Boletín informativo nº 749

A 3 años: ¡Aparición con vida de Facundo Rivera Alegre!

Facundo, “el Rubio del Pasaje”, tenía 19 años cuando desapareció, la madrugada del 19 de febrero de 2012, en la ciudad de Córdoba. Había tenido una hija hacía nueve meses, era músico, trabajaba como pintor y albañil, y empezaba a estudiar arquitectura. Esa noche, había ido a bailar con tres amigos al Estadio del Centro donde tocaba la banda de cuarteto de Damián Córdoba. Al salir, fue detenido por la policía provincial en la intersección de las calles Nicolás Avellaneda y Av. Colón. Nunca más se lo vio.

Gracias a la lucha de su familia y a la tenacidad de su mamá -Viviana Alegre-, acompañada por distintas organizaciones del campo popular como la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, el caso del “Rubio” no quedó en el silencio y trascendió el cerco mediático, a pesar de las incontables irregularidades que presenta la causa, resguardada cuidadosamente por la complicidad de jueces y fiscales con el aparato represivo uniformado.

El actual fiscal general de la provincia de Córdoba, Alejandro Moyano, a cargo de la causa, no ha titubeado un instante en hacer caso omiso de los diversos testimonios que ligan la desaparición de Facundo con sus responsables materiales y políticos; mucho menos, le ha dado curso a las reiteradas denuncias sobre las amenazas recibidas por testigos y la propia familia, que fue instigada a no continuar con la lucha si no quería que les pase “lo mismo que al Rubio del Pasaje” (sic). Ni el estado de la causa, ni la metodología de funcionamiento, difieren en nada con los procesos habituales en las causas por fusilamientos de gatillo fácil o torturas en cárceles y comisarías en las que intervenimos. Es que el objetivo es uno sólo, y mientras los efectivos cumplan su rol, el amparo está garantizado.

El 19 de febrero se cumplen tres años de la desaparición de Facu y vamos a salir a la calle para reclamar justicia por él y por todos los pibes asesinados por el aparato estatal, en Córdoba y en Buenos Aires.

¡Aparición con vida de Facundo Rivera Alegre! ¡Fuera la policía de nuestros barrios!

Un policía por casa: Scioli y su idea de sociedad.

Muchas conjeturas se tejen en tiempos electorales, máxime cuando la escena política está tan fracturada (es decir, tan fracturada como la burguesía puede “fracturarse”; a menudo parece que el eufemismo farsesco es la principal característica de la burguesía), y máxime cuando un caso como el de Nisman viene a sacudir el avispero de modo violento pero incierto a la vez. Entre todas esas conjeturas, acaso la más difundida sea la de la futura presidencia de Daniel Scioli, a caballo del aparato provincial y los votos dogmáticos del kirchnerismo. Como es harto sabido, la cuestión de la “inseguridad” ocupa desde hace años el rol protagónico de su gestión, tanto la discursiva como la real, y aunque las expresiones que vamos a comentar fueron hechas desde su actual puesto de gobernador de la provincia de Buenos Aires, valen como botón de muestra (nunca mejor dicho lo de botón) para lo que puede venir.

En primer término, el gobernador aseguró en el inicio del “ciclo lectivo” (hay términos cuya utilización da vergüenza ajena) de la Policía Local de Quilmes que su objetivo es “llegar a 90 mil efectivos de policía entre las distintas instancias”. En su derroche festivo de expresiones asociadas con una sociedad de la hiper-vigilancia, afirmó en la misma oportunidad que la sociedad se tranquiliza con la “sensación de tener policías cercas” (sic).

Más de uno buenamente podría dudar del contexto o el sentido que tuvieron esas declaraciones, considerando que si bien existe una importante porción de la sociedad que acuerda con esos conceptos derechistas (los sectores dirigentes, los terratenientes, los empresarios, los sectores medios y altos, etc.), también existen grandes cantidades de individuos que no sólo sufren esa “presencia” de la policía en sus barrios sino que descreen de que apilar botones en kilómetros cuadrados vaya a remediar o atenuar el delito.

Pero no, el gobernador nos despejó toda duda cuando seis días después, el 4 de febrero, declaró en una entrevista radial: “Es un reclamo que tenemos que entender, de tener un policía más cerca de su casa y los jóvenes han respondido de forma contundente a la convocatoria que hemos hecho, con la vocación de ser nuevos policías, por la ventaja que tienen que cobran una beca que la paga la Provincia mientras estudian, luego también sus ingresos y tienen la garantía que van a trabajar en donde viven, conocen sus vecinos, sus vecinos los conocen a ellos, por eso en un momento yo dije, hay temas que tienen que ser políticas de Estado, no politizados.”

Cuesta no reconocer el poder de síntesis del apático Scioli, pues en un solo párrafo condensó muchas de las opiniones que se encuentran en el centro de nuestra lucha: efectivamente, el gobernador apunta a una sociedad que tenga un vigilante en cada puerta, pero, de paso, confirma el perverso sistema de cooptación policial de la provincia, que incluye el conocimiento que los efectivos tienen de su barrio, sus vecinos, sus propios familiares, y por último califica a eso como una necesaria política de estado.

Claro, el chiste reside en qué contenido damos al “eso”. Ellos dirán “la inseguridad”, nosotros diremos: “la necesidad de controlar por parte del poder burgués a las clases que ellos mismos pauperizan”. Y claro compañeros, no se trata de una mera cuestión semántica.

Somos los mismos de siempre.

Más acá de todo aquello que buscan tapar los medios de desinformación, está la historia, los hechos concretos, lo que pasa en la calle, y la palabra testigo. Como pasó en su momento, cuando uno de los pibes presos con Walter Bulacio inmortalizó en la pared del calabozo de la comisaría 35ª en el que estaban, la frase “Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. CAÍMOS POR ESTAR PARADOS. 19/04/91”.

Cayeron por estar parados, por estar esperando entrar a ver su banda; porque “estaban aglomerados en la vía pública y bailaban” -así diría más adelante el comisario a cargo de la razzia Miguel Ángel Espósito. Por estar parados, (ayer u hoy), cuando llegan los uniformados y te detienen porque sí, porque no les gusta tu cara, tu aspecto o lo que estás haciendo. Así sucede todos los días a lo largo y a lo ancho del país, porque, aunque los gobiernos cambien, la necesidad de garantizar el control es imperativa. Así se llevaron a Ismael Sosa, cuando esperaba entrar a ver a La Renga en Córdoba. Cinco días después apareció flotando en el Embalse de Río Tercero. A Luciano Arruga, tardamos cinco años y medio en encontrarlo.

Como integrantes del Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA), salimos a la calle el lunes y jueves de la semana pasada, para acompañar a la familia de Isma en Córdoba y Buenos Aires. Porque -como dijo Nancy, su mamá, “hay testigos que vieron (como) cómo se llevaban a mi hijo, entre cuatro policías, con los brazos para atrás. Los policías le gritaban ‘a este porteño de mierda hay que hacerlo mierda’. Hay gente que no se anima a hablar. Mi hijo no se ahogó, a mi hijo lo mataron, y ellos tienen que ser bajados del poder donde están. Yo no voy a parar jamás hasta que se haga justicia”. Porque sabemos que Ismael no es el único, y la historia se repite. Porque sabemos que, así como no es un caso aislado, sino una política de estado que se cobró 4.322 vidas en democracia, también sabemos que no es un policía, ni una dependencia provincial, sino toda la institución.

Por eso es urgente que la calle nos encuentre organizados, porque tenemos un objetivo común y un enemigo enorme en la vereda de enfrente. Pero para eso va a ser necesario también que el miedo no nos domine, eso es lo que ellos esperan. Necesitamos de la colaboración de todos y todas. Los que hayan participado del recital y sepan, hayan visto, o escuchado algo, por vía directa o indirecta, comuníquense con CORREPI en Buenos Aires, o con la Coordinadora Antirrepresiva en Córdoba.

Ellos cayeron por estar parados; nosotros seguimos de pie, somos los mismos de siempre. No vamos a dar un paso atrás por verlos acercarse. Por Isma, por Walter, por Luciano, y por cada uno de los fusilados por el gatillo fácil y cada uno de los torturados en comisarías. Las consignas se repiten, la lucha también: YO SABÍA QUE A ISMA LO MATÓ LA POLICÍA.

No se los traga la tierra, los desaparece el estado.

Las maniobras represivas no se pierden con el tiempo. Se las maquilla, se las avala acompañadas de algún discurso emergentista sobre seguridad, se las naturaliza en los medios de comunicación, se las combina con el nefasto “por algo será”, “algo habrá hecho”, pero no se relegan. Nada se pierde, todo se transforma.

Las desapariciones de personas a manos del aparato represivo no son sólo exclusividad de la dictadura militar. Más de 200 casos (de los que llegamos a conocer) desmienten rotundamente a cualquier funcionario que intentara suponer que “hoy nadie puede desaparecer”, como señalara la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiempo atrás. Este accionar, utilizado para someter las voces de protesta, para disciplinar y para comercializar vidas con la trata, también es empleado para “solucionar” los problemas de los efectivos, con todo el arco de posibilidades que retiene su accionar impune.

Danilo Humberto Medina desapareció el domingo 25 de enero. En el barrio Las Toscas, de la localidad riojana de Chepes, nada se sabía del joven de 18 años. Al día siguiente de la desaparición, la familia recibió un mensaje de texto del celular de Danilo avisándoles que se iba a quitar la vida, pero la desconfianza de que ese mensaje viniera de él intensificó la búsqueda.

Los rastrillajes y los perros de búsqueda apuntaron a la casa de un policía: en el patio interno del efectivo Luis Contreras, de 30 años, fue encontrado el cuerpo de Danilo, enterrado a casi dos metros de profundidad, en cuclillas, maniatado con alambres, recubierto en cemento y con signos de haber sido apuñalado.

Aparentemente, el joven tenía relaciones con la pareja de Contreras, éste los encontró y lo asesinó. En el transcurso de la investigación, la mujer fue llamada a declarar dos veces, en las que negó el hecho; con el policía fuera del pueblo para realizar un supuesto trabajo, ella terminó confesando el hecho.

Mientras tanto, en San Luis, se cumplían 38 años de la Noche de Los Lápices, el 16 de septiembre pasado, cuando Abel Ortiz, de 30 años, se dirigía a la casa de su ex mujer Alejandra Espinoza en el barrio Eva Perón I de Villa Mercedes. Desde ese día nada más se supo de él. En estos casi cinco meses desde su desaparición, la familia denunció constantemente que Abel fue desaparecido con la participación de la policía provincial, con el comisario Marcelo Acevedo como principal autor. El hoy ex jefe de la comisaría 9ª de Villa Mercedes mantenía una relación con la ex mujer de Abel, según denunció la familia Ortiz.

Cuando desapareció Abel, su familia confió e hizo la denuncia en la comisaría. Recién 10 días la policía comunicó a las otras dependencias la solicitud de paradero.

La familia denuncia la lentitud de la investigación judicial, que permitió que se pierdan pistas como los videos de las cámaras de seguridad, o que recién en diciembre se citara a declarar a algunos testigos.

En los meses que sobrevinieron a la desaparición, los medios de desinformación supieron cumplir su rol, sugiriendo que Abel estaba en el negocio de las drogas, que había sido secuestrado por un “mal negocio”, que había consumido la “mercadería” en lugar de venderla, que lo llevaron a Sampacho y lo asesinaron allí. Puro pescado podrido. Y Abel sigue sin aparecer. Su familia no baja los brazos. Marcharon ya siete veces reclamando la aparición de Abel y denunciando a la policía, y lo seguirán haciendo.

A 6 años de la desaparición de Luciano.

Bien temprano, el Sábado 31 de enero miles de militantes de organizaciones políticas, estudiantiles y culturales y familiares de víctimas de gatillo fácil fuimos convocados a Lomas del Mirador, el barrio donde, hace 6 años, fue amenazado, torturado, asesinado y desaparecido Luciano Arruga.

La caravana, al grito de “Yo sabía, yo sabía, que a Luciano lo mató la policía” partió desde la plaza del barrio donde él vivía -nombrada en su memoria como plaza “Luciano Arruga”-; pasó frente al nuevo destacamento de Lomas del Mirador y a la comisaría 8ª –responsable del ex destacamento-, y llegó hasta la colectora General Paz y Mosconi, cerca del lugar donde, como sabemos ahora, a metros de un patrullero, Luciano fue atropellado.

Hace 6 años, a Luciano lo habían querido reclutar para robar para la policía. Como se negó, comenzaron a hostigarlo y a detenerlo sistemáticamente. “Lo golpeaban, lo llevaban a la comisaría y lo amenazaban diciéndole que iba a aparecer en un zanjón”, fue contando su hermana Vanesa durante la marcha, tratando de despertar al vecino de Lomas del Mirador que todavía piensa que la policía está para cuidarlo. Y no fue un zanjón, pero sí una fosa común del cementerio de Chacarita -enterrado como NN-, que gracias a la lucha popular apareció el cuerpo de Luciano, 5 años y 8 meses después de su desaparición y asesinato a manos de la policía bonaerense.

Lo que vivió Luciano es la realidad que viven miles de pibes todos los días en los barrios; una realidad que, desde 1983 hasta hoy, se cobró a más de 4.300 pibes a través del gatillo fácil y las torturas en lugares de detención, parte de las herramientas que dispone e impone el aparato represivo del estado para disciplinar y garantizar el control social. Es por eso que el sábado 31 de enero, en Lomas del Mirador, nos encargamos una vez más de gritar que los responsables de la desaparición de Luciano, de las otras 218 personas desaparecidas en democracia y de los más de 4.300 pibes asesinados, son las fuerzas de seguridad del estado.

Los asesinatos invisibles.

Cuántas veces el lector de diarios habrá dado vuelta una página (o hecho un click) para leer un nuevo titular en que se comentaba la muerte de otro “delincuente”, “malviviente”, “ladroncito” o cualquier otro epíteto que rápidamente encasilla y clasifica el asesinato como un simple enfrentamiento entre los uniformados y los miembros de esa difusa amenaza interna, “la delincuencia”.

Los medios, en su rol fundamental y funcional de cooptadores de consenso, son ese tamiz que filtra lo que debe saberse, e instala qué nombre debe dársele a cada cosa.

Así, el martes 3, en el barrio La Quinta, de Villa Carlos Paz, el ex policía Darío Campos (calificado ¿inocentemente? de “vecino” por el diario local), desenfundó su arma y disparó contra David Oviedo (26), que había intentado ingresar en su casa por una ventana y que comenzó a huir cuando vio que lo amenazaban con una pistola. Tras recibir varios tiros en la espalda por parte de la “víctima” (sí, la víctima es, para quien redacta la noticia, el fusilador), cayó a unos pocos metros de la casa en cuestión, donde permaneció herido por un lapso de media hora, en completo abandono, hasta su muerte.

Pero los recursos no se agotan en un simple manejo tendencioso de adjetivos. El liso y llano falsamiento de los hechos, la reproducción sin más de un relato policial interesado, tomado como única fuente fidedigna, es otra modalidad muy utilizada. La misma madrugada de ese martes, en la Tablada, murió en una estación de servicio el sargento Miguel Ángel Medina, del Comando de Prevención Comunitaria. La primera versión dada a conocer por la agencia Télam decía que Maximiliano Ezequiel Rodríguez López (24) y Sergio Hernán Fleitas (30), que se encontraban detenidos por el delito de “robo con arma”, a disposición de la fiscalía de Flagrancia del departamento judicial La Matanza, se habían tiroteado con Medina y con su compañera, Verónica Castillo (24), que llegaron a la estación de servicio donde estaban llevando a cabo un robo a mano armada. Producto de este supuesto tiroteo, Medina había muerto.

Al día siguiente se supo, por la confesión de la propia mujer policía forzada por el peritaje balístico, que fue ella la que disparó contra el sargento con su arma reglamentaria, una Taurus 9 milímetros. Argumentó que bajó del auto y se paró detrás para disparar protegida, se encandiló con las luces y disparó por “error”. En esta mentira encubridora también se incluía otro robo a mano armada en una estación a 15 cuadras.

Además de conocerse el verdadero origen de las balas asesinas, se escuchó la declaración del playero asaltado, que dijo lo habían amenazado con un cuchillo y que nunca vio un arma de fuego. Tampoco llevaban ninguna cuando los detuvieron. No hubo ningún tiroteo. Medina había muerto a 5 cuadras de la estación de servicio, cuando Maxi intentaba entrar a su casa. Ahí fue cuando la oficial Castillo se bajó para disparar.

Este mismo miércoles, en Santiago del Estero, se supo que el asesinato de la travesti Pamela, ocurrido hace dos meses, fue obra de un ex policía. Brian Salto, que confesó su crimen, había levantado a su víctima en Palermo en una camioneta robada y se dirigió a la ruta 34, donde robó y asesinó a Pamela. Al llegar a su casa se dedicó a desguazar la camioneta.

Entretanto, en Guaymallén, Mendoza, un policía que acompañaba un camión repartidor de cerveza mató a un joven en moto de un disparo en la cabeza. El muerto estaba, una vez más, supuestamente armado, según la versión policial y junto con un acompañante, que se escapó.

Jóvenes asesinados y doblemente victimizados como criminales o falsamente incriminados, pobres o miembros de minorías perseguidas, muertes y represión presentadas como hechos comunes, como cosas de todos los días.

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