Boletín informativo nº 720

Custodio de la presidenta condenado por gatillo fácil.

El 17 de mayo de 2013, mientras la Federal y la Metropolitana reprimían en el Hospital Borda, el Tribunal Oral en lo Criminal nº 3 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Rafael Villamayor, Marcelo Dellature y Jorge Camino, absolvía, con el voto de los dos primeros, al policía federal Maximiliano Germán Ledezma, que, el 26 de septiembre de 2010, fusiló con cuatro y tres tiros en la espalda a Walter Robles y Leandro Pérez, dos pibes de Villa Fiorito.

El fiscal había pedido 20 años de prisión. Las madres de los chicos, Marcela Robles y Nélida Barrios, militantes de CORREPI asistidas por la compañera María del Carmen Verdú, reclamaban prisión perpetua. El juez Caminos votó por la condena, pero sus colegas Villamayor y Dellature dijeron “legítima defensa”, y aclararon que Fiorito es “una zona baja naturalmente hostil a la policía”. Los vidrios rotos del edificio de los Tribunales de Lomas mostraron que también es un barrio hostil a la impunidad.

Trece meses después, al calor de una lucha que no cesa, hoy CORREPI y Fiorito festejan. En fallo unánime, la Sala I del Tribunal de Casación Penal provincial revocó la absolución y condenó al policía federal Ledezma por homicidio.

Tan grosera había sido aquella absolución, que el camarista Benjamín Sal Llargués rompió el protocolo judicial y, vinculando el asesinato de Walter y Lean al fusilamiento del brasileño Charles de Meneses en el subte de Londres, dijo: “A salvo la infausta ley del ‘shoot to kill’ del Reino Unido, que yo sepa, nada autoriza a disparar a zonas vitales a quien huye. Pérez ha sido aquí –como Meneses allá- víctima propiciatoria de la nuda violencia estatal”. También se refirió al “pensamiento cavernario de los portavoces del odio a los pibes chorros”, como definió a los periodistas que “celebran el gatillo fácil diciendo ¡uno menos!” y “administran los estereotipos de la criminología mediática”.

La causa volverá ahora al tribunal oral, para que se fije la pena que deberá cumplir el policía federal, que está en actividad, con su uniforme y su arma, y en la calle. Cuando fusiló a los chicos, formaba parte de la custodia presidencial en Casa de Gobierno.

Sabemos que no termina aquí la lucha. Seguirá la pelea en los tribunales, porque vendrán los previsibles recursos de la defensa ante la corte provincial y la federal. Y seguirá, ante todo, la lucha organizada en la calle, que es nuestra única fuerza frente a la represión.

Crimen de Saavedra: se les complica el camino hacia la impunidad.

El camino hacia la impunidad del policía federal Javier Iván Almirón comenzó a complicarse el día que la familia de Gonzalo Marcos Crespo decidió organizarse y luchar para que el asesinato del pibe de Saavedra no pasara al archivo de las barbaridades judiciales.

Decidieron hacerlo en CORREPI y parece ser que esto fue considerado un problema por los defensores institucionales del criminal uniformado. En mayo, los integrantes de la División de Asuntos Penales (Dirección de Asuntos Jurídicos) de la PFA apelaron la resolución del juez instructor que incorporó como querellantes en la causa a Beatriz Racedo, mamá de Gonzalo, y Fiamma Campos, su compañera y madre de su bebé.

Osada aventura judicial la que emprendieron los funcionarios que defienden al policía: las compañeras, con el patrocinio de CORREPI, cumplieron todas las formalidades necesarias, pero no fue eso lo que objetaron los abogados del ministerio de Seguridad. Plantearon que no podían ser querellantes porque Gonzalo no es la víctima en la causa que investiga cómo y por qué el policía Almirón le metió cinco balas 9 mm en el cuerpo.

La Cámara, después de escuchar el pasado 19 de junio a los apelantes, y la respuesta a su planteo de CORREPI y el fiscal Sandro Abraldes, resolvió esta semana rechazar el recurso y ratificar la condición de querellantes de nuestras compañeras. Al mismo tiempo, mandó al juez de primera instancia a revisar la causa, en la que hoy el policía goza de una provisoria falta de mérito, insinuando que, como lo reclamaron querella y fiscalía, se debe procesar al asesino por el homicidio de Gonzalo.

Cinco balazos en zonas vitales, cuando ningún peligro acechaba al policía federal Almirón, son más que suficientes para habilitar esa circunstancia procesal. Cinco balazos que echan por tierra la mentira del policía, que intentó colocarse en situación de ejercer una defensa que nunca fue legal ni mucho menos legítima.

En CORREPI conocemos la ruta de la impunidad. Suelen diseñarse en las oscuridades de los despachos policiales y judiciales cuando la familia está con la guardia baja, en medio del dolor y el desconcierto.

Por eso la estrategia de la defensa buscaba apartar, no simplemente a los familiares de Gonzalo en tanto tales, sino en su condición de militantes organizados en la lucha antirrepresiva. Esa condición es la que molesta y entorpece el camino de los asesinos.

Lo saben en la institución, desde el que manda en el Ministerio, hasta el que apretó el gatillo. Y también lo saben los abogados a los que el estado sostiene para defenderlos.

Desenmascarada la maniobra, con agitación en las calles y movida frente a su edificio, a la cámara no le quedó otra que invalidar la pretensión de la defensa de alejar a la familia de Gonzalo del expediente.

Ahora vamos por el procesamiento y la detención del policía federal Javier Iván Almirón. De lo contrario, resultará que tiene razón su jefe político, el coronel Berni, cuando dice que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra…

Otro capítulo represivo en la lucha docente salteña.

La infantería salteña impidió que docentes de la provincia de Salta instalaran una carpa blanca en frente al Cabildo de la Plaza 9 de Julio de la ciudad capital, como parte del plan de lucha en reclamo por mejoras salariales.

Los Docentes Unidos de Salta habían anunciado la medida para difundir sus exigencias y realizar actividades culturales en el lugar, a lo que el gobierno salteño respondió con un operativo policial de más de 500 efectivos en inmediaciones del Cabildo.

Entre agresiones y gas pimienta, la policía reprimió y dispersó a los manifestantes, agrediendo brutalmente a un padre autoconvocado que apoyaba la manifestación y terminó hospitalizado con fractura de tres costillas. Al mismo tiempo, unos 50 efectivos desarmaron el acampe dentro de la Plaza 9 de Julio, donde los docentes se encontraban ya instalados, y se llevaron sus pertenencias, entre ellas documentación y dinero. Una de las trabajadoras denunció haber sido golpeada cuando intentaba defender el acampe.

En la represión se detuvo a la docente Marcela Romero (quien ya recuperó su libertad) y al fletero que llevaba la carpa, a quien se le abrió una causa adjudicándole haber atropellado a uno de los policías. Una acusación absurda y falaz como lo denuncian los Docentes Unidos de Salta.

El suceso se inscribe en la larga lista de actos represivos dirigidos por las espadas mayores del kirchnerismo en todo el país, destinados a reprimir y criminalizar la protesta, contrariando el discurso de “no criminalización de la protesta”, tanto tiempo negado por los voceros del peronismo en el gobierno. Siempre dijimos que la mentada “política de derechos humanos” y ese discurso no eran más que un recurso oportunista y falaz destinado a invisibilizar el verdadero interés de clase que defendió el gobierno en su “década ganada”. La lógica es la misma en todo el país: trabajadores en lucha, trabajadores protestando, gobiernos “progresistas” con el mazo dando.

Combinaciones carcelarias: Abandono, agresiones y muerte.

El 17 de junio, Gustavo Benito Aranda murió en su celda del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, abandonado a su suerte luego de reclamar por atención médica durante 20 días.

El joven, que había cumplido 29 años dos días antes, no había recibido más que un calmante en la sección de sanidad del penal desde que comenzó con fuertes dolores estomacales el 29 de mayo pasado.

El lunes 23 de junio, José Luis Orellana fue apuñalado en una celda de la unidad 5 de Mercedes. José Luis se encuentra preso por una causa armada en la que la policía lo obligó a firmar una conformidad para hacerlo cargo del asesinato de un custodio de seguridad de un supermercado chino.

El chico, de 21 años, sufre una parálisis facial y presenta retraso madurativo, a lo que se suman problemas coronarios y auditivos. A sabiendas de esto, y aprovechándose de su incapacidad para leer, la policía lo cargó con una acusación que le valió una estadía en Olmos a base de palizas y puñaladas, antes de ser trasladado a Mercedes.

El miércoles 25 de junio, al mediodía, Cristian Valdez Aquino, preso en la Unidad 24 de Florencio Varela, fue atacado por atreverse a reclamar un año de libertad que le debe el estado: uno de los seis penitenciarios que lo agredieron dentro de la celda de castigo le disparó una perdigonada de escopeta cuando se encontraba acostado. El joven se encuentra realizando una huelga de hambre como parte de sus reclamos.

Sólo tres ejemplos en menos de un semana de cómo entienden los gobiernos nacional y provincial el mandato constitucional de “cárceles sanas y limpias”.

Represión en Callao y Corrientes a trabajadores.

El jueves 26 de junio, mientras terminaban en el Puente Pueyrredón las actividades a 12 años de la represión que costó la vida de Maxi Kosteki y Darío Santilán, los trabajadores de Paty-Quickfood se movilizaron al ministerio de Trabajo y al sindicato de la carne, en medio del conflicto desatado tras la decisión de la patronal de cerrar la planta en Martínez, Buenos Aires, y concentrar la producción en San Jorge, Santa Fe, lo que deja en la calle a centenares de obreros.

Luego, para visibilizar su reclamo, se dirigieron a Callao y Corrientes, junto con delegaciones de trabajadores otras plantas en conflicto, como Lear y Donnelly, y militantes de diversas organizaciones que se acercaron a solidarizarse. El operativo policial fue gigantesco, con gran cantidad de móviles, carros hidrantes y celulares y personal policial de las comisarías 3ª (entre ellos el comisario Carnero, uno de los imputados en la causa por los disparos de balas de plomo en la represión de la Sala Alberdi del año pasado) y 5ª, del cuerpo de Infantería, la Doucad y decenas de agentes de civil.

En ese marco de provocación, varios funcionarios policiales sin identificación detuvieron a un trabajador de la textil Brukman y militante de Democracia Obrera, Miguel, quien fue golpeado y trasladado a la comisaría 5ª. La imputación, de vuelta, lo que llamamos “combo manifestación”: resistencia a la autoridad y lesiones, típica calificación que sirve a la vez para iniciar las actuaciones judiciales, y enmascarar tras la argumentación típica de que “el personal policial debió aplicar las fuerza mínima necesaria para vencer la resistencia del incuso” la tremenda paliza que le dieron. Tan tremenda, que Miguel debió ser asistido en la comisaría por personal médico del SAME que decidió su internación en el Hospital Ramos Mejía.
Militantes de CORREPI y CEPRODH se dirigieron de inmediato a la comisaría, donde tomaron intervención y en cuestión de horas fue liberado desde el hospital, donde le hicieron el aguante sus compañeros.

Un nuevo episodio que confirma lo que venimos señalando: frente a más ajuste y represión, debemos profundizar la lucha organizada.

Próximas actividades:

Martes 1º de julio, a las 9:00, marchamos a los tribunales de Mercedes a reclamar que busquen y encarcelen al policía condenado por el asesinato de Sergio “Checho” Casal, prófugo con ayuda judicial.

Jueves 3 de julio, a las 13:00, audiencia pública para denunciar el aumento del gatillo fácil y la impunidad garantizada desde el estado en el Congreso Nacional. Participarán militantes del CeProDH y del Encuentro Nacional Antirrepresivo (CORREPI, Movimiento Antirrepresivo de Olavarría, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste). Invita el diputado del FIT Nicolás del Caño.

Jueves 10 de julio, desde las 10:00, jornada artístico-cultural por la causa Sala Alberdi en Viamonte y Libertad, frente a la Cámara Criminal, donde se realizará una audiencia en la que los querellantes, compañeros de la RNMA heridos con balas de plomo en la represión, intentarán evitar la impunidad para los policías metropolitanos y federales imputados.