Boletín Informativo N°174

Correpi
06.Jul.02    Boletines Inf. 2002

SUMARIO
1- JUICIO AL TORTURADOR
2- MASACRE DEL PUENTE PUEYRREDON
3- SOLIDARIDAD
4- CENSURA EN SANTIAGO DEL ESTERO
5- PARA EL GATILLO FACIL NO HAY EDAD
6- PROXIMAS ACTIVIDADES

JUICIO AL TORTURADOR
El juicio oral ante el Tribunal Oral Nº 4 de San Martín por tortura contra el cabo de la Policía bonaerense Juan C. Botrón requirió cuatro jornadas. Como señalamos en anteriores boletines, Mario Sieben, Guido Araya, Andres Castro y Sergio Cabrera fueron apaleados, golpeados y sometidos al suplicio conocido como “submarino seco” dentro de la Cria. 1ª de San Martín el 24 de julio de 1999. Aunque en los tormentos participaron muchos policías, los únicos que los chicos pudieron identificar fueron Botrón y Marcelo Palleroni, que se encuentra prófugo. A lo largo del debate el fiscal de la causa debió ampliar la acusación por un quinto damnificado, Lisandro Córdoba, que al momento del hecho era menor de edad. También, a pesar de que la elevación a juicio contemplaba tres casos de torturas y los demás estaban calificados como apremios ilegales, el fiscal -en consonancia con los abogados de CORREPI- acusó en los siete casos como torturas, tanto respecto de nuestros representados como de Víctor Encina y Juan Ramón González, que sufrieron la misma suerte el día 26 de julio de 1999.
Todos los testigos que pasaron por el tribunal fueron coincidentes en que los cinco amigos se encontraban en el centro de San Martín en la madrugada del 24/07/99 cuando los sorprendió un incidente entre un chico de la calle y un trío -integrado por un policía federal, un alférez de la fuerza aérea y un subteniente del ejército- que le negaron un pedazo de hamburguesa. Ello generó una pelea de la que intentaron salir, pero luego de caminar algunos metros fueron atacados por una banda de individuos de civil -que uno de los testigos comparó con skinheads- encabezados por Botrón. Este, como primera medida, aplicó una terrible patada en la cabeza a Mario Sieben y disparó 2 tiros en dirección a Araya y Castro que intentaron huir. La “patota” -como todos calificaron al grupo policial- los acusaba de haber robado el arma reglamentaria al federal.
Los hicieron acostarse en el piso y a todos los golpearon con palos y patadas. Los subieron a patrulleros y debido a que nuestro compañero Sergio “Cucú” Cabrera se quejaba de la ilegal detención y les advertía que era miembro de un organismo de DDHH, en el trayecto a la comisaría se pararon dos veces para golpearlos. Castro, que es cordobés, les refirió que estaba de vacaciones. La respuesta fue “Así que sos de Córdoba. Ahora vas a conocer cómo pega la bonaerense”.
Dentro de la dependencia los obligaron a sentarse y poner sus cabezas entre las rodillas y como se dijo en el juicio “todos los que pasaban por ahí nos pegaban”. Especialmente se ensañaron con Mario Sieben. Araya y Cabrera se pararon a pedir que no le pegaran más, ofreciéndose a que la arremetieran contra ellos. Sieben tenía el ojo izquierdo tumefacto. Una y otra vez le preguntaban “¿te duele?” e inmediatamente le volvían a pegar en el ojo. Los amenazaron constantemente con que iban a conocer el “cuartito” si no decían dónde estaba el “fierro” o sea, la pistola del federal.
Castro y Cabrera fueron efectivamente llevados al “cuartito”, que como suele suceder era la oficina del servicio de calle, donde se desempeñaba el cabo Botrón. Cada uno de ellos padeció tres sesiones de tormentos con una bolsa de nylon en la cabeza, sofocándolos. Todas las víctimas reconocieron a Botrón en el juicio. Incluso Castro, que en ronda de presos no lo había señalado por miedo, ahora pudo hacerlo. Muy destacable por su calidad científica y claridad teórica fue el testimonio experto del Dr. Daniel Kersner, médico psiquiatra del EATIP especializado en efectos psicológicos de la tortura.
A los dos días Botrón, Palleroni y otros sometieron a la misma tortura a Encina y González. El primero también reconoció a Botrón como su torturador. González no pudo declarar en la audiencia porque lo mataron en la cárcel de Magdalena. Según su madre “el hermano de Botrón había puesto precio a la cabeza de su hijo porque lo había denunciado”.
Para la defensa de Botrón toda la acusación fue un complot armado gracias a la solidaridad de los denunciantes que integran una agrupación que tiene animadversión a la policía, y que usa un logotipo con una bota policial y la palabra “BASTA” (o sea, CORREPI), aliada con “delincuentes con frondoso prontuario”.
El fiscal Raúl Sorraco pidió la pena de 18 años de prisión para Botrón. Los abogados Stragá y Verdú de CORREPI, patrocinantes de Sieben, Araya, Cabrera y Castro, la pena de 25 años. El viernes 12 a las 13:00 se conocerá la sentencia contra el torturador.

MASACRE DEL PUENTE PUEYRREDON
Cuando al gobierno se le desmoronó el operativo de prensa que sucedió al represivo en el Puente Pueyrredón, y quedó claro que fueron las fuerzas de seguridad del estado las que atacaron deliberadamente a los manifestantes con munición de plomo, trataron de pasar rápidamente al segundo discurso que suelen usar cuando quedan como los babuinos del zoológico, con el trasero expuesto y colorado: empezaron a sostener la vieja tesis del exceso individual, el desborde, el descontrol y la falta de profesionalismo, en este caso especialmente de la policía bonaerense, la más vulnerable de las cuatro fuerzas actuantes en términos de desprestigio. Las constancias de la causa que tramita ante los tribunales de Lomas de Zamora ya permiten afirmar que no sólo la bonaerense usó munición de plomo, sino que también por lo menos prefectura lo hizo, y que el operativo, lejos de ser el desbande que tratan de presentar para eludir la responsabilidad política, tuvo características similares a las del implementado el 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo.
El viernes pasado los abogados de CORREPI Claudio Pandolfi y María del Carmen Verdú, que patrocinan a la mamá de Maximiliano Costeki (Coord. Aníbal Verón) y a varios heridos como Silvina Rodríguez y Alejandro Abraham (Mov. Teresa Rodríguez) y Mariano Benítez (CORREPI), presenciaron las declaraciones testimoniales de la diputada porteña Vilma Ripoll, de su colaborador Pablo Sartore y del propio Mariano respecto de los hechos ocurridos durante el ilegal allanamiento del local de Izquierda Unida en la calle Brandsen 1231. Mariano estaba abocado a la confección de las listas de heridos que ingresaban al hospital Fiorito, distante dos cuadras del local, para cruzarlas, junto a las listas de detenidos que llegaban de la comisaría, con los nombres de los compañeros que cada organización informaba como ausentes en los controles posteriores al ataque represivo. Fue mientras estaba peligrosamente armado con una lapicera junto a otros compañeros que empuñaban cuadernos, papeles y teléfonos, que la policía -con la participación estelar del sargento Leiva, célebre por su buzo blanco y rojo, identificado como uno de los vestidos de civil y portando arma larga, y del cabo Colman, uno de los detenidos por el asesinato de Darío Santillán- violentó la puerta del local partidario, inundándolo de gases. Algunos lograron saltar la medianera al patio de la casa vecina, a la que también ingresó la policía, disparando con sus Ithakas. Mariano recibió nueve proyectiles antitumulto -felizmente de goma- en la cabeza y fue trasladado a pulso, con la cabeza ensangrentada, al Hospital Fiorito por Vilma Ripoll y el diputado nacional Roselli -de Alternativa y Liberación-, mientras su colega Luis Zamora echaba a los policías del inmueble. Zamora prestará testimonio el próximo jueves a las 11:00, acompañado por nuestro compañero Daniel Stragá.
Sin perjuicio de perseguir juicio y castigo para los autores materiales que mataron e hirieron, nuestro objetivo principal en esta causa, como en la del 20 de diciembre, será señalar a los autores ideológicos, a los responsables políticos que pretenden escudarse en la tesis del desmadre individual -o a lo sumo, de la bonaerense-, y que recurren una vez más al viejo truco de designar un “progresista” en el área de seguridad de la provincia, mientras muestran la hilacha nombrando jefe de la SIDE a Miguel Angel Toma, de cuyo prontuario (no podemos decir curriculum) nos ocuparemos la próxima semana.

SOLIDARIDAD
Siguen sumándose las amenazas y actos intimidatorios contra muchos vinculados a la investigación de los hechos de Avellaneda. Se ve que se han puesto nerviosos ante el fracaso de su estrategia inicial, y por lo tanto recurren a los métodos “clásicos”. Nuestro compañero Pandolfi y el fotógrafo que nos suministrara la fotos del comisario Franchiotti y sus secuaces asesinando a Darío recibieron sendas amenazas, lo que motivó que Amnistía Internacional promoviera una acción urgente reclamando al gobierno argentino al respecto. Muchos testigos y hasta heridos del 26 fueron intimidados para que se abstengan de declarar lo que vieron y vivieron. La madre de Mariano Benítez fue interceptada en la puerta de su casa por un sujeto que le “aconsejó” que su hijo no hablara más -casualmente, fue un día antes de su presentación ante la fiscalía-; el 3 de julio un auto con cuatro individuos de sexo masculino estacionó frente al local del Movimiento Teresa Rodríguez en Florencio Varela, y los sujetos ingresaron al antepatio, diciendo al único compañero que estaba allí que “querían avisarle que andaban buscando” a un dirigente del movimiento que en ese momento encabezaba la multitudinaria marcha en repudio de la represión; integrantes de la Coord. Aníbal Verón también han sido intimidados, y muchos comerciantes y empleados de la zona en que se produjeron los hechos fueron “visitados” por señores de lentes oscuros que les recomendaron perder la memoria, sin éxito en muchos casos.
En el caso puntual de Claudio Pandolfi, no podemos obviar que buena parte de ese “nerviosismo” debe provenir de lo que señalábamos más arriba: la CORREPI imputa a Duhalde y a todo el gobierno nacional como penalmente responsables del operativo polìtico y militar de la represión que costó las vidas de Santillan y Costeki, y no nos van a “contentar” con entregar al comisario Franchiotti y tres o cuatro policías más.
No es la primera vez que los miembros de nuestra organización reciben amenazas. Una vez por año, como mínimo, Amnistía Internacional debe lanzar una “acción urgente” mostrando preocupación por nuestra integridad física. El jueves 4 Claudio Pandolfi formuló la denuncia ante el fiscal de turno acompañado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, HIJOS y CORREPI.
Agradecemos al periodista Alejandro Córdoba, a los Dres. Carlos López de Belva, Ismael Jalil (Frente HIJOS Bs. As.), Beinusz Szmukler y Marcelo Parrili, al Mov. Territorial Liberación del Chaco, al Dr. Juan Carlos Wlasic (Profesor Titular de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata), a la Asamblea Popular de Canning y Santa Fe, a la Liga Socialista Revolucionaria, a la Asociación Americana de Juristas, a HIJOS, a la APDH de La Plata, a la APDH de Rosario, a la CHA, a las Mujeres de Izquierda de Resistencia, Chaco, a Acción Ciudadana por la Igualdad, al Equipo Jurídico de Derechos Humanos de Rosario (Lindolfo Bertinat, Maria Eugenia Caggiano, Nadia Schujman. Matilde Bruera, Valeria Rosso Ponce, Rodolfo Shcoler, Juan Roberto Coria, Erik Daza, Gabriela Durruty, Gonzalo Stara, Amilcar Monti, Ines Cozzi, Vildor Garabelli, Norberto Ferrari, Ricardo Pegoraro, Florencia Barrera, Isabel Fernandez Acevedo), a Elena L. González Bazán (revista la Maza y Villa Crespo, Mi Barrio), a la O.S.L., a Beatriz Giri, a Verónika (Centro Social X) y a todos los que expresaron su afecto con nuestro compañero.

CENSURA EN SANTIAGO DEL ESTERO
Como si en Santiago del Estero no ocurrieran arbitrariedades, represiones y gatillos fáciles (que en el mes de diciembre del año 2000 merecieran un Dossier especial de nuestra organización), ahora, las autoridades provinciales - refrendadas por un juez genuflexo al regimen “juarista”- han decidido censurar la difusión de un diario porque habla mal de la policía.
Los ejemplares del diario “La Verdad”, editado por la agrupación “Madres del Dolor” que integra a familiares de víctimas de hechos criminales que no han sido resueltos judicialmente (entre ellos casos de violencia institucional) fueron secuestrados de los kioskos de diarios bajo la excusa que no tiene “precio de tapa, carece de staff, no tiene registro de propiedad intelectual y no surge quienes son los editores, director,” etc.
Pero la realidad no se centra en pavadas administrativas sino que la propia policía local reconoció que la incautación de la publicación se debió al “tenor injuriante hacia instituciones y personas”.
La medida de censura fue autorizada por el juez Criminal y Correccional José Uñatez sobre la base de un “moderno” Código de Faltas (especie de Edicto policial, Código Contravencional bonaerense o de Convivencia porteño) que fue sancionado hace 50 años.
Lo que el gobierno peronista de Santiago del Estero no quiere que la gente sepa es que el actual Subsecretario de Informaciones, el ex represor de la dictadura Musa Azar, está involucrado en el robo de ganado en la provincia. La tapa del diario -que no había ni que exhibir- mostraba la foto del genocida bajo el tìtulo “Cuatrero VIP” con la pregunta “¿Para cuando la mano dura en la Policía?”.
Muza Azar participó en la masacre de Margarita Belén en Chaco y cuando al compañero Luis Santucho se le ocurrió recordárselo, el genocida le inició una denuncia por calumnias e injurias amparándose en las leyes de impunidad alfonsinistas y en el indulto menemista.

PARA EL GATILLO FÁCIL NO HAY EDAD
Florencia Ramírez, de 6 años estaba la tarde del 11 de junio de 2001 con su mamá en su humilde vivienda de Villa Loyola (Pdo. de San Martín), mirando la tele y esperando la hora de ir a buscar a su hermana al jardín. El oficial Marcelo D. Pérez entró disparando a la villa, supuestamente persiguiendo a un ladrón. Uno de los proyectiles atravesó la puerta de la casilla y mató a Florencia. El oficial, al darse cuenta de la situación, se hizo el desentendido y abandonó a la madre, que desesperadamente le solicitaba ayuda ignorando que estaba ante el asesino. La niña falleció dos días después en el hospital. El oficial Marcelo Daniel Pérez continúa aun en la fuerza policial y en libertad.
Al cumplirse un año del asesinato, la familia convoca a una marcha de la que informamos más abajo.

PROXIMAS ACTIVIDADES
Martes 9 de julio, 12:30: Movilización a la embajada yanqui desde Plaza Italia. Convoca HIJOS.

Martes 9 de julio, 16:00, Marcha de Congreso a Plaza de Mayo Por la Definitiva Independencia Nacional, Basta de represión al pueblo, Libertad y desprocesamiento a los presos por luchar, Que se vayan Duhalde y el FMI.

Jueves 11 de julio, 18:30, charla organizada por la Asamblea de Castro Barros y Rivadavia con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Graciela Daleo (Asoc. Ex Detenidos-Desaparecidos), Laura Ginsberg (APEMIA) y Ramiro Geber (CORREPI). En el bar “Los Orientales”, Rivadavia 3981.

Lunes 15 de julio, 10:00, marcha por Justicia para Florencia Ramírez, desde Av. De los Constituyentes y Saénz Peña (Villa Zagala).

Jueves 18 de julio, 18:00, Acto en Plaza de Mayo en el aniversario de la Masacre de la Amia. Convocan AGRUPACION POR EL ESCLARECIMIENTO DE LA MASACRE A LA AMIA (APEMIA) y CORREPI.

Domingo 28 de julio, 14:00: Chocolate por la vida en el cumpleaños de Víctor “Frente” Vital, asesinado por la policía bonaerense. Habrá chocolate caliente y facturas para los pibes del barrio, juegos y música. En French y Pintos, San Fernando. Organizan Familiares de Víctimas de Zona Norte, convoca CORREPI.

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