Boletín informativo nº 769, 3 de septiembre de 2015.

Defensores del gatillo fácil: si esto no es política de estado…

Los abogados Alcalde, Orlando, Letelle y Letizia son los nuevos defensores de Alejandro Aguirrez Mansur, Juan Leonel Segovia y Martín Olguín, los policías federales responsables del doble homicidio calificado de Carlitos Abregú y Emanuel Ojeda, y su posterior encubrimiento agravado. El fusilamiento de los pibes ocurrió el 17 de marzo de 2013 en el barrio de Cascallares, Partido de Moreno.

En un fallo reciente, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Mercedes confirmó la elevación a juicio oral de todos. Así, Aguirrez Manzur -en prisión desde el año pasado- se expone a la perpetua por haber matado a los pibitos en su condición de policía, mientras que sus compinches -por ahora en libertad- enfrentan una condena de varios años de prisión por haber “ayudado al asesino alterando el escenario después del hecho y haberse llevado las zapatillas de Ojeda”, en palabras de la misma Sala, que tuvo por acreditado el hecho según testigos que declararon reiteradas veces.

Los nuevos abogados de los policías asesinos fijaron su domicilio procesal en la Avda. 29 nº 654 de Mercedes, sede de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Delegación que la Policía Federal Argentina posee en dicha ciudad. Es que, como en tantísimos otros casos, no se trata de profesionales contratados por los imputados, sino que la defensa es tan institucional como el gatillo fácil.

Es que todos los “nuevos” defensores del fusilador y sus encubridores pertenecen a la División de Asuntos Penales (Dirección de Asuntos Jurídicos) del ministerio de Seguridad de la Nación. Es decir, son funcionarios ministeriales de planta, cuya intervención tiene un paso previo, que es el análisis, por las autoridades del ministerio, de que el caso amerita la defensa orgánica e institucional. El decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965 para el Personal de la PFA, establece que la asistencia letrada institucional a policías en actividad o retirados se brinda “cuando se trate de causas exclusivamente iniciadas a consecuencia del ejercicio de la labor policial”.

Nada puede ser más claro: a criterio del Poder Ejecutivo Nacional, Aguirre Manzur está preso “a consecuencia del ejercicio de la labor policial”. El gatillo fácil es política de estado, y por eso lo defienden como parte de la función pública.

No es la primera vez que enfrentamos a los abogados-funcionarios del ejecutivo. La nómina de asesinos más notorios defendidos dese el gobierno nacional en diferentes épocas incluye a Miguel Ángel Espósito (asesino de Walter Bulacio), Juan José Luquet (asesino de Marcelo Báez), Jorge Goyochea (asesino de Marcos Viera), Luciano Cruz Gaete Ossandón (asesino de “Kunky” Méndez), Alberto Segovia (asesino Mauro Vega), Javier Almirón (asesino de Gonzalo Crespo), los cuatro policías asesinos de Marcelo Maione Míguez; los agentes del servicio penitenciario Galarza, Mir y Tocayuk, que torturaron hasta la muerte a Fito Ríos, hijo de Delia Garcilazo; otros torturadores como Carlos Fabián Chávez y Víctor Pablo Barrionuevo; los policías en la causa Cromañón; la cúpula federal de 2001 en la causa del 20 de diciembre y los policías asociados a la patota en el asesinato de Mariano Ferreyra. En algunos de esos casos, como Bulacio y Ferreyra, cuando la cosa se puso espesa para los policías, los abogados de la División de Asuntos Penales del ministerio dejaron su lugar a carísimos estudios jurídicos que ocuparon su lugar con menos costo político.

La intervención de estos abogados-funcionarios es recurrente y sistemática en las causas donde, además, del policía, prefecto, gendarme o agente del SPF, el gobierno de turno decide defender públicamente su “derecho” al poder de fuego contra la población. Es la prueba más evidente de que la represión es política de estado, y expresa necesidades políticas:

La necesidad de disciplinar, controlar y facilitar el dominio de la clase que ostenta la administración del estado, abarca la de no dejar tirados a quienes han actuado conforme han sido preparados por la Institución que los prohija. La designación y la aceptación del cargo es legal, aunque implique la inocultable legitimación estatal del accionar delictivo de sus policías. Duran en tanto no se desnaturalicen estas instrucciones precisas del poder político, y perduran, si no se visibilizan.

CORREPI irá al juicio en representación de Carlos y Gloria, los padres de Carlitos, quienes con su tenacidad y su lucha organizada, revelan también la exacta correspondencia estatal entre matar con el uniforme y limpiar la sangre con las corbatas ministeriales.

La policía fusila y los medios legitiman.

En horas de la mañana del miércoles 26 de agosto, tres policías determinaron que el destino de Juan Martín Yalet fuera un disparo en la cabeza. Había sido reducido tras intentar una entradera en un domicilio de la ciudad de La Plata. Fue cacheado, esposado a la espalda e ingresado un patrullero del CPC (Comando de Prevención Comunitaria). Dentro del vehículo, una bala 9 mm atravesó su cabeza de sien a sien.

El sistema jurídico-legal y sus rodeos ya se encargarán de respaldar la defensa de quienes circunstancialmente llevaban el uniforme y mataron al detenido. O quizás, para salvaguardar la lógica de la “violencia institucional” y su estratégica teoría de “la manzana podrida”, se encuentre la oportunidad de encuadrar a los homicidas de turno dentro de aquellos que cometieron “un error”, “se les fue de las manos” o son “loquitos sueltos” a quienes habrá que penar.

Lo que bajo ningún aspecto debería pasarse por alto, es el rol que cumplen los medios de comunicación masiva, en su tarea diaria de influir en los posicionamientos ideológicos, en tanto formadores de la opinión pública. Al expresar que “debían trasladarlo a la Comisaría 9ª”, se infiere que se violó un protocolo, pero a su vez relativiza el contexto en el cual encontramos que el gatillo fácil es moneda corriente. De esta forma, se mantiene ajena la posibilidad de considerar este caso dentro de los tantos que, en conjunto, hablan por sí solos: cualquier salida subversiva al orden establecido, aún la individual a través del delito, es transparentemente punible mediante un disparo que acabe con la vida.

“(…) recibió un tiro en el patrullero y murió”, tituló El Día, de La Plata. Como si por un sencillo acto de magia, a alguien esposado dentro de un vehículo le fuera posible “recibir”, así, sin más, un disparo que entre y salga de su cráneo, atravesando toda la línea media del cerebro. Por supuesto no dudaron en agregar en el subtítulo, entre signos de interrogación, “¿Gatillo fácil o suicidio?”, dando lugar a considerar creíble la versión policial de que se hubiera disparado a sí mismo con un arma que no le sustrajeran antes de ser subido al patrullero, o si, aun esposado, pudiera haberle sacado el arma a uno de los policías para usarlo contra su propia persona.

“Lo detuvieron por un robo y murió dentro de un patrullero”, fue el título que se vio en distintas versiones y por diferentes medios, entre ellos varios de los más populares, como Clarín, basándose en la fuente de Télam. Así, relativizan que Yalet es ahora uno más de la larga lista de víctimas asesinadas por las fuerzas represivas, en tanto se deslegitima la clara consecuencia de una política de Estado, que utiliza sus brazos armados para amedrentar, reprimir y matar.

La repercusión popular del fusilamiento, con indudables reminiscencias del caso, también platense, de Darián Barzábal, y la convocatoria a la marcha del 9 de septiembre (ver otra nota en este Boletín) forzaron a la fiscalía a admitir que la versión policial del suicidio “no es creíble”, y a ordenar la detención de ocho policías, dos imputados por el homicidio y seis por el posterior encubrimiento. Pero los medios no aflojan. Ahora titulan “Detienen policías por la muerte de un detenido en un patrullero”, clara confesión de que, para ellos y sus mandantes, matar un “detenido” no es exactamente matar a una persona.

Todos los sistemas, el sistema

A menudo, en forma de desafío, tanto conservadores como ultra-liberales o posmodernistas bienpensantes, preguntan no sin cierta ironía sobre “el sistema”. ¿Qué sería “el sistema”? ¿Cuál sería su alcance o comprensión exacta? ¿Quiénes lo comandan? ¿Quiénes lo forman? Estas preguntas y sus variantes son escupidas con la infundada certeza de que, efectivamente, no hay tal “sistema”, sino que el capitalismo se dispersó y travistió de tal modo que ya no existe nada parecido, ningún “sistema” cuya arquitectura marca el modo en el que se producen las mercancías y la posesión privada de los medios de producción.

Pues bien, veamos si tras esta simple noticia no se evidencia el funcionamiento macabro de un sistema. Luciano Benetton, el multimillonario dueño de la marca de ropa homónima, y de otras cuantas cosas, fue admitido como querellante en un proceso judicial contra integrantes del pueblo Mapuche en la zona de Leleque que intentan el recupero de sus tierras.

Benetton encabeza, junto a otros magnates extranjeros y estrellas de la farándula internacional, el dominio de tierra en la Patagonia argentina. Es dueño de más de un millón de hectáreas en cuatro provincias de la región, aprovechando el sistema inmobiliario entreguista que se practica desde hace décadas en el sur del país y que lleva regalados (a 26 euros la hectárea, por ejemplo) más de 20 millones de hectáreas, pertenecientes a Pueblos Originarios por supuesto, Mapuches en este caso.

Benetton sostiene, desde hace varios años y en flagrante connivencia con el poder judicial, una lucha cruel contra los habitantes mapuches, condenándolos con medidas de no innovar y jugarretas jurídicas similares a (sobre)vivir en temperaturas bajo cero, nevadas y vientos helados únicamente a los fines de obtener más tierras a precios irrisorios y continuar su explotación ovina.

En este marco, Luciano Benetton ocupó más tierras mapuches, esta vez en Vuelta del Río. Ante las acciones de los integrantes del Lof en Resistencia del Departamento Cushamen para recuperarlas, los dueños ancestrales de la tierra fueron acusados como usurpadores, y la Compañía de Tierras Sud Argentino propiedad del grupo Benetton, ¡fue aceptada como querellante!

En la misma audiencia, el defensor oficial de los compañeros denunció que, entre los elementos de prueba que le fueron entregados por la fiscalía, había un legajo que reflejaba un trabajo de inteligencia practicado sobre los vecinos vinculados a una asamblea popular que combate la explotación de las tierras en la región y también sobre los periodistas que denuncian la temática.

Por estas horas se está produciendo un gran revuelo político por esta maniobra de persecución y espionaje. Ningún organismo público admitió ser el autor de la tarea, e incluso el fiscal rápidamente sacó un comunicado en el que trató de desligarse de la maniobra, con una burda explicación: “llegó al MPF gran cantidad de material proveniente de distintos organismos (…) y toda esa información, sin procesar, fue guardada en una computadora y se dio copia completa, inmediatamente, al Ministerio de la Defensa Pública”.

¿De veras no se trata de un sistema que roba las tierras a los pueblos explotados, las reparte a precio de saldo entre la burguesía internacional para sus negociados y luego los inmuniza con la complicidad judicial y política? ¿De veras los tiempos cambiaron y el capital no actúa ni se reproduce como antaño? ¿En serio fue borrado, o al menos borroneado, todo rastro de imperialismo? Nada es más útil para evitar pensar y exponer un problema real que devaluarlo en tanto problema hasta negarlo. Nada más peligroso.

Tucumán y Córdoba, dos caras de la represión estatal.

En la semana que pasó hubo dos hechos represivos sobresalientes. Uno fue transmitido en vivo y directo por radio y televisión y ocupó tapas y páginas de diarios y portales de noticias por varios días. El otro, apenas si tuvo repercusión en las redes de comunicación populares, que reprodujeron las denuncias de las organizaciones antirrepresivas. Del primero no quedó nadie sin opinar, del segundo ningún candidato se dignó hablar.

Las elecciones del domingo 24 de agosto en Tucumán, con abrumadoras y fundadas de denuncias de fraude, motivaron el lunes 25 una movilización en la plaza céntrica que fue desembozadamente reprimida por la policía provincial. Tres militantes del Partido Obrero, que intentaron impedir que se consagrara el fraude en la escuela donde fiscalizaban, fueron detenidos y permanecieron en prisión por más de una semana. Excepto este último hecho, que sólo formó parte del reclamo de las organizaciones populares, todos los candidatos patronales pusieron el grito en el cielo y acusaron de represor al kirchnerismo, con particular patetismo en el caso de los que, en los gobiernos que dirigieron, no se privaron de gasear y balear movilizaciones y manifestaciones. Hasta la iglesia salió a clamar contra la represión…

Por el lado kirchnerista, alternaron entre el silencio, la mirada de costado como perro que tumbó la olla, y algún argumento insostenible, como el de la responsabilidad autónoma del jefe de la policía provincial. Rápidamente la justicia provincial se alineó con el oficialismo, y el comisario José Dante Bustamante ya está imputado en soledad por los delitos de lesiones, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Como de costumbre, cuando las papas queman, entregan el caballo, para salvar a la dama y su alfil.

Mientras tanto, el jueves 27 de agosto se realizó en varios lugares del país la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Por la mañana, en la ciudad de Córdoba, Brian y Gastón Barraza, dos adolescentes que iban a participar de la marcha junto a su familia, ya que son sobrinos de Exequiel Barraza, asesinado por la policía, fueron hostigados por policías que los fueron a buscar a la puerta de su casa.

Cuando Gastón advirtió que los policías golpeaban a su hermano menor, comenzó a filmarlos con su celular. Instantes después, ambos chicos, apaleados delante de su madre, Lorena Barraza, hermana de Exequiel, y miembro de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, eran conducidos a la comisaría 16 de Barrio Ferreyra. Allí se los amenazó con trasladarlos a la cárcel de Bower y al complejo Esperanza, pero la movilización y presencia en la comisaría de la militancia antirrepresiva y de organizaciones políticas como el PTS, y los muchos llamados telefónicos de las distintas regionales del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo) apenas circuló en las redes la noticia, lograron forzar la liberación de los chicos. Naturalmente, el video en el celular había sido borrado cuando los policías lo devolvieron.

Las calles de nuestro país gritaron: ¡Ni un pibe menos!

La jornada contra el gatillo fácil del jueves 27 de agosto, impulsada inicialmente en Buenos Aires por Nancy, mamá de Ismael Sosa, joven merlense asesinado por la policía cordobesa cuando iba a presenciar el recital de la Renga, y convocada, entre otras organizaciones, por CORREPI, se reprodujo en distintos lugares del país.

El mismo día se realizaron movilizaciones en Córdoba, Mar del Plata y Tucumán, mientras que en Catamarca y otras provincias se hicieron en días posteriores. En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el Colectivo contra el Gatillo Fácil, que integran HIJOS La Plata y otras organizaciones, se llevará a cabo una jornada similar el miércoles 9 de septiembre. El objetivo, en todos los casos, es visibilizar que la represión del Estado atraviesa todo el territorio nacional, y expresar que sólo con la organización y la lucha como herramientas fundamentales podemos enfrentarla.

Más de 4.400 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado desde diciembre de 1983. Las tres gestiones kirchneristas son responsables de más de 2.800 de esos asesinatos. El 51% no había cumplido los 25 años. El 46% fue fusilado por el gatillo fácil policial, mientras que el 39% murió después de ser detenido, en comisarías, cárceles u otros lugares. Son más de 200 los desaparecidos en democracia.

Una estadística triste y trágica que atraviesa la realidad de nuestras barriadas populares, que muestra lo que hace el sistema con nuestros pibes y pibas. En la calle, en las esquinas de nuestros barrios, en las cárceles y comisarías de nuestro país.

Una vez más, nos encontramos para denunciarlo. Una vez más, lo hacemos carne para gritarlo. Una vez más, transformamos el dolor en lucha. Una vez más, reivindicamos a los que “cayeron por estar parados” como rezaba la pintada que quedó en la celda de la comisaría 35ª la noche de la detención y tortura de Walter Bulacio.

En la ciudad de Buenos Aires, la movilización comenzó con una concentración y volanteada en Congreso, donde nos encolumnamos para marchar a Plaza de Mayo. Familiares de Ismael Sosa, una gran columna de CORREPI, mayoritariamente compuesta por compañeros familiares y jóvenes, y varios partidos de izquierda marchamos hasta la Plaza de Mayo, entre consignas antirrepresivas y el agite de las banderas.

En la Plaza, muchos compañeros familiares intervinieron desde el micrófono para relatar cómo empezaron a organizarse y a movilizarse contra la represión estatal. Además de los militantes de CORREPI como Estela Velázquez, Ramona Núñez, Emilia Vasallo, Nicanor Bogado, María Rodríguez, Carlos Abregú, Oscar y Silvia Castillo, intervinieron compañeros venidos de muy lejos, como Sibila, mamá de un joven asesinado en Tucumán, Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, y Nancy Sosa, mamá de Ismael, que pidió a nuestra compañera María del Carmen Verdú que cerrara la actividad.

En pocas horas, antes y después de la marcha, vimos cómo la realidad confirma que tenemos razón: nuevos fusilamientos en La Plata, la complicidad del aparato judicial en Jujuy para beneficiar a la gorra asesina, la represión contra el pueblo tucumano, todas situaciones que muestra lo necesario del fortalecimiento de los espacios de lucha antirrepresiva a lo largo y ancho de todo el país.

Próximas actividades. (¡Agenda completa!)

Viernes 4, 19 hs - En La Toma (Estación de Lomas) Actividad de formación sobre el manual del pequeño detenido, convocando a jóvenes de las escuelas de la zona, abierta. Organiza Correpi e invita Biblioteca Social Gramínea

Sábado 5, 12 hs. - Mural en Maciel por el aniversario de Hugo y Carlos. Calle Montaña al 500

Domingo 6, 17 hs – Charla sobre el manual del pequeño detenido en Corralón de Floresta (Gaona 4660)

Lunes 14, 17:30 hs. Charla “Las violencias en el ámbito escolar” con la Agrupación docente Carlos Fuentealba de Lomas de Zamora. Eje: “¿Cómo nos posicionamos frente a la violencia policial que atraviesan cotidianamente los pibes en los barrios?”.