Boletín Informativo N°197

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?
El 26 de noviembre, luego de la multitudinaria manifestación antirrepresiva convocada bajo la consigna ORGANIZACIÓN Y LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN, quedó una pregunta sin respuesta: ¿Quién dio la orden para que más de veinte mil personas fueran detenidas en el cruce del Puente Pueyrredón, e impedidas de continuar su tránsito durante siete horas?

Mientras el jefe del operativo Capuchetti hablaba de una “orden de la jueza federal”, fue finalmente el ministro del interior quien replegó a las fuerzas de seguridad, como resultado de un mecanismo de presión múltiple: los compañeros en el puente no retrocedieron, hubo cortes y piquetes en diversos lugares del país exigiendo que nos liberaran el paso, y el país entero pasó el día pendiente de la pulseada con el poder. En ese marco, los compañeros de la comisión que se reunió con Matzkin lograron torcerle el brazo sin ceder un centímetro, sin firmar acuerdo alguno ni aceptar condiciones.

El pasado viernes 6 de diciembre CORREPI, con la firma de los compañeros Gabriel Lerner, Maria del Carmen Verdú, Gerardo Etcheverry y Daniel Straga denunciaron ante la justicia federal lo ocurrido, haciendo eje en que, como el 26 de junio, nadie se hizo cargo de haber dado desplegado el aparato represivo conjunto de la federal, la bonaerense, prefectura y gendarmería.

La acción, radicada ante el juez Canicoba Corral, sostiene que el aparato represivo bloqueó el paso y lo mantuvo obturado durante horas generando un corte de ruta que ningún manifestante tenía previsto. Esta violacion al derecho de reunión, petición y de transitar libremente hasta el destino final de la marcha, de acuerdo a los distintos funcionarios involucrados, no fue ordenada por nadie.

Desde el punto de vista juridico institucional, los responsables del bloqueo al Puente Pueyrredón son responsables de haber violentado el Preámbulo, Artículo 14, 14 bis, 16 y 33 de la Constitución que garantizan el derecho a la libertad de expresión, que integra el “orden público democrático” y que comprende manifestaciones, mitines, movilizaciones, derecho de petición, etc. A su vez el derecho a la libertad de reunión ha sido reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Al vulnerar la libertad de expresión el Estado compromete los derechos de petición, reunión y manifestación que están garantizados en la Constitucion Nacional. Y la prohibición que padecieron miles de manifestantes de peticionar, expresarse y circular, esta tipificada en el art. 248 del código penal que penaliza al “funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

El martes 17 ratificaremos la denuncia, exigiendo que se hagan cargo el Ministro del Interior, el de Seguridad, el Jefe de Policía y la jueza.

EL 20 DE DICIEMBRE, LOS ORGANISMOS Y LA REPRESIÓN
Ha sido ampliamente difundida por los medios la iniciativa de un grupo de los organismos de DDHH históricos que pidieron reunirse con el Ministro de Justicia y Seguridad Juan José Alvarez y el provincial Juampi Cafiero para pedirles que el 20 de diciembre se “reprima dentro de la legalidad”, como lo afirmó -quizás sin darse cuenta de lo que decía- el periodista Nelson Castro.

Simultáneamente otras agrupaciones como Poder Ciudadano o el Colegio de Abogados, se ofrecieron a “mediar” -en una fantástica manifestacion de la siniestra “teoría de los dos demonios”- entre las dos “partes enfrentadas”, las fuerzas represivas y las organizaciones populares, en especial las piqueteras. El Bloque Piquetero Nacional y otros sectores piqueteros rechazaron obviamente este ofrecimiento nada inocente.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas se reunieron con Alvarez y le presentaron un texto abundantemente circulado por la red en el que, si bien responzabilizan al estado por cualquier agresión a los manifestantes, admiten el derecho del estado a montar su operativo, siempre y cuando se les informara quiénes serán los oficiales a cargo, qué armas y vehículos se utilizarán, cómo se instrumentará el despliegue de fuerzas, etc. También reclama el texto conjunto que los policías porten sus chapas identificatorias, que vistan de civil y usen vehículos identificables, que graben las comunicaciones telefónicas o vía trunking, que no formen parte del aparato represivo aquellos que reprimieron en jornadas anteriores o los investigados por “brutalidad policial”. En fin, como interpretó el periodista, “que repriman dentro del marco legal”.

CORREPI fue invitada a participar de la reunión y a suscribir el documento. Respondimos que no nos sentamos a la mesa de los represores y asesinos de nuestros compañeros para negociar hasta dónde y en qué condiciones nos van a reprimir. Algún confundido quiso comparar esta reunión con la realizada el 26 de noviembre con Matzkin durante la pulseada del puente, o con otras situaciones como la intervención en la defensa de presos políticos, luchadores sociales, reclamos de condenas a asesinos, etc. Creemos que es tan obvia la diferencia entre las habituales confrontaciones que sostenemos con el estado en cualquiera de esas circunstancias y la de ir por anticipado a preguntar con qué balas nos van a tirar -o a “exigir” que sólo sean de goma- que no es necesaria mayor precisión.

La ingenuidad de las “inquietudes” les debió saltar a la cara cuando el “Juanjo” les explicó que no es que no quieran identificarse, sino que la chapa identificatoria se les cae de los chalecos antibalas por la dureza del material…

Seguramente quedaron satisfechos cuando les prometió que los implicados en las masacres del 20 del año pasado o del Puente Pueyrredón no formarían parte del operativo represivo. CORREPI quiere recordar a los “organismos” que, en ese caso, no podría participar ningún miembro de la Policia Federal, porque en la matanza de Plaza de Mayo -donde cayó nuestro Petete Almirón- intervino toda la institución. No admitimos la remanida teoria justificatoria de que en la fuerza hay policías malos que reprimen y buenos que cruzan a los cieguitos. Tampoco el propio Alvarez o el mismo Duhalde, corresponsables de la masacre del 26 de junio, tendrían que “tener permiso” de intervenir…

Otra de las peticiones que los “organismos” le hicieron a Alvarez es que se determine el armamento con que los canas nos van a reprimir. Es decir, que se sepa qué municiones serán empleadas y que no usen otras armas que las reglamentarias. O sea, que en el futuro se sepa que el policía tal o cual disparó el proyectil que fusiló a tal o cual manifestante, para que si la cosa se complica con molestas causas judiciales no vaya a ser que carguen los jefes políticos con las responsabilidades.

“Hicimos un pedido de informes formal porque creemos que eso ayudará a controlar que todo se desarrolle dentro de la ley”, indicó Gustavo Palmieri del CELS a la prensa. El CELS, la Liga, los Familiares, Amnistía, Abuelas, Madres Línea Fundadora, asumieron la máxima del General Peron: “Dentro de ley, todo”. Aún los muertos del pueblo.

LA CORREPI Y LA ORGANIZACION POPULAR
La CORREPI, en vez de negociar con el gobierno, se ha sentado a discutir con las organizaciones populares la manera de coordinar esfuerzos para defendernos de la represion. Propusimos un esquema mínimo para formar una red de comunicaciones e información dentro de un marco de autodefensa popular que fue aprobado por el Bloque Piquetero Nacional y otras organizaciones que se movilizarán.

Con la coordinación que estableceremos entre CORREPI, CeproDH, Indymedia, Argentina Arde, la Agencia de Noticias REdAcción, HIJOS, Frente HIJOS Gran Buenos Aires, y otros compañeros, dispondremos del relevamiento permanente de los acontecimientos en los distintos lugares de concentración y movilización, haciendo circular información confiable entre todas las columnas.

A través de diferentes medios se centralizará la información en varios teléfonos de linea que daremos a conocer en la semana, para, a su vez, difundirla a una red de telefonía móvil y al periodismo del pueblo con el objetivo de contrarrestar la represión.

EL FISCAL ROMERO DEL GOBERNADOR SOLA
La Plata tiene un fiscal general que no escapa a las generales de la ley, pero se destaca por sus posiciones fascistas. Fundamentalmente responde a las directivas del ejecutivo de turno. En agosto del año pasado, cuando el MTR molestaba mucho la paciencia de Ruckauf, este representante del Ministerio Público instruyó a su subordinado Heredia para armar la causa del Ministerio de Trabajo con la que tuvo presos durante un mes a 57 compañeros del Teresa Rodríguez. Romero, a las dos de la mañana del 5 de agosto de 2001, se apersonó en la fiscalía nº 1 para “supervisar” la indagatoria del referente nacional del MTR, y hasta el presente ha fogoneado la continuidad de esa causa, reducida a un ridículo “atentado a la autoridad”.

Ahora, y apoyado en las palabras del gobernador Felipe Solá, quien dijo que cualquier intento de recuperación de alimentos sería considerado delictivo en la provincia, el fiscal Romero salió a exigir a los fiscales que califiquen el accionar de los pobres como “sedición”.

Solá advirtió que los saqueos “son una cuestión penal y no social”, y el “chirolita” Marcelo Romero hizo su aporte a la criminalización de la protesta social. Dijo que “los ideólogos y los que organizan o comandan este tipo de acciones criminales deben ser imputados por el delito sedición”, reclamando a sus fiscales subordinados que tengan “testículos” para hacerlo. Casualmente, es mismo delito con que los jueces salteños -de la mano de otro Romero, el gobernador de Salta y candidato a vice de Menem- imputaron a los piqueteros en Tartagal y Mosconi.

Regocijando al periodista de Radio 10 que lo entrevistaba Romero afirmó convencido que hay que meter presos a todos aquellos “que sea necesario”, incluidos los abogados que asesoran a los piqueteros. ¿Los que sean necesarios para qué? Para disciplinar a los revoltosos que joden a los poderosos.

Nada novedoso, en realidad, como tampoco lo es la amenaza a los compañeros abogados. Ya en octubre de 1995 nuestro compañero Leon “Toto” Zimerman fue detenido como “cabecilla” de una asociación ilícita integrada por cuatro curas y las familias que ocupaban el predio entonces conocido como La Sarita, luego Asentamiento Agustín Ramírez. En esa ocasión no fue Romero sino el juez Gonzalez Eliçabe, que para el caso, tanto da.

IMPUNIDAD A LA GENOVESA
El 20 de julio del año pasado, durante la represión a las manifestaciones globalofóbicas desarrolladas en Génova en repudio de la reunión del Grupo de los 8, el carabinero Mario Placanica (22 años) disparó en la Piazza Alimonda contra el manifestante Carlo Giuliani (23 años) y lo mató.

Recientemente, el fiscal a cargo de la investigación de los hechos solicitó el archivo del proceso sin ser elevado a juicio. El argumento fue que “Placanica tenía la justificada percepción de estar en peligro de muerte” y, en consecuencia, mató a Giuliani en legítima defensa.

El carabinero, por su parte, declaró que seguirá prestando servicios y que sus compañeros lo habían “ayudado a no pensar en aquel momento”. El abogado de la familia del manifestante asesinado ha declarado que “No existía proporción entre el riesgo de agresión y el uso mortal de las armas, necesaria para la legítima defensa “ y reclamó la realización del juicio oral. El padre de Giuliani coincidió con el reclamo y manifestó que no estaba dispuesto a reconciliación alguna.

Entre los políticos italianos, quien era ministro del interior al momento del homicidio, Claudio Scajola, afirmó que “estábamos seguros desde el primer momento: es legítima defensa”, mientras Vittorio Agnoletto sostuvo que se trata de “una tentativa inaceptable de autoabsolución por parte del Estado, para evitar que en un proceso público emerjan las responsabilidades de la policía, del gobierno, de los carabineros”.

Este hecho, una vez más, nos muestra la universalidad del rol de las fuerzas policiales y de seguridad y de los mecanismos utilizados para su impunidad, garantizada por el Estado.

SIGUEN USANDO A LOS POLICIAS MUERTOS
Nuevamente, tras la muerte de dos policías que entablaron un tiroteo en un colectivo en la zona de Constitución, los jefes de la Policía Federal Argentina aprovecharon para usar ese hecho para el blanqueo de la institución. Así, en la ceremonia realizada en el Panteón Policial de la Chacarita, con la presencia del Ministro Juan José Alvarez, el Comisario Sergio Russo, jefe de la División Robos y Hurtos (dependiente de la Superintendencia de Investigaciones) a la que pertenecían los fallecidos, declaró que “la sangre de los caídos sirve para luchar con más fuerza contra el delito” (se olvidó de aclarar “ajeno”).

El Jefe de la PFA, Comisario General Roberto Giacomino, sobreactuó aún más al afirmar que “día a día seguimos entregando la vida de nuestros hombres para proteger a la comunidad de la delincuencia cada vez más miserable.” Como de costumbre, una cosa es “la comunidad”, otra “la delincuencia” y otra la PFA, “al servicio de la comunidad” cuando no es parte de ella y jamás relacionada con quienes cometen delitos.

Dado que Giacomino es el mismo que se atrevió a sostener que no había pruebas de que ningún policía federal fuera responsable por los homicidios del 20 de diciembre, no nos sorprende que se haya atrevido a declarar que “queremos que sepa toda la comunidad que seguiremos actuando dentro de la ley.”

El Jefe de la PFA, haciendo caso omiso de las pruebas aportadas aún desde el propio aparato estatal (recuérdese la Comisión investigadora de procedimientos policiales fraguados, conformada por Fiscales y funcionarios de la Procuración General de la Nación, que se vio obligada a iniciar una causa penal contra decenas de policías – muchos de los cuales pertenecían también a la Superintendencia de Investigaciones - responsables de fraguar operativos policiales), pretende limpiar en una frase la frondosa actuación criminal de la institución. ¿Alguien se lo creerá?

A un año de los crímenes del 20 y 29 de diciembre, año durante el cual nuestro pueblo sufrió el mayor número de asesinatos a manos de fuerzas policiales y de seguridad, todavía se dan el gusto de hacer estas declaraciones.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 16, 19:00: En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los Dres. Daniel Straga y Gerardo Etcheverry por CORREPI participarán de la presentación del proyecto de derogación de la ley 23.950 (averiguación de antecedentes) en la ciudad, suscripto por los diputados Alexis Latendorff (piquete socialista) y Patricio Etchegaray (Izquierda Unida).

Lunes 16, 19:30: En la fábrica IMPA, Querandíes entre Pringles y Rawson, el periodista Miguel Bonasso presentará su libro sobe las jornadas del 19 y 20 de diciembre, “El Palacio y la Calle”. Participarán diversas organizaciones populares y familiares de las víctimas. Por Correpi, la compañera María del Carmen Verdú y la familia y compañeros de Petete Almirón.

Martes 17: Los compañeros Verdú, Stragá y Lerner ratificarán la denuncia por los hechos del 26 de noviembre ante la justicia federal.

Viernes 20: Movilización popular. La CORREPI se concentra en Plaza Constitución para luego incorporarse a la columna Petete Almirón que avanzará desde la zona sur.

29 de Diciembre, 19 hs. Gaona y Bahía Blanca a un año de la Masacre de Floresta.

CORREPI