Boletín informativo nº 767, 21 de agosto de 2015.

Los desaparecidos en el laberinto de la justicia.

Luciano Arruga dijo no, y el costo de su negativa a robar para la policía fue el hostigamiento cotidiano, la detención, la tortura y finalmente, su desaparición en enero de 2009. Su cuerpo fue encontrado luego de cinco años, a fuerza de organización y lucha. Estaba enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Al momento de su detención y desaparición, tenía 16 años.

Daniel Solano tenía 27 años cuando fue contratado por la empresa Agrocosecha SA (de la multinacional Expofrut) y, como muchos peones rurales, fue llevado de su Salta natal hasta Río Negro en la temporada de cosecha. Él también dijo no: Daniel, quien había sido elegido delegado de su cuadrilla, no iba a oficiar de buchón de la patronal. Le ofrecieron plata, mejores condiciones de vida que sus compañeros, lo amenazaron.

Pero Daniel les dejó claro que él no iba a entregar información y que tampoco iba a colaborar para frenar la huelga que se había votado en asamblea; el objetivo era reclamar el pago de salarios y denunciar las pésimas condiciones de habitabilidad que sufrían los peones en los galpones que la empresa les alquilaba para vivir. Unos días antes de que la huelga se hiciera efectiva, en noviembre de 2011, Daniel fue secuestrado, torturado y aún continua desaparecido.

Facundo Rivera Alegre fue detenido la noche del 19 de febrero de 2012 en Córdoba. Había salido a bailar con algunos amigos, de esos que le decían el Rubio del Pasaje. Nunca más se supo de él. Tenía 19 años y una hija de tres meses.

En Buenos Aires, Río Negro o Córdoba, y en el resto del país, hay ejes que se repiten una y otra vez: testigos que afirman haber visto cómo la policía los detuvo; cómo los subieron a un patrullero; personas detenidas en la misma comisaría que cuentan, aún amenazados, que los vieron ingresar, escucharon sus gritos, vieron la tortura; también está la incógnita del cuerpo; las amenazas de parte de las fuerzas de seguridad del estado a amigos y familiares; y una vez más, el aparato judicial beneficiando a los responsables.

En el caso de Luciano, el laberinto judicial se prolonga una vez más. Familiares y Amigos de Luciano Arruga arrancaron la posibilidad de enjuiciar a Roxana Castelli, la primera fiscal de la causa, por llevar a cabo acciones que garantizaron la libertad y el encubrimiento de los policías responsables de la detención, tortura y desaparición de Luciano. A poco de comenzar el juicio, Castelli presentó un pedido de nulidad, con el argumento e que la acción estaría prescripta. El juez Gustavo Banco, y la fiscal que remplazó a Castelli, Celia Cejas, también están acusados, ya que son responsables por intervenir y hacer escuchas de los teléfonos de la familia de Luciano.

La decisión sobre si se acepta el pedido de familiares y amigos de enjuiciar Castelli, Blanco y Cejas iba a tener resolución el 13 de agosto, sin embargo fue postergada hasta nueva fecha por el jurado de enjuiciamiento de magistrados.

Ese mismo 13 de agosto, pero en Río Negro, Gualberto Solano, el padre de Daniel se encadenaba frente al Juzgado Penal 30 de Choele Choel. El motivo de la protesta, que es acompañada por organizaciones antirrepresivas de la zona, es que el juez se niega a realizar pericias en el campo La Manuela, donde personas refieren que podría estar el cuerpo de Daniel. El juicio comenzó a principios de agosto y en el banquillo están sentados siete policías acusados de ser responsables de la desaparición del delegado rural. Entre los acusados no hay nadie de Agrocosecha, aún cuando quedó demostrada su participación necesaria en procesos judiciales anteriores.

Dos días antes, el 11 de agosto en Córdoba, comenzó el juicio por la desaparición de Facundo Rivera Alegre. Hasta ahora, los testimonios que se pudieron escuchar en las jornadas del juicio son explícitos: policía y narcotráfico son distintas palabras para mencionar lo mismo. A Facundo lo mató el narcotraficante del barrio y la policía garantizó la desaparición del cuerpo, trasladándolo en un patrullero hasta el lugar donde podría haber sido enterrado.

Si hay algo que se repite, es el rol del aparato judicial como garante de la libertad de las fuerzas de seguridad para detener, torturar y desaparecer a los pibes de los barrios que dicen que no y a los peones que se animan a levantar la voz. Es que no podemos esperar que el estado se castigue así mismo, cuando jueces, fiscales y policías cobran en la misma ventanilla.

Desde 1983 hay más de 200 desaparecidos por las fuerzas de seguridad del estado, entre ellos, Luciano, Daniel y Facundo, que comparten algo más que las circunstancias de su detención, tortura y desaparición, para luego garantizar desde el aparato judicial la impunidad. También se repite la historia de la organización y la lucha que logra quebrar el silencio mediático, sobrepasar las amenazas de los uniformados y generar presión social para sentar en el banquillo a aquellos que nos persiguen, nos detienen y nos torturan, aún cuando los responsables cuentan con leyes y recovecos legales por donde tratan de escapar. La justicia es un laberinto. La organización independiente y la lucha consecuente, la salida.

Scioli 2015: la respuesta es represión.

En el marco del año electoral, el gobernador bonaerense y único candidato presidencial por el Frente Para la Victoria, Daniel Scioli, se presentó en un acto en el partido de Tres de Febrero para festejar el aumento de los efectivos asignados a los distintos territorios provinciales.

Con un discurso llamativo de floreado, el ex motonauta expresó que su gestión como gobernador de la Provincia de Buenos Aires concluiría con 95.000 agentes destinados al desarrollo de las policías comunales, como expresión de “una realidad, un logro para la Provincia y un proyecto para el país”. Finalmente afirmó su compromiso, de asumir como presidente electo, de disponer todo lo necesario para llevar la policía comunal a todo el país.

La respuesta sigue siendo la represión. El lanzamiento de este nuevo destacamento del aparato represivo, que ya se encuentra en funcionamiento en más de treinta municipios bonaerenses, con una inversión desorbitada para llevar adelante esta tarea, muestra cuál es el interés del estado. Mientras el presupuesto provincial escasea para educación, vivienda y salud, especialmente para los jóvenes, la incorporación a la policía comunal es promocionada por los medios de comunicación (oficialistas y opositores) como una “fuente laboral”. Les proponen la única posibilidad de estar detrás o delante de una bala, cambiándoles la visera por la gorra para ponerlos en el papel del verdugo del pueblo.

Así queda clara cuál es la prioridad en la agenda política del oficialismo, con sus candidatos que apuestan a la profundización de la represión en los barrios populares recayendo con mayor fuerza sobre nuestros jóvenes, para seguir manteniendo los intereses los poderosos a costillas del pueblo.

La inseguridad viste de uniforme.

Hace pocos días, en la provincia de San Juan, dos policías de la Base Motorizada V de Chimbas fueron detenidos por abusar de una joven de 18 años. En Santiago del Estero, doce agentes de la comisaría 4ª de la capital provincial fueron detenidos por una feroz golpiza a un adolescente. El chico, de 15 años, fue detenido y golpeado en el rostro y en otras partes del cuerpo.

Además, en Misiones un suboficial de la policía de esa provincia fue detenido por participar en el robo de las cajas de seguridad de una agencia de viaje. Este mismo agente ya había sido sumariado y trasladado por publicar unas fotos en las redes sociales donde se ve a una amiga de él sentada al volante de un patrullero. En Mendoza se le dio de baja al agente Marcos Páez por sustraer $1.500 de un cajero automático con la tarjeta de debito que se había olvidado una clienta después de efectuar una operación. La mujer se había ido sin finalizar la sesión y Páez aprovechó para extraer dinero, sin reparar que toda la secuencia quedó filmada por la cámara de seguridad.

Por último, en la provincia de Santa Fe, un oficial del Comando Radioeléctrico de Granadero Baigorria fue detenido por entorpecer la investigación de un crimen. Tres personas mataron a una cuarta con arma blanca, entre los culpables se encuentra el cuñado del agente detenido. El uniformado ayudó a los culpables a darse a la fuga.

Nos quieren hacer creer que más policías significan más seguridad, a pesar que los ilícitos policiales son moneda corriente. Roban, violan, matan, estafan y, como si esto no fuera poco, son actores fundamentales para el funcionamiento del crimen organizado.

El Archivo nuestro de cada día.

La noche del 29 de julio, en Tilcara, Jujuy, Enzo Elber Cusi, un joven remisero, fue levantado por la policía. Permaneció detenido en una celda en condiciones deplorables, donde tenían que orinar en el piso. Allí sufrió diversas torturas y maltratos, y cuando su madre fue a llevarle comida, le informaron que Elber había muerto, ahorcado con una campera dentro de la celda.

Por la mañana del 30, se hizo presente en Tilcara un operativo policial con efectivos de Humahuaca, Maimará y San Salvador, más infantería y gendarmería, acaso previendo las reacciones que podría traer el fallecimiento del joven en esas condiciones. Su presencia no amedrentó a los vecinos de Tilcara, que se movilizaron hacia la Municipalidad de Tilcara. La marcha comenzó en el puente de acceso y contó con la presencia de los vehículos de otros remiseros compañeros de trabajo de Elber, así como familiares y vecinos. La movilización culminó con un violento enfrentamiento frente a la municipalidad, entre los 300 vecinos movilizados y las fuerzas policiales, quienes reprimieron sin dudarlo con balas de goma, dejando como saldo cuatro pibes heridos.

El lunes 10 de Agosto, cerca de las 19:00, en la localidad de Wilde –partido de Avellaneda- un sargento de la división de caballería de la policía federal fue sorprendido por cuatro pibes que intentaron robarle su camioneta Peugeot Partner mientras estacionaba frente a su casa. Uno de los chicos, menor de edad, llevaba una pistola de juguete, más que suficiente para que el policía lo fusilara.

Durante la madrugada del 7 de agosto, dos integrantes de la policía local de la localidad de Máximo Paz fueron hallados muertos en su domicilio. Los efectivos Olga Nuñez e Iván Echeverría convivían hace poco menos de un mes. Alrededor de la 1:30 los vecinos escucharon el ruido de disparos. A la mañana siguiente la madre de Nuñez se acercó a la casa de su hija preocupada por no haber recibido noticias de ella la noche anterior. Al ingresar a la casa encontró a su hija y a su pareja muertos y con dos armas y vainas. La versión oficial dijo que se habría tratado de un problema de celos. Aparentemente fue Olga quien primero le disparó a su pareja y posteriormente se quitó la vida. Claro ejemplo de que las lógicas violentas y deshumanizantes en las cuales estos “efectivos” son formados, se reproducen en sus prácticas cotidianas.

En Tucumán, Marco Antonio Nazur se encontraba en su camioneta junto a Cecilia Fabiana Figueroa, ambos de 38 años de edad, alrededor de las 19:00. Se les acercó un ex policía, que sacó su arma y disparó varias veces contra ellos. Nazur recibió 11 tiros en el tórax, abdomen, brazos y piernas, y falleció una hora y media después del tiroteo, en el Hospital Centro de Salud al cual fue trasladado posteriormente. Figueroa resultó herida en una de sus piernas y actualmente se encuentra internada y fuera de peligro. Quien deliberadamente acribilló a la pareja fue Marcelo Acosta, ex policía y ex pareja de Cecilia. Una vez más, se cruzan las líneas de la violencias estatal y la de género.

Cuatro casos que presentan características diversas, acontecidos en lugares distantes entre sí, pero que representan el accionar de estos desclasados que integran las filas del aparato represivo del estado, formados para no tener el más mínimo respeto por la vida de sus pares. Y como recordamos siempre, no estamos hablando de cuatro casos aislados causados por unos pocos “desequilibrados” que han ingresado por error a las filas de la policía, sino que su deshumanización es condición inherente para poder formar parte del aparato represivo que defiende al estado burgués y sus intereses.

La vuelta al mundo con la policía.

En una sociedad de clases, el conflicto es inevitable. La distribución de bienes escasos conduce a que aparezcan tensiones entre los miembros. El estado, lejos de ser el “garante del orden” que debería intervenir, mediar y resolver pacíficamente toda disputa, toma posición por los sectores de mayor poder y cumple su rol como defensor de los intereses de unos pocos.

El estado reprime, y su violencia es ejercida en diversos niveles. Mediante el discurso, la palabra naturaliza la represión como una necesidad para garantizar el orden, y mediante la acción, las fuerzas policiales, militares o incluso grupos paramilitares, se encargan de “poner en línea” a aquellos que pueden cuestionar el status quo. En la práctica cotidiana, estas distintas formas se entrecruzan, se mezclan y fusionan dando por resultado una ajustada maquinaria de represión que día a día da muestras de su accionar.

Un claro ejemplo es lo que ha ocurrido hace casi once meses en México, cuando estudiantes normalistas del estado de Guerrero que peleaban por mejores condiciones sociales fueron reprimidos por fuerzas policiales y 43 de ellos fueron perseguidos, secuestrados y desaparecidos por grupos armados que respondían al alcalde de la comuna.

En la misma línea, durante la última semana en EEUU, en el pueblo de Ferguson, Missouri, los ciudadanos que protestaban por la impunidad del policía que un año atrás fusiló a Michael Brown de seis balazos, fueron reprimidos y detenidos por la policía. Como si eso no fuera suficiente, los gobernantes declararon el estado de emergencia, brindándole a las fuerzas policiales la autoridad explícita de castigar y reprimir a cualquier ciudadano “sospechoso”.

La intolerancia del estado frente al cuestionamiento también ha tenido sus consecuencias en Perú, donde Edward Soto de la Cruz, de 41 años, murió tras ser alcanzado por una bala mientras las fuerzas policiales despejaban el piquete del que formaba parte junto a otros trabajadores del complejo metalúrgico Doe Run, que luchaban por no perder sus fuentes de trabajo en La Oroya, zona central de Perú.

Finalmente, si bien no es un caso puntual, han salido a la luz recientes estadísticas que muestran que en los últimos cinco años hubo más de 1.500 homicidios a manos de policías en Río de Janeiro, y que alrededor del 75% de las vícitmas fueron jóvenes de origen afroamericano, de zonas marginales y menores de 30 años, hechos además impunes en su mayoría.

Estos datos no hacen más que afirmar lo arriba expuesto. Las fuerzas de seguridad, brazo armado de los gobiernos, amparadas por la justicia que garantiza su impunidad, son los encargados de reprimir y exterminar a aquellos sectores de la sociedad que “sobran” o no están debidamente adoctrinados.

Próximas actividades. (¡Agenda completa!)

Lunes 24, 18 hs – Escuela de Villa Soldati (Martínez Castro 3061 y Av. Fernández de la Cruz): charla y grabación de video con alumnos de la escuela

Miércoles 26, 8:30 hs – Comodoro Py: presentación de la Comisión Independiente Justicia por Dario y Maxi, 9:30 hs: repudio a Eduardo Villalba, ex director de seguridad de Avellaneda que declara en la causa

Jueves 27, 18 hs – Movilización contra el gatillo fácil, de Congreso a Pza. de Mayo: movilización contra el gatillo fácil

Viernes 28, 15 HS – Radio abierta en la Estación de Burzaco del FFCC Roca

Sábado 29, 14 hs – Jornada cultural, grupo de improvisación teatral “Conurbamo Maldito”, música, stencils y comidas en nuestro local (Humberto 1° 1692)

Sábado 29, 11 hs - Muraleada por Víctor Avila en plaza de Moreno