Boletín informativo nº 724

Agradecemos a todos los compañeros y organizaciones que nos acompañaron o enviaron mensajes solidarios ante la noticia del fallecimiento de nuestra compañera Delia Garcilazo.

Tortura y muerte: cuando lo sistemático se pone máscaras.

Carlos Raúl Guirula (33) era un albañil de Posadas, Misiones. Fue torturado hasta la muerte en una comisaría de esa provincia. Su muerte no fue natural ni accidental, como intentan hacer creer sus asesinos y el aparato que los respalda. Guirula no soportó la brutal paliza que le dieron: sus costillas reventadas a golpes hicieron estallar sus pulmones. Le aplastaron el tórax, le reventaron el bazo y sufrió hemorragias internas. A pesar de su metro noventa, de sus cien kilos, de su cuerpo forjado en el yugo del trabajo de la construcción, Guirula no pudo más.

Mientras tanto, en el proceso de investigación a cargo del juez Marcelo Cardozo, los once policías imputados siguen sosteniendo que nada tienen que ver, aunque en sus declaraciones se contradigan, se acusen unos a otros, intenten ocultar la obviedad del hecho y la naturaleza del poder que detentan.

Carlos salió el viernes 18 junto a sus amigos hacia un motel de la ciudad. Pasaron la noche junto a dos prostitutas en una de las habitaciones del lugar. Cerca de las 4 de la mañana, discutió con los encargados del lugar porque le pareció excesivo el costo de dos botellitas de whisky del minibar. El conserje llamó a la policía.

Inmediatamente llegaron desde la Seccional 13ª la comisario Lourdes Tabarez junto a otros dos agentes. Luego llegó otro móvil del Comando Radioeléctrico. La mujer dice que pidió refuerzos porque el albañil estaba “incontrolable”. El jefe del segundo móvil dice que cuando llegaron, ya estaba reducido y sólo ayudaron a subirlo a la caja de la camioneta.

El cuerpo de Guirula cuenta lo que los policías callan: usaron gas pimienta, le dieron patadas, puñetazos, bastonazos. De a uno, dos, cinco, siete. Todos y cada uno golpearon con saña y crueldad. Los milicos dicen que se cayó y golpeó mientras lo detenían, durante el forcejeo. Las cámaras de seguridad del interior del albergue los retrucan.

Cuando llegaron a la comisaría, Carlos ya estaba muerto. Lavaron la camioneta para eliminar toda evidencia, y lavaron el cuerpo. El personal de turno hizo su parte en ese tramo.

El juez, aunque indagó a todos los policías, ya muestra por dónde llevará la causa. Las fuentes judiciales habituales adelantaron a los medios que “es difícil esclarecer quién de los múltiples autores aplicó los golpes mortales”. Es el verso de siempre en las causas por tortura. Es la máscara del individuo, cuando mata colectivamente la fuerza, el brazo armado del estado. No es un homicidio en el que hace falta averiguar quién disparó o acuchilló. Es una sesión de tortura por apaleamiento, y cada uno que estaba presente es igual de responsable, cumpliera el rol que cumpliera.

Padre de tres niños, separado de su compañera pero compartiendo con ella techo y crianza, Carlos dejó de ser sostén de su familia. El estado lo asesinó por haber discutido un precio excesivo. El estado sacó a sus perros guardianes para que no quede sujeto sin castigo, sin disciplinamiento, sin vida que valga un mínimo gesto de queja.

El enemigo es un pibe en moto.

Día a día, en cada punto del país se ejecuta la represión en los barrios, dando fundamento a lo que se replica y resuena en cada manifestación en contra de la impunidad: “No es un policía, es toda la institución”. Tres episodios, en lugares distantes entre sí, ocurridos esta semana, lo ratifican.

El 14 de julio, en General Baigorria, Santa Fe, Carlos Miño, de 16 años, fue fusilado de un balazo en la cabeza por el policía Carlos Eduardo I. de 33, quién justificó el asesinato como defensa ante un asalto intentado por Carlos y otro joven de 18 años con el que iba en moto. El otro chico recibió un disparo en el omóplato y huyó, aunque luego fue detenido en el hospital Eva Perón.

En el lugar del hecho sólo se encontraron 8 vainas de la pistola policial; ni la pistola con la que el asesino alega que intentaron asaltarlo ni rastros de que
alguien más que el policía haya disparado.

Así y todo, el juez José Luis Suárez dispuso la imputación del efectivo como homicidio “con exceso en la legítima defensa” sosteniendo que, aunque “el uso de un arma de fuego ya era irracional ante el robo de un celular y una billetera“, el efectivo pudo incurrir en una “errónea apreciación del peligro y de que la agresión persistía“. Es decir, al pensar que estaban armados, sus disparos no fueron completamente homicidas.

El policía naturalmente quedó en libertad, con la única limitación de tener informado al juzgado sobre su domicilio. Ni siquiera agravó algo la situación que la pistola Bersa no reglamentaria que usó, de su propiedad, tuviera sólo permiso de tenencia, no de portación.

Asumieron su defensa los abogados Luis Tomasevich y Eduardo Campisciano, ya conocidos por lides semejantes, pues defendieron al penitenciario Julio Gerardo Vannucci, asesino de Brian López, el chico de 15 años baleado el 14 de mayo de 2010 en el barrio Moderno y al subcomisario Alejandro Scalcione por el homicidio de su ex-pareja en 2009. Luis Tomasevich, además, fue el vocero policial en las reuniones entre el gobierno y la policía santafesina en los amotinamientos de diciembre pasado.

El 21 de julio, en el barrio San Martín, al sudoeste de San Miguel de Tucumán, Daniel Alejandro Astorga, de 16 años, volvía en moto del cumpleaños de una prima junto a su tío, cuando una partida policial los señaló como autores de un supuesto robo y comenzó a dispararles.

Alejandro falleció de un tiro en la nuca, producto del ataque de los policías Juan Víctor Espíndola, Rodrigo Sebastián Gallardo, Bruno Carmelo Ciolfo y César Luis Farías a bordo de dos motocicletas. Por ahora, los policías están detenidos.

El 26 de julio, una moto entró a una estación de servicio sobre la ruta 197, en pleno barrio bonaerense de Los Polvorines. El acompañante se bajó, y le robó la billetera al playero. Subió a la moto y, cuando se iban, sonaron 9 disparos, de los cuales 5 hicieron blanco en las espaldas de los pibes. Diego Verón cayó muerto de la moto a pocos metros, con dos tiros recibidos por detrás. El conductor siguió unas cuadras más, hasta que colapsó y quedó malherido sobre el asfalto.

Es que, en otra dársena de la estación de servicio, cargaba nafta un policía metropolitano de la Comuna 12 de apellido Ledesma, que esperó a que la moto se retirara para gritar ornamentalmente “Alto, policía” y vaciar el cargador de su Bersa reglamentaria 9 mm.

El pibe sobreviviente, de 20 años, padre de una nena de dos años y de otro bebé que nacerá en tres semanas, está internado en el hospital de Pacheco. Una de las balas le atravesó el pulmón, la otra entró por el glúteo y está incrustada en la parte de atrás de la rodilla. Ya fue indagado por robo doblemente agravado. El policía no está imputado por delito alguno.

Córdoba: gatillo fácil, represión e impunidad.

En abril pasado, en su intervención en la actividad pública con motivo del plenario del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo), los compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba denunciaban el fusilamiento de Lautaro Torres por un policía provincial. El viernes 18 de julio, su tío, Miguel Ángel Torres (32) fue al Barrio San Roque a visitar al papá de Lautaro. A la vuelta, entró a una librería, donde no está claro si él u otra persona intentó robar algo de dinero. Lo que sí está claro es que Miguel no estaba armado, y que al salir del comercio recibió un puntazo en la cabeza, y dos tiros de remate en el pecho, ya caído en el piso, disparados por el dueño del lugar, un comisario.

La familia de Miguel, encabezada por su hermana Sandra, que ya venía encabezando marchas contra el gatillo fácil tras el asesinato de Lautaro, realizó un corte de calles en el barrio, donde el comisario asesino vive a escasas dos cuadras de la comisaría local. “Vecino, vecina, la yuta te asesina”, cantaban los pibitos de 6 o 7 años, que ya tienen incorporada esta realidad, naturalizada en el barrio y silenciada hacia afuera.

Una semana después, el viernes 26 a la madrugada, en otro barrio, Los Boulevares, dos policías tirotearon a dos muchachos que iban a comprar gaseosas para un asado. Alberto Fernando “Were” Pellico (18) murió con un balazo en la nuca. Maximiliano Peralta, de 17, con un tiro también por detrás en una pierna, quedó detenido en la UCA sur, y sólo fue liberado dos días después, gracias a la movilización permanente en el lugar.

En un primer momento, en un intento por frenar las movilizaciones, personal de la División Homicidios informó a los compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva que los policías Chávez y Leyva estaban imputados por homicidio. La misma información fue publicada por el diario La Voz del Interior y otros medios, que debieron luego reproducir la desmentida de la fiscal Jorgelina Gutiez, que “aclaró” que no se ha tomado ninguna medida al respecto, ni judicial ni administrativa, y que el único imputado en la causa es el sobreviviente, Maximiliano.

La movilización de los familiares y vecinos de Were, acompañados por la Coordinadora Antirrepresiva, permitió que trascendiera que el policía Leyva ya había matado otro chico en el barrio, cuya familia no tuvo antes la fuerza de salir a denunciarlo.

Con más de un muerto por mes por el gatillo fácil, la policía cordobesa justifica ante sus patrones para qué querían los aumentos de sueldo del año pasado.

No todo el Mundial terminó.

El pasado 13 de julio, durante el festejo de miles por la conquista del segundo puesto de la selección argentina en el Mundial 2014, las policías federal y bonaerense se sumaron, repartiendo gases y balas y deteniendo a más de 100 personas. Al día siguiente, los medios de comunicación, buscando amasar la indignidad “ciudadana”, anoticiaron que todos los detenidos en el distrito porteño habían sido puestos en libertad.

Pasó en total silencio la resolución del titular del juzgado de instrucción nº 10 de la ciudad de Buenos Aires, que está publicada en el sitio oficial www.cij.gov.ar. Allí el juez Fente explica que las irregularidades en las detenciones fueron de tal envergadura, que no había manera de retener a ninguno de los detenidos un segundo más. Casi con amargura, pues seguramente hubiera preferido poder procesar unos cuantos por cualquier delito, el magistrado reprochó a la policía que no le informaron dónde ni cuándo realizaron las detenciones; ni qué conducta se reprochaba a cada uno. Como sucede habitualmente con las detenciones masivas en movilizaciones (donde los jueces no se preocupan tanto de las legalidades como lo hizo el juez Fente en este caso), la forma en que se produjeron los arrestos demuestra por sí sola que fueron al azar, entre los que quedaron rezagados o no pudieron escapar, y no vinculadas a un hecho reprochable concreto.

Pero otra cosa sucede en La Plata. Pasadas más de dos semanas, hay 19 personas que permanecen detenidas, y que sólo la movilización de familiares y amigos permitió visibilizar un poco.

Para evidenciar la lógica de las detenciones masivas basta mencionar dos casos. Federico Gustavo Arroyo, estudiante de Economía, fue detenido cuando salía de la casa de un amigo con su novia, varias horas después de terminado el festejo. Lo mismo le sucedió al marido de Karina Ruiz, que se bajó del auto para ver dónde estacionar, lo interceptaron, le intentaron pegar con la tonfa en las piernas, por lo que escapó, pero lo alcanzaron los policías motorizados.

A Berni le decimos que, si quiere lograr una detención masiva de “violentos” y “delincuentes”, no hace falte que espere el próximo mundial, le basta con dirigirse al departamento central de la Federal o la Bonaerense.

Policías cuentacuentos: La historia del lobo feroz.

Hace unos días circuló una noticia peculiar en la ciudad de Corrientes. Con motivo de la Feria del Libro que se llevó adelante en aquella localidad, la policía provincial incorporó el proyecto Policías Cuentacuentos (sic). “Esto es un proyecto que hicimos a nivel institución, con el objetivo de acercarnos más a la comunidad. Es algo que venimos trabajando en las escuelas periféricas con los chicos más pequeños. Lo que hacemos es trabajar con los cadetes que están en los últimos años de la escuela de oficiales, con los que vamos a las escuelas a contar cuentos, como una forma linda de integrar a nuestros estudiantes con los chicos y jóvenes”, explicó el comisario inspector Miguel Fernández al diario El Litoral.

No es un chiste mal contado ni una cargada la que anuncia el comisario. La fuerza policial no sólo se organiza para defender los intereses del opresor, sino que ahora también para entrar en las escuelas de nuestros pibes y pibas, y aleccionarlos con sus cuentos para “integrarlos”. Lejos de querer lavar su alma represiva de cargo y culpa, este proyecto que demuestra, con cara durísima, el interés del estado por instalar en la sociedad una representación de las fuerzas como modelo de las buenas conductas hechas por buenas personas, que hacen cosas lindas por los chicos.

Fernández agregó: “Los cuentos, muchos de ellos escritos por los mismos chicos, hablan de valores como la amistad, el cuidado, la pertenencia, la solidaridad y todo aquello que hace a la conducta humana, y que sirve para estrechar los lazos con nuestros jóvenes”.

Aunque nos resulte imposible y delirante relacionar estas palabras con la policía y cualquier otra agencia del aparato represivo del estado, el sentido se torna evidente: la policía necesita meterse, incrustarse en cada espacio social para ser naturalizados a temprana edad como protectores y actores de la buena fe. Hoy les leen tiernos relatos a los pibes (con pistola en la cintura, no sea cosa que alguno se descontrole) y mañana, cuando crezcan, si los cruzan en la calle de la misma “periferia” que menciona el comisario, les contaran el cuento del lobo feroz: mucho gatillo y mucho palo para el pobre, para el trabajador, para el disidente.

Próximas actividades.

Domingo 3 de agosto, desde las 12:00, en el parque Saavedra, Freire al 3900, jornada antirrepresiva con choriceada y música a 5 meses del fusilamiento de Gonzalo Crespo.

Sábado 9 de agosto, desde las 18:00, Peña Antirrepresiva en ATE Moreno (Piovano 3077) organizada por CORREPI y CTA Moreno.