Boletín Informativo N°013

1- PERSECUCION A LA CORDOBESA.
El gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Ministro de Asuntos Institucionales Oscar Aguad, presentó ante la justicia y algunos medios de prensa, una serie de supuestas pruebas de un “plan de desestabilización” dirigido por activistas de diversas organizaciones políticas, sociales,
gremiales y de derechos humanos. La principal “prueba” son los videos de los más destacados episodios vinculados al conflicto social en esa provincia desde 1.995, donde se señala con imagen congelada y círculos de color a dieciocho personas sindicadas por el Ministro Oscar Aguad como los responsables del plan de “desestabilización”.
Los últimos videos reflejan la resistencia de los trabajadores y vecinos al desalojo de los hospitales Misericordia y Pediátrico (desalojados a la madrugada, con gases y balas de goma), y las protestas por la muerte de siete menores calcinados en una comisaría.
De inmediato, las organizaciones populares cordobesas respondieron al Ministro que la violencia es la desocupación en aumento (más de 10.000 suspendidos recientes en la industria automotriz), el hambre generalizado (27% de la población recibe ayuda alimentaria), la represión sistemática sobre quienes protestan, y fuerzas de seguridad que ocupan el segundo lugar
en el pais por la cantidad de muertes que han causado desde el `83.
La denuncia oficial busca crear un clima propicio de persecución para reprimir la protesta social e ilegalizar las organizaciones populares que participan de las movilizaciones junto al pueblo. Es tan obvio el objetivo que el diario La Voz del Interior recoge testimonios de legisladores que opinan que es una burda maniobra política, y en sus editoriales consideran
que Aguad exageró y que “el gobierno debería reflexionar respecto de sus propios errores, su obcecación y su falta de comunicación y diálogo frente al conflicto médico o con el gremio docente o con los productores del sur antes de buscar chivos expiatorios” (26/2/99).
Desde CORREPI hemos hecho llegar nuestro apoyo a las organizaciones y compañeros denunciados, nos hemos puesto a su disposición para encarar las acciones urgentes del caso, caracterizando el episodio como una muestra más del recurso de la “judicialización de la protesta social” utilizado por el
Estado para represaliar de la mano de los jueces.
El martes 2 de marzo a las 20hs. se reunirán los compañeros cordobeses para coordinar la defensa y el jueves 4 se hará una marcha de repudio en el centro de la ciudad.
Saludos y adhesiones, enviarlos a 54 351 4641899, o a correpi@rcc.com.ar y los retrasmitiremos.

2- INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO YANQUI.
Como todos los años, el Departamento de Estado yanqui publicó su informe acerca de la situación de los derechos humanos en cada pais. Como todos los años, la Policía Federal y las policías provinciales argentinas acaparan la mayor parte de las críticas, recibiendo adjetivos como “corrupta y violenta”. La justicia argentina no escapa a la calificación de “ineficiente y sujeta a influencias políticas”. El informe menciona expresamente las muertes de Carlos Sutara, Walter Repetto, las chicas de Cipolletti, Teresa Rodriguez, Raquel Laguna y Sergio Sorbellini y las “investigaciones” de la Masacre de Ingeniero Budge, entre otros. La provincia de Mendoza es merecedora de un párrafo aparte, igual que el uso de la tortura y la tolerancia oficial al empleo de tormentos, citando el Informe del Comité contra la Tortura de junio de 1997 (que receptara la información de CORREPI).
En primer lugar, es notable que los diarios argentinos necesiten que vengan los yanquis a refritar la información que hasta el cansancio intentamos difundir los organismos antirrepresivos, para darle un espacio destacado de sus páginas. Nada de lo que dice este informe es novedad o primicia
exclusiva: ni las torturas, ni las detenciones arbitrarias, ni las condiciones inhumanas de alojamiento de los detenidos, ni la complicidad de la justicia, ni el incumplimiento de resoluciones internacionales como en el caso de La Tablada. La diferencia entre el informe yanqui y las reiteradas denuncias de CORREPI y organizaciones fraternas es el contexto político: mientras desde el norte hablan de brutalidad, abusos, excesos
represivos e incapacidad del gobierno de evitar las violaciones, nosotros afirmamos que se trata de una política represiva instrumentada e implementada desde el Estado que necesita imponer el control y el disciplinamiento social para garantizar su continuidad y reproducción.
En cuanto a la ineficacia de los jueces, tampoco se trata de que no puedan o no sepan hacer las cosas bien. Por ejemplo, el miércoles 25 de febrero un juez nacional otorgó en 24hs. un recurso de amparo a favor del marino torturador Juan Carlos Rolón y sus vecinos (entre los que está el ya escrachado médico torturador Peyón) para evitar que los H.I.J.O.S. pintaran
el frente de su domicilio durante el escrache. Eso es eficiencia judicial y obediencia debida a los patrones del sistema.

3-SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES BELGAS.
Roberto D’Orazio y trece delegados de la fábrica siderúrgica Forges de Clabeq (Bélgica) fueron despedidos y enjuiciados por el reaccionario gobierno belga bajo el cargo de “terrorismo”, por haber encabezado las huelgas y movilizaciones que salvaron el empleo de 2.000 trabajadores, reabriendo la fábrica.
Igual que en Argentina (igual que en Córdoba), los empresarios europeos cuentan con el apoyo del aparato estatal para reprimir y judicializar los reclamos sociales.
Los compañeros represaliados pertenecen al Movimiento de Renovación Sindical. Para hacerles llegar mensajes de solidaridad, enviarlos al Partido del Trabajo de Bélgica (PTB).

4-FAMILIARES CON AMNESTY.
El miércoles 25 de febrero Amnesty International realizó una conferencia de prensa para anunciar actividades en torno del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la presencia de distintos referentes de violaciones cotidianas a esos derechos.
Representando a los familiares de víctimas de la represión policial e institucional agrupados en CORREPI, habló la compañera Mabel Maidana, madre de Maxi (17años) asesinado por la policía bonaerense el 12 de enero de 1997.
Mabel se refirió al artículo octavo de la Declaración, que garantiza el amparo judicial efectivo a quienes han sufrido violaciones de sus derechos, demostrando con el archivo de casos de CORREPI en la mano, que sólo el 10% de las muertes causadas por las fuerzas de seguridad en Argentina son
esclarecidas por la justicia, y eso sólo en los casos en que los familiares encabezan la investigación y llevan a cabo tareas de denuncia y movilización.
“Si seguimos dando la batalla en los Tribunales, no es porque confiemos en la justicia del privilegio que protege y ampara asesinos y torturadores, sino porque peleamos en todos los frentes, aun en aquellos que, como la justicia, están en el territorio del enemigo” expresó para concluir.

5-PROXIMAS ACTIVIDADES.
Domingo 28 de febrero: movilización y marcha en la ciudad de Vedia (Prov. de Bs. As.) reclamando el esclarecimiento de la muerte de José María Martinez, quemado vivo después de ser detenido arbitrariamente en la cría. de El Campillo (Prov. de Córdoba).

Jueves 4 de marzo: marcha en la ciudad de Córdoba (Plaza San Martín) en repudio de la persecusión a los luchadores populares.

Viernes 5 de marzo: marcha en la ciudad de Buenos Aires contra la discriminación, el racismo y la xenofobia del gobierno argentino, y en defensa de los inmigrantes.

CORREPI- Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.