Boletín informativo nº 758, 22 de mayo de 2015.

¿Qué intenta tapar la “Campaña Contra la Violencia Institucional”?

Como hemos relatado en boletines anteriores, abril nos encontró militando en las calles el Mes Contra la Represión en los Barrios, iniciativa promovida desde el ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo) en diferentes lugares del país. La batería de actividades se consagró por su diversidad, con radios abiertas, películas, recitales, murales, “choripaneadas”, etc. Cada una sirvió para poner en evidencia que las fuerzas de seguridad nos fusilan casi un pibe por día; para convocar a los jóvenes de los barrios a no caer en la trampa oficial que les ofrece convertirse en verdugo de su propia clase a través del reclutamiento para las policías comunales, y para denunciar que inseguridad, es la policía en las calles. Así, buscamos generar conciencia antirrepresiva en los barrios y poner en discusión las “soluciones” que ofrece el estado.

Como parte de esas “soluciones” tramposas, hace dos años el kirchnerismo lanzó su “Campaña Contra la Violencia Institucional”, con la que confrontamos en lo material, lo práctico, y fundamentalmente en lo ideológico. La campaña intenta generar un discurso sobre la represión que no responsabiliza al estado y al gobierno que lo administra, sino que presenta los hechos de “violencia institucional” como abusos de “loquitos sueltos” o como excesos de “instituciones desmadradas”. Nosotros respondemos que si es institucional, no es violencia, es represión, y denunciamos la forma deliberada en que la “Campaña” se intenta apropiar de las consignas de las organizaciones que enfrentamos la represión y denunciamos al estado como responsable para vaciarlas de contenido, tergiversarlas y desarticular la organización popular.

En torno al Mes Contra la Represión en los Barrios vimos consumada esta política de usar las mismas consignas, ocultando al verdadero responsable. Un caso concreto ocurrió en la localidad de San Fernando (acceso Tigre y ruta 202 en Villa del Carmen), donde los compañeros de CORREPI de la zona norte del conurbano hicieron una pintada con la consigna “Inseguridad es la policía en la calle”, uno de los ejes que el ENA se propuso visibilizar.

Algunos días más tarde, la pintada seguía en pie, pero con una leve modificación: en lugar de la firma “CORREPI en el ENA”, ahora la suscribía “JP Evita”. La usurpación de la pintada a través de tapar nuestra firma y reemplazarla por la de una organización que es parte del partido de gobierno claramente cambió el propio sentido de la consigna, que pasó de denunciar un estado que necesita del control social para seguir generando desigualdad al señalamiento de una policía “descompuesta” que no respondería a sus responsables políticos.

Es la política de la “Campaña” oficial: tapa al responsable, tapa la posibilidad de empoderarse por medio de la lucha, tapa la organización como síntesis política de los pueblos, tapa la sistematicidad de nuestros pibes muertos por el aparato represivo, tapa todo lo que el estado necesita generar la propia inseguridad que luego será “solucionada” por medio de la militarización de los barrios, y tapa la desesperada búsqueda de consenso en un año electoral.

Lo que no pueden tapar es la realidad, que “no es un policía, es toda la institución”, y que esa institución no se “autogobierna”, sino que es el brazo armado de los que gerencian el aparato estatal.

Juicio y condena al bonaerense que asesinó a Leo González.

Contábamos en nuestro Boletín nº 757 que el martes 12 de mayo, en los Tribunales de Lomas de Zamora, empezó el juicio al policía que asesinó a Leo González el 24 de febrero de 2013, cuando tenía 21 años. Ese domingo, bien temprano, el cadete de la Policía Bonaerense Juan Manuel Vallejos, de 22 años, venía disparando tiros al aire con su arma reglamentaria desde su camioneta, en pleno centro de Villa Fiorito. Leo, que iba a visitar a su beba de seis meses, lo increpó para que dejara de hacerlo, y la respuesta fueron siete tiros a quemarropa.

Su familia decidió hacer escuchar su voz. Con los medios que encontraron a su alcance, se propusieron que el asesinato no quedara en la más dolorosa impunidad. Se acercaron a CORREPI y, desde ese momento, se sumaron a la militancia para mostrar que su hijo es uno más de la larga lista de pibes que la policía mata todos los días.

El juicio al cadete Vallejos comenzó En las audiencias declararon varios testigos que contaron cómo Vallejos, dueño y señor de las calles del barrio, como todos los días la policía busca enseñarnos, sin ningún reparo fusiló a Leo y puso a muchos más en peligro.

La estrategia de la abogada defensora fue la de desprestigiar a Leo y los testigos por ser pibes de una barriada popular, con preguntas como si se drogaban, si el barrio es peligrosa, y exclamaciones del tipo “¡Cómo no va a sentir miedo Vallejos en Fiorito y de noche!”.

En esas mismas preguntas se deja traslucir el discurso que tanto escuchamos en los medios de comunicación, que estigmatiza y criminaliza la pobreza: los pibes pobres son los peligrosos, los que no respetan la “ley”, los que son capaces de cualquier cosa. Es ese discurso de la “inseguridad” que le hace el juego a la política estatal de llenar los barrios de fuerzas represivas para mantener a los pibes sumidos en un mundo en el que la única opción para sobrevivir pareciera ser agachar la cabeza.

Finalmente, hoy los jueces dieron a conocer la sentencia, con la condena a 15 años de prisión para el policía. Una vez más, el homicidio policial se sancionó como si su autor no fuera policía. Una vez más los jueces, ante lo inevitable, condenaron al individuo y dejaron impune al policía.

Despidos en Metalsa.

En la empresa metalúrgica Metalsa, ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires, los trabajadores están llevando adelante una serie de medidas de resistencia y lucha, ya que desde el año pasado vienen soportando despidos y suspensiones, parte de un ajuste a los distintos sectores que componen la fábrica –que cuenta actualmente con unos 1.500 obreros-.

La gerencia, de capital mexicano desde el año 2010, intenta llevar a cabo un plan de medidas antilaborales, con el objetivo de generar más ganancias a costa de los trabajadores. Así, trata de desarticular las luchas que en la planta, persigue a los activistas y despide a los que se organizan. Esto se puede ver con claridad en el caso del delegado Ignacio Serrano, a quién trataron de cooptar con un “incentivo” económico. Ante su negativa, le revocaron el mandato como delegado con la complicidad del sindicato, la UOM y lo suspendieron, desconociendo sus fueros. Luego, lo cambiaron de sector, en una clara estrategia por separarlo de sus compañeros.

Así como la empresa persigue y despide trabajadores, y el gremio les ha dado la espalda, ni la justicia, ni el ministerio de Trabajo han dado respuestas. Es claro que actúan en complicidad contra la clase trabajadora.

El año pasado fueron despedidos 150 obreros; este año ya van 30, y se estima que planean llegar a los 300, “por goteo”, es decir, un par esta semana, otros la siguiente. De esa manera intentan evitar que se profundice el conflicto. Pero los trabajadores se están organizando. Conformaron la Comisión Despedidos de Metalsa, y desde allí llevan a cabo medidas de fuerza, como los actos que se han realizado en la puerta de la fábrica por la reincorporación de los compañeros despedidos y el fin de las suspensiones, así como la campaña de juntada de firmas que realizan actualmente para presentar en los juzgados, y que ya cuenta con el aval de muchísimas organizaciones y dirigentes políticos, sindicales, de derechos humanos, etc. Es importante remarcar que también cuentan con la solidaridad de otros trabajadores de empresas de la zona, como Gestamp, Lear, Fate, Frigorífico Rioplatense. Porque la única salida posible es la organización de los trabajadores en una lucha conjunta.

Festival de la criminalidad de uniforme.

Aunque no es novedad que integrantes del aparato represivo aparezcan como protagonistas de hechos delictivos, esta semana las noticias muestran un verdadero festival.

En el conurbano norte, fueron detenidos varios policías y un funcionario de la municipalidad de Vicente López que dirigían distintas variantes delictivas desde un pool frente a la estación de tren de Munro. El menú era amplio, ya que extorsionaban a ladrones y dealers de las villas de la zona, vendían drogas, reducían botines de asaltos, operaban un prostíbulo, vendían “protección” a comerciantes a los que amenazaban con armar causas si no pagaban, y una infinidad de etcéteras.

El jefe de la banda, al que se llegó a partir de escuchas telefónicas muy provechosas, gracias a que su conciencia de impunidad no ponía límites a lo que decía, es el capitán Héctor López, ex jefe de calle de la comisaría de Munro, apodado “La Vaca” y especialista en sistemas para la recaudación ilícita.

Otro de los policías detenidos es el apodado “Siberiano” por sus ojos claros, que era el encargado de apretar pibes en el barrio y reclutarlos para robar o transar drogas con “peaje” para la banda.

El tercero es Alejandro Fuentes, también ex integrante de la comisaría de Munro, y que hasta su detención revistaba en el flamante Comando de Prevención Comunitaria de Vicente López. Para completar la lista de funcionarios públicos, hay que mencionar a Jorge Marcelo Fernández, empleado de la municipalidad a cargo de Jorge Macri. Además ded los tres civiles que regenteaban el pool, la fiscalía encargada de la causa tiene en la mira unos cuantos bonaerenses más, que aparecen en las escuchas telefónicas tramando causas fraguadas y alertando a “La Vaca” de los avances de la investigación.

La misma semana, pero en Paraná, se supo de un caso que es un ejemplo de la tan promovida “cooperación interfuerzas” que promueve el gobierno nacional, ya que entre los miembros de una banda de narcotraficantes hay un comisario entrerriano, dos federales y un gendarme.

El comisario, como para que no quede duda de para qué sirve la policía, es Mario Núñez, de la Dirección de Toxicología de la policía entrerriana. Los otros policías son de la Delegación Concordia de la Policía Federal Argentina y el gendarme, del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional.

En ocho allanamientos en domicilios vinculados a los uniformados se secuestraron cantidades importantes de cocaína fraccionada, lista para comercializar, balanzas digitales, elementos de corte, teléfonos y cámaras digitales, elementos informáticos, dinero en efectivo y anotaciones relacionadas con la causa que se investiga, lo que muestra que, como los de Munro, tenían sus informantes. Naturalmente, sobraban las armas de fuego, como pistolas calibre 9 milímetros, revólveres calibres 22 y 38, carabinas calibre 22, escopetas calibre 12/70 y 28 y una gran cantidad de municiones.

Finalmente, la frutilla del postre de la criminalidad policial de la semana fue la comprobación de que la banda que mantuvo secuestrado por ocho días al empresario Daniel Rebagliatti era dirigida por un policía federal, que fue detenido junto a nueve de sus cómplices, sin que hasta hoy se difunda su nombre.

Parece que no exageramos cuando decimos que el aparato represivo estatal es el que gerencia y protagoniza el crimen organizado en Argentina.

Federal preso por golpear a un vecino de Soldati.

El 31 de octubre de 2009, Luis y Roxana, un matrimonio de trabajadores del barrio porteño de Soldati invitó a cenar a una pareja de vecinos bolivianos para despedirlos, porque volvían a su tierra. Los cuatro fueron a un bar de la zona, donde se come y baila. Promediando la velada, una discusión entre otros comensales hizo que alguien llamara a la policía. Personal de la comisaría 39ª irrumpió en el local, y sin distinguir entre unos y otros, arreciaron los insultos y empujones para que todos salieran a la calle.

La mujer invitada por el matrimonio recibió un golpe en la cara, lo que hizo que Luis, indignado, reprochara al policía semejante conducta. De inmediato, toda al atención policial se centró en ellos. Luis y Roxana llegaron a subir a su auto, estacionado frente al local, pero los policías se abalanzaron sobre el vehículo, rompieron la luneta y los vidrios de las puertas, arrastraron a la mujer hasta la calle, y arremetieron a golpes con las tonfas contra Luis.

Roxana atinó a llamar al 911 y sus gritos desgarradores pidiendo una ambulancia quedaron grabados junto con el ruido de los palazos y los alaridos de Luis.

Cuando Luis se despertó en el Hospital Pirovano, con un diente menos, un ojo cerrado por el edema (perdió un buen porcentaje de visión, igual que parte de la audición, por los golpes en un oído), el maxilar y el nasal fracturados y lleno de hematomas y cortes, se enteró que, además, estaba detenido por el delito de “atentado y resistencia a la autoridad”. Como para completar el cuadro, el policía que había ido con él en la ambulancia, y que ahora lo custodiaba, era el que había sacado a su mujer del auto, y lo había sujetado mientras los demás lo golpeaban.

Apenas pudo caminar, Luis se contactó con CORREPI. Nos llevó varios años lograr impulso en la causa penal contra la policía, y cerrar la iniciada contra él. La reticencia de jueces y fiscales de instrucción a imputar policías se vio reflejada en que sólo ese policía, el único que pudimos individualizar, porque su nombre estaba registrado en la historia clínica como consigna dispuesta en el hospital, quedó acusado.

La consecuencia con que Luis y su compañera, y los dos vecinos que los acompañaban, sostuvieron su relato, sumado a la grabación de la llamada telefónica, permitió que, en diciembre de 2014, el oficial de la PFA, Sergio Ariel Martínez, fuera condenado a cuatro años de prisión. No por aplicación de tormentos, como pedimos desde la querella, sino por lesiones graves, como si hubiera sido un ataque de un particular.

Ahora, agotada la batería de recursos contra la sentencia, el Tribunal Criminal nº 24 ordenó la detención del policía, que desde hace unas horas es el más nuevo inquilino del pabellón para fuerzas de seguridad de la cárcel de Marcos Paz. Por un par de años, al menos, habrá un represor menos en la calle.

Próximas actividades. (¡Agenda completa!)

Sábado 23 mayo, 13:00, Muraleada en Martín Fierro y Victoria, Merlo, el barrio de Mauro Rodríguez, asesinado por la policía.

Sábado 23 de mayo, 18:00, Conferencia de prensa inaugural de actividades en el marco de la visita de familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. En el Espacio de Pañuelos en Rebeldía, Carlos María Ramírez 1469, Pompeya.

Lunes 25 mayo, 12:00, Muraleada y locro en Colombia 2250, Libertad, Buenos Aires, el barrio de Pablo Adrián Borja Ledezma, asesinado por la policía.

Martes 26 mayo, 10:00, Concentración y conferencia de prensa frente a la Embajada de México (Arcos 1650, Belgrano, CABA) a 8 meses de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. A las 13:00, concentración en 9 de Julio y Corrientes, para movilizar hasta la Cancillería. A las 20:00, conferencia en la facultad de Filosofía y Letras, Puan 480, Buenos Aires.
Sábado, 6 junio, 14:00 charla con CORREPI en el marco de la Jornada político-cultural a 46 años del Cordobazo en Av. Monsegur 260, Moreno Sur. Invitan Bachillerato Popular El Cañon, CPS 29 de Mayo.