Boletín informativo nº 718

La ley Monsanto reprime y gana poder en Córdoba.

(Esta nota fue redactada por los compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, una de cuyas integrantes fue apaleada por la policía cuando intervino en defensa de personas que estaban siendo golpeadas y detenidas).

Los perros de De La Sota justificando las más de 15 lucas que cobran al mes

El miércoles 11 de junio, Córdoba vivió un nuevo hecho de salvaje represión en una manifestación popular, que arrojó un saldo de 27 detenidos, tres de los cuales estaban heridos de gravedad, y de más de 20 heridos. En el medio lxs legisladores provinciales continuaban sesionando y alrededor de las 22:00, cuando las organizaciones sociales y políticas estaban frente a la comisaría primera exigiendo la libertad de los detenidos, aprobaron la nueva ley de ambiente que contempla el uso de agrotóxicos, la instalación de plantas semilleras y la política de sojisación en la región, el recrudecimiento del saqueo de los bienes comunes en la provincia de Córdoba.

Es así como, alrededor de las 17:30 de la tarde del miércoles, en la puerta de la legislatura, entre manifestantes encadenados en protesta y organizaciones sociales políticas y ambientales que reclamaban que no se apruebe una ley muy por fuera del consenso de quienes vienen dando lucha por un ambiente sano y libre de agrotóxicos, se desató una represión, gases y muchos disparos por parte de la guardia de infantería.

Minutos más tarde, las organizaciones desconcentraron hacia diferentes puntos y los efectivos policiales comenzaron un trabajo de inteligencia y caza de brujas. Tenían marcados y marcadas a diferentes militantes y en busca de éstos fueron.

Continuaba el escenario represivo a plena luz del día, en el centro de Córdoba, y por las espalda llegaron grupos especiales (Gendarmería y ETER e Infantería) a detener y reprimir a lxs manifestantes, de manera salvaje, a punto tal que los uniformados no escatimaron en herir a jóvenes, mujeres, gente mayor, incluso a la prensa que estaba retratando los sucesos, y, como el oficio los pone nerviosos, un efectivo que estaba al frente de uno de los grupos que tenía a dos detenidos esposados y muy golpeados en el suelo, mientras seguían pateándolo, sintió la presión de las cámaras fotográficas, y no dudó, en dos oportunidades, levantar su escopeta hacia el frente y cargarla con ademán de disparar a quema-ropa a la prensa presente. Los fotógrafos y las fotógrafas estaban a escasos metro y medio del efectivo policial.

Personas mayores, mujeres y prensa ligaron por igual, de los pelos y a la rastra a la vista de las cámaras de televisión. Esto demuestra el grado de impunidad con el que se están manejando, bajo órdenes del propio De La Sota y cuidados por la justicia burguesa.

La odisea de lxs detenidxs

El número total de detenidos ascendió a 27, 7 mujeres, 19 varones –uno de los cuales era menor y otro un joven discapacitado que estaba en la farmacia comprando un medicamento-. Fueron trasladados todxs lxs detenidxs a la comisaría primera de la ciudad, donde organizaciones, abogados y la prensa estuvieron presentes inmediatamente. No permitieron el ingreso de los 6 abogados que exigían no sólo ver a sus defendidos sino también la liberación inmediata; cercaron las entradas con guardia de infantería, y prohibieron el ingreso, a punto tal que el fiscal de turno a cargo de las detenciones tuvo que trasladarse hacia la esquina del lugar a dar “explicaciones” a los abogados. Entre sus dichos al vacío y la impunidad absoluta, no quiso explicar por qué no dejaban pasar a los abogados, tampoco dejaron pasar a la prensa, no justificó nada, pero tampoco explicó nada. Se remitió a decir que estaban bien y que fueron detenciones “legítimas”. En este punto es importante destacar que en el mismo momento de las declaraciones había dos heridos graves detenidos en el Hospital de Urgencias, un hombre mayor golpeado salvajemente en la cabeza y que por razones de salud sería liberado esa misma noche, junto al joven discapacitado, a quien, aparte de llevarlo preso, le quebraron el tabique nasal e intentaron sobornarlo para que al salir no hablara con la prensa. Luego este mismo joven junto a su madre estuvo desde la medianoche hasta las 13:00 del día siguiente para que le tomaran la denuncia en la fiscalía.

Las organizaciones sociales, políticas y ambientales apostadas en la comisaría seguían custodiadas por infantería, y los 23 detenidos restantes fueron trasladados, por orden de la fiscalía, al penal de máxima seguridad de Bowuer, a las afueras de la ciudad de Córdoba en otro ejido urbano, un acto sin precedentes a pocas horas de las detenciones en un escenario tan poco claro y tan represivo. Daño, resistencia a la autoridad, lesiones graves, son algunos de los cargos impuestos arbitrariamente y sin pruebas. Recién alrededor de las cuatro de la tarde el fiscal Guillermo González firmo la liberación de 13 detenidxs, que no salieron inmediatamente. La presión de la lucha popular, con una movilización que luego se apostó en la puerta de la comisaría donde debía efectuarse la liberación, logró que 6 horas después comenzara el lento proceso de libertad de lxs compañerxs, el cual culminó -sólo para estos trece- a la medianoche.

Ya era viernes y quedaban diez detenidos, más un menor que por esa suerte cruel del destino, tenía a sus padres en Bs. As., y había sido trasladado al complejo de menores Esperanza, conocido por ser una cárcel de violencia, infraestructura decadente y maltrato continuo. El proceso fue similar al del día anterior: firmaron la liberación primero de solo cuatro detenidxs y luego de dos más. Así fue como al calor de los cortes de calle, reclamos y escraches, se logró que a las 22:00 del viernes se liberara a ultimo de los seis detenidos cuya liberación había sido firmada.

En el caso del menor, ante la gravísima intención de trasladarlo a un correccional en Buenos Aires, la solidaridad de clase no se hizo esperar y se realizó un fondo entre las organizaciones para costear los pasajes de la madre del joven que vive en situación muy precaria, y a las 8 de la mañana del día sábado era liberado, después tres días, solo e incomunicado, de calvario en el complejo.

Quedan en total cuatro detenidos, incomunicados entre si, en diferentes pabellones de la cárcel de Bower. Las imputaciones son vergonzosas, lesiones graves a efectivos policiales sin pruebas ni testigos, más que los dichos de los perros de De La Sota. Las imágenes, los videos, los registros dejan muchísima claridad de lo aberrante y absurdo del delito del que se los acusa. Está claro: la policía nunca podría actuar con tanta impunidad, sin el aval de los poderes de turno, ni el cuidado que les propicia esta justicia burguesa y vergonzosa. Suman así, en lo que va de 2014, 43 militantes con causas sólo en Córdoba Capital. La lucha continúa, y no vamos a parar hasta que no estén todxs en libertad y desprocesados, por eso reafirmamos que, ante la represión, ¡organización y lucha!

Mundial militarizado, pueblo que reclama.

El jueves 12, los fanáticos futboleros esperaban ansiosos la inauguración de la Copa Mundial 2014, que empezaba ese día con el partido del mismísimo Brasil contra Croacia. Al mismo tiempo que los medios nos mostraban la energía mundialista a más no poder, a las 10:30 de la mañana, comenzaban en todo el país las manifestaciones que lleva adelante la clase trabajadora brasileña, que sale a la calle oponiéndose a la Copa del Mundo y denunciando los millones gastados por el Estado brasileño en ella, junto con el avance represivo encargado de ocultar y silenciar lo que realmente pasa en Brasil.

El gobierno burgués administrado por el PT (Partido de los Trabajadores) de Lula da Silva y Dilma Rouseff, no duda en que la única opción, cuando el pueblo sale a la calle, es la de utilizar a su aparato represivo para reprimir. Pero la indignación de toda una clase explotada se hace visible de muchas formas en las ciudades brasileñas donde se juega la Copa del Mundo.

En Belo Horizonte (estado de Mina Gerais), durante un acto con la consigna “Copa sin pueblo, estoy en la calle de nuevo”, hubo una docena de detenidos, entre ellos una periodista del colectivo independiente Medios de Comunicación Ninja. En Río de Janeiro, más de 4 mil personas se concentraron en el barrio de Lapa, y también fueron atacados por la PM, igual que quienes protestaban en la playa de Copacabana, en los alrededores del FIFA Fan Fest. En ambos casos hubo heridos y más de una docena de detenidos, incluyendo periodistas y fotógrafos.

En San Pablo, durante la ceremonia de apertura, hubo en cuatro puntos de la ciudad. Registrado en imágenes y videos por los cientos de periodistas de todo el mundo que cubren el Mundial, la policía militarizada (PM) brasileña usó balas de goma, bombas de estruendo (cuyas esquirla hirieron a varios periodistas y manifestantes) y gases lacrimógenos y detuvo a más de 30 personas en la marcha que se dirigía al estadio mundialista. La protesta concentrada en la estación Tatuapé del metro fue cercada y el metro fue cerrado para evitar la concentración de nuevos actos, impidiendo la ida y venida de la población.

Hubo otros multitudinarios actos y manifestaciones, todos reprimidos, en Fortaleza (estado de Ceará), en Brasilia, en Porto Alegre (estado del Río Grande do Sul), en Florianópolis (estado de Santa Catarina) y Belém (estado de Pará)

Es que esa es la política de estado que llevan adelante los gobiernos latinoamericanos hacia sus trabajadores. Puede notarse claramente la línea que comparten en materia de represión con nuestro gobierno con las declaraciones del secretario de Seguridad, Sergio Berni, a una radio porteña: “Vi lo de San Pablo (Brasil), la cantidad de manifestantes y el nivel de agresividad, como que quieren romper todo” y se le escapó el sincericidio: “si pasa algo así acá, el que va preso soy yo”. Claro, secretario, es que el debería estar preso, es usted.

Salta: tortura policial y eufemismos judiciales.

La noticia es parte de la práctica policial habitual para “esclarecer delitos”. Tres hombres fueron juzgados hace unos días por el asesinato, en 2011, de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, en Salta. El tribunal tuvo que absolver a dos de ellos, que quedaron inmediatamente en libertad, después de que demostraran que fueron torturados por la policía para que se hicieran cargo del homicidio. Como siempre, es más fácil buscar un perejil y “convencerlo” de que confiese algo, que buscar al responsable, al que, además, las más de las veces protegen porque es tropa propia o amiga.

Tan claro quedó cómo fue que Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera quedaron presos y fueron llevados a juicio, que el gobierno de Salta, para frenar el escándalo, tuvo que separar de sus cargos a los 21 policías que participaron de la “investigación” y construyeron la causa sobre la base del tormento.

Claro que no fue una sorpresa para nadie, especialmente no para los jueces, que Vilte y Vera acusaran a los policías de torturarlos. Desde la misma detención, en 2011, tramita una causa iniciada por su denuncia, que recién ahora parece tener algún movimiento.

Pero, en el ámbito judicial, el reino del eufemismo, esas torturas son “apremios ilegales agravados por el uso de la violencia”. Un delito menor que ni siquiera mandará presos un rato a los torturadores en el lejano supuesto de una condena, y que evita el uso de la palabrita símbolo del crimen de estado, que tanto escozor causa a los funcionarios judiciales: tortura es tortura, aunque lo quieran disimular.

La burocracia sindical se preocupa y amenaza.

En pleno conflicto de la autopartista española Gestamp, con los trabajadores adentro de la planta, en el puente-grúa, y afuera, en el acampe, apareció en varios diarios una solicitada del SMATA en la que sin sutileza alguna llamaron al gobierno a reprimirlos, o lo iban a hacer ellos mismos. El párrafo en cuestión, que dice “…decidimos, antes de ejercer nuestros derechos (…) pedirles a todos los entes que correspondan, que pongan un viso de racionalidad y justicia a esta situación…”, tiene la misma franqueza del burócrata Pablo Díaz, que justificó ante las cámaras el ataque de Barracas y el asesinato de Mariano Ferreyra con las palabras “lo que no hacen jueces y fiscales lo hacemos nosotros”. Definición de manual de cómo opera la burocracia sindical.

Esta semana, en la misma línea, se reunieron los jefes de los gremios de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), todos integrantes de la CGT oficialista de Caló. Allí, burócratas como Ricardo Pignanelli, de SMATA; el jefe de la Federación del Petróleo y el Gas, el diputado massista Alberto Roberti; Antonio Caló de la UOM; el textil Jorge Lobais, el lucifuercista Rafael Mancuso y otros, anunciaron una solicitada sobre el “peligro de la infiltración de la izquierda en las fábricas”.

Sus declaraciones muestran con claridad la preocupación que implica, para esos burócratas socios de la patronal y los gobiernos, el crecimiento y visibilidad de la organización sindical independiente, antiburocrática y desde las bases. “Los militantes de izquierda se acercan a los muchachos más jóvenes, que son los más influenciables”, advirtió uno, mientras el petrolero Roberti dio en la clave de lo que más alerta a la triple alianza antiobrera: “Son infiltrados que van cambiando las reglas de juego que existen entre los gremios y el sector patronal”.

Precisamente, de eso se trata.

Para la represión no hay ajuste.

Mientras no hay un solo trabajador en la Argentina que logre llegar a fin de mes sin ver su salario devorado por la inflación; mientras las patronales y el propio estado ponen “techos” a la negociación de salarios, y arrecian suspensiones y despidos, los policías federales recibirán a partir del mes que viene un aumento del 28%, que se suma al 40% que recibieron, igual que el resto de las fuerzas federales, hace apenas cuatro meses. Es decir, un total de casi el 70% de aumento en medio año.

Si a eso sumamos los aumentos en el ámbito militar, para las tres fuerzas, con un 43,9% para los oficiales superiores y el 24,4% para los soldados voluntarios, y recordamos que lo mismo sucede con las fuerzas provinciales (la bonaerense tuvo alrededor de un 60% de aumento en diciembre de 2013, y ahora un 30% más), vemos que hay un sólo sector al que no afectan el ajuste ni la recesión: la necesidad del estado de contar con perros guardianes bien alimentados, para que repriman con entusiasmo, como lo mostraron esta semana los cordobeses.

Próximas actividades:

Martes 17 de junio, 17:00, marcha de Av. de Mayo y 9 de Julio a Plaza de Mayo por la absolución de los petroleros de Las Heras.

Jueves 19 de junio, 11:00, concentración frente a la cámara criminal, Viamonte y Libertad, para acompañar la audiencia en la causa por Gonzalo Crespo, fusilado por la policía federal en Saavedra, e impedir que los abogados del ministerio de Seguridad que defienden al asesino excluyan a la familia, patrocinada por CORREPI, de la querella.

Sábado 21 de junio, 17:00, charla sobre libertades públicas y movimiento obrero en el local de El Roble, Chacarita.