Boletín informativo nº 763, 30 de junio de 2015.

Milani: Orgulloso de ser un represor

“Cuando en julio del 2013 asumí como jefe del Ejército me puse como un compromiso personal y profesional poner todo mi empeño para recomponer y reconstituir la esencia, la tradición y la mística de un ejército que se encontraba degradado después de muchos años de continuo deterioro en sus reales capacidades”, confesó el general César Milani en su discurso de despedida, el día que asumió su sucesor al frente del Ejército Argentino. “Estoy orgulloso y contento porque mi gestión la juzgarán mis soldados, mis camaradas y mis amigos”, continuó, y repitió que bregó por un ejército “protagonista de un proyecto nacional”, es decir, kirchnerista.

Con una franqueza que, por oposición, nos recuerda la hipocresía del general Balza, luego se dedicó a expresar su opinión sobre los que denunciamos su vinculación con el terrorismo de estado durante la dictadura y su inexplicable patrimonio actual: “A todos aquellos que intentaron con ataques mediáticos y sistemáticos a través de calumnias e injurias que no cumpliéramos con la misión, se equivocaron. A ellos, mi desprecio con su accionar”. Y cerró con una verdadera amenaza: “El Ejército se puso de pie y está en marcha”.

En la misma línea de reivindicación del represor como parte del “proyecto nacional” habló el ministro de Defensa, Agustín Rossi, que lo definió como “un buen jefe del Ejército (…) solidario en cada una de las políticas y de las iniciativas que en nombre de la Presidenta de la Nación, he impulsado”.

Cuando tiene plumas de pato, pico de pato, patas de pato y hace “cua, cua”, es un pato. Los que defienden y felicitan a un represor… ¿qué son?

Represión en Berazategui

Una vez más, la respuesta del estado ante el reclamo por el incumplimiento de un servicio público que debería garantizar, es la represión.

Tras semanas de interrupciones constantes en el suministro de agua y electricidad, el 24 de junio los vecinos de la localidad de Gutiérrez, partido de Berazategui, se organizaron para reclamar mediante el corte de calles. Alrededor de las 20:00, efectivos de la Gendarmería Nacional y la Policía Bonaerense atacaron con gases lacrimógenos y balas de goma a hombres, mujeres y niños. Incluso algunos resultaron intoxicados porque los gases estaban vencidos.

Ante la impotencia, y con la intención de dar a conocer lo que les estaba sucediendo, los vecinos se comunicaron con diferentes medios. Pero la respuesta que obtuvieron fue que no lo difundirían por órdenes de Juan Patricio Mussi, intendente del partido y residente del coqueto barrio privado al que los vecinos decidieron llevar su protesta para visibilizarla.

Ya la semana anterior la policía había enfrentado a los vecinos en una situación similar por el mismo reclamo. A la represión, se suma el control de los medios por parte del jefe comunal, que controla qué se dice en el territorio administrado.

Linchamiento en Córdoba: el repugnante juego del capitalismo

“Si mi hermano era un ladrón, ellos son unos asesinos”. Así sintetizaba lo ocurrido la hermana de José Luis Díaz, de 23 años, muerto a consecuencia de un “linchamiento” el 4 de junio en Quebrada Las Rosas, barrio de la ciudad de Córdoba.

Este episodio, como el año pasado en Rosario con David Moreira o el que, en Buenos Aires, evitó un actor, en el contexto de otros trece similares repartidos por todo el país, revelan hasta dónde la subjetividad popular está infectada por la psicosis del robo y el discurso del temor y el manodurismo que todo lo permite, hasta el asesinato.

La “práctica”, que se ha vulgarizado a partir de una voz sajona que remite al apellido Lynch, juez yanqui que acostumbraba ahorcar gente sin juicio previo, dista de ser una reacción espontánea alejada de motivaciones políticas.

Por el contrario, como los aplausos que recibió en Rosario el desembarco de la Gendarmería, el linchamiento por robos debe ser considerado una derivación del acto y el discurso represivos, que se han instalado a partir de la excusa de la “inseguridad” como nuevo mecanismo de control social.

Como en otros sitios de América Latina, en nuestro país, el linchamiento en razón de los robos viene creciendo -y no casualmente- desde la década de los ‘90. Es que la marginalidad social que el desarrollo capitalista aparejó, aunada al consenso que mediáticamente construyeron desde todos los espacios del poder, genera las condiciones para que estas reacciones violentas empiecen a naturalizarse.

Es un accionar de neto corte fascista. Como reguero de pólvora se extendió por muchas barriadas, especialmente sectores medios tan proclives a estas “dinámicas” a la hora de definir su modo de actuar frente a las sucesivas crisis.

La violencia que entraña, la compleja trama de encubrimientos e impunidades en las que deriva, es el modo que asume esta verdadera “práctica política” claramente clasista que los silencios del poder legitima. Es la otra cara de una misma moneda llamada sistema social.

Un sistema social que esconde a casi la tercera parte de su población en la pobreza, maquillándola con clientelismo estatal. Un sistema social que inaugura y multiplica sus cárceles para contener a los hijos de esa pobreza.

Un sistema social que extermina a los que sobran, con el uso indiscriminado de una policía que, cuando no los mata con el gatillo fácil, los anula reclutando como soldados del robo propio o el que comparte con el narco. A ese sistema liderado por la burguesía le debemos el cambio de paisaje de nuestros barrios.

El linchamiento es una expresión genuina del mundo alienado que han construido. No importa nada, ni la insignificancia del robo, ni la juventud del chorro. En nombre del hartazgo y la defensa del derecho de propiedad del “buen ciudadano”, un pibe menos le garantiza el futuro a quienes les alcanza con no moverse para no sentir las cadenas.

Al lado de la falopa, la violencia, la desocupación, la precarización, el consumismo, y la represión, los linchamientos suman el miedo, el desprecio y la insensatez de quienes prefieren no enterarse que la vida en el capitalismo es una ruleta rusa. Cada vez que el disparo no sale, el desahogo dura sólo hasta la próxima vuelta.

Sindicatos para reprimir: El estado a punto de reconocer como “trabajadores” a su brazo armado.

Los que jalan el gatillo sobre un pibe, los que reprimen trabajadores que protestan en las calles, en fin, los que defienden con palos y armas los intereses de la clase dominante, ¿pueden formar un “sindicato”, la herramienta histórica de organización de la clase trabajadora?

La Corte Suprema de Justicia convocó para agosto una audiencia conciliatoria entre el Ministerio de Trabajo y el Sindicato de Policías de Buenos Aires (SIPOBA), uno de los que más viene presionando para ser reconocido legalmente como gremio. El estado, como vemos seguido, no puede negarse ante los pedidos de quienes garantizan justamente su poder efectivo sobre la sociedad. ¿Puede el estado decirle que no a la policía que reprime a quienes protestan contra una transnacional, a la policía que le desaloja un territorio tomado donde puede hacerse un negocio inmobiliario?

Ciertamente, las relaciones carnales entre estado y policía son bien distintas del vínculo que pueda tener con ese mismo estado cualquier verdadero trabajador.

Los “sindicatos” policiales existen hace tiempo en Argentina, y en la práctica operan como defensa corporativa de la propia fuerza represora. En la lucha antirrepresiva, se dan a conocer asiduamente cuando proveen de asesoramiento legal a los policías torturadores y de gatillo fácil. De hecho, el principal uso que hacen las fuerzas represoras de sus “sindicatos” es cubrir lo que llaman “accidentes de trabajo”, es decir, casos de gatillo fácil, torturas en comisarías y demás prácticas donde la represión estatal alcanza un grado de violencia intolerable y pone al desnudo el verdadero accionar del estado en su afán de control social (es habitual que el “Secretario de Asuntos Gremiales” del SINPOPE sea el defensor “particular” de policías asesinos, como es el caso del comisario Veysandaz).

Los policías, independientemente de que perciban dinero a cambio de un servicio, no pertenecen a la clase trabajadora por la función social y el interés concreto que defienden: proteger los intereses del estado y de la clase dominante. Más allá de su origen de clase, policías, gendarmes, prefectos y miembros del servicio penitenciario están integrados al aparato represivo estatal. Por lo tanto, sus intereses siempre estarán en las antípodas de los intereses de los trabajadores.

Cabe imaginar un escenario, para nada hipotético, en que estudiantes y trabajadores se reúnan a discutir un plan de lucha en una mesa, donde esté sentada la policía misma, bajo la forma de un “representante sindical”. Situación peligrosa y repudiable si las hay, en donde el estado ni siquiera deberá tomarse el trabajo de hacer inteligencia si tiene a su propia fuerza represora filtrada con total legalidad y consenso en las luchas de la clase trabajadora.

Por eso, desde CORREPI nos oponemos a cualquier forma de sindicalización policial. Porque un policía no es un trabajador, sino el perro guardián de la clase dominante.

Al servicio de… la organización del delito

El jueves 25 de junio, tímidamente, en los medios salía la noticia de que cinco policías fueron detenidos por tener vínculos con una barda narco en los partidos Tres de Febrero y San Martín. Las investigaciones se iniciaron en febrero, tras varios allanamientos realizados en la villa “La Cárcova”.

En el marco de la “Operación Ceferino” se descubrió, a partir de escuchas telefónicas a los celulares de algunos de los investigados, la participación en la banda de un comisario mayor, ex titular de la Dirección Departamental de investigación de San Martín -esto implica que tenía a su mando todas las comisarías de la Jefatura Departamental San Martín-, un capitán, un teniente, un oficial principal de drogas peligrosas y un sargento. Además, en el teléfono celular del narco detenido con ellos, apodado “Primo”, se encontraron contactos con más de una docena de policías.

Una vez más escribimos en este boletín sobre la policía involucrada en la organización del delito. No es casualidad, no es un caso aislado. Esto expresa todo lo contrario a lo que nos quieren hacer creer, que están “para cuidarnos”” o “para combatir el delito”. La policía existe para reprimir y para garantizar el orden de este sistema barbárico. Tienen la función de reprimir y las armas más modernas para cumplir con esa tarea. Tienen también el abrigo de la impunidad que les garantizan los políticos, jueces y fiscales.

¿A quién le puede resultar extraño, entonces, que quienes tienen estas armas y garantías, organicen también el delito? Como dijo alguna vez Rodolfo Walsh, la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata. Podrán descabezar la fuerza represivas más de una vez, como ya lo hicieron en otras oportunidades, cuando tratan de evitar escándalos políticos, pero no podrán evitar que el aparato represivo siga haciendo una de las cosas que mejor sabe hacer: organizar el delito. Una muestra más de que inseguridad es la policía en la calle.

Próximas actividades. Agenda Completa

Martes 30 de junio, a las 15:00, en 9 de Julio y Avenida de Mayo, acompañamos la movilización de estudiantes secundarios, convoca el Centro de Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia.

Viernes 3 de julio, a las 14:00, en Av. Paseo Colón 255, Ministerio de Educación de la Ciudad, acompañamos la movilización de estudiantes secundarios. Convoca Coordinadora de Estudiantes de Base.