Boletín informativo nº 711

Leyes antipiquetes: a enfrentarlas en la calle.

Como respuesta al pedido que hiciera la presidenta en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de este año, todos los partidos patronales, el oficialista y los opositores, presentaron sus respectivos proyectos tendientes a deslegitimar y reprimir la protesta social.

El primer proyecto del Frente para la Victoria contiene algunos artículos literalmente copiados de un decreto de Pinochet, y establece qué debe entenderse por protesta “legítima” e “ilegítima”. La clave de toque es que no entorpezca el transporte público y que no se cometan delitos. Teniendo en cuenta que interrumpir el tránsito es un delito en el código penal, y obstaculizarlo una contravención, cualquier manifestación puede ser definida como ilegítima.

La manifestación, para que sea “legítima”, deberá ser notificada a las autoridades policiales con 48 horas de anticipación y deberá contener términos claros de petición. Ni se le ocurra al campo popular marchar por el no pago de la deuda externa, o por la libertad de los presos políticos, o en repudio a las políticas de los países imperialistas o del sionismo, o salir a la calle apenas ocurre algo que merece una respuesta popular.

Además, los manifestantes deberán designar un delegado para la mediación, lo que no es más que una forma burda de facilitar la identificación de los referentes para luego iniciarles causas penales.

La represión de las manifestaciones que la autoridad entienda que son ilegítimas, está autorizada por el artículo 10 del proyecto, aunque tiene que haber una mediación previa, obligatoria, que haya fracasado. Sin embargo, la mediación no es para dar satisfacción a las necesidades que impulsaron la manifestación, sino para lograr que se disperse en menos de dos horas, mientras el “mediador” canaliza las demandas al sector del gobierno correspondiente. La ley, en este punto, muestra un cinismo de lo más pérfido, ya que la mayoría de las protestas callejeras se producen luego de meses de ninguneo de parte de ministerios y secretarías, expertos en bicicletear a los más necesitados.

Luego, la ley intenta mostrar una regulación del ejercicio de la represión que ya existe y que, por supuesto, nunca se cumple, como es la utilización de armas no letales, la prohibición de uso de armas de fuego a corta distancia o la prohibición de apuntar a los manifestantes. La experiencia muestra que armas, a priori no letales, se vuelven letales a corta distancia, como el disparo de postas de goma que han matado más de una vez, o como sucedió en el caso de Fuentealba con el disparo de una escopeta lanzagases.

Como consecuencia de la presentación de este proyecto, algunas organizaciones kirchneristas manifestaron su desacuerdo, y apareció un segundo proyecto oficialista con algunos cambios menores y de forma. Sin embargo, la protesta, como tal, se caracteriza precisamente por desarrollarse fuera de los cauces institucionales o legales, que son diseñados para entorpecer los reclamos, más que para satisfacerlos. Por ello, todo intento de reglamentación de la protesta, trae aparejada su negación y represión. La pretensión de regularla implica la de reglamentar la rebeldía, es decir, un contrasentido.

El derecho, en una sociedad dividida en clases, es el derecho de la clase dominante, aplicado por el Estado de la clase dominante a través de sus funcionarios. Es el lenguaje de los capitalistas, no de los trabajadores.

El lenguaje de los trabajadores, en cambio, ha sido siempre el de la lucha organizada en las calles, la única forma de derrotar estos embates represivos.

Coco Garrido: ¡castigo a los responsables!

El jueves 14 de enero de 2011, durante la tarde, lo que empezó como un accidente de tránsito entre un Renault 12 y un VW Sedán en la intersección de las calles San Martín y Belgrano, el centro de la ciudad de El Bolsón, Río Negro, terminó, horas más tarde, en el asesinato de Guillermo “Coco” Garrido a manos de la policía.

Coco tenía 24 años y vivía en San Carlos de Bariloche, aunque trabajaba en la sucursal del supermercado La Anónima de El Bolsón, cerca de donde vivía su familia. Ese día había decidido quedarse por el cumpleaños de su papá. Camino al festejo se produjo el choque. Mientras ambos protagonistas –Coco y un turista extranjero- tramitaban el arreglo de los daños a través de los seguros, un móvil de la policía provincial llegó y se llevó detenido a Coco, supuestamente por haberlo encontrado en estado de ebriedad. Cinco horas más tarde, cerca de la medianoche, fue encontrado muerto en un calabozo de la comisaría 12ª.

El informe oficial indicaba que fue un “suicidio”; la descripción decía que había sido encontrado “colgado de una reja con el cinturón que llevaba puesto”. Tiempo después, quedaría demostrado que –entre otras irregularidades, como no señalar el golpe que tenía en la cabeza- la distancia que iba de la ventana al suelo era igual a la altura de Coco, lo que sumado a la falta de motivo, hace casi imposible la hipótesis de que voluntariamente decidiera quitarse la vida.

La respuesta hay que buscarla en la sangre que lleva tatuada en las manos el estado capitalista: El 36% de los casos de personas muertas por el aparato represivo del estado desde 1983 hasta la fecha (ver archivo en: http://correpi.lahaine.org/?p=1247) ocurren en cárceles o comisarías. Sus autores usualmente los presentan como suicidio, descompensación o muerte súbita (versión automáticamente levantada por los medios hegemónicos y respetada a priori por el poder judicial, sin chistar), para ocultar la verdadera causa de muerte: la tortura o la lisa y llana ejecución. Coco es uno de los miles que integran esa larga lista.

Tal y como venimos diciendo desde el primer momento (ver Boletín Informativo n° 593, del 31/01/11), sólo gracias a la movilización de sus familiares y vecinos, y a la lucha organizada que vienen librando desde el principio nuestros compañeros del Colectivo de Militantes por los DDHH de El Bolsón a la cabeza, de conjunto con la Agrupación Otoño (ambos integrantes del Encuentro Nacional Antirrepresivo) es que hoy algunos de los responsables de la muerte de Coco están imputados por homicidio culposo, a pesar de los muchos intentos de encubrimiento del cuerpo médico forense que realizó la primer autopsia y ocultó el golpe que tenía en la cabeza, así como la complicidad de los jueces y fiscales que intentaron cerrar la causa y premiar a los asesinos devolviéndolos a sus funciones.

Una vez más queda demostrado que la justicia sólo se gana y se hace desde la calle y a través de la lucha.

Gonzalo Crespo: policías con defensa institucional y la víctima convertida en victimario.

El 1º de marzo, el barrio porteño de Saavedra se conmocionó con el asesinato de Gonzalo Crespo a manos del policía federal Javier Almirón. La historia oficial, como siempre, habló de una persecución y un tiroteo, pero la reacción de los propios vecinos, que de inmediato se movilizaron para repudiar el fusilamiento, la desmintió.

La familia de Gonzalo se contactó con CORREPI al día siguiente, y apenas lo permitieron los trámites iniciales de la causa su mamá, Beatriz, y su compañera, en representación de su hijito, se presentaron como querellantes en la causa.

No fue sorpresa, cuando pudimos acceder al expediente, descubrir que el homicida no necesitó gastar un peso para tener una defensa de lujo. Lejos de la realidad de la enorme mayoría de quienes deben enfrentar procesos penales con la asistencia casi imperceptible de un defensor oficial porque no pueden afrontar un abogado particular, una vez más nos encontramos frente a la Dirección de Asuntos Jurídicos – División de Asuntos Penales del ministerio de Seguridad.

Ese cuerpo de abogados de planta del poder ejecutivo, asignados a defender penalmente a los integrantes del aparato represivo estatal, existe desde siempre y ha ido cambiando de ministerio junto con la secretaría de Seguridad. Así, estaban en el ministerio del Interior cuando se les encomendó, en 1991, la defensa del comisario Espósito en la causa Bulacio; luego pasaron a Justicia, Seguridad y DDHH, y desde diciembre de 2010 dependen de la cartera de Seguridad.

Como ya lo hemos contado en otras ocasiones –por ejemplo, cuando aparecieron defendiendo a los policías en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra- su intervención tiene un paso previo, que es el análisis por las autoridades del ministerio de que el caso amerita la defensa orgánica e institucional. El decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965 para el Personal de la PFA, establece que la asistencia letrada a policías en actividad o retirados se brinda “cuando se trate de causas exclusivamente iniciadas a consecuencia del ejercicio de la labor policial”.

Además de los asesinos de Walter y Mariano, dos casos en que la denuncia pública de su intervención hizo que fueran reemplazados por costosos estudios particulares –que son siempre más o menos los mismos-, son o han sido defendidos por los abogados ministeriales los “gatilleros” Juan José Luquet (asesino de Marcelo Báez), Jorge Goyochea (asesino de Marcos Viera), Luciano Cruz Gaete Ossandón (asesino de “Kunky” Méndez), Alberto Segovia (asesino Mauro Vega), los cuatro policías asesinos de Marcelo Maione Míguez; torturadores como Carlos Fabián Chávez y Víctor Pablo Barrionuevo; los policías en la causa Cromagnon y los de la cúpula federal de 2001 en la causa del 20 de diciembre.

Dado que, según explicó por escrito el abogado Federico Hierro en la causa Maione, se quita el beneficio de esa defensa gratis con abogados de planta ministerial a los policías, penitenciarios, prefectos o gendarmes imputados por hechos “incompatibles con los lineamientos institucionales”, es imperativo, ante la evidencia, concluir que el gatillo fácil, la tortura, la corrupción y el fusilamiento de manifestantes no son, para el ministerio de Seguridad, “incompatibles con los lineamientos institucionales”.

Pero, en el caso de Saavedra, sí produjeron un hecho novedoso. Apenas presentadas la mamá y la compañera de Gonzalo como querellantes, los abogados de la División de Asuntos Penales Sergio Hernán Letizia y Miguel Ángel Aguilera se opusieron a que asumieran ese rol procesal, porque “Gonzalo Crespo fue el victimario y no la víctima”. Plantearon la nulidad del despacho del juez que se limitó a “tener presente” su oposición, y apelaron la posterior aceptación de la querella.

O sea, el ministerio de Seguridad de la Nación no sólo garantiza la defensa de sus policías en aprietos, sino que ahora intenta evitar que los familiares de sus víctimas intervengan como acusadores. Saben, claro está, que no es tan fácil lograr la impunidad si, además del fiscal, tantas veces convertido en un defensor más, los enfrenta una acusación con voz propia e independiente.

En breve se realizará la audiencia en la cámara de apelaciones para resolver el planteo ministerial. Ese día, estaremos dentro y fuera de la sala, denunciando que no es un policía, es toda la institución, y esa institución es la que aplica las políticas represivas del estado, bajo la dirección del gobierno de turno.

Sexto plenario del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo).

El ENA es un espacio de coordinación de las organizaciones antirrepresivas que se conformó el 10 de octubre de 2011, a partir de la convocatoria que lanzaron de conjunto CORREPI, el FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata), la CADH (Coordinadora Antirrepresiva y por los DDHH) de Rosario y la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba. Sobre la base de una común historia de co-militancia, nos propusimos reunir lo más representativo del movimiento antirrepresivo en Argentina, con el objetivo de nuclear a organizaciones y compañeros dispuestos a asumir la tarea de la organización contra la política represiva, manteniendo la independencia del estado y de todas sus instituciones u organismos, que nos permitiera dar respuestas más inmediatas y unificadas.

Con una agenda de debate y acción común cotidiana, que se suma a la propia de cada agrupación, el ENA ha ido creciendo, plenario tras plenario, con la incorporación de compañeros y organizaciones de distintas localidades de Chubut, Río Negro, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Corrientes en Argentina, y a partir de ahora, Uruguay, donde la represión estatal responde a las mismas necesidades del sistema que en Argentina, tal como lo expusieron los compañeros de la Plenaria Memoria y Justicia que concurrieron a este plenario, inaugurando el capítulo latinoamericano de la organización.

En este sexto plenario, se definieron dos ejes políticos principales para la militancia en el próximo período. En el campo de la represión selectiva, la lucha por la libertad de los presos políticos y por el cierre de las causas a los luchadores, con especial énfasis en la campaña la absolución de los trabajadores de Las Heras. En relación a la represión de carácter preventivo, el foco del ENA estará puesto en la campaña de denuncia y organización popular contra el sistema de detenciones arbitrarias que funciona en todo el país, con mínimas variantes locales, al amparo de la averiguación de antecedentes o “para identificar”, y los códigos de faltas o contravenciones. También se acordó la necesidad de dar visibilidad al juicio que se viene realizando desde febrero por los asesinatos en Plaza de Mayo durante las jornadas de rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, señalando las limitaciones impuestas por el gobierno al proceso, que juzga a los funcionarios del gobierno nacional por “negligentes” y no por represores.

El día viernes, después del inicio del plenario, todas las organizaciones que integran el ENA convocaron a una charla pública sobre las asonadas policiales y la cuestión de la “sindicalización” policial, tema que atravesó el país entero –y muy especialmente al movimiento antirrepresivo- el pasado diciembre. El panel se conformó con compañeros de la Biblioteca Popular de Bella Vista, la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, el Movimiento Antirrepresivo de Olavarría y CORREPI. La experiencia directa de los compañeros cordobeses, en cuyo distrito se disparó el conflicto, y de Olavarría, donde el Sin.Po.Pe. (Sindicato de Policías y Penitenciarios) realizó un “quite de colaboración” al municipio para exigir la libertad del policía Coria, asesino del trabajador Tito Ortega, sirvieron de presentación para un intenso y rico debate, del que participaron más de un centenar de compañeros de diversas organizaciones que respondieron a la convocatoria, y en el que se destacó la intervención de la compañera uruguaya Irma Leites.

Tras el segundo día de deliberaciones, el sábado a la noche, con una peña en la casa cultural y de los trabajadores América Despierta, al son de la cumbia insurgente de La Víctor Jarra, se cerró el plenario.

Con la incorporación, como integrantes permanentes, de nuevas organizaciones, el ENA quedó conformado así: AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva, Comodoro Rivadavia); Agrupación Otoño Uriarte (Cipoletti); Biblioteca Popular de Bella Vista, Córdoba; CADH (Comisión Antirrepresiva por los DDHH, Rosario); Centro Cultural El Birri (Santa Fe); Centro Cultural Estación Esperanza (Rafaela, Santa Fe); Colectivo de Militantes por los DDHH de El Bolsón; Comisión Antirrepresiva de Corrientes; HIJOS La Plata; Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba; Coordinadora Antirrepresiva Oeste (GBA oeste); Coordinadora Norpatagónica de Choele Choel; COPODH (Colectivo Popular por los Derechos Humanos, CABA); CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CABA, GBA y La Plata); FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata); HIJOS La Plata; Movimiento Antirrepresivo de Olavarría (Buenos Aires); Sociedad de Resistencia (Mendoza), y la adhesión de la Plenaria Memoria y Justicia (Uruguay).

En lo inmediato, nuestra próxima actividad será la participación en la delegación del Comité por la Absolución de los Trabajadores de la Heras que viajará en 2 de mayo a Caleta Olivia y Pico Truncado a visitar a a los petroleros presos desde febrero en esas localidades, y luego realizará un acto en Las Heras, por su libertad y la absolución de los condenados. Allí representarán al ENA los compañeros de CORREPI y AGARRE.

Caso Rocha: otro triunfo de la lucha organizada.

El 14 de agosto de 2008, Pablo Rocha, un pibe de 15 años del pueblo bonaerense de Ranchos, salía de su clase semanal en el conservatorio de música de la cercana localidad de Chascomús. Mientras se mensajeaba con su mamá, Mariela, camino al colectivo que lo llevaba a su casa, fue interceptado por la policía. Lo amenazaron, golpearon y detuvieron. Una mujer policía dio cobertura a la situación, denunciando que el chico le quiso robar el arma.

Pablo fue puesto en libertad, pero sus padres, Mariela y David, no estuvieron dispuestos a resignarse a que “estas cosas pasan”. Lejos de contentarse con que el pibe zafó y por su edad era inimputable, decidieron dar la pelea para demostrar lo que pasó, organizándose para ello en CORREPI. La distancia (Ranchos dista unos 120 km de la ciudad de Buenos Aires) no fue obstáculo para que Mariela y David se integraran al colectivo de familiares organizados en CORREPI, viajando cada vez que podían con enorme esfuerzo para participar de cuanta actividad podían para visibilizar el caso.

Su decisión de dar la pelea fructificó cuando, contra todo pronóstico, lograron llevar a juicio a los policías que armaron la falsa denuncia contra Pablo y lo golpearon, demostrando que es posible, con conciencia y organizados, poner en evidencia al aparato represivo estatal.

Mientras todo el poder político intentó que la cosa quedara en el olvido, después de siete largos años, cuatro policías debieron enfrentar un juicio oral ante un juzgado de Dolores, acusados por los delitos de falsa denuncia y falsedad de instrumento público.

Esta semana, el Juzgado Correccional N° 2 de Dolores condenó a los policías Erica Arnol y Néstor Casamayou como autora y coautor de esos delitos. A pesar de la absolución de los otros policías, Gerardo Daniel Ferreyra y Norberto Daniel Monterrosa, y aunque ni Arnol ni Casamayou han sido apartados aún de sus funciones, ni se juzgó, como lo planteaba la familia, la aplicación de tormentos a Pablo, la sentencia muestra la diferencia que hacen la organización y la lucha a la hora de enfrentar la represión.