Boletín Informativo N°169

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD AMPLIARÁN SU ACTUACIÓN EN LA CIUDAD
En el marco represivo federal existen tres niveles: el de la Policía Federal Argentina, el de las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Aeronáutica Nacional - que en realidad forma parte de la Fuerza Aérea Argentina -) y las Fuerzas Armadas.
Tras la voladura de la AMIA, personal de Gendarmería y Prefectura prestó servicios de custodia de objetivos fijos en la Ciudad de Buenos Aires. Luego, por un breve período, se realizaron inclusive algunos patrullajes conjuntos entre esas fuerzas y la PFA, con más efecto psicológico que real. Desde hace dos meses, efectivos de esas dos Fuerzas de Seguridad “realizan operativos de control conjuntos con las distintas jefaturas departamentales de policía con jurisdicción en el primer cordón del Gran Buenos Aires.” (”La Nación”, 21 de mayo). En la misma época, comenzó la participación de gendarmes y “prefecturianos” (así les gusta llamarse) en el control de los puentes y accesos que comunican nuestra Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
La semana pasada se dio un nuevo salto en la militarización de la seguridad en esta Ciudad, al anunciarse que estas dos Fuerzas de Seguridad ampliarían su rol a fin de aumentar el número de efectivos para patrullar las calles porteñas. El 21 de mayo, se indicaba que la PFA sólo podía disponer para ello de 8.000 hombres y necesitaba 12.000. El 23 de mayo, en la misma fuente -”La Nación”-, hacía referencia a 13.000 efectivos en tareas de patrullaje en la actualidad; finalmente la PFA anunció esta semana que ya pasó de 8.000 a 12.000 hombres en la calle mediante una reasignación de efectivos, sin perjuicio de lo cual también se expandió la participación de Gendarmería.
El objetivo del aumento de personal está expresado también en las informaciones periodísticas: “saturar con una masiva multifuerza las zonas de mayor concentración de hechos delictivos violentos, al tiempo que se realizarán procedimientos en lugares donde, se presume, se concentran la circulación y el almacenamiento de armamento ilegal.” Hablando en criollo, megaoperativos en villas de emergencia como los que sufrieron en reiteradas oportunidades los habitantes del conurbano bonaerense o incursiones brutales en grandes edificios ocupados. Ni los genocidas, ni los responsables del vaciamiento del país, ni quienes vendieron armas ilegalmente a Ecuador y Croacia tienen nada que temer: les aseguramos que estos procedimientos no van a ser utilizados para realizar razzias en lujosas residencias de Barrio Norte, la Recoleta, Belgrano, countries ni barrios privados, ni mucho menos en la sede de algún organismo estatal, en la Quinta de Olivos, en la sede de algún banco o de grandes empresas.
La primera presentación de estos megaoperativos podría ser el ocurrido el 22 a la noche en la Villa 1-11-14, que mencionamos en el anterior Boletín, y de cuyo asesoramiento jurídico para las víctimas se están ocupando compañeros de varias organizaciones, entre ellos Gerardo Etcheverry y Gabriel Lerner de CORREPI, y Gustavo Piantino.
El 24 de mayo, el jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Roberto Giacomino, y el Jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino (el adjetivo es en honor al genocida Julio Argentino Roca, no porque responda a los intereses nacionales), Teniente General Ricardo Brinzoni, firmaron un convenio para que los soldados voluntarios que por haber cumplido la edad tope (28 años) deban ser dados de baja del Ejército puedan incorporarse a la PFA, específicamente a los “Cuerpos” (fundamentalmente Guardia de Infantería y Policía Montada). En otras palabras, individuos que tuvieron cinco años de instrucción militar pasarían a prestar servicios en una fuerza formalmente civil. Era previsible que de las concepciones generales sobre la supuesta “guerra contra el delito” se pasara al empleo de militares en tareas policiales.
El siguiente paso será volver a utilizar al propio Ejército en tareas de represión interna. A la espera de que esto sea necesario para acallar los reclamos populares, ya se han lanzado distintos programas de Acción Civil destinados a fortalecer la imagen de las Fuerzas Armadas (y, en particular, el Ejército, a través de la ejecución por parte de las instituciones militares de un porcentaje cada vez mayor de las escasas políticas sociales que aún realiza el Estado).
Ante la militarización creciente del aparato de seguridad en el ámbito porteño, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre permeable a las presiones de la derecha, resolvió crear la Secretaría de Gobierno y Control Comunal, a cargo de Silvana Giudici, la cual según “La Nación” se ocupará de controlar la “venta ambulante, choriceros, cirujeo, publicidad ilegal, ocupación de vía pública, usurpaciones, habilitación y verificación de los locales comerciales.”
Por supuesto, dado que el Gobierno porteño no se ha caracterizado por dedicarse a perseguir a los ricos ni siquiera para cobrarles impuestos, estamos convencidos de que el eje de su accionar estará destinado a perseguir a los pobres (vendedores ambulantes, familias que se ven obligadas a ocupar viviendas, cartoneros). Las declaraciones del otrora progresista Aníbal Ibarra demuestran claramente que esta nueva estructura se agregará al resto del aparato repreivo estatal: “Trabajaremos en conjunto con la policía (¿y el gatillo fácil? ¿y la corrupción policial?), la Justicia (¿y eso?) e Inteligencia (¿la SIDE? ¿o alguna otra orga que no conocemos?).

NO APRENDIERON DE FLORESTA
El 22 de mayo la Policía Federal Argentina anunció que convocarán a 2000 de los 3100 suboficiales de policía retirados que tienen entre 45 y 51 años, a fin de aumentar el número de personal en servicio en las calles. Técnicamente, estos suboficiales son “llamados a prestar servicios” (ll.p.s.). Este anuncio no es más que la ejecución de una idea anunciada por el Jefe de la Federal, Roberto Giacomino, el 29 de diciembre pasado, el mismo día que el suboficial Velaztiqui, “llamado a prestar servicios”, asesinó a los tres pibes de Floresta. Las repercusiones de este hecho hicieron que se postergara durante algunos meses la publicidad de esta medida. Además de la masacre de Floresta, hay otro aspecto siniestro no contemplado por los medios de comunicación: los suboficiales de referencia se retiraron de la fuerza tras prestar servicios durante veinticinco años, es decir, estuvieron en la PFA durante la dictadura militar y participaron directamente en la ejecución del terrorismo de Estado o, al menos, hicieron la vista gorda frente al genocidio. Esas son las personas que nos darán mayor seguridad según los anuncios oficiales.

3- TORTURAS AQUÍ
Siete policías de la comisaría primera de Florencio Varela fueron detenidos y pasados a disponibilidad por torturar y causar la muerte de una mujer detenida por averiguación de antecedentes, informaron el ministerio de Seguridad bonaerense y fuentes judiciales. Los detenidos y relevados son tres oficiales y cuatro suboficiales, entre ellos dos mujeres (sería bueno recordar a más de un organismo de DDHH que prohijaba la incorporaciòn de mujeres a la policía porque “humanizaban la fuerza”), por los tormentos que ocasionaron la muerte de Andrea Viera, de 25 años, el 22 de este mes en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela.
Los policías fueron identificados como el oficial principal David Leonardo Gutiérrez, el oficial subinspector Diego Hernán Herrera, la oficial ayudante Romina Alejandro Nieto, el suboficial principal Carlos Daniel Maidana, los cabos primeros Marta Jorgelina Oviedo y Pedro Menzi y el agente Oscar Luciano Farías. Tanto Andrea Viera como su novio fueron detenidos por averiguación de antecedentes el 10 de mayo, tras un enfrentamiento en el que un policía de la comisaría de Varela fue herido a balazos y un ladrón murió. En la comisaría y con el fin de que se confesaran integrantes de la banda de delincuentes que había herido al policía, Viera y su pareja fueron atacados a golpes por al menos cinco policías mientras otros dos de los acusados no hicieron nada para evitarlo.
Una vez dejada en libertad Andrea Viera debió internarse en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, donde murió el día 22 a las 12.30. A raíz de la muerte se dio intervención en el caso al fiscal Pelayo, que empezó a investigar el episodio. Como primera medida, el fiscal dispuso la autopsia al cadáver de Viera y se determinó que “había lesiones que podrían haber sido desencadenantes de la muerte o agravado el estado de salud de la mujer que terminó con el fallecimiento”, dijo una fuente judicial. “Los golpes pudieron acelerar la muerte”, se explicó.
Es de destacar que aunque las lesiones no hayan sido la causa de la muerte de Andrea -como ahora se pretende hacer creer- lo cierto que la muerte se desencadenó como consecuencia de la tortura impuesta lo que hace de aplicación la figura delictiva de tortura seguida de muerte, que prevé una pena de prisión o reclusión perpetua. La aclaración viene a cuento ya que no nos sorprendería que jueces y fiscales -como en definitiva la tortura tuvo un “fin institucional” (es decir hacer confesar un delito)- empiecen a buscar interpretaciones extrañas y digan que como tenía algún cuadro de salud deficiente con anterioridad a la tortura, esta no fue la causante de la muerte y entonces el crimen quede impune. O quizás los condene a penas menores como cuando la Cámara Criminal de Mar del Plata sentenció en el caso Batán (Cristian Domínguez Domenichetti) a 3 penitenciarios por tortura y no por tortura seguida de muerte dándoles penas de 13 y 10 años en vez de perpetua, con el argumento de que el golpe que concretamente produjo la muerte del preso no pudo ser atribuido a ninguno de los candados por falta de prueba. Todo ello, claro en franca violación a la legislación penal y a la convención Internacional contra la Tortura.

4- TORTURAS ALLÁ
En mayo de 1994 seis jóvenes (4 varones y 2 mujeres) fueron detenidos y conducidos a la comisaría 51ª del barrio de Belgrano. Acusados de tener en 10 gramos de marihuana escondida en la guantera del auto de uno de ellos, y por “dificultar las detenciones”, dentro de la seccional todos recibieron una brutal paliza.
En la causa penal se probó que mientras interrogaban a uno de los detenidos comenzaron a aplicarle golpes de puño y patadas sobre todo su cuerpo hasta que uno de ellos, el comisario, lo tomó por la boca, se la abrió y comenzó a escupirle dentro de ella”.
De los seis unicamente dos se animaron a denunciar a los policías. Los golpeaban porque querían saber de dónde habían sacado la marihuana. El muchacho reconoció entre sus agresores al comisario porque un cuadro con su foto —como es de rutina en las comisarías porteñas— estaba colgada la guardia de la seccional. La chica contó una curiosa escena en el despacho de Berretta. Según ella el jefe policial se presentó con nombre, apellido y cargo. Luego vinieron los golpes, insultos y hasta una quemadura de cigarrillo sobre su ceja derecha. Antes de que se fuera en libertad le advirtieron que debía separarse de su esposo —dueño de un taller mecánico de la zona y sospechado de “doblar autos”— “porque si no te vas a quedar viuda. A tu esposo lo vamos a tirar a un zanjón”, le dijeron.
Despues de ocho años —y un primer juicio oral fallido—, el tribunal federal N° 1 condenó al entonces titular de la seccional Ricardo Berretta y a su jefe de brigada Adrián Constantino como coautores de “apremios ilegales”, penas que realmente llaman a gracia y son una invitaciòn a seguir torturando. Para Berretta, un año y medio de prisión, y al inspector Constantino —que está todavía en actividad— un año y cuatro meses. Los camaristas absolvieron a un tercer policía, un suboficial, y ordenaron que se investigue a un médico legista de la Federal porque se sospecha que pudo haber falseado sus informes sobre el estado en el que estaban los detenidos.

5- CARTA ABIERTA DE CARLA LACORTE (UN AÑO DE IMPUNIDAD)
Transcribimos la carta abierta publicada por la compañera Carla Lacorte, víctima de un caso de gatillo fácil en Quilmes:
“El primero de junio del año pasado, luego de bajar del colectivo del que volvía de la facultad y cuando me dirigía por Mitre hacia calle 25 de Mayo de Quilmes, recibí un disparo por la espalda en momentos en que una comisión de la Comisaría Sexta de Ezpeleta (fuera de su jurisdicción) tiraba, en una calle céntrica y llena de gente, contra un grupo de jóvenes imputados de asaltar una casa de comidas rápidas.
Este disparo, como está comprobado en la causa penal, salió del arma del oficial de la policía bonaerense José Salmo. Por ese disparo hoy estoy parapléjica. Mientras tanto, a un año del hecho, el policía que me disparó está libre y en funciones como tantos responsables de casos de gatillo fácil. La fiscalía del Doctor Pelayo lo llamó a declarar…diez meses después, cuando a mí se me tomó declaración hospitalizada, todavía shockeada por los acontecimientos, y le imputa apénas “negligencia y lesiones”.Me llena de indignación que se hable de negligencia cuando se disparó a matar con alevosía, estando, incluso, por fuera del ángulo de tiro donde se encontraban los acusados del asalto.
Tanta displicencia hacia mi victimario se corresponde con declaraciones del Fiscal General de Quilmes Dr. Draghi, inmediatamente posteriores a los hechos que me dejaron paralítica, donde, sin investigación alguna, se consideraba “correcto” el accionar policial. También se encuentran en sintonía, por ejemplo, con la “misteriosa” aparición de un arma sin identificación, cuando aún no se había realizado la pericia balística, en un lugar por donde no habían pasado los imputados, cuestión que oportunamente fue denunciada por mi esposo. Pero, fundamentalmente, se ligan a que más de mil casos de gatillo fácil se encuentran hoy impunes en la Provincia de Buenos Aires.
La justicia hará justicia? o, como tantas otras veces, hará de juez y parte avalando criminales de uniforme. Hasta ahora parece inclinarse por la segunda opción. El Juez Nolfi y el Fiscal Pelayo están permitiendo que Salmo siga jugando con la vida de otros.
Ninguna “confusión”, ni excusa de legítima defensa puede amparar a este policía sino la práctica nefasta y corriente del gatillo fácil, alentada por las políticas de mano dura y ampliación de las facultades policiales propiciadas por las sucesivas autoridades nacionales y provinciales. La primera reacción de la policía fue acusarme de “campana” e interrogarme en el piso mientras sangraba y corría peligro mi vida. Esa parece su justificación para haberme tirado a matar (la bala pasó a 2 cm. del corazón). Como si la mera sospecha, aún si se tratara de un campana, habilitara a tirar por la espalda contra alguien desarmado.
Porque soy una víctima más de este accionar, que considero una forma de represión, porque en la mayoría de los casos termina en la impunidad, como lo demuestra el caso Bulacio a punto de prescribir por una cuestión meramente técnica, y porque no quiero que esto le vuelva a suceder a nadie, no sólo por mí sino por tantas víctimas, a las que se suman las del 20 de diciembre y los chicos de Floresta, les pido que se sumen al reclamo de castigo a este oficial Salmo y de todos los responsables de casos de gatillo fácil.
Estoy muy agradecida por toda la solidaridad recibida. Necesito que ahora me acompañen, junto al Ceprodh, en este pedido de justicia. Les pido entonces que, si están de acuerdo con este reclamo, envíen por carta, fax, teléfono o email su solidaridad.
Asimismo, quiero invitarlos a la marcha que realizaremos el viernes 14 de junio a los Tribunales de Quilmes para pedir el encarcelamiento de Salmo y el castigo de todos los asesinos de gatillo fácil. La cita es en Rivadavia e Yrigoyen (Quilmes) a las 11:30 horas. Carla Sonia Lacorte. DNI 22609409″.
La CORREPI se solidariza con Carla y convoca a la movilización exigiendo juicio y castigo para el asesino Salmo y contra la impunidad de los casos de gatillo fàcil que tienen como garantes a jueces y fiscales.

JUSTICIA PARA SEBASTIÁN
El Sábado 8 de Noviembre de 2001, en un supermercado de Mar del Plata, Carlos Fabián Echenique, oficial de policía fuera de servicio y amigo del dueño del negocio, asesinó alevosamente a Sebastián González, un muchachito de 16 años que entró a robar con un arma sin gatillos y sin balas. El policía dice que el pibe lo apuntó con el arma para tirarle. Sebastián recibió cuatro tiros en brazo, antebrazo y espalda, y según las pericias oficiales, tenía los brazos levantados en posición de entrega o rendición. De acuerdo a los comentarios de vecinos, Sebastián levantó los brazos y suplicó que no lo matara: el policía le pegó primero dos tiros y lo remató en el piso con dos tiros más. Echenique es amigo del dueño de “La Providencia”, y tiene cuenta corriente en el lugar, había prometido “terminar con los robos por medio de escarmentar a un asaltante”. Lo hizo.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 3 de junio, 17:00: Mar del Plata: Familiares y amigos de Sebastián González, la U.V.O y Fuerza Socialista convocan a marchar desde San Salvador 8159 hasta Canal 8.

Martes 4 de Junio: Los abogados de CORREPI Rosario Guerrero y Daniel A. Stragá y el compañero Sergio Cabrera denunciarán ante el Ministerio Público de San Martín la omisión funcional cometida por varios fiscales de la jurisdicción de San Martín en investigar causas relacionadas con torturas y gatillo fácil.

Junio 6: Charla debate con Asambleas Vecinales de Boedo y San Cristobal. Tema: La Impunidad. Disertante: Gerardo Etcheverry

Sábado 8 de junio, 16:00: Escrache al policía Jorge Horacio Burgues, asesino de Ignacio Leonel Puente. Nos reunimos en la Estación de Monte Grande para ir a la casa del asesino, Dr. Rota 220, edificio torre 1, piso 7º “A”. Convocan Familiares de Víctimas Zona Sur y CORREPI.

Junio 11: Juicio Etico contra EE UU y a favor de la libertad de los 5 presos cubanos. Facultad de Derecho Salón de Actos. 19 hs.

28 de julio, 14:00: Chocolate por la vida en el cumpleaños de Víctor “Frente” Vital, asesinado por la policía bonaerense. Habrá chocolate caliente y facturas para los pibes del barrio, juegos y música. En French y Pintos, San Fernando. Organizan Familiares de Víctimas de Zona Norte, convoca CORREPI.

CORREPI