Boletín Informativo N°171

JUICIO CUSTODIO DE CORACH
La semana pasada se desarrolló, ante el Tribunal Criminal Nº 5 de Lomas de Zamora, el juicio oral contra el cabo de la Federal Jorge Goyochea, custodio de Carlos Corach mientras era Ministro del Interior menemista.
El 1 de octubre de 1999 Goyochea volvía de sus arduas labores policiales cuando para relax espiritual pretendió seducir a Sabrina Góngora, quien estaba en una parada de colectivos de Claypole mientras su compañero Marcos Viera estaba hablando por teléfono en la vereda de enfrente. Al advertir la situación de incomodidad de Sabrina, Viera se acercó al auto para increpar al galán, el que interrumpió la disputa pegándole un tiro. Goyochea actuó como un excelente policía, primero disparó y después se puso al tanto de la situación.
Con cierto grado de encubrimiento provisto por la policía bonaerense a pesar de su tradicional rivalidad con los “federicos”, Goyochea inventó que lo quisieron asaltar y por eso mató a Marcos Viera. Pretendió impresionar a sus camaradas provinciales notificando que su domicilio era Balcarce 50, es decir la Casa Rosada. Armó su estrategia defensista a las pocas horas de cometido el hecho y desde la misma dependencia policial, pues como surge de la causa penal, hay 2 llamadas desde la comisaría al Ministerio del Interior. El inefable Corach completó la mentira de Goyochea diciendo en sus diarias conferencias de prensa que “su custodio había abatido a un peligroso delincuente”. La Federal integró la complicidad del aparato de poder cuando sus abogados se presentaron como defensores de Goyochea aclarando que lo hacían “en defensa del interés público”.
A pesar de su versión, Goyochea fue procesado por homicidio simple, pero como suele suceder -en especial en Lomas de Zamora- se le concedió la excarcelación extraordinaria porque para los jueces “siendo policía no se sustraerá al accionar judicial” (¿Y los asesinos de Budge, y Bonifacio Garay, y tantos otros policías prófugos?).
En el juicio la madre de Viera, Mafalda Roldán, fue representada por los abogados Claudio Pandolfi y Daniel Stragá de CORREPI, que desvirtuaron sun fisuras el cuento de Goyochea. La propia Sabrina Góngora y el otro testigo presencial, Ariel Aguirre, fueron muy convincentes en los motivos por los que estaban en la calle esa noche, y por qué Marcos se acercó al cana “latin lover”.
Los policias bonaerenses también contribuyeron -a su pesar- a hacer caer la coartada inventada por el Federal, desmintiendo que debiera detenerse porque el auto no le funcionaba y porque el semáforo estaba en rojo.
El fiscal Pablo Pando pidió 9 años y seis meses de prisión para Goyochea en el momento de los alegatos, mientras que nuestro compañero Pandolfi requirió una pena de 15 años de prisión. Al hacer uso de su derecho a decir las palabras finales, el farsante Goyochea sostuvo que era “cero por ciento violento”, o sea una suerte de Gandhi con gorra.
Desde lo jurídico, Goyochea debe ser condenado ya que no hubo pruebas desincriminantes, a punto tal que sus abogados pidieron su absolución por la duda ya que otros argumentos no les quedaron. Pero en lo extrajurídico hay algunos detalles que merecen destacarse:
La Federal puso toda la carne en el asador, utilizando pericias de parte llevadas a cabo por peritos oficiales de la Policía, y de maneraq notable en la designación de los abogados de Goyochea. Uno de ellos fue el primer abogado de Miguel Angel Espósito, asesino de Walter Bulacio, o sea alguien que hace más de 11 años ya tenía jerarquía como para representar a un comisario en problemas y hoy es jefe de legales de la institución. El otro es el abogado defensor de Santos en la causa de la masacre del 20 de diciembre, casualmente el mismo que, ante el testimonio de Claudio Pandolfi sobre el momento en que cayó herido Martín Galli y muerto el Sr. Márquez, lo denunció por falso testimonio. Casualmente el propio Pandolfi estuvo de este lado en el juicio, junto a Daniel Stragá, a su vez abogado con María del Carmen Verdú de la familia Bulacio.
En el marco de la audiencia quedó muy claro que fue una batalla entre la Federal y la CORREPI, y que si no hay más apretadas de la PFA, este round lo gana el pueblo.

REHEN MUERTO POR EL META BALA
Claudio Barbarelli tenía 35 años. Vivía en Llavallol y el día jueves se quedó a mirar el partido de México - Italia antes de partir a trabajar. Salió de su casa, subió a su Fiat Uno negro y lo puso en marcha. Allí fue sorprendido por dos ladrones que lo obligaron a sentarse en el asiento de atrás y arrancaron.
Asaltantes y rehén se dirigieron hacia la avenida Antártida Argentina, cerca de la comisaría de Llavallol. En el trayecto se cruzaron con un patrullero que intentó detenerlos para identificarlos. El ladrón que manejaba aceleró. Entonces lo de siempre: Les metieron bala a los sospechosos.
Barbarelli murió en el asiento trasero de su Fiat Uno. Las siete balas que lo mataron le dieron por detrás, justo desde donde tiraban los policías. Los ladrones terminaron heridos y los dos aseguraron que no fueron ellos quienes le dispararon. La Bonaerense, en tanto, no dio ninguna información oficial, solo lo habitual: que hubo un enfrentamiento. El patrullero no tiene agujeros y el Fiat, más de 14.
Los autores de los disparos policiales fueron el subinspector Eduardo Córdoba y el cabo primero Roberto Macúa.
Al día siguiente, cuando el cortejo fúnebre pasó por la comisaría, los familiares y amigos de Barbarelli insultaron y arrojaron objetos contra la dependencia policial. Su comisario Mario Mijin, con antecedentes de represor de la dictadura, pidió perdón en nombre de la humanidad…

MATO A VECINA PERO SIN QUERER
El 14 de Mayo dos ladrones robaron un supermercado en el barrio porteño de la Paternal. Un policía advirtió el ilícito y comenzó a perseguirlos. Les disparó y mató de un tiro a una mujer, Mabel Cisneros, que quedó en la línea de fuego.
La jueza Maria Salgueiro entendió que el pobre policía no pudo suponer que disparando a mansalva podía matar a un inocente y lo procesó apenas por homicidio culposo, es decir, sin intención de cometer el crimen. En cambio, uno de los asaltantes, de 16 años, quedó procesado por el mismo hecho, pero con una calificación más grave: la de homicidio en ocasión de robo, para la cual el Código Penal prevé una pena de 10 a 25 años de prisión.
En el hecho, ocurrido hace casi un mes en Alvarez Jonte y Gavilán, la bala policial que mató a Cisneros, de 60 años, también hirió a un hombre.
Todo sin querer, pobre policía, él no sabía que podía matar…

IMPUNIDAD EN BRASIL
La impunidad es esencial al sistema capitalista. Los que detentan el poder político y económico siempre requieren de las fuerzas de seguridad para que sean estas las que les garanticen vía represión que sigan manteniendo sus privilegios. A cambio, los poderosos les garantizan la impunidad. Es lo que ocurrió con el fallo del 12 de junio del 2002 cuando un Tribunal del Estado de Pará absolvió a los 124 policías militares acusados de participar en la masacre de Eldorado dos Carajás, ocurrida el 17 de abril de 1996, cuando fueron asesinados 19 trabajadores rurales del Movimiento de los Sin Tierra.
Los jueces hicieron lugar a la tesis expuesta por la defensa de que los policías militares actuaron defendiéndose de un ataque de los sin Tierra. Todos en sus declaraciones de menos de cinco minutos relataron haber disparado hacia arriba durante el “confronto”.
En la masacre, filmada y documentada, cientos de policias armados de ametralladoras dispararon en contra los Sin Tierra que no portaban armas de fuego. ¿”Confronto” de qué tipo, habría que preguntarse? Si las únicas armas de los “sin tierra” eran su dignidad y sus instrumentos de labranza.
Contra esa dignidad había que imponer la “legítima defensa” de los explotadores en seguir expoliando al pueblo.
Si bien hace semanas que el jefe de la matanza, Coronel Mario Pantoja, fue condenado, lo cierto es que la decisión de hacer zafar al resto demuestra cómo, aun cuando las pruebas son tan contudentes, también el sistema puede entregar a uno para salvar a los demás.
CORREPI se solidariza con los Sin Tierra y los familiares de las víctimas de la masacre.

ASESINATOS, HURTOS Y PIQUETES
El diario La Nación publicó el 17 de junio una “encuesta” según la cual siete de cada diez personas consultadas están de acuerdo en que se debe bajar de 16 a 14 años el límite de edad para responsabilizar penalmente a menores que cometan delitos. Al analizar los resultados del sondeo, el diario autodenominado “tribuna de doctrina” concluye que los ciudadanos de clase alta y media alta, aquellos que se encuentran dentro de la franja etaria de entre 30 y 54 años, los que cuentan con estudios secundarios completos y las amas de casa, encabezan el apoyo al endurecimiento de la ley contra los menores que delinquen, mientras que entre los estudiantes, los jubilados y los ciudadanos de clase media baja y baja, se ubican los mayores niveles de resistencia a esta reforma, que ya tiene expresión parlamentaria en el proyecto de ley redactado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el radical Jorge Vanossi, y enviado en abril último al Congreso. Cuestión de clase, que le dicen.
No vamos a abundar aquí en nuestra habitual prédica respecto de la ausencia de todo correlato práctico o teórico entre el endurecimiento del sistema penal y un hipotético descenso de los índices de criminalidad común, objetivo que sólo se logra, conforme lo prueba la experiencia mundial, disminuyendo primero la marginalidad, la exclusión y la miseria, y aumentando el trabajo genuino y mejorando las condiciones de vida de las mayorías empobrecidas. Lo que resulta interesante para destacar es que, en la nota de opinión que acompaña a la noticia publicada por el diario La Nación, el “opinólogo” Dr. Roberto Durrieu (ex subsecretario de justicia de Jorge Rafael Videla) textualmente dice, bajo el subtítulo “Asesinatos, hurtos y piquetes”: Por ejemplo, un asesinato cometido por un individuo de 15 años queda impune. Un hurto cometido por un menor por cumplir 18 años, el daño, la violación de domicilio, la acción piquetera. Todos estos delitos, si son cometidos por un menor de 18 años, quedan sin castigo.
Además del error técnico-jurídico, pues un menor de 16 a 18 años no es impune si comete un homicidio o un robo en nuestro actual sistema, sino que es sometido a juicio penal por un juez de menores con un mecanismo que hasta le provee menos garantías que a un adulto, lo cierto es que, como dicen los abogados, “a confesión de parte, relevo de prueba”. En un renglón queda expuesto cuál es el objetivo real de la reforma represiva promocionada, castigar los “delitos” como la “acción piquetera”, conducta equiparada en el texto a la violación de domicilio, al asesinato o a los delitos contra la propiedad. ¿Lo quieren más claro? Si hace un par de décadas el enemigo del sistema era el “delincuente subversivo”, hoy es el “delincuente piquetero”.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 20, 18 hs: En homenaje a los caídos en la masacre delarruísta del 20 de diciembre, movilización y colocación de la placa recordatoria a nuestro compañero Carlos “Petete” Almirón. Concentramos a las 18:00 en Plaza de Mayo para recorrer luego los lugares donde cayeron los compañeros Benedetto, Riva, Lamagna, Márquez y Almirón. Convoca el colectivo Acción Directa y los familiares de las víctimas, adhieren CORREPI, HIJOS, SIMECA, y muchos otros organismos de DDHH y organizaciones sociales y populares.

HIJOS está preparando el escrache a Ricardo SCIFO MODICA, alias ALACRAN, comisario de la Policía Federal que actuó durante la dictadura en el Atlético, el Olimpo y el Banco, y que fue designado ya en “democracia” jefe del departamento de Asistencia a la Víctima de la Policía Federal. Vive en CONDARCO 1955, Paternal, Ciudad de Buenos Aires.

28 de julio, 14:00: Chocolate por la vida en el cumpleaños de Víctor “Frente” Vital, asesinado por la policía bonaerense. Habrá chocolate caliente y facturas para los pibes del barrio, juegos y música. En French y Pintos, San Fernando. Organizan Familiares de Víctimas de Zona Norte, convoca CORREPI.

CORREPI