Boletín informativo nº 732

“Casuales” llamados y robos: No nos van a asustar.

Hace unos días, en horas de la tarde, un grupo de militantes de CORREPI salió de una reunión con familiares de Hugo Arce y Carlos Vázquez, dos pibes fusilados en Avellaneda por el policía federal Sergio Bovadilla el 4 de septiembre de 2011. Apenas unos minutos después, uno de ellos recibió una llamada en su teléfono celular. Una voz masculina, antes de cortar, se identificó en forma amenazadora como “el hermano del policía que vos sabés”.

“Casualmente”, después de tres años de dar pelea en la calle y en el Polo Judicial de Avellaneda, en los mismos días obtuvimos los primeros elementos de peso para avanzar hacia el castigo para el asesino: una demorada pericia multidisciplinaria demostró que no hubo en el lugar del hecho más disparos que los realizados por el policía Bovadilla, todos desde adentro de su auto. Se cayó la historia del “tiroteo” que viene amparando al federal.

Unos días más tarde, unos individuos irrumpieron en el domicilio de dos militantes de CORREPI en Moreno, robaron algunas cosas y apalearon a uno de ellos, mientras gritaban cosas sobre “el juicio”.

“Casualmente”, también, en Moreno estamos impulsando la búsqueda del policía federal Néstor Adrián González, prófugo tras la condena por el homicidio de Sergio “Checho” Casal, y acabamos de obtener la demoradísima prisión del bonaerense, ex Grupo Halcón, Oscar Ayunta, condenado por el homicidio de Christopher Torres.

Como último episodio “casual”, en zona norte, donde un equipo de CORREPI viene desarrollándose en los últimos tiempos, e interviniendo en los conflictos, un caracterizado compañero empezó a recibir llamados que se cortaban al atender. Cuando devolvió el llamado, le dijeron: “Policía bonaerense, buenas noches…”.

No nos llama la atención que seamos blanco del apriete o la amenaza. Ha pasado, y seguirá pasando, porque así funciona el aparato represivo del estado.

Lo que no va a suceder, en cambio, es que logren su objetivo de asustarnos. Cada uno de estos episodios, que no minimizamos, y frente a los cuales tomamos todas las precauciones necesarias, fortalece nuestra convicción de por qué y cómo nos organizamos contra la represión estatal.

Un cuento de terror para niños: gatillos, violaciones y torturas policiales, seguidas de impunidad judicial.

Como siempre, la policía sigue matando pibes en los barrios y la justicia les brinda todas las herramientas necesarias para garantizar su impunidad.En apenas unas semanas, hubo por lo menos tres niños-adolescentes asesinados, en medio de un tiroteo, por armas policiales y al menos un fusilado por la espalda, desarmado y muerto de un tiro en la nuca, sin contar con el caso de una niña de 13 años violada en la comisaría y suicidada en un orfanato.

A fines de agosto, como ya escribimos en un boletín anterior, fue asesinada Sabrina Olmos, de 15 años, en una escuela en Morón, tras un tiroteo frente al colegio en el que estaba. Finalmente las pericias confirmaron que el arma asesina es de un policía.

El domingo 21 de este mes, sucedió lo mismo con un niño de 7 años, asesinado por policías que se tiraron entre ellos en Colonia Segovia, Mendoza. A raíz del tiroteo, en plena calle, falleció una de las policías involucradas y su hijo.

Del mismo modo, Franco Torres, otro niño de 13 años, fue asesinado por una banda de ladrones-policías el jueves 25 de este mes en Rafael Castillo. Cuatro hombres armados robaron una aseguradora, sin saber que el dueño, Juan Carlos Irazábal, era un ex policía que reconoció a uno de ellos y notó tenían un handy con frecuencia policial. Irazábal salió en su auto tras los ladrones. Éstos aparentemente confundieron el auto de Irazábal con otro de la misma marca y modelo, en que Franco y su padre iban al club a jugar al fútbol. El nene recibió un disparo mortal. La familia y los amigos del chico asesinado escracharon la comisaría que investiga el caso a pedradas y prendieron fuego dos patrulleros, exigiendo justicia por la muerte de Franco a manos de estos verdugos.

Es que, ante tanta violencia y tanta impunidad, cuando ya nada puede devolver a la vida a Franco, es absurdo pretender que toda una comunidad dolida que se quede tranquila, esperando simplemente que la justicia actúe, cuando es sabido que a los únicos que jueces y fiscales investigan y condenan es a los pobres, y que, cuando el delincuente tiene chapa de policía o de funcionario, hacen todo lo posible para cubrirlo.

De hecho, cabe aclarar que el testigo/damnificado es un viejo conocido. Juan Carlos Irazábal era oficial de la policía federal cuando, en julio de 1997, salió con su compañero Héctor Gerónimo Di Siervi a buscar a dos pibes que habían intentado asaltar a una pareja. Bajo un árbol, vieron unos pibes con gorritas de visera, y concluyeron que eran ellos. Dispararon y e hirieron de muerte a Elio Gabriel Salas, de 16 años. Cuando se acercaron, el pibe, agonizante, les dijo que llamaran a su papá. que era policía. Irazábal y Di Siervi fueron escandalosamente absueltos en un primer juicio luego anulado, y condenados a 9 años de prisión el año pasado, pero un recurso ante la Corte hizo la magia habitual y ambos policías siguen en libertad.

Ese mismo 25 de septiembre, pero en Río Negro, Pablo Alejandro Vera, de 23 años, fue fusilado cuando daba la espalda a su asesino, un policía administrativo que estaba de licencia y que está por retirarse de la fuerza, que le pegó un tiro en la nuca.

Un día antes, fue hallada muerta la niña Micaela Romero, de 13 años, en Corrientes. La chica se había fugado de su casa, ante lo cual su madre recurrió a la comisaría del menor, la mujer y asuntos juveniles. La policía la encontró y, por disposición de la jueza Irma Domínguez, la encerraron en la comisaría en calidad de detenida, donde fue violada y abusada sexualmente por varios policías. Ante esta situación, la jueza, en lo que es una muestra de impunidad y de cómo la policía y la justicia se manejan para cubrirse entre sí, envió a Micaela a un hogar de niños, donde fue encerrada en una habitación, donde la encontraron ahorcada a la mañana siguiente.

Por último, en esa misma semana el Tribunal Superior de Justicia en Neuquén redujo la condena lograda al policía Claudio Salas por homicidio calificado (por ser policía y estar en uso de sus funciones), por el asesinato de Brian Hernández, a homicidio simple. El argumento ni siquiera fue obra de su propia defensa, sino de los vocales Kohon y Cancela, en otra muestra de cómo la justicia está siempre al servicio de las fuerzas policiales, la fuerza armada del estado.

Es el estado, justamente, el que, más allá de quien gobierne, le asigna ese rol represor y disciplinador a la policía, y a la vez pone a su disposición todo el aparato judicial para que la maquinaria completa nunca deje de funcionar, para que se mantenga la impunidad y sigan muriendo pibes en las peores condiciones de crueldad, sin que los asesinos y los violadores paguen por esas vidas arrancadas, por esas personas torturadas y abusadas. Y los medios de comunicación, por supuesto, siempre avalando la versión de la policía y de la justicia.

Por eso es que no confiamos en el estado y creemos que, aunque demos la pelea con las herramientas legales que están a nuestro alcance, la lucha fundamental se da en la calle, con la organización de las familias, los amigos y los vecinos.

Mar del Plata: Justicia barata y represión.

La base naval de Mar del Plata fue uno de los lugares, además de su propio hogar, donde Marcelo Girat, suboficial de la Armada y encargado de contrainteligencia de la base, violó y aterrorizó sistemáticamente a su hija Rocío, de 13 años cuando empezó el abuso sexual, pero sometida a golpes y otros tormentos desde que tiene memoria. “Desde los 3 años, si yo hacía algo que a él no le gustaba me metía la cabeza en el agua“, denunció Rocío, hoy de 20 años, cuando inició la causa contra su padre. Otra vez, ya más grande, como castigo porque había huido de la casa para ponerse a salvo, la ató a una silla y le quemó el muslo con una cuchara calentada en la hornalla.

La presunción de inocencia establecida legalmente funcionó como garantía real para el violador, torturador y abusador, que, a diferencia de las decenas de miles de presos sin condena hacinados en las cárceles de mala muerte, permaneció libre todo el proceso. Como los policías, como los empresarios, como los funcionarios, para ellos sí hay reglas de juego “humanitarias y garantistas”.

Se hizo el juicio y los jueces lo condenaron a principios de septiembre por abuso sexual agravado y continuado, pero no dictaron la pena. Cuando salía del Tribunal nº 3 de Mar del Plata, custodiado por policías que lo protegían del escrache de familiares, amigos y militantes que se manifestaban en la puerta, miró a su mujer y su hija y les gritó: “las voy a cagar matando”. La amenaza en público obligó a los jueces a rever la situación, y ordenaron su detención en la cárcel de Batán. Pero un recurso de su defensora ante la Cámara de Apelaciones rápidamente volvió las cosas a su lugar, y el marino regresó a su casa. El fiscal ni siquiera pidió que se revocara el beneficio, sólo sugirió que usara una pulsera electrónica.

Así, cuando la semana pasada se dictó la condena a 14 años de prisión, el torturador y violador de uniforme tenía ya garantizado no ir preso.

Para cerrar el círculo, quienes sí recibieron el embate del aparato represor del estado con toda su fuerza, fueron los compañeros que, al conocer el escandaloso resultado, protestaron frente al edificio de los tribunales, y fueron dispersados con gases y balas de goma. De un lado, justicia barata y de clase, y del otro, represión.

El “mérito” del Proyecto X.

Después de casi tres años de lentísimo trámite, el juez federal Sebastián Casanello decidió indagar, a mediados del mes pasado, a dos gendarmes en la causa por el “Proyecto X”.

Elizabeth Mariana Calisaya y Raúl Ernesto Scheurman, seleccionados para el simulacro de “avance procesal”, naturalmente no son la ministra de Seguridad ni el Jefe de Gendarmería, sino apenas dos soldados que, en el terreno, llevaron adelante la tarea de infiltrarse, filmar, grabar y fotografiar movilizaciones de trabajadores, para así acopiar y analizar la información, luego generosamente brindada a jueces y fiscales necesitados de “letra” para criminalizar luchadores.

Así se iniciaron y prosperaron varias causas contra referentes sindicales antiburocráticos de Kraft, Paty o el Frigorífico Rioplatense, por ejemplo, que luego los jueces debieron cerrar ante la evidencia de que las “pruebas” valoradas para procesar habían sido obtenidas a través de las tareas de inteligencia, el seguimiento, la infiltración y el espionaje.

Desde que se presentó, allá por noviembre de 2011, la denuncia, y luego se constituyeron como querellantes numerosos integrantes de las comisiones internas víctimas del protocolo espía, fiscales y jueces pusieron todo su esfuerzo en tergiversar el objeto de la investigación, lo que lograron con sólo agregar las palabritas mágicas: “abusos y excesos”.

En la querella de los compañeros del Frigorífico Rioplatense, por ejemplo, éstos manifestaron que se consideraban damnificados por “las tareas de infiltración, vigilancia y seguimiento, llevadas a cabo por personal de Gendarmería Nacional y otras fuerzas federales, que, siguiendo órdenes del ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional, sistematiza los datos así obtenidos sobre organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, los que luego son utilizados para proveer basamento a imputaciones penales, como es el caso específico de las dos causas en nuestra contra“.

Esa acusación, en la pluma del Fiscal, se convirtió en: “investigar si agentes de Gendarmería Nacional, de modo institucionalizado y en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se detallarán más adelante, han desplegado en forma ilegal actividades de inteligencia interior en desmedro de lo normado por la leyes de 24.049 y 25.520“, para finalmente convertirse, en boca del juez, en averiguar si “los gendarmes produjeron inteligencia prohibida en los términos de la ley 25.520 (…) y, si actuaron discrecionalmente por fuera de las órdenes de quienes dirigen el proceso penal -jueces y fiscales”.

Nada más lógico, tras esas definiciones judiciales, que el dictado de la falta de mérito que benefició por estos días a los gendarmes indagados, pues si hay algo que está más que probado, es que ni uno ni otra decidieron por su cuenta hacer lo que hicieron, sino que cumplieron a pie juntillas el protocolo oficial de espionaje sobre la militancia, de más de una década de vigencia.

Por eso insiste el juez Casanello en varios pasajes de su resolutorio con la misma idea: “…la hipótesis delictiva que aquí se baraja -y se busca comprobar o desechar- es si los gendarmes realizaron tareas de inteligencia prohibidas, tanto durante las protestas como con anterioridad a ellas, sobre los actores sociales y, en tal caso, su extensión y en qué medida se apartaron de las órdenes dictadas por las autoridades competentes - jueces o fiscales“.

“A priori, tal como lo expresan las defensas y se refleja en los expedientes compulsados, existieron tales órdenes (…) Para el caso de comprobarse un exceso -ya sea que se haya actuado antes de la orden o por fuera de ella- será necesario establecer si el comportamiento fue compartimentado o si fue el producto de una disposición interna de la Gendarmería, que remita a sus autoridades centrales“.

De esta manera, lo que denunciamos como política represiva del estado, usada por los sucesivos gobiernos desde que el “Protocolo para regular el funcionamiento y empleo del programa Project X” existe y se aplica masivamente al activo militante, se convierte, con un simple pase de manos del fiscal y el juez, en una posibilidad de que algún uniformado se excediera en el cumplimiento de las directivas recibidas. Que nos espiaran o se infiltraran “demasiado”, en una palabra.

Se advierte muy claramente, en este caso, cuáles son los mecanismos con los que los gerentes del sistema salvaguardan sus intereses, y protegen a los ejecutores de lo que deben hacer para sostenerlos. Les basta con el argumento de la “legalidad”, esa legalidad que ellos mismos construyen a la medida de sus necesidades, que nunca está pensada para los trabajadores y el pueblo, y que bloquea eficaz (y “legalmente”…) los intentos de responsabilizarlos por sus crímenes.

Legalidad que funciona como trampa de doble vía, criminalizando al que lucha por lo que es suyo y le fue arrebatado, mientras protege y justifica al arrebatador.

Sin embargo, de vez en cuando -y aunque sólo sea muy de vez en cuando-, a fuerza de pelear en las grietas, de forzar las contradicciones y siempre con el apoyo de la movilización y la lucha organizada, logramos arrancar algún triunfo para nuestra clase. Cada tanto, condenamos un represor (aunque lo dejen escapar); metemos preso a otro (aunque vaya a una jaula de oro) o liberamos a un compañero represaliado (aunque haya miles más en riesgo). O, como en este caso, logramos exhibir con crudeza lo que hacen, y por qué lo hacen, y acumulamos conciencia.

Por eso, bien conscientes de que se trata de uno de los escenarios mejor preparados para derrotar a los trabajadores y el pueblo, tenemos la obligación de seguir interviniendo en la gran farsa judicial, para
exponerla, y para agotar todos los recursos a nuestro alcance para que esas raras ocasiones de triunfo se hagan realidad todas las veces que sea posible.

Caso Blanco: Tardía condena, para proteger al estado, y con el torturador en su casa.

El 28 de septiembre de 1997, Emilio Blanco, de 17 años, terminó de cenar con su familia, en su casa de Chascomús, y salió para ir a bailar. Unas horas después, su cuerpo apareció junto a las vías del tren. “Accidente ferroviario”, dijeron enseguida los jueces, a pesar que las lesiones indicaban clásicas torturas policiales, con señales de golpes y “bolsita”
(submarino seco).

A lo largo de los años, se pudo armar el rompecabezas. Algunas personas se animaron a contar que vieron a Emilio cuando fue levantado por policías de la comisaría 1ª de Chascomús, al mando del jefe de calle, Fermín Basualdo. Los peritajes médicos confirmaron el apaleamiento y la sofocación mecánica. Se verificó que, como en el caso de Miguel Bru, Emilio estuvo anotado en el libro de la comisaría, que luego fue reemplazado por otro, para ocultar su paso por el calabozo de contraventores (es decir, los detenidos sin delito, por faltas o doble A). Hasta se quebró el policía que rehizo el libro de guardia, claro que una vez que prescribió el delito que le podían imputar, y contó que esa noche escuchó en la comisaría “el comentario de que a la persona que estaban trabajando en el fondo se les había quedado”. Traducido
de jerga policial a castellano, el preso que torturaban se les murió. Y en lugar de desaparecer el cuerpo, como con Bru o Ivan Torres, o de tirarlo a un río como a Sargiotti, se pusieron creativos y tiraron a Emilio en las vías.

Para septiembre de 2002, ya estaba todo probado (ver Boletín Informativo nº 182), pero hubo que esperar hasta 2011 para que fueran detenidos el torturador Basualdo y el comisario a cargo de la 1ª, Tomás Freites. A pesar de la acusación por tortura seguida de muerte y omisión de evitar la tortura, respectivamente, apenas unos meses después la Cámara de Apelaciones de Necochea decidía que no había motivos para que estuvieran detenidos, y recibieron el beneficio de un arresto domiciliario.

Ahora, a 17 años de aquella noche, el oficial Basualdo fue juzgado y condenado. El comisario Fretes eludió el juicio gracias a una oportuna serie de recursos que suspendieron, hasta que el Tribunal de Casación disponga de tiempo para resolverlos, el trámite a su respecto.

Fermín Basualdo fue condenado a prisión perpetua, pero no por tortura seguida de muerte, sino por homicidio con alevosía. Puede parecer una cuestión de terminología, y hasta una pavada ya que los dos delitos tienen la pena máxima, pero -como en el caso de Diego Gallardo, torturado hasta morir en la 3ª de Avellaneda- la negativa de los jueces a usar la palabra “tortura” es prueba de la decisión política de amparar la represión estatal.
No da lo mismo, para las estadísticas criminales y la difusión pública, que condenen por un hecho individual, como el homicidio, que por tortura seguida de muerte, el delito más típicamente definido como crimen de estado y que, por definición hasta de los imperiales jueces de los tribunales internacionales, es de lesa humanidad y compromete la responsabilidad del propio estado. Es la clásica salida de los jueces que, frente al cuerpo masacrado de Emilio Blanco o de Diego Gallardo, no tienen más remedio que condenar, pero no pueden evitar el amparo al mandante del asesino, el estado, que es su propio mandante.

Como si fuera poco, tampoco irá preso Basualdo. La Cámara que lo condenó entendió que no hay motivos para modificar su situación de arresto domiciliario, de manera que el torturador sigue en su casa. La única ventaja del asunto es que, cómodamente instalado en su hogar, Basualdo no tendrá que fugarse, como Naredo o González.

Próximas actividades.
Miércoles 1º de octubre, 13:30, en la Facultado de Periodismo de La Plata, charla con CORREPI en el marco del encuentro de estudiantes de comunicación “Demoliendo Teles”

Jueves 2 de octubre, desde las 12:00, concentración y radio abierta frente a los tribunales de Quilmes, Irigoyen al 400, para exigir que siga preso y vaya a juicio el capitán Veysandaz, asesino de David Vivas y Javier Alarcón.

Lunes 6 de octubre, en Libertad y Viamonte, CABA, jornada antirrepresiva artística acompañando la audiencia en la cuasa por los comunicadores de la RNMA baleados con plomo en la represión a la Sala Alberdi: ¡Con la lucha los metimos presos, ahora que vayan a juicio!.