Boletín informativo nº 782

 

La multitudinaria marcha del Encuentro Memoria Verdad y Justicia a 40 años del inicio de la más sangrienta dictadura que sufrió el pueblo argentino, estuvo atravesada ineludiblemente por la necesidad actual de organizarnos para enfrentar el ajuste, el saqueo y la represión actual.

Con esa consigna central en la bandera que encabezó la enorme columna, marchamos miles y miles de organizaciones, compañeros y compañeras que, en muchos casos, habíamos estado el día anterior en el repudio a la presencia del presidente norteamericano Barack Obama en nuestro país. Anunciada la marcha, el yanqui y su amigo argentino, Mauricio Macri, prefirieron no asistir a la reunión de empresarios de ambos países en el significativo predio de la Sociedad Rural.

CORREPI marchó detrás de la bandera que convoca a la organización y lucha contra la represión estatal, que portaban los compañeros y compañeras familiares de los asesinados por el aparato represivo estatal en estos 32 años de democracia, desde Marcelo “Peca” Rivero, fusilado en La Matanza en 1989, hasta los más recientes, de 2015 o 2016. Junto a más de un centenar de jóvenes organizados en CORREPI en la zona metropolitana y en La Plata, decidieron sumarse a nuestra columna los compañeros del Bachillerato Popular Fuentealba y del Centro Cultural La Casita de Guernica, junto a la Campaña por la Aparición con Vida de Diana Colman.

A nuestro lado, como siempre, estuvieron los compañeros de HIJOS La Plata e H.I.J.O.S. Zona Oeste, con quienes confluimos en espacios de coordinación nacionales, como el Encuentro Nacional Antirrepresivo, las Coordinadoras Antirrepresivas del Oeste y del Sur, y el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de la Plata.
El 24 de marzo, con los 40 años del golpe, abre un año en el que nos movilizaremos, también, por los 25 años de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio, los 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, y los 15 años de la represión a la rebelión popular de 2001. Un año en el que, como viene sucediendo desde su inicio, será cada vez más imprescindible hacer realidad esa consigna, para enfrentar con unidad y lucha organizada el ajuste, el saqueo y la represión.

  Señor(es) Matanza.

En Argentina, la represión del gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías se cobra entre 200 y 300 vidas por año. En lo que va de 2016 ya se han registrado decenas de casos. Aquí un breve resumen de algunos:
El 13 de enero, en la ciudad de Santa Fe, el suboficial Pedro Díaz, del área de Caballería de la Unidad Regional II de la Policía provincial, le pegó dos tiros en la cabeza a su esposa, Graciela Menna, de 49 años, mientras ella dormía. Luego, se suicidó.
El 14 de enero, en Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires, un policía retirado advirtió que tres pibes que había entrado a robar en su casa estaban escapando. Disparó siete veces contra los ladrones en fuga y mató a uno de ellos.
El 15 de enero, en Santiago del Estero, falleció Julio Ricardo Ávila (34), que el sábado anterior había sido internado en grave estado, después de permanecer “demorado” por ebriedad en la seccional 4ª de la policía provincial. La autopsia mostró tenía golpes en la cabeza, fractura de cadera, desprendimiento de médula ósea y daños en los órganos vitales.
El 17 de enero, un policía de San Martín de Los Andes, Neuquén, mató de un tiro a Marjorie Burgos Cruces, esposa de su primo, militar chileno, que estaba de vacaciones en su casa.
El 18 de enero, en Berisso, Pcia. de Buenos Aires, un policía bonaerense se presentó en la vivienda de su ex pareja. Encontró en la casa a otro policía, de 34 años, con quien la mujer estaba viviendo desde hacía tres meses, y lo mató con un disparo en el pecho y otro en la cabeza.
El 19 de enero, en Los Hornos, La Plata, Pcia. de Buenos Aires, dos pibes trataron de robar a un policía que viajaba en moto. El efectivo, de civil, simuló que iba a entregarles el vehículo, y cuando se iban les disparó: mató a uno y detuvo al otro.
El mismo día, en Rosario, Elizabeth Cantero, hija y hermana de los líderes de la banda de narcos “Los Monos”, murió como consecuencia de una golpiza que recibió el lunes al mediodía en la cárcel de mujeres.
El 9 de febrero, en Guaymallén, Mendoza, Luis Álvarez, militar que presta servicios en Puerto Belgrano, degolló a su esposa Norma Noemí Ríos (36), delante de su hija de 16.
El 13 de febrero, en Corrientes, Nelson Solís (28), preso en la UP nº 1, apareció muerto en su celda, desde donde había denunciado varias veces las pésimas condiciones de alojamiento y las torturas.
El 15 de febrero, en Sampacho, Córdoba, Víctor Omar Gánzer, de 53 años, detenido por un altercado familiar, apareció ahorcado en el calabozo de la comisaría local. La familia denunció que estaba muy golpeado, y que no tenía motivos para suicidarse.
El 17 de febrero, en Corrientes, David Encina (18) fue detenido porque no tenía la documentación de su moto. Horas después, estaba muerto en un calabozo de la comisaría 7ª.
El 18 de febrero, en Córdoba, dos jóvenes trataron de entrar a robar en la sede del sindicato de recolectores de residuos. La policía intervino, y cuando los pibes escapaban, uno de ellos recibió un disparo fatal.
El 22 de febrero, en el barrio La Matera, Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, tres muchachos escaparon cuando la policía les dio la voz de alto. Los persiguieron hasta que se refugiaron en una casa. La policía disparó y mató a uno de ellos, de 27 años. También hirieron a un chico de 15 años, vecino que pasaba por el lugar.
El 26 de febrero, en Córdoba, el policía provincial Paulo Garibaldi, que iba en moto con su novia, mató de un disparo a Cristian Alsogaray (21) para evitar que lo robaran.
El 28 de febrero, en Charata, Chaco, Mario Toloza (36) murió por un disparo policial mientras estaba en su casa. La policía disparó en la calle, para “dispersar un desorden”. Todo el barrio se movilizó a la comisaría, y cuatro policías fueron detenidos.
El mismo 28 de febrero, en City Bell, Pcia. de Buenos Aires, Walter José Tappa, teniente de la comisaría 10ª, asesinó dentro de su auto a su pareja, Giselle Ramírez Astrid (24) y luego se suicidó.
El 1º de marzo, también en Córdoba, un policía federal mató de un disparo en la cabeza a un joven de 24 años, que se acercó a su camioneta Ford Ranger.
El 3 de marzo, en Laguna Seca, Corrientes, un policía de apellido Gómez, de la comisaría 21ª, mató a su media hermana, Edelmira Delgado (24), y se disparó luego un tiro a sí mismo.
El 4 de marzo, también en Córdoba, Matías Capuroso, policía provincial de civil, mató a otro joven que huía tras un intento de salidera bancaria.
El 6 de marzo, a las 9 de la mañana, en el barrio de Fátima de Villa Soldati (CABA), Brian Darío Romero (25) fue asesinado por los disparos de un agente de la Gendarmería que estaba de guardia en la zona.
El 7 de marzo, en Gonnet, Pcia. de Buenos Aires, cuatro pibes quisieron robar a un motociclista que era vigilador privado. Mariano Sebastián Marano, oficial del GAD de Florencia Varela, que estaba cerca en su auto, le disparó en la cara a uno de los ladrones, de 16 años, que murió en el acto. El chico no estaba armado.
El 15 de marzo, en Las Heras, Mendoza, Facundo, de 17 años, recibió un disparo en el pecho realizado por una mujer policía. El pibe tenía un arma de juguete.
Como diría Eduardo Galeano, llegará un día, no muy lejano, en que la policía deje de ser la maldición de quienes no pueden comprarla. Pero eso depende de nosotros.

  Mire bien al cruzar la calle.

Esta semana conocimos el tercer caso en 40 días que involucra a efectivos policiales en asesinatos cometidos por patrulleros sin control.
Betty Zampella, de 81 años, murió atropellada por una unidad policial el 8 de febrero a la mañana en la localidad de Villa Ballester. El policía que manejaba no tenía registro de conducir. Se estrelló contra un camión y además de provocar una muerte dejó herida a una niña de diez años. “No conocía la zona”, declaró en su defensa.
Unos días después, en el mismo barrio, Luciano Alt fue atropellado por un patrullero en la puerta de su casa cuando festejaba su cumpleaños número 6 con su familia. “No lo vi”, dijo el oficial que manejaba. Los vecinos denunciaron que andaba sin luces y de contramano. En menos de un mes, la justicia de San Martín liberó al responsable. Para ese entonces, Luciano debía empezar la escuela primaria.
El jueves 17 de marzo, a la madrugada, una camioneta del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de Gregorio de Laferrere, se incrustó en el dormitorio de una casa y asesinó a Damian Villalba mientras dormía. Era un joven trabajador que cumplía funciones en la recolección de residuos.
Agonizó en el suelo más de cuatro horas sin recibir asistencia médica, mientras su esposa reclamaba a los efectivos policiales que lo llevaran al hospital. Quien iba al volante, alcoholizado, la amenazó con su arma reglamentaria para que se callara. Al cabo de un rato, fueron retirados de la escena por otro móvil policial que les permitió escapar.
Horas después llegaron los medios de comunicación y un fiscal de la zona; la policía bonaerense cerró el paso. La familia y los vecinos del lugar buscaron abrir camino para poder garantizar que asistan a Damián, pero los efectivos reprimieron con gases y balas de goma. “¿Saben por qué no hay justicia? Porque somos pobres”declaró una vecina a La Izquierda Diario.
Ante la divulgación pública de los hechos, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, declaró que el problema era“la escasa formación que reciben los efectivos”. Todavía nos preguntamos con qué tipo de material rocoso se lava la cara, cuando es él el responsable político de las fuerzas de seguridad en esa jurisdicción.
El ministro omite mencionar que hace no más de dos meses fue declarada la emergencia en materia de seguridad nacional, que permitió –entre otras cosas- destinar partidas presupuestarias millonarias al refuerzo de armas, equipamiento y logística, al mismo tiempo que consignó la incorporación de nuevos efectivos y redistribución de fuerzas para militarizar los territorios.
El ministro omite, pero nosotros no. No se trata de una escasa formación, sino de la justa y necesaria para sus propios fines. Para reprimir no hace falta pensar demasiado, y ellos saben, mejor que nadie, que mientras el perro menos piensa menos cuestiona. Así las cosas.

  Las cosas por su nombre: la tortura en Argentina no es ilegal.

Miramar volvió a ser testigo del crimen una vez más, como ocurrió con el caso de violación y posterior asesinato de la trabajadora social Laura Iglesias.
El lunes 14 de marzo, Lautaro Blengio, de 17 años, fue secuestrado y torturado por la policía bonaerense -ahora devenida en Comunal- cuando volvía a su casa después de la escuela. El día anterior le habían prometido “tirarlo en el vivero” cuando pidió identificación a los policías que lo habían parado por averiguación de antecedentes.
Cumplieron. Fueron de civil, lo pararon, le apuntaron con su arma reglamentaria y lo obligaron a subir a un Fiat 600. Lo llevaron al Dunícola Florentino Ameghino, vivero municipal donde apareció muerta Natalia Melmann hace 15 años, después de ser violada y estrangulada con el cordón de una de sus zapatillas.
A la vieja usanza de la dictadura, fue encapuchado hasta descender del vehículo. Lo hicieron arrodillarse para empezar con la carnicería, y allí lo golpearon, quemaron su cuerpo con cigarrillos y cortaron en distintos puntos con arma blanca; un último corte en el pecho marcó una cruz, que sería el punto de tiro según le dijeron los policías. Para finalizar, el simulacro de fusilamiento.

No fue al voleo. Lautaro es un activista comprometido con su realidad, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Media N° 1 “Rodolfo Walsh”, militante de la comunidad LGTBI que se puso a la cabeza de la organización de la primera marcha del orgullo gay en su localidad.
No fue la primera vez que lo perseguían: sus padres ya habían denunciado el hostigamiento recibido meses atrás con una presentación de hábeas corpus, con apoyo del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata (FAM), ante la jueza Florencia Hogan, quien lo rechazó argumentando que se encontraba fuera de peligro. Como siempre, toda historia tiene su trasfondo. La jueza es hija del ex intendente justicialista de Miramar, Tomás Hogan, y hermana del también ex intendente, Patricio Hogan, senador por el Frente Renovador, quien había perdido un juicio por injurias contra el padre de Lautaro. Vale destacar que actualmente es esposa del intendente vigente, Germán Di Césare, también massista y de quien depende la Policía Comunal de Miramar.
Después de deambular por distintas fiscalías a riesgo de negaciones, siempre con el acompañamiento del FAM y CORREPI, los padres de Lautaro lograron dar curso a una denuncia ante la Fiscalía de General Alvarado, a cargo de Ana María Caro, inició la instrucción por “apremios ilegales” contra varios integrantes del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) e integrantes de distintos destacamentos.
No vamos a expedirnos con especulaciones sobre el funcionamiento del poder judicial en la provincia de Buenos Aires, nos sobran ejemplos de absolución fácil, que van de la mano con cada una de las puertas que se le cerraron a la familia de Lautaro.
Nuestro punto son los apremios ilegales. El problema de entender la realidad con figuras jurídicas es que la más de las veces termina por tergiversar la denuncia real: el apremio es considerado un abuso de autoridad. La tortura no es abuso, es tortura.
Las cosas por su nombre. En Argentina la tortura no es ilegal, sigue vigente en cada ejemplo que nos sucede. Lautaro fue secuestrado y torturado por ser un militante social. Y porque son muchos los Lautaros, nuestra lucha no puede dar un solo paso atrás.

 A 13 días del asesinato de Berta Cáceres, asesinan a otro activista hondureño del COPINH.

El 15 de marzo, a sólo unos días del asesinato de Berta Cáceres, dirigente del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), fue asesinado uno de sus compañeros, Nelson García.
Había ido a almorzar a casa de su suegra después de haber ayudado durante toda la mañana a trasladar los enseres de la comunidad desalojada en la localidad de Río Chiquito, en el Departamento de Cortés, cuando recibió cuatro disparos de sujetos no identificados.
Nelson era un referente de la comunidad, y su asesinato se dio en el marco del desalojo antes mencionado, que promovió la invasión al territorio recuperado por 150 familias de la comunidad, con un operativo de 100 efectivos policiales, 20 militares, el ejército y la DGIC.

Repudiamos el asesinato de Nelson y expresamos todo nuestro apoyo y solidaridad a sus compañeros de lucha.
¡Nelson vive! ¡La lucha sigue!