Boletín informativo nº 778
1. Gendarmería, la murga, los pibes y los medios
2. Balas y chalecos: Una demanda creciente.
3. Rienda suelta a la represión.
4. Topadoras en Merlo.
5. Los refugiados son personas.
Gendarmería, la murga, los pibes y los medios
En la noche del viernes 29 de enero, la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, compuesta en gran parte por jóvenes, niños con sus madres y otros vecinos de la Villa 1-11-14 de CABA, ensayaban en la calle mientras una patota de la gendarmería pretendía transitar durante un supuesto operativo. Y es historia conocida: cuando se trata de jóvenes de los barrios, que bailan, cantan o simplemente se juntan en la calle, es cuando los de uniforme se apresuran en su misión de aleccionar tan irreverente reunión. Fue así que mientras un patrullero intentaba atravesar la calle, el director de la murga les pidió a los gendarmes que esperaran un rato o que dieran la vuelta. Pero no hubo caso, siguieron su camino rozando con el patrullero a los chicos y chicas que bailaban y, una vez que pasaron, a manera de amedrentamiento, abrieron fuego a balazo limpio contra los más de 80 integrantes de la murga que estaban en la calle. Once integrantes de la murga, entre ellos varios niños, resultaron heridos por balas de goma y dos de ellos por balas de plomo..
Los medios masivos (Clarín, La Nación, Perfil, Infonews), tomando un comunicado de la propia fuerza, afirmaron que dos gendarmes sufrieron heridas en un operativo en la 1-11-14 al ser rodeados por personas que los amenazaban y tiraban contra ellos cuando querían recuperar dos automóviles robados en las inmediaciones del barrio. En un intento de bañar de heroísmo el accionar de la gendarmería, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, imitando a su antecesor Sergio Berni, subió fotos a las redes sociales, que luego fueron replicadas por los medios, visitando a los gendarmes heridos en su labor en el Operativo Cinturón Sur (operativo lanzado en junio del 2011 por la ex ministra de seguridad Nilda Garré para militarizar los barrios y que se mantiene vigente durante el actual gobierno). Los días siguientes, a fuerza de denuncias, imágenes y videos que revelaron lo sucedido, echaron por tierra las versiones oficiales y las noticias de los medios afines que quisieron encubrir la violenta represión estigmatizando a los jóvenes del barrio e inventando un valeroso accionar de las fuerzas de seguridad.
Y las murgas salieron a la calle. El 17 de febrero, en simultáneo con otras ciudades del país, los redoblantes tronaron en los edificios de la Av. De Mayo y cientos de murgas bailaron hasta el Congreso. Fue una multitudinaria marcha donde las murgas, junto a otras organizaciones políticas y de la cultura popular, repudiaron no sólo la represión sufrida por los Auténticos Reyes del Ritmo sino también las detenciones y el hostigamiento policial que padecieron los soñadores de San Juan, Los Chiflados de Catán, los Mata Mufa y otras murgas que, además de persecución, pierden espacios de ensayo en los espacios públicos y escenarios en los municipios, denunciando así a un Estado que quiere barrer de las calles todo expresión que provenga de las redes sociales que emergen de los barrios.
Este suceso en el Bajo Flores, como las detenciones en la puerta del recital de los Stones, como las balas de goma en el corso de Quilmes o como la justificación parapolicial de los medios hegemónicos no son hechos fortuitos o aislados: son la puesta a punto del incremento represivo y la criminalización de la cultura popular que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri, que busca mantener a la juventud de los barrios en sus casas o encerrados; naturalizando palos, balas y detenciones donde se junten un par de pibes o pibas en la calle. Especialmente, en tiempos en que el ajuste comienza a apretar más fuerte.
Balas y chalecos: Una demanda creciente.
La ola de despidos llegó a Fabricaciones Militares a fines de enero, cuando se informó a cerca de 140 trabajadores que formaban parte de la lista de cesanteados. La lista incluye ingenieros mecánicos, químicos e industriales, contadores, economistas y otros profesionales que coordinaban proyectos.
Martín Harraca, ahora ex jefe de la Unidad de Planeamiento y Control de Gestión, explicó a Página/12 que La nueva dirección confirmó que no le interesa ningún proyecto relacionado con el desarrollo nacional y la producción local. Además, enumeró algunas de las explicaciones recibidas: Es mejor comprar radares que desarrollarlos (…) los vagones son antieconómicos (…) las plantas nuevas son un costo hundido que nunca se va a recuperar.
En una grabación difundida en el programa Minuto uno, puede escucharse cómo Cristian Fernández, subinterventor de la Sede Central de FF.MM., explicó a los trabajadores que a la nueva dirección no le interesa la fabricación de vagones Tolva granero. Los dichos de subinterventor Fernández, adquieren un carácter funesto cuando plantea: Todavía no hay una definición de hacia dónde va a ir Fabricaciones Militares con mi gestión. Por ahora, las instrucciones que recibí es seguir produciendo balas, chalecos, y munir a la fuerza con lo que tenemos. Tenemos una demanda que va a ser creciente.
Uno de los empleados le preguntó entonces atinadamente: ¿Cuál es exactamente el plan de las nuevas autoridades?, a lo que Fernández contestó: Cuando es un gobierno que cambia, seguramente viene con un plan distinto el plan puede ser el no plan también.
Las cesantías dejaron en claro la decisión de vaciar FF.MM. al dejar sin personal áreas completas como Planeamiento y Control de Gestión, la dirección de Producción (que coordinaba las cinco fábricas), Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (garantizaba la salubridad de la producción, imprescindible tratándose de químicos y explosivos), Comunicaciones y RRII, Inversiones (ejecutaba proyectos para recuperar capacidades y actualizar equipos) o Calidad (responsable de actualizar normativas y garantizar la calidad). Entonces, ¿qué tipo de producción importa hoy? El no plan es claro: importan las balas para los que impidan la normal circulación del tránsito y la represión de la protesta.
A pocos meses de la asunción del gobierno macrista, es inobjetable la profundización y el recrudecimiento de la represión estatal en sus diferentes variantes, que se despliegan en una misma linea: rienda suelta y sin filtro al accionar de las fuerzas represivas, con explícito y formal aval.
En un contexto en el que el gobierno declara la emergencia en seguridad nacional, es de esperar que la tarea de reprimir y encarcelar a los que luchan por sus derechos se haya multiplicado exponencialmente. El modus operandi es bastante claro, y no es nueva la receta: ante la organización y el reclamo popular, la respuesta es bastón, cárcel y balas indiscriminadas.
El caso de Milagros Sala, referente de la organización jujeña Tupac Amaru, inicialmente detenida bajo el cargo de “sedición” e “instigación a cometer ilícitos y tumulto” da cuenta de cómo estas figuras penales resultan un gancho perfecto entre la ley y las fuerzas policiales, en detrimento del derecho a la protesta. Si bien fue paradigmático, no es el único caso de represión y criminalización del conflicto social y la protesta en este corto pero duro tiempo:
En Salta, detuvieron a 10 empleados municipales de Cerrillos, que tras ser despedidos y luego de varios días de acampe, tomaron la intendencia de dicha ciudad para pedir por su reincorporación. Después de 15 días de detención, fueron liberados, imponiéndoles con duras condiciones para recuperar su libertad.
En Villa Sauce y Sansinena, pueblos bonaerenses en el límite con La Pampa, la policía de esta provincia reprimió con balas de goma a una veintena de vecinos, entre ellos una nena de seis años, que se estaban manifestando para impedir la apertura de una brecha en la ruta 188 para escurrir hacia el lado bonaerense las aguas del Río V, aumentando las inundaciones en la zona.
También fueron reprimidos los pibes del Bachillerato Popular Raíces (CEIP-CTA) en Tigre, con el resultados de heridas de todo tipo, desde fracturas de brazos hasta marcas en todo el cuerpo por balas de goma.
Sin dudas, el más grave episodio reciente fue el intento de homicidio contra el compañero Iki del Movimiento Popular la Dignidad, baleado por un puntero del PRO, ligado al Instituto de la Vivienda, durante una asamblea en el barrio Vicente López, de Villa Celina, La Matanza.
Iki ya había recibido amenazas de la patota amarilla por su participación en la defensa, junto a los demás vecinos del barrio, de unos predios ambicionados para grandes emprendimientos inmobiliarios. El viernes 12 de febrero recibió un disparo en el pecho. Luego de varios días en terapia intensiva, rodeado por la solidaridad de sus compañeros y vecinos, y de todas las organizaciones que acompañamos una gran movilización en el barrio, el compañero se va recuperando lenta pero firmemente.
Es claro que la represión de la protesta es una política de estado, especialmente descargada sobre los sectores más marginados de la población para silenciar sus reclamos. Sólo con unidad, organización y lucha podemos defendernos.
En la madrugada del 17 de febrero, los vecinos del barrio Nueva Esperanza, en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, amanecieron alrededor de las 4:00 con el sonido de topadoras. Más de 1.200 efectivos de la policía bonaerense tenían la orden de la provincia y del municipio de desalojar el predio, ocupado desde octubre de 2015 por más de 2.000 familias en situación de calle.
Las topadoras arrasaron con todo en compañía del fuego. No sólo destruyeron las casas, sino también los bienes y enseres que se encontraban dentro de ellas, desde heladeras hasta documentos. La única “contención” que mostró el Estado a lo largo del proceso fue, cuando casi todo el barrio ya había sido destruido y miles de personas lo habían perdido todo, mandar dos camiones que cargaron algunos objetos y muebles y partieron con rumbo desconocido.
El desalojo, además de violento, y de costar seis detenciones, no respetó la prórroga judicial que habían conseguido los vecinos por 180 días, para avanzar en la mesa de negociación que mantenían con Gustavo Menéndez, intendente de Merlo (FPV), para acordar la compra de tierras y urbanizarlas.
Menéndez pretendió justificar el desalojo escudándose en la imagen de Oscar, un niño de 8 años que murió cuando lo alcanzó una bala perdida durante un tiroteo que se produjo cerca del barrio Nueva Esperanza entre bandas narco con zona liberada por la policía. Más que clara fue la intención del intendente de estigmatizar a todos los habitantes del barrio, familias humildes y trabajadoras que buscan realizar su derecho a la vivienda, como delincuentes o narcos.
Dos días después, los vecinos se concentraron frente a la municipalidad de Merlo. Lograron reunirse con representantes del municipio, que se comprometieron a gestionar una nueva mesa de diálogo con las autoridades provinciales, y ofrecieron, como única ayuda, dar albergue provisorio a los niños por 15 días, sin el acompañamiento de sus padres.
Se programó una nueva reunión el día martes 23 de febrero, en la subsecretaria de Tierras y Viviendas. Tierra que esta desocupada, tierra que tienen derecho a ocupar esos miles de personas se encuentran luchando por una vivienda digna.Hace tiempo tomó estado público la situación de los refugiados que escapan de los conflictos armados en países como Turquía o Siria -entre otros- hacia las costas europeas, poniendo en riesgo la vida para atravesar los mares y sobrevivir la miseria planificada.
Hace tiempo tomó estado público la situación de los refugiados que escapan de los conflictos armados en países como Turquía o Siria -entre otros- hacia las costas europeas, poniendo en riesgo la vida para atravesar los mares y sobrevivir la miseria planificada.
Despolitizar el concepto de refugiado, desde la premisa de combatir “la inmigración ilegal” y deshumanizar a la persona que sufre los imperialismos en carne propia, es la estrategia de los gobiernos y sus medios de comunicación para garantizar el consenso que requiere implementar el trabajo de sus aparatos represivos.
Así lo menciona un artículo del portal Rebelión, que cuenta cómo los gendarmes del mundo y su herramienta imperialista histórica, la OTAN, con apoyo de Alemania, Grecia y Turquía, comenzarán a realizar tareas de vigilancia del tráfico de inmigrantes y refugiados en las aguas del mar Egeo, intensificando la inteligencia, vigilancia y reconocimiento en la frontera turco-siria.
En Siria, el régimen dictatorial de Bashar al Assad desató en los últimos días una ofensiva sobre la provincia de Alepo, que generó una nueva oleada de desplazados, mientras las potencias imperialistas continúan disputando con qué capital político (y con qué recursos) se queda cada una en este conflicto, próximo a cumplir cinco años. Además, invisibilizan las resistencias populares que se fueron gestando, como las milicias del pueblo kurdo, que enfrentan la represión. Juega un papel no menos importante la diplomacia de la ONU, que tiende a cumplir más un papel de “revisor de cuentas” de los intereses de Rusia y Estados Unidos que de generar caminos para terminar el conflicto armado.
Según un informe de una institución local, las víctimas fatales causadas por la guerra de manera directa e indirecta ascienden a 470.000, muy por encima de los 250.000 muertos que calculaba la ONU hace un año y medio. Un 11,5% de la población del país fue asesinada o herida desde marzo de 2011. La expectativa de vida cayó de 70 a 55,4 años en 2015. Alrededor de 13,8 millones de sirios perdieron su fuente de subsistencia. La pobreza alcanza al 85% y prácticamente la mitad de la población ha sido desplazada (7 millones de desplazados internos y 4 millones de refugiados en otros países), dando lugar a la peor crisis de refugiados desde la segunda guerra mundial. Aunque la mayoría huye hacia los países vecinos (2,5 millones solamente en Turquía) una marea de decenas de miles de desesperados intenta llegar a la Unión Europea. Muchos mueren en el intento, y los que llegan son tratados como escoria por los estados europeos, que han tomado como propias las políticas racistas y xenófobas de la extrema derecha.
En la opinión del secretario general de la OTAN es importante responder rápidamente porque esta crisis nos afecta a todos. La Unión Europea no tuvo mejor idea que abordar la crisis humanitaria de los refugiados (cuyo índice aumentó en un 1.900% en el último año) con un recorte del Programa Mundial de Alimentos a un cuarto del existente, y cerrando escuelas en los campos de refugiados, con pedido de auxilio a la OTAN. Clara pauta de cómo las clases dominantes resuelven los conflictos de sus intereses imperiales con hambre, miseria y garrote.
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