Boletín informativo nº 730

Berni al palo, pero con discurso clásico.

Esta semana, en el programa de TN “Código Político”, el secretario de Seguridad Sergo Berni dijo, entre otras cosas: “La Policía Federal argentina es una de las más avanzadas del mundo. Pero si nosotros detenemos a una persona diez veces y al otro día está libre, ¿es nuestra la culpa? (…) Si el 95% de las personas detenidas no llegan a juicio, para la Ley son inocentes. Nosotros seguimos mejorando, incorporando tecnología y logística, hacemos todo ese esfuerzo, pero el resto de la cadena no está a la altura de las circunstancias”.

Desde que el coronel fue designado como responsable del conjunto de las fuerzas de seguridad federales, y más aún desde que está jerárquicamente subordinado a una ministra de bajísimo perfil público, uno de sus roles ha sido el de ser la voz “dura” del gobierno nacional en materia represiva. Pero esas posiciones no son exclusivamente personales, ni mucho menos originales.

Durante el menemato, Carlos Corach era el principal encargado de difundir las campañas de “ley y orden”. En 1999, durante la campaña para la gobernación bonaerense, el candidato que resultó ganador, Carlos Ruckauf, disparó su célebre “Hay que meterles bala a los ladrones”. Poca diferencia con el conteo de “delincuentes abatidos” que el actual gobernador Scioli hace desde que estrenó su “emergencia en seguridad”.

“Por mucho que haga la policía actuando bien, la justicia libera, libera. Es hora de que la justicia se ponga los pantalones largos”, dijo literalmente con el mismo calibre que Berni, el primer lenguaraz del kirchnerismo, Aníbal Fernández. Y en 2008, fue la propia presidenta Cristina Fernández la que por cadena nacional bramó: “Los policías detienen y detienen y la justicia libera y libera”. La misma semana, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aportó lo suyo, nada menos que en el coloquio empresarial de IDEA: “Los jueces deben entender que el sistema no debe ser una puerta giratoria”.

Las escandalosas excarcelaciones de policías que llegan a juicio acusados de gravísimos delitos, como homicidios y torturas, y su natural consecuencia, la anunciada profugación cuando son condenados, como ocurrió con el sargento Néstor Adrián González y el cabo 1º Martín Alexis Naredo, son muestra cabal de que, digan lo que digan, la puerta giratoria sólo funciona cuando se trata de uniformados.

En el mismo programa de TV, Berni volvió a defender a sus gendarmes saltarines e infiltrados, y no se privó de cargar contra los inmigrantes: “Tengo una lista de ciudadanos extranjeros que fueron detenidos más de 10 veces. Hay que tener coraje para firmar la orden de detención, y hay jueces que no lo tienen, y otros que no tienen ganas de trabajar”. Naturalmente, no se refiere a los empresarios extranjeros que saquean nuestro país y explotan a los trabajadores, sino a los hermanos latinoamericanos que comparten la pobreza argentina en villas y asentamientos.

Tampoco esta línea es novedosa. En enero de 1999, el ministro Corach afirmó que el 77% de los autores de delitos eran extranjeros, dato que las estadísticas oficiales desmintieron de inmediato: el porcentaje real era el 5%. Claro que, sólo en la comisaría 7ª (Once), 11.200 latinoamericanos fueron detenidos durante 1998 y 1.300 durante los primeros 25 días de 1999 sin que hubiesen cometido delito alguno. De ese total, el 98,2% fue víctima de la habitual “discrecionalidad” policial: averiguación de antecedentes o código de faltas. Sólo el 1.8% era imputado en una causa penal.

Si hoy dispusiéramos de los recursos de entonces –esas estadísticas de detenciones dejaron de publicarse poco después- seguramente obtendríamos resultados similares.

Como sus antecesores en el rol de vocero de la mano dura, Berni expresa, para la parte de la tribuna que disfruta (y vota) ese tipo de declaraciones, lo que es la política oficial de su gobierno. No es casual que en las encuestas encargadas pensando en las elecciones 2015 ya se esté midiendo su imagen positiva.

Otoño Uriarte y Carlos Fuentealba sólo tendrán justicia en las calles.

En vísperas del día del maestro, la jueza Ana Malvido sobreseyó a los 15 imputados en la causa “Fuentealba II”, que investigaba las responsabilidades políticas e ideológicas en el asesinato de Carlos Fuentealba, ocurrida durante la represión policial, el 4 de abril de 2007, a una movilización docente en la ruta 22 a la altura de Arroyito, Neuquén.

Para la jueza, que hizo caso al planteo del Ministerio Público Fiscal y de las defensas de los imputados, no hubo ninguna responsabilidad en el asesinato, más allá del policía Darío Poblete. La medida benefició al ex secretario de Seguridad de Neuquén Raul Pascuarelli, el ex jefe de policía Carlos Salazar, el ex subjefe Moisés Soto y a otros 12 policías neuquinos que participaron de la represión.

A 7 años del asesinato, la justicia neuquina y el gobierno de Sapag sostienen la impunidad con la que actuó el ex gobernador Jorge Sobisch y cierran toda puerta que comprometa a los que comandaron y ejecutaron el ataque.

En otro punto del sur argentino, el caso de Otoño Uriarte corrió la misma suerte, el mismo circuito de la impunidad: los seis acusados por la desaparición y asesinato de la joven fueron sobreseídos, porque para la jueza Sonia Martín no hubo suficientes pruebas para enjuiciarlos.

Néstor Cau, Germán Antilaf, José Jafri, Maximiliano Lagos, Federico Saavedra y Juan Calfiqueo, todos acusados por el secuestro, violación y asesinato de Otoño en 2006, fueron beneficiados por la justicia rionegrina que deja así impune un femicidio brutal, ligado a la connivencia entre las redes de trata, la policía y el poder político.

En diferentes momentos de la causa, Roberto Uriarte, padre de Otoño, señaló las irregularidades con que se estaba llevando a cabo la investigación desde la desaparición de la chica, hasta el descubrimiento de su cuerpo asesinado. Antes de que apareciera el cuerpo de Otoño, se descubrió por una escucha telefónica que la comisaría 8ª de Choele Choel encubría y tenía fuertes vínculos con una red de trata que sometía a sus víctimas a la prostitución, facilitando documentos apócrifos para falsear identidades y edades de las jóvenes raptadas. Por otra parte, la policía rionegrina constantemente planteó hipótesis contradictorias e impidió la realización de operativos que pudieran involucrar a efectivos en la desaparición de Otoño.

La lucha continúa, siempre, en las calles, con los trabajadores de la educación en lucha y la organización de los familiares Otoño, nuestros compañeros en el ENA.

Ética policial: de narcos y delincuentes.

En la tarde del viernes 12 de septiembre, cuatro hombres fueron detenidos por policías federales, cuando escapaban después de haber robado una financiera en el microcentro porteño. Dos de ellos, de 23 y 38 años, resultaron ser también policías, pero de la Metropolitana, la fuerza represiva de la que se vanagloria el gobierno de Mauricio Macri.

Cuando fueron requisados tras la detención, portaban tanto las pistolas 9mm reglamentarias, con las que perpetraron el delito, como las chapas identificatorias de la fuerza.

La misma semana, en Reconquista, al norte de Santa Fe, el oficial provincial César Ibáñez, que se desempeñaba en procedimientos antinarcóticos y ocupaba el cargo de subjefe de la Brigada Operativa Departamental IX de la Dirección Provincial y Control de Adicciones, fue detenido con cocaína en su poder, cerca del casino del puerto de la ciudad de Santa Fe.

Ibáñez integraba la brigada antidrogas desde hacía varios años, y estuvo bajo la gestión del jefe de Inteligencia de Zona Norte, Daniel Musante, que fue desplazado en mayo de 2013 por torturar a dos sospechosos de traficar drogas. El polinarco detenido este jueves había olvidado una mochila en un bar, donde se le encontraron 95 gramos de cocaína, su pistola reglamentaria y discos con escuchas telefónicas de causas que se están investigando actualmente.

Unos días después, en Santiago del Estero, la justicia logró identificar a los integrantes de una banda dedicada a estafar a familias de trabajadores que anhelaban acceder a una casa del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). Con una elaborada puesta en escena, ofrecían por $20.000 acelerar el trámite para la adjudicación de las viviendas, y hasta los llevaban a los barrios a visitar inmuebles vacíos. Naturalmente, el recaudador era un policía.

Por último, en el norte del conurbano bonaerense, una causa judicial en la que se investigaba a una banda especializada en entradoras, terminó con cuatro policías presos, entre ellos un subcomisario, y una comisaría allanada.

Es que, de las escuchas ordenadas sobre el celular de uno de los asaltantes investigados, surgió que los policías, todos de la “Crítica”, la 3ª de San Fernando en la que supo gestarse el Escuadrón de la Muerte comandado por el sargento Hugo “El Beto” Cáceres, habían cobrado una coima para liberar a uno de los integrantes de la banda, que habían detenido en abril pasado.

El fiscal se enteró, con las escuchas, que tres miembros de la banda que él investigaba intentaron entrar a una casa en Victoria, pero fueron interrumpidos por la llegada de la policía. Dos escaparon, y el tercero quedó detenido. En lugar de avisar al fiscal, hicieron que el preso llamara a su mujer a la comisaría, “a ver cómo se podía arreglar”. Tras el pago de $42.000, la detención quedó registrada como una averiguación de antecedentes, y el ladrón se fue, más pobre, pero libre.

Sólo cuatro casos que demuestran que inseguridad, es la policía en la calle.

Yoga “antiestrés” para los policías puntanos.

Parece que los policías de San Luis andan nerviosos y contracturados, así que el gobierno provincial decidió mandarlos a hacer yoga. A partir de la firma de un convenio entre el gobernador puntano, Claudio Poggi, y el Embajador Amarendra Khatua de la India, el Instituto Superior de Seguridad Pública Coronel Juan Pascual Pringles implementará el “Programa Ayurvédico Anti Estrés”, un sistema que “garantiza encontrar equilibrio entre mente y cuerpo”.

Los cursos se dictarán a policías de calle, bomberos, personal de comisarías, comando radioeléctrico, policía caminera y grupos especiales, y durarán cuatro meses.

Según informó el gobierno provincial, el sistema busca que “el estrés no cause daño a la persona y pueda asimilar de manera adecuada y apropiada las situaciones de riesgo con las que se encuentran a diario”.

La noticia, en rigor, no es novedosa. En 2006, el conocido budista Ravi Shankar, promocionado por sus seguidores como “el hombre que está cambiando al mundo”, firmó un convenio con el entonces ministro de Justicia de la Nación, Alberto Iribarne, para dar sus cursos al personal de las cárceles, y otro con la viceministra del Interior, Silvina Zabala, para darlos al personal de la Policía Federal.

Son miles los fusilados por el gatillo fácil, los torturados y muertos en cárceles federales desde entonces. No crean que en San Luis se hará el milagro, por más meditación o yoga que hagan. A lo sumo, reprimirán más relajados.

Próximas actividades.

Jueves 18 de septiembre, 17:30, marcha de Congreso a Plaza de Mayo, a 8 años de la desaparición de Julio López.

Jueves 18 de septiembre, 17:30, marcha desde Plaza Moreno, La Plata, a 8 años de la desaparición de Julio López.

Viernes 19 de septiembre, de 10:30 a 17:00, en Larroque y 12 de Octubre, Lomas de Zamora, jornada de difusión de luchas relacionadas con lo territorial, la niñez y los DDHH (ATE Sur).

Sábado 20 de septiembre, a las 15:00, en el Centro Cultural y Social El Birri, General López 3698, entre San Martín y Amenábar, Santa Fe, charla con integrantes del Encuentro Nacional Antirrepresivo de Santa Fe, Córdoba y regional metropolitana sobre Sindicalización policial, idea del brazo represor y Herramientas jurídicas y organizativas frente a las fuerzas de seguridad del Estado.