente años atrás Rodolfo Walsh sobre la vieja usanza de los sindicatos pro patronales, la lógica sigue siendo la misma: la lógica del gatillo alegre.

La respuesta del estado al pedido del burócrata no tardaría en llegar: unos pocos días después del hecho, el Ministro de Seguridad de la provincia, Alberto Granados, lanzó una urgente convocatoria para sumar a la fuerza unos 2.500 policías retirados. “Hoy el déficit número uno es la falta de policías” diría Granados, confirmando lo que ya todos sabemos: la prioridad del estado no es la falta de trabajo, salud, educación y vivienda, sino reforzar su aparato represivo para poder sostener el ajuste.

“La convocatoria ya está abierta. Los retirados empezarán a trabajar inmediatamente, una vez que pasen los exámenes de rigor“. Queda claro entonces, cuál es la lógica de entrenamiento, el examen de rigor: ante cualquier situación, primero disparar.

Patota de la UOCRA atacó a patota de la UOCRA.

El 11 de marzo, en un enfrentamiento entre dos facciones de la UOCRA, respectivamente lideradas por punteros que disputan entre sí pero responden ambos a Gerardo Martínez, un hombre de 40 años fue asesinado y otros siete resultaron heridos. A pesar de los tiros, la policía no intervino, y todos se fueron tranquilamente del lugar.

Este episodio, esta vez entre ellos, echa luz sobre lo que vienen sufriendo los obreros de la construcción antiburocráticos en Lomas de Zamora.

Así como la patota de la Unión Ferroviaria mató a Mariano Ferreyra por enfrentar a la burocracia y por contribuir a la lucha de los trabajadores antiburocráticos, los obreros de la construcción enfrentan a esa misma metodología, que tiene años de historia de la mano de la burocracia sindical en nuestro país.

Como siempre, las patotas y sus métodos, que garantizan los negocios empresarios, cuentan con la ayuda de la policía y la impunidad del aparato judicial y el gobierno.

Pero los trabajadores también tienen su experiencia histórica sobre cómo dar la pelea y cómo enfrentar a las burocracias y sus patotas.

Es importantísimo el apoyo a la lucha antiburocrática de parte de las organizaciones del campo popular que bregamos por la unidad de los que luchan.

Próximas actividades.

Miércoles 26, 10:30, en en Juzgado Correccional 2 de Dolores, empieza el juicio a dos de los policías que torturaron a Pablo Rocha, hijo de nuestra compañera Mariela Acuña.

Miércoles 26, 14:00, el TOC 4 de Mercedes dictará sentencia en el juicio por Checho Casal.

Miércoles 26, 19:00, charla sobre presos políticos y situación represiva en el Umbral, Facultad de Filosofía y Letras, Puán 470, subsuelo.

Jueves 27, 11:00, movilización a los tribunales de la Ciudad, Tacuarí 138, para repudiar la criminalización de los compañeros de la Junta Interna de Promoción Social, perseguidos por defender los derechos d elos trabajadores.

Sábado 29, 18:00, en la Plaza 24 de Septiembre (San Martín y Apolinario Figueroa), Festival de la Resistencia que organiza la murga “Cachengue y Sudor”.

Sábado 29, 19:00, charla debate en la Biblioteca José Ingenieros, Juan Ramírez de Velazco 958: “La evolución de la represión, de la dictadura a la década ganada”.