Boletín Informativo N°162

EL PARTIDO OBRERO Y LA PRENSA BURGUESA
Gracias a la preocupación de compañeros de organizaciones amigas hemos tomado conocimiento de la siguiente nota, que no nos fue oficialmente dirigida, pero fue publicada por el Partido Obrero bajo el título “Señores Correpi: Asunto Carlos Zimerman ¡Finalmente la verdad se abre paso!”: El 24/2/01, mediante fax, esta Comisión comunicó a Correpi una patética y cruel anomalía: Carlos Zimerman era defensor legal del Comisario Rubén Carmelo Fernández y de su hijo Roberto, ambos cobardes asesinos de nuestro compañero, amigo y familiar Alejandro O. Enrique (Bocha). Los doctores María del Carmen Verdú y Sergio Smietriansky, titulares de Correpi, negaron categóricamente (fax 28/2/01) “que Carlos Zimerman haya sido o fuera miembro de Correpi ni de ninguna de las organizaciones fraternas con las que habitualmente coordina Correpi, como Justicia y Compromiso en Lomas de Zamora”. Pasados 11 meses, Página/12 del 8/2/02 informa sobre el asesinato de un piquetero en la localidad de El Jagüel: “Carlos Zimerman, letrado de Correpi, se acercó para llevar testigos claves ante el fiscal”. Se ha burlado nuestra buena fe, más ahora que Carlos Zimerman está activamente defendiendo en Juicio Oral y Público a los asesinos de Bocha. Estamos frente a un accionar canallesco y perverso, guiado no por la solidaridad y el interés de acercar justicia a las víctimas del gatillo fácil, sino, por el contrario, ante un individuo de conducta (para decirlo elegantemente) ambivalente, con estrechos vínculos policiales; no es casual que el aparato represivo elija determinados profesionales para defender a sus hombres. Es un claro caso de defraudación ideológica a las causas populares cuyo objetivo central es lucrar por izquierda y por derecha. Descorrido el velo de mentiras y encubrimiento exigimos a Correpi un pronunciamiento público sobre este bochornoso asunto. Por lo que volvemos a señalar lo expresado el 24/2/01: “Entendemos que en cada momento de cualquier profesión hay que hacer elecciones precisas para tomar distancia de la corrupción o, como en este caso, de los genocidas.” Comisión de familiares, amigos, compañeros y vecinos de Justicia para Bocha”
A pesar de la claridad con la que hace más de un año hicimos saber a los compañeros que el letrado mencionado no es miembro de CORREPI, por lo que selecciona sus clientes de acuerdo a su conciencia, nos vemos obligados a difundir esta respuesta, frente a un ataque infundado y ciertamente inmerecido. Realmente da pena comprobar que en un momento histórico que exige lo mejor de cada militante popular, algunos se dediquen a difamar sin otro fundamento que la mentira. Los términos empleados en la nota que comentamos ponen de manifiesto algún grave problema visceral de quien la redactó. No vamos a responder en el mismo tono porque no es nuestro estilo polemizar con quienes dan más crédito a la prensa burguesa que a la palabra de un compañero.
Es cierto que el diario Página/12 mencionó el 8 de febrero de 2002 al Dr. Carlos Zimerman como “letrado de Correpi”. Como ya habíamos aclarado a los compañeros del P. O. en la misiva faxeada el 24 de febrero de 2001 en relación a este mismo tema, es mentira que lo sea, lo haya sido, o pueda serlo alguna vez en el futuro. El diario autoproclamado progresista -y plagado de inexactitudes en lo que a certeza de información se refiere- evidentemente cometió un error confundiendo a Carlos con su padre León “Toto” Zimerman, abogado defensor de los DDHH desde hace décadas, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, miembro fundador de CORREPI y actual legislador provincial de Izquierda Unida. Toto Zimerman tampoco tiene responsabilidad personal, política o profesional alguna sobre lo que su hijo mayor de edad haga, así como el compañero Rapanelli o el mismo P. O. no podrían ser cuestionados porque su padre aceptara ser ministro de economía del gobierno menemista.
La actitud del P. O. y de la Comisión de familiares, amigos, compañeros y vecinos de Justicia para Bocha de mentir sabiendo que mienten nos resulta francamente tan incomprensible como imposible es pensar que se trate de una acción de buena fe porque le creyeron a Página/12. No sólo suponemos a los compañeros suficientemente avispados como para haber advertido la confusión del diario en cuestión, sino que hubiéramos deseado, en todo caso, una conducta de mayor dignidad y franqueza revolucionaria. Bastaba un llamado telefónico, un fax o un encuentro personal con cualquiera de nosotros para reiterarles que -como ya les dijimos expresamente- NINGÚN ABOGADO DE CORREPI DEFENDIÓ NUNCA NI DEFENDERÁ JAMÁS A UN REPRESOR, ni orgánicamente ni a título personal. Y no porque el P.O. o la Comisión de Justicia para Bocha “lo exijan” sino porque somos coherentes con una lucha de más de una década, como lo refleja nuestra historia colectiva e individual. También sabemos que no necesitamos dar explicaciones a quienes nos conocen y saben qué es CORREPI y quiénes son sus integrantes. Lo que no sabemos y casi preferimos no imaginar son los motivos por los que los autores de ese infundio prefirieron atacarnos usando no sólo la información falsa sino las armas del enemigo.
Respecto de Justicia y Compromiso, si bien no nos corresponde a nosotros responder, sí podemos informar que Carlos Zimerman concurrió por primera vez y por propia decisión a una reunión informativa el día viernes 5 de abril pasado, sin que se incorporara a la agrupación. Quien sí es integrante de Justicia y Compromiso, es la abogada del P. O. Claudia Bracamonte, quien cordialmente dialogó con el referido sujeto y nada planteó sobre el tema.
Compañeros del P. O. y de la Comisión de familiares, amigos, compañeros y vecinos de Justicia para Bocha, les pedimos que se desdigan en los mismos medios que usaron para difamarnos. No les pedimos que hagan penitencia ni que publiquen esta nota, basta con que se retracten reconociendo que se equivocaron, que Carlos Zimerman no pertenece, perteneció ni pertenecerá a CORREPI. Una última aclaración: CORREPI no tiene “titulares” ni “presidentes” ni estructura burocrática alguna. Y es Smietniansky, no eso parecido que escribieron.

NUEVO JUICIO A RAÚL CASTELLS -Reproducimos comunicado del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH):
Mientras Raúl Castells se encuentra detenido -con prisión domiciliaria- por reclamar alimentos a la Municipalidad de Lomas de Zamora, es llevado a un nuevo juicio por otras causas originadas en 1995, en el marco de las manifestaciones de los días miércoles de los jubilados. Este martes 16 de Abril, el Juzgado en lo Correccional N° 4 a cargo del Dr. Francisco Ponte, en audiencia oral y pública someterá a juicio a Raúl Castells, dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) acusado de los delitos de daño en concurso real con resistencia a la autoridad y entorpecimiento de la circulación de vehículos (arts. 183, 239 y 194 del Código Penal). La defensa será ejercida por la Dra. Ivana Dal Bianco, integrante del CeProDH y por el Dr. Jorge Ceballos. Los tres hechos imputados tienen su origen en 1995, por los reclamos de los jubilados frente al PAMI y el Ministerio de Trabajo alertando del vaciamiento de la obra social, lo cual lamentablemente se ha confirmado c on el tiempo y ninguno de los responsables está preso. Al contrario, Víctor Alderete, uno de los principales vaciadores ha quedado en libertad y quienes lucharon contra ello hoy tienen que comparecer ante los estrados judiciales. El primer hecho imputado (calificado como daño) es haber escrito “Cavallo asesino de jubilados” con aerosol. La segunda causa es por resistencia a la autoridad durante una movilización y los únicos testigos que presentan son los policías que lo detuvieron. La tercera de ellas es por corte de calle frente al Ministerio de Trabajo. Estas causas son un eslabón más en la persecución penal que sufre Castells; se originaron en el gobierno menemista, fueron elevadas a juicio con la Alianza en el poder y son juzgadas hoy con el gobierno de Duhalde. Una nueva condena al compañero en primer lugar significaría un pesado precedente para la causa que debe enfrentar en Lomas de Zamora y por la cual está detenido. Pero también nos concierne a todos los que luchamos por que cuando es perseguido y condenado un luchador en ese acto se están poniendo en el banquillo de los acusados a todos los que luchan, a todas las manifestaciones populares, a todos los trabajadores que pelean por sus derechos, por su trabajo y su alimento. Hoy más que nunca es un sentir popular que los reclamos de los trabajadores, de los más desposeídos, de los jubilados, no pueden ser tratados como “delitos penales” por esta justicia. El magistrado que lo juzgará ya rechazó la prescripción planteada en la causa. Afirmamos que en estos 7 años transcurridos los reclamos de aquel momento se vuelven más justos. Los delitos prescribieron no solo por el paso del tiempo sino porque el pueblo hizo suyas esas reivindicaciones, legitimó e incorporó masivamente esos medios de lucha, porque la movilización popular echó a De la Rúa y Cavallo por hundir en el hambre y la desocupación a millones. Nadie puede ser juzgado seriamente por decirles asesinos a quienes dejaron más de 30 muertos en su sang rienta retirada. Todos los que queremos ver presos a los responsables del desastre económico y social en el cual nos encontramos sumergidos y nos oponemos a que se persiga a los luchadores obreros y populares, debemos estar este martes, en forma unitaria y masiva, para exigir: Basta de persecución a los que luchan. Ninguna condena Raúl Castells en este injusto juicio. Desprocesamiento a todos luchadores. El 16 de abril realizaremos una gran movilización y acto público a partir de las 9 hs y mientras dure el juicio, en la puerta del juzgado, Juncal 941, Ciudad de Buenos Aires.

VENEZUELA GOLPEÓ AL GOLPE
La madrugada del domingo se confirmó lo que apenas un día antes parecía imposible, cuando la tapa de los diarios informaba el derrocamiento y encarcelamiento del presidente venezolano Hugo Chávez. La cifra oficial de muertos de la jornada del sábado durante las manifestaciones de partidarios de Chávez fue, según el gobierno golpista, de tres muertos y 18 heridos, pero por la noche el vicepresidente Diosdado Cabello, luego de asumir funciones como interino, en espera del regreso del mandatario constitucional, afirmó que el saldo en realidad fue de aproximadamente 40 muertos, a raíz de la represión de las mismas fuerzas que dispararon contra opositores a Chávez durante las protestas del jueves.
Decenas de miles de venezolanos tomaron las calles de Caracas y diversas carreteras para exigir el retorno del presidente constitucional Hugo Chávez un día después que el líder de la poderosa asociación empresarial Fedecámaras se proclamó presidente de Venezuela ante el arzobispo caraqueño, Luis Ignacio Velasco; el empresario Luis Enrique Vall; el político democristiano José Curiel, y algunos gobernadores como el de Zulia, Manuel Rosales, y el sindicalista Alfredo Ramos.
Las televisoras y las estaciones de radio no dieron cuenta de las movilizaciones en favor del retorno de la democracia, y en su mayoría dedicaron la programación a trasmitir telenovelas y programas de entretenimiento.
Sin embargo, desde las primeras horas del sábado, el populoso suburbio caraqueño de Guaremas y otras zonas del interior como Maracay fueron escenario de protestas reprimidas con gases lacrimógenos por uniformados al considerar que los manifestantes intentaban realizar saqueos. Al mismo tiempo, la autopista que comunica Caracas con Guaremas fue bloqueada por cientos de manifestantes que incendiaron neumáticos; una situación similar se registró en la ciudad dormitorio de Guaremas.
A lo largo del sábado decenas de miles de personas se fueron congregando en los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del gobierno, en rechazo al régimen golpista que encabezó durante poco más de 24 horas Pedro Carmona. A las tres menos diez de la mañana del domingo el presidente constitucional llegó en helicóptero al Palacio de Miraflores, donde fue aclamado por miles de personas que entonaron el himno nacional, mientras tomaba formación la guardia de honor presidencial. El pueblo venezolano movilizado logró este inédito triunfo popular, reponiendo en su cargo al gobierno por ellos elegido y evitando que una dictadura encabezada por la oligarquía empresarial y digitada desde el imperio tomara el poder en el país.

LAS PENAS, LOS MENORES Y LA POLICIA
Hay temas recurrentes en la agenda cotidiana de los medios. Cada tanto -especialmente cuando se intensifican las luchas sociales y ocupan el escenario mediático- alguna secuencia de hechos significativos dispara “campañas” que desembocan inexorablemente en el incremento represivo y la disminución de garantías individuales. Hace una semana, en un solo día, cuatro policías -cinco, si contamos al que posteriormente sufrió un infarto por la impresión- murieron en enfrentamientos con delincuentes. En especial causó revuelo que uno de ellos era el custodio personal del hoy canciller -antes ministro de trabajo, embajador en Italia, ministro del interior, vicepresidente y gobernador de Buenos Aires- Carlos Ruckauf. Las características del hecho en que fue muerto son sin dudas alarmantes, pues el hombre estaba esperando la hora de salir con su protegido en un bar ubicado en Salguero y Juncal, cuando un individuo armado ingresó al local para robarlo. El oficial Faldutto se identificó como policía y disparó su reglamentaria, matando al ladrón. Pero no previó que había otros dos individuos afuera, uno de los cuales le disparó sin darle tiempo a darse vuelta. La primera reflexión que merece el cruento episodio es que Faldutto obró como mínimo imprudentemente, lo que le costó la vida, pues no evaluó debidamente la correlación de fuerzas antes de identificarse y originar un tiroteo en un bar con clientes. Recuerda el episodio lo ocurrido hace un par de años en un comercio de la zona de tribunales, al que llegaron dos policías en su patrullero porque la alarma contra robos sonaba. Se bajaron ambos y preguntaron a quien manipulaba la cortina metálica si todo estaba bien. El ladrón -no era otro- les respondió con disparos, matando a ambos. No es tarea de CORREPI decirle a la policía cómo hacer su trabajo, pero parece que así no es. Lo que sí sabemos es que son este tipo de circunstancias las que habitualmente cobran la vida de transeúntes ajenos al hecho. Y en esos casos, el presidente y sus ministros no van a los velorios ni amenazan a los pocos jueces que respetan el debido proceso.
En marzo de 1999, en el marco de similar polémica, editorializamos en el ANTIRREPRESIVO diciendo: “Sin minimizar en absoluto lo que significa la pérdida de cualquier vida humana, va de suyo que un policía tiene mayores posibilidades de recibir una herida de bala en el ejercicio de su función que un operario, un maestro o un diariero en sus actividades cotidianas. Es cierto, finalmente, que en los últimos meses murieron más policías que en años anteriores. Murieron más policías en servicio y muchos más que estaban de franco, como lo señala el reciente informe del CELS. Y murieron, en general, muchas más personas en hechos de violencia que involucran el uso de armas. Este contexto general de más muertes incluye más policías y más delincuentes o presuntos delincuentes muertos, y también más víctimas del gatillo fácil. Porque el aumento de muertes de policías y delincuentes en enfrentamientos reales no ha disminuido la cantidad real de delitos, del mismo modo que las “reformas” policiales no han bajado los índices de muertes por gatillo fácil, ni el código “de convivencia” disminuyó las detenciones arbitrarias. Lo que estas muertes policiales muestran, en todo caso, es el primer saldo concreto de la implementación cotidiana de las políticas de mano dura y tolerancia cero, que lejos de dar mayor seguridad a la población aumentan el riesgo para todos los que circulan por las calles.” Tres años después la muerte sigue siendo el único saldo verificable del “meta bala” preconizado por el custodiado por Faldutto, mientras el establishment de la “seguridad” propone que sea calificado el homicidio de un policía por la calidad de la víctima, como si una maestra, un bebé o un panadero valieran menos por no tener uniforme.
El otro tema que subió al podio de los favoritos es la cuestión de los “pibes chorros”, los menores -cada vez más menores- que delinquen usando armas o que por arrebatar una cartera con pocos pesos en un andén ferroviario causan el arrollamiento de sus víctimas. En 1991, cuando desde los medios la sociedad se preguntaba qué hacía la policía con los menores en las comisarías a raíz del entonces reciente Caso Bulacio, hubo una sucesión similar de robos de menores en trenes que ocasionaron la muerte de la víctima bajo el tren y acapararon las primeras planas. Y también entonces el debate fue el incremento de las penas y la modificación de la edad mínima para ser considerado imputable, no porqué un chico que debería estar en la escuela o jugando a la pelota sale a arriesgar vidas, la propia y la de su víctima. Como ya lo hemos dicho muchas veces, el endurecimiento del sistema penal, lejos de obrar como disuasivo, en todo caso agrava el problema. Disminuir el límite de inimputabilidad no va a evitar que sean cada vez más jóvenes los “pibes chorros”, cuya génesis debe buscarse en la marginalidad y la exclusión. En la actualidad, si bien la acción penal contra menores de 16 años se extingue por su inimputabilidad, ello no obsta al proceso tutelar, que alcanza a todo menor judicializado, tenga la edad que tenga, y en el marco del cual los jueces de menores tienen potestad casi absoluta para decidir la internación del menor. Las horripilantes cárceles eufemísticamente llamadas “institutos” están repletas de menores dispuestos por los jueces en el marco del expediente tutelar, aun cuando en muchísimas ocasiones ni siquiera hayan delinquido, sino que sean víctimas de lo que la ley 10.093 llama “abandono y desamparo”.

OTRO ROUND EN EL JUICIO DE LA COMISARÍA 30ª
La Sala Segunda de la Cámara de Casación declaró el jueves pasado la nulidad de la sentencia con la que el Tribunal Oral n° 28 había absuelto a cinco policías acusados de extorsionar a Desiderio Meza. El voto del Dr. Raúl Madueño, al que adhirieron los jueces Juan Fégoli y Pedro David, calificó el fallo absolutorio del pasado 3 de septiembre de 2001 como “portador de vicios insanables que lo descalifican como acto jurisdiccional válido”. El hecho –documentado por una cámara oculta del programa Telenoche Investiga- ocurrió a partir del 11 de abril de 2000, cuando Meza fue detenido en la puerta de su casa y conducido a la comisaría 30ª (Barracas), lugar donde le exigieron la entrega de la suma de dos mil pesos luego de golpearlo, bajo amenaza de “armarle una causa si no colaboraba”. El 13 de abril tres de los policías y la víctima -que portaba una cámara oculta y ya había hecho la denuncia penal- se encontraron en un bar para la entrega del dinero. Al término de la reunión fueron detenidos los policías por personal de la División Defraudaciones y Estafas, destacados allí por orden del Juez de Instrucción Carlos Bourel. La misma noche fueron detenidos los restantes dos policías.

El juicio oral –que insumió más de un mes de audiencias- culminó el 3 de septiembre de 2002 con la libre absolución de los oficiales Mario Carlos Machado y Roque Mona, los suboficiales Jorge Luis Fernández y Domingo Héctor Castiglione y el subcomisario Edgardo Guillermo Cejas. El fallo fue dividido, pues mientras los jueces Oliván y Rengel Mirat conformaron a mayoría, el Dr. Carlos Chediek votó en disidencia, favoreciendo la condena de los cinco imputados por los delitos de extorsión en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad, lesiones y daño. Tanto la querella –representada por las abogadas de CORREPI Andrea Sajnovsky y María del Carmen Verdú- como el fiscal del juicio oral Dr. José Chakass interpusieron recurso de casación, impugnando la sentencia por ser infundada y arbitraria, y por violentar las leyes de la lógica, la experiencia y el recto entendimiento humano. El Tribunal Oral n° 28 –otra vez en fallo dividido- declaró no admisible el recurso de casación. Pero interpuesta la Queja por Recurso Denegado directamente ante la Cámara de Casación, la sala segunda lo declaró admisible, y el fiscal Raúl Plee dictaminó a favor de la nulidad de la sentencia. Finalmente la Cámara dictó hoy el fallo que hace lugar al reclamo del querellante y el fiscal Chakass. La sentencia absolutoria fue declarada nula pues “omitió la consideración de elementos relevantes e idóneos que abonan el relato de la víctima (…) efectúa una parcial selección de los elementos de convicción que respaldan los dichos del damnificado (…) deja de lado pruebas …como las inequívocas referencia que surgen de las grabaciones efectuadas el 13 de abril de 2000, los testimonios de los periodistas y del personal de la División Defraudaciones y Estafas …” todo lo cual “priva al fallo de su necesario sostén legal … vulnerando los principios lógicos”. Ahora deberá sortearse un nuevo Tribunal Oral para que se realice un nuevo juicio oral y público con arreglo a la doctrina establecida en el fallo de la Cámara de Casación. ¿Volverán para este nuevo round los defensores “estrella” de los policías, el ex juez federal -hoy juzgado por contrabando- Branca, el ex secretario federal -condenado por armar causas junto a policías- Schlagel, y el mediático Cúneo Libarona -que prefirió una probation a ser juzgado por tentativa de extorsión?

NOTICIAS DE MAR DEL PLATA Y BAHÍA BLANCA
El abogado de CORREPI Claudio Pandolfi estuvo esta semana en Mar del Plata y Bahía Blanca, interiorizándose del estado de las causas seguidas a luchadores populares en ambas ciudades bonaerenses. Luego de diversas reuniones con los compañeros represaliados y con sus defensores, y de compulsar algunas de las causas, nos informa que en la ciudad de Mar del Plata son cuatro los procesos seguidos a piqueteros del MTR por diversos cortes de ruta, todos imputando el delito del artículo 194 del Código Penal. Una de las causas ya tiene pedido de elevación a juicio del fiscal y los defensores se han opuesto, mientras que las otras tres están en plena instrucción.
En Bahía Blanca son dos las causas en trámite. Una imputa a trabajadores de la construcción el mismo delito de interrupción del tránsito vehicular terrestre a pesar de que el hecho se produjo en la vía de acceso a una planta fabril que había corrido el rumor de que se estaban ofreciendo puestos de trabajo, lo que convocó desocupados y afiliados del gremio en cantidad. La segunda imputa el recurrente delito del art. 194 a cincuenta y cinco integrantes del Bloque Piquetero Nacional que fueron detenidos cuando cortaban el acceso a Petrobras durante la movilización de ese sector a las petroleras. Aunque fueron excarcelados, todos están procesados y no han podido recuperar muchos efectos y bienes secuestrados, como bicicletas y hasta una camioneta de la agrupación. Los dos expedientes están en instrucción.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Martes 16 de Abril, 20:00: Segunda reunión convocada por CORREPI y agrupaciones de estudiantes secundarios en la Liga (Corrientes 1785, 2º “C”) para organizar la marcha a 11 años de la detención y muerte de Walter Bulacio.

Martes 16 de Abril, 18:00: En el Aula Magna de la Facultad de Derecho, organizado por la agrupación NBI y la Secretaria General del Centro de Estudiantes de Derecho, debate “Judicialización de la Protesta Social”. Intervendrán el catedrático Elías Neuman, el Dr. Horacio González, un miembro del SERPAJ y el compañero Daniel Stragá de CORREPI.
Lunes 22 de Abril: Movilización a la Cancillería en repudio a la participación argentina en el Plan Colombia.

Viernes 19 de Abril, 10:00: Los Familiares de Víctimas de la Represión Policial e Institucional concurrirán al Juzgado en el que tramita la causa Bulacio (Lavalle 1171, Planta Baja) para protestar ante la jueza Alicia Iermini por el inminente cierre del proceso por prescripción.

Viernes 26 de Abril: Fecha propuesta para la Movilización por Walter Bulacio.

CORREPI
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional