Boletín informativo nº 765, 2 de agosto de 2015.

Represión a la 60: el futuro llegó hace rato.

Las últimas semanas fuimos testigos de todo tipo de expresiones que aluden a un análisis, cuanto menos “preocupado”, del próximo período de gobierno en Argentina. Se oyen y leen expresiones como “se viene la derecha” o “la mano dura”. Es interesante, aunque no sorprendente, que este tipo de análisis proviene, en buena medida, de funcionarios oficialistas en ejercicio. Podríamos responder con miles de ejemplos de los últimos doce años que muestran que esa “preocupación” es lo de todos los días, pero elegimos remitirnos a un solo hecho de la última semana:

Hace 40 días que los compañeros de la Línea 60 están luchando por mejoras en las condiciones laborales y por la reincorporación de 53 trabajadores que la empresa MONSA despidió, conflicto que desembocó en un lock out patronal avalado “legalmente” por el Poder Judicial, bajo la estricta supervisión de la jueza María Romilda Servini de Cubría. El martes 28 de julio por la mañana, por mandato de la asamblea de trabajadores, los choferes, con el apoyo de organizaciones del campo popular, llevaron el reclamo a la calle para visibilizarlo y hacer efectivas sus justas demandas.

Se cortó el acceso al Puente La Noria y luego la Panamericana, a la altura de la Ruta 197. Hacia las 07:30 de la mañana, Gendarmería Nacional, por orden del secretario de Seguridad de Nación, Sergio Berni, reprimió esta manifestación con balas de goma. Cinco compañeros fueron detenidos, y más de veinte fueron heridos, tres de ellos con cuadros de traumatismo de cráneo que requirieron internación, dos en terapia intensiva.

Las balas no sólo llovieron en Panamericana, sino también en sus alrededores, incluso hacia adentro del Policlínico de Gastronómicos ubicado al costado de la ruta. “Jugaban tiro al pato, con saña” declaró Sergio Oviedo, radiólogo del Policlínico, quien salió a la puerta del centro médico a gritar que dejaran de tirar al edificio.

“Yo di la orden”, afirmó el teniente coronel Berni, y argumentó: “La Panamericana no se corta”. Al día siguiente, el actual jefe de Gabinete y candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el Frente Para la Victoria, Aníbal Fernández, justificó: “No puede suceder que los trabajadores hagan lo que se les antoje”, luego de pedir la intervención de la dirección de la UTA, bajo la consigna de que “los choferes de base no tienen por qué ser actores directos en relación con el Ministerio de Trabajo, porque en definitiva hay un sindicato”. Desde ya, Fernández se refiere a que la burocracia de la UTA fue la primera en alinearse con la empresa y el Ministerio de Trabajo. Confesión de parte del jefe de Gabinete de cómo funciona la triple alianza antiobrera que enfrentan los compañeros de la Comisión Interna y la Agrupación Al Volante.

No nos van a hacer creer que “algo nuevo” está por venir, cuando recibimos a diario los palos y las balas que vienen a defender los mismos intereses de siempre. En todo caso habrá continuidad. El futuro llegó hace rato.

Ilícitos policiales.

En estos días, las fuerzas de “seguridad” han mostrado nuevamente su protagonismo en el delito organizado, esta vez con dos hechos simultáneos. Por un lado, el lunes 13 de julio, la comisaría 2ª de Hurlingham fue intervenida judicialmente después que una fiscalía de Morón comprobara su asociación ilícita con “piratas del asfalto”, que eran liberados y sus nombres borrados de las actas de procedimiento cada vez que eran “apresados” en esa comisaría. Tres policías quedaron detenidos y se encontraron $60.000 del más reciente soborno.

La misma semana, el miércoles 15, en San Nicolás, la comisaría 3ª fue allanada e intervenida, esta vez en una causa por narcotráfico. En el allanamiento encontraron drogas, documentación y armas “tumberas”. Tres policías presos (Facundo Glorio, Emir Facundo Verón y Ricardo Pereyra) y uno prófuga, Darío Medina.

Queda clara, de nuevo, la indispensable participación de las fuerzas de seguridad estatales en el crimen organizado, que dirige el narcotráfico, la trata de personas para la prostitución, las bandas de piratas del asfalto y tantos otros delitos. En el otro extremo, son los mismos que hostigan y reclutan pibes en las barriadas populares como mano de obra esclava para el delito, y reservan la tortura y la muerte para los que no accedan a “laburar para la gorra”.
Así es el camino del delito policial, es la naturaleza corrupta y represiva de las fuerzas de seguridad del estado.

Represiones en Salta, Neuquén y Misiones.

Durante la mañana del 20 de julio, en la localidad de San Carlos, Salta, los trabajadores municipales reclamaron, frente a la sede municipal, la reincorporación de cinco empleados municipales despedidos porque protestaron contra sus salarios de miseria ($1.700). La policía los reprimió con gases lacrimógenos y detuvieron a seis trabajadores, algunos con graves lesiones. Los compañeros fueron liberados gracias a la presión ejercida por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La noche siguiente, 21 de julio, más de 200 efectivos de la policía de Neuquén, junto a la UESPO (Unidad Especial de Seguridad Policial), atacaron, en la localidad de Plottier, el barrio Hijos del Chacay, un predio ocupado hace cuatro meses y ya con 150 viviendas levantadas. Las familias fueron despertadas y expulsadas a fuerzas de balas de goma y plomo, hubo detenidos y varios jóvenes estuvieron desaparecidos por horas. Los vecinos se reorganizaron y prosiguen su reclamo por vivienda frente al Concejo Deliberante.

Como si fuera poco, el mismo día, pero en Misiones, fueron desalojados los docentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación, en el marco del paro convocado por el MPL (Movimiento Pedagógico de Liberación), en un operativo conjunto entre la policía provincial y la infantería.

Otros tres ejemplos recientes para sumar al de la Línea 60, y que confirman que la represión es la respuesta de todos los gobiernos a los reclamos del pueblo trabajador.

A 1 año de su muerte: Compañera Delia Garcilazo ¡Presente!

El 23 de julio se cumplió un año desde que perdimos a nuestra querida compañera Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros cuando tenía 23 años.

Por tres días, Fito agonizó en un hospital, mientras Delia recorría despachos y oficinas para que la autorizaran a verlo. Ninguno de los funcionarios penitenciarios y judiciales que la pelotearon de un lado a otro pudo imaginar lo que estaba naciendo en esas horas de desesperación y dolor. Fito murió sin que Delia pudiera despedirse. Cuando finalmente la dejaron ver el cadáver, le hizo una promesa, que cada tanto recordaba en sus intervenciones públicas: “Él decía que estar preso no le había quitado la libertad, porque era libre en su interior. Yo le prometí que iba a luchar contra sus asesinos hasta el último de mis días”. Y cumplió su promesa hasta el final.

Militante constante y comprometida, a pesar de su pierna amputada y sus condiciones materiales en la Villa San Pete de La Matanza, Delia dejó su huella en CORREPI. En 1996, Delia escuchó en la radio que el ministro Carlos Corach negaba el gatillo fácil y desafiaba a que le llevaran nombres. “Hagamos la lista de todos los muertos del país desde 1983 y se la tiramos por la cabeza en Plaza de Mayo”, largó en la siguiente reunión. Lo propuso, y se lo echó al hombro. Por varios meses recorrió archivos de diarios, juntó recortes, buscó contactos, y fue pasando en limpio los datos, a mano, en su cuadernito. Había nacido el Archivo de Casos, esa herramienta que nos permite, año tras año, mostrar la real incidencia de la represión en Argentina.

La recordamos por su fuego, su entereza, por la importancia para los jóvenes militantes que no llegaron a conocerla demasiado de saber de dónde venimos. Siempre en la lucha, militando con alegría y dejando en claro porqué lo hacemos. Ella lo sintetizó muy bien con estas palabras: “Sueño con un país activo, con fábricas abiertas y trabajo a pleno, sueño con un país sin chicos en las calles revolviendo la basura (…), sueño con escuelas bien provistas, con maestros que puedan vivir de sus sueldos. Sueño con hospitales limpios (…). Sueño con hogares felices (…). Sueño con una justicia igualitaria para todos.

Sueño con un país más justo (…). Recién entonces, llegado ese día, la CORREPI no tendrá razón de ser. Hasta que ese día llegue, nos verán siempre en las calles acompañando a todos los represaliados y apoyando todas las luchas”.

A un año de su muerte, Delia Garcilazo ¡Presente!

Nuevos casos, la misma conclusión: Nada más inseguro que la custodia policial.

Las elecciones se acercan y los candidatos patronales prometen fortalecer la policía para luchar contra la inseguridad en las calles. Mientras tanto, el pueblo trabajador sabe que no hay lugares más inseguros que las comisarías, brigadas y destacamentos de policía. En los últimos días, nuevos casos ensanchan el archivo de personas asesinadas por el estado en democracia, que en noviembre de 2014 reunía 4.278 casos, de los cuales 2.800 corresponden a la gestión kirchnerista.

El 29 de junio, dos adolescentes murieron en la Brigada Norte de Tucumán frente a la negativa de los policías de abrir la celda cuando se incendiaba un colchón. Los familiares de Ariano y Emanuel remarcaron que en la autopsia se verificaron signos de tortura con picana eléctrica, que los jóvenes ya venían denunciando. Muy parecido a la dictadura, todavía más parecido a la “democracia”.

Casi un mes después, en Catamarca, Ricardo Paucará, de 29 años, fue detenido al salir de su trabajo por personal de la comisaría 10ª, encapuchados y sin ninguna orden de arresto. Paucará fue torturado brutalmente en el patrullero y luego en la comisaría, de la cual salió en una ambulancia al hospital, donde inicialmente se le negó la internación. Un juez de garantías, al que acudió la familia, se vio obligado a hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y ordenó su inmediata atención médica. Permanece internado en terapia intensiva, con la pérdida de 10 cm. de intestino a raíz de las torturas.

No fue muy distinto lo sucedido a José María Giménez, detenido el 16 de julio en la comisaría 4ª de Morón y hallado muerto tres horas después. Cual figurita repetida, la policía dijo que se habría “suicidado. Por los mismos días, Federico Reinaldi, un joven de 21 años fue asesinado en la UP nº 9 de La Plata. Lo que trascendió en los medios no fue eso, sino la “inseguridad en los hospitales” cuando sus familiares estallaron de bronca en el centro de salud, donde nadie les podía explicar cómo el joven había muerto bajo custodia de la policía y del estado.

Es concluyente: ser policía es lisa y llanamente tener la licencia del estado para matar, tal como se demostró nuevamente el 17 de julio en la localidad de Claypole, cuando un policía de la bonaerense asesinó a su novia de 16 años y luego se quitó la vida con su arma reglamentaria.

Frente a la represión del estado, luchamos por la condena de los asesinos, pero sobre todo por ganar la conciencia del pueblo para identificar quiénes son nuestros enemigos. Es así que el pasado 18 de julio, en Carapachay, se homenajeó a Rodrigo Susevich, víctima del gatillo fácil en 1997, asesinado por un efectivo de seguridad privada. Al mismo tiempo, el 20 de julio, comenzó en Neuquén el juicio por torturas a Cristian Ibazeta, donde la organización popular llevó cinco policías al banquillo.

Próximas actividades. (¡Agenda completa!)

Martes 11 de agosto, Paraná, Entre Ríos: Jornadas de DDHH en numerosas escuelas, mesa con Isabel Vergara (mamá de Martín Basualdo, desaparecido por la policía hace 21 años). Invita Fabricio Almada, profesor de la escuela “Ntra. Sra. De Guadalupe”