Boletín informativo nº 737

Inundados en Moreno: Las aguas no bajan, la represión tampoco.

Los vecinos de Las Catonas, barrio pobre de Moreno, cansados de repetir la experiencia periódica de inundarse por la ausencia total de obras en el arroyo que lleva su nombre, decidieron reclamar sobre la Ruta 23, precisamente en el puente que está sobre su cauce.

Ningún funcionario se acercó, ninguna respuesta se obtuvo. Las aguas siguen ahí.

La única presencia efectiva del estado, fue la de un operativo policial destinado a reprimir la protesta.

Varios policías, al mando del comisario Ramos de la 8ª de Moreno, desplegaron toda su “capacidad” para hacer cesar la protesta: balas de goma, gases, palos y golpes sobre las mojadas espaldas de los vecinos.

Algunos heridos por balas de goma, chicos y gente mayor golpeados por el “valiente” accionar de los guardianes de la ley, completan el saldo de tres detenidos: una pareja de changarines, Cristian Redes y Verónica Aguirre, y Walter Carrera, un docente de la zona, todos brutalmente golpeados en la comisaría. La que más sufrió fue Verónica. Agarrada de los pelos y aplastada su cabeza contra la pared de la oficina principal, presenta un preocupante dolor de cabeza con la sien hinchada, además de rastros de ahorcamiento en su cuello. Todo con el aval de la Fiscalía Nº 8 de Moreno, que burdamente imputa a los detenidos el corte ilegal de la ruta.

Rápidamente reaccionaron los otros vecinos y varias organizaciones de Moreno. Plantados en la puerta misma de la comisaría, no paramos de exigir la libertad de los detenidos. Producto de esa presión, se apuraron los trámites que finalmente derivaron en su liberación.

Los casquetes de las balas oficiales, a la vera de las aguas putrefactas del arroyo, dan testimonio de lo que es el sistema: no se combate a la pobreza sino a los pobres, ellos deben morirse de miseria, y, si resisten, aparece la policía.

La responsabilidad, sin embargo, excede a los perros guardianes vestidos de azul, y llega allí donde la impudicia y la violencia se visten de intendente, ministro o gobernador. Desde West a Scioli, pasando por Granados y toda la política punteril, que, impune y canallesca, aún proclama algo así como “la década ganada”.

Todos por la absolución del delegado de FATE Víctor Ottoboni.

Hace tres años y dos meses, la patronal mandó a un vigilador de la empresa que terceriza las tareas de seguridad en la planta de FATE a denunciar que los delegados de los trabajadores lo golpearon y amenazaron.

Apenas notificada la denuncia, CORREPI y CeProDH asumieron la defensa de los delegados. Con organización y lucha, logramos hace un año que dos de los delegados, Alejandro Crespo y Ariel Godoy, fueran sobreseídos. Pero la patronal redobló su presión contra el tercero, el compañero Víctor Ottoboni, y logró, a pesar de la ausencia de toda prueba, llevarlo a juicio.

En las audiencias que comenzaron el lunes pasado, declararon como testigos de la fiscalía, vigiladores, carneros y personal jerárquico de FATE. Ninguno, ni siquiera el mismo denunciante, pudo sostener con algo de seriedad la mentirosa acusación.

Los trabajadores de FATE, delegados, y miembros de la ejecutiva del SUTNA San Fernando, en cambio, describieron frente a la jueza lo que pasó en realidad ese 14 de septiembre de 2011, cuando en una jornada de paro votado en democrática asamblea en la Seccional, la patota hostigó y provocó a los delegados de los trabajadores para impedir que accedieran a la fábrica. Contaron también, cómo se trabaja en FATE, y por qué es tan necesaria la organización de los trabajadores por fuera de la burocracia.

A pesar de que quedó demostrado que ésta es una más de tantas causas armadas por la patronal para quitar los fueros gremiales a los representantes gremiales, el fiscal pidió que el compañero Ottoboni sea condenado a 6 meses de prisión.

El lunes 10, a las 12:00, cuando se lea la sentencia en Moreno 623, San Isidro, debemos estar frente al tribunal, para defender al compañero, porque este es un ataque a toda la clase trabajadora.

Cinco policías presos por plantar droga: la excepción en un modus operandi.

La noticia es concreta, y agradable en parte: cinco policías pertenecientes a la comisaría 10ª de Ingeniero Budge fueron condenados a 4 años de prisión por haber plantado 2 kg. de cocaína a una pareja de trabajadores peruanos que, un día, se negaron a pagarles a estos descarados la cuota reglamentaria para que los dejen trabajar en paz, es decir, el peaje con que la policía constituye su (enorme) caja chica.

Una vez leída la noticia, enseguida, llega la indignación del caso, en esta oportunidad alimentada por lo rapaz de la maniobra, porque estos desclasados se aprovechan de la vulnerabilidad de los inmigrantes latinoamericanos, porque le siguen robando la plata a los pobres, porque son ellos los que manejan la droga, etc.

Una vez más: que la indignación no suponga ni genere la sorpresa.

Este caso se produce en torno a un modus operandi de la policía, a una de esas actividades que todos, incluso aquellos que son fascistas o de derechas, reconocen como propias de la institución. En efecto, es esa característica (la corrupción y el chantaje, por decirlo de algún modo) la que desde la mayoría de los sectores políticos se propone como urgencia o prioridad “a modificar” (sic) de las fuerzas.

La policía necesita esa caja chica para solventar sus gastos, el coche 0 km. que cualquier 4 de copas se compra apenas entra a la fuerza y/o cualquier otro símbolo de las apetencias tan propias del sistema capitalista por las que estos desclasados se desviven. Pero no sólo se trata de dinero. No, la policía también necesita ejercer ese poder inapelable y mafioso para perpetuar su opresión sobre la clase trabajadora, para enseñar en los barrios quién es el que manda, para demostrar que la categoría de delito es algo muy maleable y siempre utilizable contra una misma clase. La policía necesita de esta versión del control social como necesita de las otras. La necesita porque sin ella, sin todas esas versiones del control social (las tradicionales, las “nuevas”; las morales, las ideológicas, las económicas) dejarían de ser lo que es.

Cabe recordar que el 7 de enero de 2003 murió Jorge “Chaco” González, un vecino de Fiorito, tras ser torturado, el 14 de diciembre de 2002, por los policías Concha y Quevedo de la 5ª de Lomas de Zamora. Cuando lo llevaron detenido, llamaron a su madre, nuestra compañera Ramona, para decirle que si no les llevaba $2.000, “lo bajaban a juzgado con una carátula pesada”. Otra forma de extorsión, no muy diferente a la de cobrar peaje al que tiene un despacho de gaseosas y pan en la ventana de la casilla, como la pareja peruana de ahora.

De nuevo: no es un policía, es toda la institución. Hasta que la palabras, reales y filosas como machetes, partan de un golpe este embrujo colectivo que nos damos entre todos (por interés, por malicia, por apatía, por ignorancia) para vivir.

Impunidad para los asesinos de Atahualpa.

La semana pasada se realizó el juicio por el asesinato a Atahualpa Martínez Vinaya, un pibe mapuche-aymara de 19 años muerto en junio de 2008. Después de seis años, la justicia que familiares y amigos esperaban, no llegó. Atahualpa fue asesinado por segunda vez, con la bala de la impunidad y los familiares volvieron a sentir avivarse el dolor.

En la madrugada del domingo 15 de junio de 2008, a Atahualpa lo sacaron de un boliche, le dispararon por la espalda y arrojaron su cuerpo a 5 kilómetros del lugar. En la única puerta del lugar había dos patovicas y dos policías rionegrinos. Los cuatro dijeron no haberlo visto salir: un joven de 1,80 de estatura y 100 kg de peso no pasa fácilmente desapercibido.

A los pocos días, apenas enterrado el cuerpo de Atahualpa, familiares y amigos, acompañados por organizaciones de Derechos Humanos, se plantearon una lucha tan básica como fundamental: esclarecimiento pronto y justicia. En contrapartida, en ese momento comenzaron los permanentes hostigamientos y amenazas a la familia, las pruebas falsas, las trabas en una causa que culminó con un juicio indignante: Testigos desconocidos, amigos amenazados, perejiles y encubrimientos. Algo está claro, jueces y policías defienden a toda costa a los responsables directos del crimen.

El jueves pasado culminó la pantomima de juicio, con la noticia de absolución a los tres imputados: Belén Barrientos, Carlos Morales Toledo y Felipe Carrasco. El dolor de la familia no es porque los imputados hayan quedado en libertad, sino porque a más de seis años del asesinato de Atahualpa, no hay responsables por la muerte del joven. Sin embargo, saben que todo este dolor debe ser convertido en lucha para acabar con tanta injusticia.

No nos sorprende el accionar de la justicia, que responde a los intereses de los de arriba, permitiendo el hostigamiento en los barrios y absolviendo a los asesinos del pueblo. Sabemos que la justicia no va a venir de nuestros mismos verdugos, debemos arrancarla con organización independiente y lucha consecuente.

Victoria popular: ¡Oswaldo Quispe en libertad!

El pasado jueves 30 de Octubre, luego de ocho meses de cárcel en Ezeiza, y más de un mes de prisión domiciliaria, obtuvimos la libertad del compañero Quispe. Una vez más, la defensa llevada adelante por la Gremial de Abogados, junto a las organizaciones que se movilizaron, logramos frenar la persecución del estado peruano contra un luchador popular.

Las únicas pruebas que había remitido el estado peruano para sostener su acusación contra Quispe eran las declaraciones de los otros imputados, obtenidas bajo tortura en la dependencia de la DINCOTE (la Dirección Nacional contra el Terrorismo) más las de dos policías; aunque uno luego declaró no poder reconocer a ninguno de los acusados.

Hay que tener en cuenta que Perú adoptó, desde hace tiempo, la doctrina Garzón de “todo es ETA”, reemplazando ETA por Sendero Luminoso, y que tiene legalizada la pena de muerte. Eso era suficiente para rechazar el pedido de extradición, y sin embargo, se le dio trámite. Oswaldo estuvo detenido más de ocho meses, tuvo que soportar que el juez que instruyó la causa fuese el mismo que lo juzgase, que rechazara prueba de la defensa, que en vez de resolver con las pruebas que estaban al momento del juicio, le otorgase 45 días al estado peruano para que mejorase su acusación…

A pesar de ello, ni el compañero Oswaldo, ni los compañeros que llevaron adelante la defensa, ni las organizaciones que formamos parte del Comité de apoyo y solidaridad con el pueblo peruano y los presos políticos, bajamos la guardia. Y finalmente, el juez en su sentencia, hubo de escribir que rechazaba el pedido de extradición “por razones de orden público y por considerar que no habían ofrecido suficientes garantías de cumplimiento de la normativa internacional que conforma el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, particularmente aquella contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos, así como la vinculada al respeto suficiente de las garantías judiciales”.

Es decir, lo que denunciamos desde el inicio: que Oswaldo era un perseguido político y que el estado peruano aplica la tortura.

Sabemos que el estado peruano seguirá llevando adelante su política de perseguir a los luchadores más allá de sus fronteras, de hecho aún está pendiente el caso del compañero Juan Manuel Laurente Carranza, abogado defensor de presos políticos en el Perú. En el caso de Juan Manuel, como en el de Oswaldo, consideramos que es una tarea de primer orden para las organizaciones obreras y populares ponerse a la cabeza de la defensa de los compañeros represaliados por el Estado burgués, independientemente de las diferencias tácticas y estratégicas que nos separen, y muy en particular teniendo en cuenta el contexto continental y global de avances represivos sobre los luchadores bajo la rúbrica de la ‘lucha contra el terrorismo’.

Ahí esteramos para darle batalla y pelear por su no extradición, pero hoy estamos de festejo, Oswaldo está con nosotros, y sumará su fuerza para esa pelea.

Próximas actividades:

Jueves 6 de noviembre, a las 9:00, concentramos en Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio, para luego movilizarnos a las puertas del Juzgado Contravencional Nº 10, Tacuarí 138, y exigir la absolución inmediata de Maro Skliar y Humberto Rodríguez de ATE.

Sábado 8 de noviembre, 18:00, en Steparius Bar, Yrigoyen 774, Pilar (a una cuadra de la plaza) charla sobre represión al movimiento obrero con CORREPI, organizada por PRT y FORA Zona Norte.

Domingo 9 de noviembre, desde las 14:00, jornada antirrepresiva, radio abierta, pintada de mural y volanteada en la Estación Fiorito.

Lunes 10 de noviembre, 12:00, movilización a los tribunales de San Isidro, Moreno 623, por la absolución del delegado de FATE Víctor Ottoboni.