Boletín informativo nº 777

  

En nuestro último boletín escribíamos sobre un nuevo caso de gatillo fácil en Villa Fiorito, un barrio donde abundan los tiros policiales, en el que varias familias de chicos fusilados por policías a lo largo de  los años decidieron dar la lucha contra la represión organizadas en CORREPI.

Comentábamos que en este caso, como en tantísimos otros, el asesino de uniforme cuenta con el beneficio de una defensa gratuita, pero con abogado particular, a través de los abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, que rápidamente se ocupan de que el camarada en apuros tenga la garantía institucional de la impunidad, o, al menos, pase el proceso lo más tranquilo y cómodo posible, en su casa.

La semana pasada, a pesar de que todavía falta recibir los resultados de buena parte de las pericias, y aunque hay testigos oculares que no declararon, el policía federal asesino, Martín Argüello, que fusiló a Esteban Paniagua el 3 de enero, fue puesto en libertad por el juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale.

De manera bien diferente a lo que sucede cuando el acusado no lleva uniforme, incluso por delitos mucho más leves que un homicidio (no por nada las cárceles están superpobladas de presos sin condena), la fiscal Viviana Giorgi no pidió que la detención se convierta en prisión preventiva, y el juez dijo que “la posibilidad que el imputado permanezca en libertad… no impedirá el avance de la investigación ni la incorporación de prueba restante, por lo que los peligros procesales y entorpecimiento probatorio original han disminuido”.

En este sistema que se basa en el robo (de la fuerza de trabajo, de las distintas identidades, de la niñez, de los derechos más elementales, de la dignidad, de la vida) los que disponen en la calle inocencia o culpabilidad y qué pena aplicar, son los uniformados, quienes a su vez ostentan el patrimonio de todos los grandes delitos organizados.

La familia de Esteban, con CORREPI, seguirá pugnando por condena, tanto dentro como fuera de los tribunales, y denunciando la nada novedosa complicidad judicial, recurrente cuando los imputados llevan uniforme.

 Llega el juicio por Javier y David

En el número anterior del boletín también nos referimos al fusilamiento de Marcelo Javier Alarcón y David Heber Orlando Vivas, que ocurrió la mañana del 3 de marzo de 2013, por mano de Alfredo Alberto Veysandaz, subcomisario de la 1ª de Quilmes. Como todo gatillo fácil, el crimen no se agotó en el asesino apretando el gatillo, sino que siguió con una serie de muestras de apoyo institucional a su accionar: adulteración de pruebas, aprietes a testigos, encubrimiento.

Pero la organización y lucha en las calles y la presión en los tribunales logró que lleguemos a un juicio donde se va a juzgar a Veysandaz por triple homicidio: dos consumados contra Javier y David y otro en grado de tentativa sobre Marcelo Claudio Lúquez, un tercer pibe que sobrevivió.

Para difundir la denuncia de la política de seguridad asesina que mata a nuestros pibes, y convocar a acompañar masivamente el juicio, venimos realizando actividades de todo tipo en Quilmes.

Queda una semana, y te invitamos a sumarte, el sábado 13 de febrero, a partir de las 17:00, al Festival Antirrepresivo en la plazoleta frente a la Estación Quilmes (Alsina e Hipólito Yrigoyen).

Y el miércoles 17 de febrero, a las 8:30, te esperamos para hacer el aguante durante la primera jornada del juicio, en Av. Irigoyen 475, Quilmes.

 

El 7 de febrero, en Guaymallén, Norma Noemí Ríos (36) fue degollada por su marido, el efectivo militar de Puerto Belgrano Luis Álvarez, delante de la hija de ambos, de 16 años.

También en Guaymallén, pero el 4 de febrero, la policía persiguió a un hombre de 28 años que había robado una camioneta. Cuando lo alcanzaron, le dispararon en la pierna, y esperaron que se desangrara. El gobernador radical mendocino (Alianza Cambiemos) Alfredo Cornejo, se regocijó por Twitter: “Felicito al policía que cumplió su deber”, escribió.

El 22 de enero, la policía cordobesa perseguía dos pibes de 17 años en el barrio Marqués Anexo. Santino Cabanilla, de un año y 9 meses, recibió un disparo en el pecho, que lo mató, cuando estaba de la mano de su papá, en la vereda.

El 19 de enero, en La Plata, un policía que iba en moto fue interceptado por dos chicos que lo trataron de asaltar. Él mismo declaró que “simuló darles la moto”, para sacar su reglamentaria y empezar a los tiros. Uno de los chicos, de 24 años, murió en el acto.

En Ituzaingó, el 13 de enero, otro policía “resistió” un robo, esta vez en su casa. Vació su cargador sobre tres jóvenes cuando intentaron huir. Uno cayó muerto con tres disparos.

El mismo día, en Rosario, creció la cuenta de femicidios azules: un policía mató a tiros a su pareja, Graciela Menna.

En el hospital Regional de Santiago del Estero, el 15 de enero murió Julio Ricardo Ávila. El día 9 había sido internado con golpes graves en la cabeza, fractura de cadera, desprendimiento de médula ósea y daños en órganos vitales, consecuencia de una paliza policial en la comisaría 4ª.

También en Santiago del Estero, el 3 de febrero, se mataron entre ellos: el oficial inspector Christian Ezequiel Carrizo (28) recibió un disparo de pistola calibre 9 milímetros efectuado por su compañero, el oficial subinspector Franco Albornoz, en el interior de la comisaría donde ambos prestaban servicio.

El día anterior, en la Avenida General Paz, a la altura de Villa Devoto, un empleado de una empresa de seguridad mató a otro mientras circulaban en un móvil de la empresa FPI. La “explicación”: el tirador tuvo un ataque de hipoglucemia y se le escapó el tiro…

En Berisso, el 18 de enero, un policía de 49 años, de la Bonaerense, se presentó en la vivienda de su expareja, que hacía tres meses convivía con otro policía. El nuevo novio disparó un tiro en el pecho y otro en la cabeza del ex.

Éstos son apenas algunos ejemplos de las decenas de casos que se fueron sumando al Archivo en las últimas dos o tres semanas. No sólo no cambiaron el gatillo. Lo aceitaron, y está cada vez más fácil.

 Compañera Lohana: ¡Nos vemos en la lucha!

Corrían los primeros años de la década del ’90 cuando conocimos a Lohana Berkins. El caso Bulacio era reciente, y el debate sobre las detenciones arbitrarias estaba sobre la mesa. En esa época, el eje eran los edictos policiales y la detención por averiguación de antecedentes (Doble A), esas fabulosas herramientas de control social, recicladas en los años siguientes, por sucesivas camadas de “progres”, como código contravencional y detención para averiguar identidad (DAI).

Como activista trans, Lohana sabía bien la importancia que tenía poner en pie la resistencia a ese arsenal represivo que faculta a las policías a detener a cualquiera sin otra excusa que su decisión de hacerlo. Por eso, esos primeros años transcurrieron con marchas, manifestaciones, charlas y talleres compartidos, donde señalábamos que no se trataba sólo de cuidarnos de una detención arbitraria, sino que muchas veces esa circunstancia era la puerta de entrada no sólo a la comisaría, sino a la tortura y la muerte.

La calle fue, sin dudas, el lugar donde más a menudo confluimos con Lohana. Como más adelante, cuando para legitimar la conversión de los edictos en el “código de convivencia urbana”, se descargó una brutal campaña contra las personas en estado de prostitución y las personas trans, estigmatizadas como factor central de la “inseguridad ciudadana”. Al hostigamiento y la persecución constante, opusimos más movilización popular, como los escraches a la emblemática comisaría 23ª de Santa Fe y Gurruchaga, cuyo jefe, el comisario Blanco, aprovechaba la volteada para echar de las calles del barrio a quienes consideraba “competencia” de las mujeres y niñas que él sometía a la explotación sexual en los distinguidos “privados” que regenteaba en todo Palermo.

Compañera insumisa y frontal como pocas, solidaria y dueña de un inacabable sentido del humor, no te fuiste sin dejar una profunda huella.

Nos seguiremos viendo, compañera Lohana. En la lucha, siempre.