Boletín informativo nº 751, 6 de marzo de 2015.

Entre marchas de oposición y actos oficialistas: balas burguesas contra nuestros pibes.

En la ciudad de Córdoba, en el barrio San Lorenzo Sur, la noche del domingo 1° de marzo arrancó llevándose a Cristian Armoney (24) muerto por el disparo en el tórax de un comisario retirado, quien adujo que disparó para repeler un robo por parte de tres hombres que quisieron hacerle una entradera. Pero en el medio que se hace pública la noticia, hablan de delincuentes aparentes y se omiten balas y armas de parte de los atacantes.

En la otra punta, donde el bosque tupido del hermoso Chaco llora por los desmontes del negocio sojero, el joven carrero Diego Adrián Aguilera (17) fue asesinado por los culatazos de las ithakas policiales. Diego ingresó la noche del domingo 22 con severas lesiones al Hospital Perrando, tenía signos de torturas en el cuerpo y golpes profundos en la zona torácica, pero su cuerpo no aguantó como el de su hermano Julio César Honorato, quien junto a él también fue torturado. El asesinato del chico se enmarca dentro de la denuncia urgente de distintas organizaciones que alertan sobre el recrudecimiento de la persecución y represión hacia los carreros, estigmatizados por su actividad y condición de humildes.

El jueves 26 de febrero, en Solano, partido de Quilmes, un sargento 1° de la Policía Federal que trabaja en los Tribunales de Comodoro Py, mató a Nahuel Medina, de 15 años, oriundo de Monte Chingolo, Lanús. Según relatan los medios, el chico quiso asaltarlo junto a dos compañeros para sacarle su moto Honda CG 150cc, mientras que el relato del milico, para hacer creíble su legítima defensa, cuenta que los chicos lo rodearon y uno de ellos, al darse cuenta que era policía (¿cómo si vestía de civil?) les gritó a los otros “¡mátenlo que es rati!”. Lo cierto es que el policía mató con un tiro por la espalda y otro en la cabeza al adolescente de 15 años. Los otros chicos lograron escapar. En Lanús seguramente la familia y los amigos del pequeño lloraran dos balas más en el cuerpo de nuestro pueblo.

Esas son las balas que nunca se detienen. Porque aunque los medios titulen que medio país va para un lado, medio país para el otro, todos sabemos que nunca se comentan las noticias de esas otras posibles partes, que son tan reales como aquellas. Y de seguro, estas otras partes son las que están atravesadas, partidas, por aquello que no nombran. Y a estas partes las balas las fragmentan, las parten, acribillando órganos, ideas y sueños. Balas que silban por lo bajo, que retumban irrumpiendo las noches de los desfavorecidos, cuyo desvelo es casi perpetuo, nunca bien amortiguado: un insomnio rancio.

Torturas en Malvinas: los límites de la institucionalidad.

No alcanzó que el arco de las denuncias fuera desde malos tratos a estaqueamientos y otros modos de la tortura.

No alcanzó que hayan sido 120 las denuncias formuladas y más de 80 los militares involucrados en ellas, mucho de ellos actualmente en efectivo y vital ejercicio en la cadena de mandos.

No alcanzó que los delitos ingresaran en la nómina de aquellos conocidos como de Lesa Humanidad.

La Corte Suprema de ¿Justicia?, el pasado 19 de febrero, resolvió desestimar todo el esfuerzo de los ex combatientes de Malvinas para que se investiguen las torturas cometidas por la oficialidad en el transcurso de la guerra.

Que la decisión provenga de la Corte, una protagonista de la patética confrontación de poderes del estado, no es lo relevante. Tampoco es relevante que la propia presidenta haya incluido el repudio a la resolución en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso.

La Corte demostró que lo que ayer eran delitos de lesa humanidad porque el marco de necesidades políticas lo permitía, hoy pueden dejar de serlo. La Corte demostró que, si hace pocos años, con la firma de Zaffaroni, consagró como su doctrina oficial que “en democracia no hay torturas”, a lo sumo tibios “apremios” siempre listos para prescribir, ahora tampoco hubo torturas en la dictadura tardía.

La presidenta hizo gala de un desfachatado oportunismo: mientras dijo en su discurso que “lamentaba” la decisión, calló que uno de los imputados, el general Mario Dotto, fue ascendido por ella en dos oportunidades y actualmente, y con su firma, es el Inspector General del Ejército que comanda Milani, el desaparecedor de Inteligencia.

El juego queda definitivamente en evidencia: el estado -aquí como un todo- no desprecia ni la tortura ni las violaciones a los derechos humanos. Cuando no las promueve, las apaña.

Tampoco le interesa el afán de justicia de sus víctimas.

Entre resoluciones sacadas a la vuelta de una marcha oscura y discursos de ocasión, lo relativiza.

El límite de la institucionalidad democrática también está muy claro: los vientos del presente, pero más lo del futuro, recomiendan acabar con las investigaciones a los torturadores que hoy se necesitan tranquilos, seguros y dispuestos. ¿Por qué y para qué? No es difícil imaginar.

Comisario todo terreno, hoy massista, ayer K, siempre listo.

En 2007, en el marco de la pelea entre patotas oficiales de distinto palo en el Mercado Central, supimos que el ex comisario Pedro Montesino era quien conducía, por orden y cuenta del gobierno nacional, los grupos de choque a las órdenes del secretario de Comercio Moreno, con cargo de asesor de la presidencia de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

Esta semana, algunos medios de la zona oeste difundieron que el personaje, exonerado de la policía bonaerense en 1998, es el jefe de campaña del candidato massista a la intendencia de La Matanza, Alfredo González.

Pedro Montesino era el comisario titular de la Comisaría 7ª de Castelar en la que, en febrero de 1998, estaba preso por el delito de tortura seguida de muerte el oficial inspector Luis Alberto Farese, uno de los cinco policías que mataron a Sergio Durán (17) en la comisaría 1ª de Morón el 6 de agosto de 1992.

Farese estuvo prófugo desde 1993 hasta 1997, tiempo durante el cual no sólo siguió cobrando sus haberes, sino que lo hacía concurriendo personalmente, documento en mano, al ministerio de Seguridad de la Plata. Los recibos con la firma de su puño y letra están acreditados en la causa penal. Hasta cobró el “premio especial” que el gobernador Ruckauf dio como incentivo a la policía bonaerense poco antes de las megapurgas de principios de 1997 en la primera gestión de Arslanián.

Detenido en octubre de 1997, Farese esperaba en la comisaría de Castelar que la Cámara Criminal de Morón fijara fecha para el juicio en el que sería juzgado por la tortura seguida de muerte de Sergio Durán, como ya lo había sido el oficial Jorge Ramón Fernández, y como lo fueron después los cabos Nicolosi y Gastelú. Pero la madrugada del 5 de febrero de 1998, Farese se escapó de la comisaría. Salió por la puerta del frente, vestido con un uniforme policial, saludó al consigna, y se perdió de vista. Nunca más fue encontrado, y como al otro prófugo, el subcomisario Miguel Angel Rojido, lo seguimos buscando.

En la causa penal que investigó la peculiar fuga quedó más que en evidencia la responsabilidad del comisario Pedro Montesino, y quedó en ridículo la intervención civil de la policía bonaerense dirigida por Luis Lugones, igual que su delegado en Morón, el también civil y abogado Martín Gutiérrez, que se enteró de la fuga cuando abogados de CORREPI le avisaron, y sólo atinó a decir “me pasaron por arriba”. Para aplacar el escándalo, Lugones exoneró a Montesino.

Siempre decimos que los policías exonerados encuentran rápidamente trabajo en la seguridad privada, pero Montesino tuvo un trato especial: Primero fue designado por el gobierno kirchnerista como asesor del presidente de la Corporación del Mercado Central. Ahora dirige la campaña electoral para la intendencia de La Matanza del Frente Renovador. Quizás, en un par de años, tengamos que comentar que se consiguió algún otro puestito con Macri, Scioli, Binner o Sanz.

Venezuela: joven muerto por un viejo fracaso.

La noticia recorrió en la semana todas las redacciones del mundo: en Venezuela, en el contexto de una protesta opositora al gobierno de Maduro, un joven de 14 años murió masacrado por un policía que le disparó a la cabeza con su reglamentaria.

El contexto en el que se inscribe esta nueva muerte a manos del estado, es el de una gravísima crisis interna en la que el jaque al gobierno incluye afectación de la cotidianeidad de las clases populares.

Crisis acicateada por los sectores más rancios de la sociedad, que enmascaran su concepción derechista y reaccionaria en las columnas masivas del estudiantado universitario y sectores de la denominada clase media.

A su turno, y más allá de sus discursos, lo cierto es que Maduro cede lentamente a las exigencias de la burguesía local, y para ello la aplicación de ajuste a cuenta gotas por parte del gobierno bolivariano ha generado aisladas pero claves protestas obreras.

El contexto se completa, entonces, con una inevitable restricción de las libertades democráticas, que, en el discurso, se excusan contra la derecha, pero que, en la práctica, tienden a endurecer siempre en el mismo sentido: frenar cualquier aspiración popular de avanzar por fuera de la contención y disciplinamiento del partido del gobierno.

Descripta por quienes -dentro y fuera de Venezuela- pretenden la caída del gobierno, el crimen es presentado como nada más que un acto represivo dispuesto por el presidente Maduro.

Quienes ejercen la defensa del gobierno, también dentro y fuera de Venezuela, han optado por el silencio o por la adjudicación del hecho a un loquito suelto de la fuerza policial que actuó por afuera de la responsabilidad política institucional.

Una y otra versión aparentan confrontarse, aunque coinciden en lo esencial.

Al pibe, lo mató el estado. No importa cuál sea el nombre que quieran adjudicarle, si bolivariano, nacional y popular, socialismo del siglo 21, transversal, democrático, liberal, o como quieran llamarlo, es un estado que administra los intereses de una sociedad que, antes que dividida en oficialistas y opositores, es, por sobre todas las cosas, una sociedad dividida en clases.

Esa división en clases marca a las claras que las presiones de los poderosos no se resuelven con concesiones, porque siempre quieren más. Se resuelven con lucha organizada.

Al pibe lo mató el fracaso de un ingenioso intento de conciliación de clases.

El policía ejecutando al pibe es la más clara expresión de la función que siempre cumple esa fuerza en momentos de tensión social. Y las apariencias de repudio que desde las jerarquías de uno y otro bando se expresan, constituyen la mejor muestra de la hipocresía y el oportunismo con que saben encubrir esa responsabilidad institucional.

Un párrafo aparte para los inefables medios masivos de comunicación en manos de las grandes corporaciones de allá y de acá: casi siempre, en abrumadora mayoría, los muertos son muertos del pueblo. Ni el pibe de 14 años muerto por el policía del estado bolivariano, ni el chavista muerto la semana pasada a manos de la derecha les pertenecen.

México: la respuesta de Peña Nieto.

La crisis política desatada en septiembre de 2014 tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a manos de la policía de Iguala, Guerrero, generó un estado de movilización sin precedentes en la historia reciente de México, y asestó un duro golpe a la hegemonía del gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Rápidamente, el conjunto de los sectores patronales (PRI, PAN, PRD) se apresuraron a exigir explícitamente mano dura. Como sabemos, toda crisis política supone una “respuesta” práctica que busque revertirla. Esta no fue la excepción.

El martes 24 de febrero por la tarde, docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y trabajadores del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) realizaron una jornada de lucha en el Boulevard de las Naciones, por la zona de Diamante, Acapulco, en reclamo por el pago de sus salarios -retenidos desde enero de 2015- y en apoyo al movimiento por Ayotzinapa. Hacia las 20:00, la Policía Federal desató una brutal represión que se extendió durante horas, y desde el lugar de los hechos a los barrios circundantes.

El saldo fueron más de cien detenidos, alrededor de veinte heridos de gravedad y la muerte del profesor jubilado –activista de la CETEG- Claudio Castillo Peña, de 65 años, quien falleció a causa de los golpes recibidos. El rastrillaje de las zonas aledañas -que supuso un despliegue conjunto de Federales y oficiales del Ejército- incluyó la detención de cuatro profesoras que fueron violadas en descampados, antes de ser llevadas a las dependencias policiales. Una de ellas aún se encuentra internada en grave estado. Del total de los detenidos, 13 están desaparecidos hasta el día de hoy, y se suman a la larga lista de la que forman parte los 43 estudiantes.

Dos días después, el reclamo se sumaría al aniversario de los cinco meses de la desaparición de los normalistas, en el marco de una nueva Jornada de Acción Global por su aparición con vida, expresada en distintos puntos del país y el mundo. Según el diario La Jornada, se realizaron 48 acciones a nivel internacional bajo la consigna #FueElEstado. En el Distrito Federal fueron reprimidos por granaderos y la división antimotines, con un saldo de seis detenidos; en Cancún detuvieron a ocho, y desaparecieron a 12 más.

Estos hechos deben sumarse a la militarización de la Autopista del Sol (D.F.), la inauguración del 65º Batallón de Infantería en Michoacán, las recientes represiones desatadas en Morelos, Puebla y Chiapas, y la garantía de impunidad que suponen los desplazamientos del ex-gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el ex-Procurador General de la República , Murillo Karam. Sin ir más lejos, el primero de marzo fue asesinado a balazos el líder de la delegación sindical D3-1613 de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Nicolás Robles Pineda, que estaba impulsando el estado de alerta y movilización del magisterio por el asesinato de su colega Castillo Peña.

Como podemos ver, cuando se trata de reprimir, el Estado nunca pregunta, siempre responde –haya o no, pregunta-.

¡APARICIÓN CON VIDA DE LOS 43 NORMALISTAS, LOS 13 DOCENTES Y LOS 12 JÓVENES CANCUNENSES! ¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! ¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!

Próximas actividades.

Domingo 15 de marzo, desde las 12:00, actividad de difusión en la Estación de Quilmes, convoca Coordinadora Antirrepresiva de zona Sur.

Sábado 21 de marzo, a las 18:00, en Emilio Lamarca 2502, CABA, Centro Cultural “Casa del Pueblo” (Villa del Parque), proyección del documental “Nunca digas nunca” y debate con participación de CORREPI.

Agenda Antirrepresiva 2015

Para tener tu Agenda Antirrepresiva, podés pasar por nuestro local (Humberto Primo 1692, CABA), los días martes, miércoles y jueves de 19 a 21 y sábados de 11 a 14.

Si la compraste en la preventa, ya podes venir al local a retirarla. No te olvides de traer la tarjetita. Y si la compraste por correo, vamos a mandarlas en los próximos días.

Si no vivís en Bs. As., podes comprarla por correo. Para eso comunicate por mensaje privado desde el Facebook o manda un mail a agenda.antirrepresiva.correpi@hotmail.com.