Boletín informativo nº 780

 

  La tortura silenciosa.
La siguiente afirmación puede resultarnos por demás familiar: La consolidación  de los  estados modernos a través de su sistema represivo ha sido condición indispensable para el desarrollo del capitalismo y el resguardo de sus mecanismos de reproducción y expansión. Estos estados, en la actualidad, alimentan y mantienen su vínculo con la población mediante lo que M. Foucault denominó “pacto de seguridad”. Así, para cumplir con su pretendido rol de asegurador, el estado debe intervenir en todas las situaciones singulares y excepcionales que fisuran la vida cotidiana de las personas, casi siempre a través de acciones extralegales. También sabemos que el estado supone una cierta  “elasticidad” que le permite adecuarse y continuar con su objetivo histórico.
El caso de Argentina, lógicamente, no es una excepción.  Los discursos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias del congreso nacional y la legislatura provincial, contienen varias referencias a la innovación y modernización del estado argentino.  Ambos dedican amplios párrafos a las promesas de mayor seguridad, más policía, más equipamiento, mejor tecnología  y mejores armas.   Lamentablemente, algunas promesas no tardarán en cumplirse. Sobre todo si tienen que ver con oprimir y amedrentar a los sectores más vulnerables.
El día 2 de marzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso extraordinario que buscaba impedir la adquisición de armas Taser X26 para uso de la policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Numerosos organismos de derechos humanos denunciaron en reiteradas oportunidades que las Taser están lejos de  ser inofensivas. Existen investigaciones y pruebas que sostienen que en casos de enfermedades cardiacas o exposición reiterada y  prolongada, las descargas eléctricas que aplican estas armas causan la muerte, sin olvidar que son lisa y llanamente elementos de tortura, pues no es otra cosa el pasaje intencional de corriente eléctrica en un cuerpo. Para mejor, no dejan marcas visibles macroscópicamente.
Ahora, el máximo tribunal de la Nación habilitó la utilización de  estas armas de  electrochoque, que causaron la muerte de 600 personas desde el año 2001 sólo en EEUU (afroamericanos y latinos en su mayoría, obvio) y que han sido utilizadas en contra de 431 menores en el Reino Unido durante el año 2013, según Amnistía Internacional.
Con esta decisión,  además de desoír (de nuevo) disposiciones establecidas en tratados y acuerdos internacionales, el gobierno  lanza un mensaje a todos lo que, organizados o no, resistimos el avance del poder sobre nuestros derechos: El estado  adquiere una herramienta más para reforzar el sistema represivo que históricamente le permite perdurar y la “neopicana” asegura la amenaza de una nueva forma de tortura silenciosa.

  La inseguridad usa gorra, no visera.
El miércoles 2 de marzo, en uno de los countries ubicado de la zona de City Bell, muy cerca de la ciudad de La Plata, dos personas entraron en la casa del intendente Julio Garro. Amenazaron a toda su familia con armas de fuego, para después atarlos y encerrarlos en una de las habitaciones. Después de requisar el inmueble, lograron llevarse 25.000 pesos en efectivo, al parecer obtenidos de la caja menor de Garro.
Se dirigieron entonces hacia la casa contigua, donde los esperaba el subteniente de la bonaerense Patricio Miguel Masana (32), que alquilaba el lugar hace 10 meses y quien seria el encargado de sacarlos del lugar con lo robado.
Gracias a uno de los trabajadores del lugar, que alertó sobre lo que pasaba, fue allanado el domicilio del subteniente, y se secuestraron dos pistolas, metanfetaminas, cristales de cocaína, 10.500 dólares, casi 100.000 pesos y hasta una máquina de contar billetes, según informó TELAM. Además, resultó que, en 2013, Masana ya había sido procesado por la fuga de unos detenidos en la misma comisaría en la que trabajaba hasta la actualidad, todo bajo la cobertura de impunidad otorgada por el poder judicial.
Por otra parte, en la localidad de Sarmiento, provincia de Chubut, vimos otro ejemplo de la corrupta actuación policial, esta vez no por acción sino por omisión. El suboficial Jorge Ramón Díaz acudió a un llamado que informaba de una pelea entre dos personas como resultado de un intento de robo. Al llegar al lugar, el suboficial se encontró con que el ladrón era su hijo, por lo que, sin dudar un segundo, abandonó a la víctima, que estaba herida, y se llevó a su vástago a la guardia para atender una herida leve en su mano. Ahora está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A pesar de todo lo que estos casos representan, algunos sectores nos siguen vendiendo “el negocio de la seguridad” con la convicción de que nuestra tranquilidad depende de cuántas cámaras o policías haya en las calles. Por eso seguimos diciendo que inseguridad, es la policía en la calle.

  La resistencia de los pueblos enfrenta persecuciones, criminalización, amenazas y muerte: en Honduras asesinan a Berta Cáceres; en Argentina se agrava la persecución del referente wichi Agustín Santillán.
Los pueblos de Nuestra América enfrentan valientemente las políticas de saqueo que llevan adelante capitalistas locales y trasnacionales al amparo del poder de los estados y gobiernos, cuyas principales respuesta son la persecución, hostigamiento, criminalización, amenazas y muerte de dirigentes y luchadores.
Así lo muestra la situación del referente wichí Agustín Santillán, que en la provincia de Formosa enfrenta una acusación de robo, amenaza con arma de fuego y resistencia a la autoridad. Al hostigamiento constante de parte de la policía, se suma esta acusación, por la que Santillán responsabiliza al gobernador Gildo Insfrán, al ministro de Seguridad y al aparato judicial de la provincia.
Esa es la respuesta a sus denuncias sobre la situación de miseria que padece la comunidad wichí del Barrio Obrero, en la localidad de Ingeniero Juárez: Santillán había publicado en su muro de Facebook fotos de un niño de wichí muerto por falta de atención adecuada en el hospital local y de Javier Molina, efectivo de la policía provincial que suele infiltrarse en las movilizaciones que realiza su comunidad.
En Honduras, asesinaron a Berta Cáceres, dirigente indígena, coordinadora general del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) e integrante de la coordinación nacional de la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH).
El asesinato de Berta Cáceres es la única respuesta que el poder de las trasnacionales y el estado hondureño encuentran para frenar a esta valiente e inclaudicable luchadora, que desde la COPINH enfrentó la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. En un comunicado publicado el sábado 5 de marzo, su madre e hijos agradecen la solidaridad nacional e internacional y denuncian que los motivos de su  asesinato fueron su resistencia y lucha en contra de la explotación de los bienes comunes de la naturaleza y en defensa del pueblo Lenca.
De ello responsabilizan al estado hondureño, a la empresa DESA que desarrolla el megaproyecto y a diferentes organismos financieros internacionales que lo respaldan: Banco Holandés FMO, Finn Fund, BCIE, Ficohsa y las empresa CASTOR, Grupo empresarial ATALA.
Desde CORREPI repudiamos el asesinato de la compañera y hacemos nuestro el grito y la lucha por justicia frente a este crimen que pretende silenciar la lucha de nuestros pueblos atacando a una incansable luchadora que enfrentó hasta las últimas consecuencias al sistema capitalista, patriarcal, colonial y racista.
¡Berta Vive! ¡La lucha sigue, sigue!