Boletín informativo nº 712

Gatillo fácil: “lógica policial” contra la niña gitana.

El 16 de abril, Yanela Ayelén Yoryevich (16), una chica de la comunidad gitana de la localidad bonaerense de José Mármol, partido de Almirante Brown, fue baleada por Sergio Gómez, oficial de la policía bonaerense y efectivo de la comisaría Parque Barón. Inicialmente fue detenido, pero le bastó argumentar que lo quisieron asaltar para salir libre al día siguiente, incluso a pesar de que está comprobado que tal cosa nunca sucedió.

El policía decidió perseguir el auto en el que iban Yanela y otros tres jóvenes, seguramente porque por jóvenes y morochos le resultaron “sospechosos”. Sin otra razón que su “atinado criterio policial”, la emprendió a los tiros. Uno de los proyectiles entró al cuerpo de la adolescente por la axila y salió por su abdomen, claramente de atrás hacia adelante. La trasladaron al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde fue operada de urgencia y agonizó por 12 días, en estado de muerte cerebral.

El caso nos recuerda, casi como un calco, el fusilamiento de Romina Lemos (15), ocurrido el 30 de abril de 2006 en Pacheco. Igual que Yanela, Romina (sobrina nieta de la histórica militante de CORREPI Estela Rivero, madre de “Peca”, fusilado en marzo de 1989) recibió un tiro policial por la espalda cuando el auto en el que volvía de bailar fue perseguido por un patrullero de la comisaría 5ª de El Talar.

Entre Romina y Yanela, más de 4.000 muertos por el gatillo fácil y la tortura confirman que no es un policía, sino la institución que aplica las políticas represivas del estado.

El diario Crónica, en su edición del 2 de mayo, tras confirmar que no hubo intento alguno de asalto ni otro tipo de ataque al policía, afirmó que su actitud al disparar fue “inexplicable” y “fuera de toda lógica policial”.

Bien al contrario, nada más explicable y propio de la lógica policial que el gatillo fácil, una política de estado dirigida a imponer el control social sobre los trabajadores en su conjunto, que en este caso se descargó sobre una niña perteneciente a la comunidad gitana.

Ni error, ni exceso, ni abuso de autoridad: liso y llano uso cotidiano de las herramientas para disciplinar y prevenir la organización popular.

Represión en La Rioja y Longchamps.

En la provincia de La Rioja, el 23 de abril, la policía con jurisdicción en ese territorio desalojó por la fuerza el Profesorado Castro Barros, que estaba tomado desde hacía 15 días por los estudiantes, que rechazan la continuidad de las clases dadas las condiciones edilicias en precario estado, lo que representa un peligro permanente a quienes cursan y enseñan en las aulas.

La portavoz del movimiento estudiantil señaló en referencia al accionar policial: “nos sacaron a patadas en las costillas”. La brutalidad no distinguió la edad de quienes recibieron la paliza. La mayoría de las 15 personas heridas eran adolescentes.

La represión orquestada por el gobernador Luis Beder Herrera dio una nueva muestra sobre los alcances geográficos que tiene la criminalización de los sectores en lucha. Ordenado por el juez Daniel Barría, el operativo buscó obligar a los estudiantes a aceptar un edificio adjudicado temporalmente hace cinco años, en patéticas condiciones de infraestructura. “Lo único que le importa es la plata, no le importa nada más y menos la educación“, dijo la joven estudiante. Dos días después, los pibes de las escuelas marcharon exigiendo la renuncia de Beder Herrera. El gobernador Beder Herrera declaró con clara arrogancia que la educación “es la principal política de Estado“. Sólo le faltó agregar los métodos con que la lleva adelante.

Una semana después, el 30 de abril, en Longchamps, partido de Almirante Brown, 130 familias que hace casi dos meses sostienen la toma de un predio para resolver su carencia de vivienda fueron atacadas por la policía bonaerense. Una decena de patrulleros y más de 50 efectivos reprimieron a los pobladores, primero con balas de goma, para pronto pasar a las de plomo.
Además de los heridos, fueron detenidos dos vecinos y una fotógrafa del colectivo En la Vuelta, quienes terminaron en la comisaría 4ª acusados de “usurpación” y “desacato a la autoridad”, aunque la nutrida movilización en la puerta de la comisaría, y la intervención de las organizaciones antirrepresivas nucleadas en el ENA, que desde diversas provincias pusieron al rojo los teléfonos policiales, lograron su liberación a las pocas horas.
Con el apoyo del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), se está presentando una denuncia por la represión, que será acompañada por CORREPI.

11 años sin Sergio Ávalos: Eso no es desaparición forzada…

Sergio Ávalos tenía 18 años cuando lo desaparecieron el 14 de junio de 2003. Hasta hace muy poco, la carátula de su causa era “averiguación de paradero”. La última vez que se lo vio fue en el boliche Las Palmas, al que había ido con sus amigos de la residencia universitaria, ya que estudiaba economía en la Universidad Nacional del Comahue. Ávalos era hijo de una familia muy humilde de la localidad de Picún Leufú. Según testigos presenciales, el joven ingresó al boliche alrededor de las tres de la mañana y no volvió a salir del lugar. Nunca más se supo de él.

Luis Virgilio Sánchez, abogado de la familia Ávalos desde el año pasado, apenas fue contactado pidió ver el expediente: “el boliche tenía cuarenta cámaras de seguridad que dejaron de funcionar quince minutos antes de que ingresara Sergio al local (…) la seguridad de Las Palmas estaba a cargo de siete personas; la mitad era personal retirado del Ejército y los otros eran policías haciendo adicionales, que además trabajaban en forma coordinada con los efectivos que estaban en actividad normal, porque esa noche se hicieron detenciones. Hay testigos que vieron cómo golpeaban salvajemente a una persona con las características de Sergio en el baño (…), cuando le tomaron declaración al personal de seguridad del boliche hablaron como si hubiera sido un día tranquilo. Tenemos, por un lado, testimonios de que esa noche pasó de todo y, por el otro, los agentes que dicen que no pasó nada”.

Sin duda el nulo avance de la causa durante tantos años está relacionado con que el estado está involucrado a través de la fuerzas de seguridad de la provincia: “No tenemos dudas de esto –dijo al respecto Sánchez–, lo advertimos en las primeras páginas del expediente, hicimos el planteo de cambio de carátula porque en 2011 nuestro código penal incorpora la figura de desaparición forzada de persona“.

El cambio de carátula implicaba que la causa pase al fuero federal, pero el juez Gustavo Villanueva se declaró incompetente para investigar, a lo el abogado de la familia respondió: “Es una cuestión política, hay un sector del poder que no quiere otro desaparecido en democracia”. Entre los argumentos brindados por el magistrado se destaca que niega a la desaparición de Sergio carácter “delito de lesa humanidad”, con el habitual latiguillo de que no fue parte de “un ataque sistemático a la población civil”. Lo mismo que argumentó el juez de la corte Zaffaroni en el fallo Derecho, para concluir que, en democracia, no se puede calificar la aplicación policial de tormentos como “tortura”, ya que son “hechos aislados”. Tan aislados que tenemos 213 desparecidos desde diciembre de 1983, y más de un tercio de los 4.100 asesinados en el mismo lapso por el aparato represivo estatal murió torturado en cárceles o comisarías.

El estado prohíbe a sus jueces decir “tortura” y “desaparición” porque esos crímenes de estado develan su verdadero rostro. La única manera de hacerlo visible es la organización y la lucha militante de las familias organizadas.
Si ellos, los asesinos del pueblo, lo silencian, nosotros tenemos el deber de gritar que, en democracia, la desaparición no es una leyenda sino una realidad.

Cárceles: Tortura, humillación y alienación como medio para la represión estatal.

Las personas que, por diversas circunstancias, están privadas de su libertad en las cárceles, sufren a diario torturas tanto físicas como psicológicas, aplicadas por sus “guardianes”. Los diversos modos de tormentos, junto a la falta de adecuada atención médica y el contexto de paupérrimas condiciones de vida y edilicias, dan como resultado la muerte de centenares de presos al año.

Ese es el caso de Raúl “Boli” Lescano, dirigente de Quebracho y ex integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), quien se encuentra preso desde el 3 de diciembre de 2013 en la cárcel de Ezeiza por un escrache al asesino Sobisch, ex gobernador de Neuquén fusilador del maestro Carlos Fuentealba.

El 2 de mayo, el Boli sufrió un ACV hemorrágico y se encuentra internado en muy grave estado. Este cuadro pudo evitarse si se hubiera reconocido su derecho a un arresto domiciliario, como lo pidieron sus defensores, precisamente por su delicado estado de salud a la fecha de la detecnión, recién operado y con otras complicaciones que requerían un control médico permanente, imposible en cualquier cárcel.

Casi simultáneamente, en Villa Dolores, Córdoba, un preso cuya identidad fue reservada, condenado a 4 años de prisión por tráfico de drogas, fue encerrado en una celda de aislamiento de la cárcel local. En su desesperación, intentó suicidarse colgándose de una toalla. Los guardiacárceles lo advirtieron y rescataron, para después mostrarle su “irritación” por el trabajo extra: lo golpearon y lo violaron en tres oportunidades con un palo de escoba. Cuando lo condujeron a la enfermería, el médico del penal hizo su parte, inmovilizando manos y piernas con eslingas de tela adhesiva. De más está decir que no cumplió su obligación de denunciar lo que el cuerpo del preso le mostraba.

El muchacho, de regreso al pabellón, tuvo el valor de denunciarlos mediante una comunicación telefónica con el fiscal federal, Gustavo Vidal Lascano. En el Hospital San Roque, los estudios médicos confirmaron las torturas sufridas, y el fiscal no pudo esquivar el bulto, e imputó al director del penal cordobés y el médico como encubridores y a los siete guardiacárceles como autores del delito de aplicación de tormentos. Aunque la pena en expectativa llega a 25 años, están todos en libertad. La víctima no sólo sigue presa. Fue amenazado de muerte por otro guardiacárcel, y la respuesta judicial fue trasladarlo a otra cárcel cordobesa, el penal San Martín de la capital.

Dos casos de distintas circunstancias y protagonismos, de cómo los presos, políticos o comunes, sufren el ejercicio de la política represora estatal con todo su peso.

Delegación del Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras visitó a los trabajadores presos en Santa Cruz.

Martín Oñate y Néstor Vivares, miembros de la comisión directiva del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, y el delegado de la empresa BACSSA Jorge Armoa, son tres trabajadores petroleros que están presos desde el 23 de febrero de este año. El juez Quelín los procesó, con prisión preventiva, por los delitos de violación de domicilio, coacción agravada y entorpecimiento de la producción de un establecimiento. Como siempre cuando de presos políticos se trata, las conductas que el juez y el fiscal describen en sus resoluciones no son otra cosa que la simple obligación de todo trabajador, máxime cuando se trata de representantes sindicales elegidos por sus compañeros: su presencia activa en una medida de fuerza gremial, en el marco de un conflicto con la patronal, una vez agotados todos los recursos previos (notas y reclamos a la empresa y a los organismos estatales pertinentes).

El 2 y 3 de mayo, una delegación del Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras, que tomó como parte de su agenda el reclamo por la libertad de estos tres nuevos represaliados, viajó al sur para visitarlos en sus lugares de detención en Caleta Olivia y Pico Truncado.

Fueron parte de la delegación Elia Espen (Madre de Plaza de Mayo LF), Alejandrina Barry (CeproDH), Alicia Navarro Palacios (Ademys), Karina Almirón (Htal. Posadas/OS), Juan Carlos Beica (CS) y nuestra compañera María del Carmen Verdú. Luego del arribo a Comodoro Rivadavia se sumó Viviana Gualdoni (AGARRE en el ENA). Todos ellos, junto a Estela Sepúlveda, tía de Martín Oñate, Claudia Paillaguala, esposa de Jorge Armoa, y Franco Catrihuala, hermano de uno de los condenados en la causa Sayago, se presentaron en la alcaidía de Caleta Olivia para visitar a los compañeros Vivares y Armoa. La inicial resistencia de las autoridades a permitirles la entrada fue vencida por la movilización en la puerta de la prisión, de la que participaron nutridos grupos del PO, DO, PTS, AGARRE y familiares de los presos, entre otros.

Después de conversar 20 minutos con los compañeros, que mostraron una gran entereza y alta moral, y dieron detalles de las torturas padecidas, junto a todos los detenidos de la alcaidía, durante una requisa días pasados, las compañeras Espen, Barry y Verdú reclamaron ser recibidas por el jefe de la unidad, el comisario mayor Víctor Ramos. El funcionario, que se resistió al inicio a dar su nombre y grado, adoptó la táctica del “yo no fui, yo no sabía”, y con cara de piedra afirmó que se enteró de los tormentos por boca de los presos. Las compañeras le explicaron, por si no se lo enseñaron en la academia policial, que como jefe de la unidad penal todo lo que ocurra dentro es su responsabilidad, y le informaron que el Comité hará una presentación escrita ante la fiscalía donde recayó la denuncia de los familiares de los compañeros.

Martín Oñate, el tercer preso, está alojado en una cárcel de máxima seguridad en Pico Truncado. También allí la delegación pudo entrevistarlo, y comprobar que la maniobra de separarlos no quebró su espíritu ni su resistencia. El compañero, dando muestra de que la lucha no cesa cuando el enemigo nos encarcela, está organizando talleres de carpintería y otros oficios con los presos comunes de la unidad, a los que ayuda a organizarse para tolerar mejor la prisión.

De regreso en Comodoro Rivadavia, la delegación asistió a una conferencia de prensa en el gremio docente ATECH, convocada por los compañeros locales del ENA, AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva). Frente a los medios gráficos y audiovisuales, las compañeras Espen, Barry, Almirón, Navarro Palacios, Verdú y Gualdoni relataron los pormenores de las visitas, explicaron los objetivos y próximas actividades del Comité y se anunció la conformación en la ciudad chubutense de un Comité por la Absolución de los Petroleros y la Libertad de los Presos Políticos. También se informó que volveremos en breve a la Patagonia, esta vez a Río Gallegos, cuando el Superior Tribunal provincial fije fecha para exponer los fundamentos del recurso de casación contra la condena a prisión perpetua de los trabajadores.

Próximas actividades:

Viernes 9 de mayo, 18:30, en el ISFD 45 (profesorado estatal de Haedo), Fassola 950 y Avda. Perón, charla antirrepresiva con el compañero Ismael Jalil.
Sábado 10 de mayo, 17:00, en el Centro Cultural Casa del Pueblo (Marcos Sastre 2502 - Villa del Parque), charla sobre Represión en Democracia con la compañera María del carmen Verdú.
Sábado 10 de mayo, 19:00, en El Churqui (Moreno), actividad por trabajadora social asesinada. Convocan la Victor Choque y El Agite.