Boletín Informativo N°210

LOS CANDIDATOS DE MENEM

Está claro que el menemismo representa lo más rancio de la derecha en Argentina. En los últimos días ha formalizado su apoyo a la agresión imperialista contra Irak, a prometido “saturar” las calles con fuerzas de seguridad contra las protestas y piquetes e insistió en utilizar a los milicos para la represión interna.

Menem debe inscribirse en ese grupo de neofascistas encabezados por el verdugo de Texas, junto con el franquista Aznar, Berlusconi -el Duce de Milano- o el cipayo paramilitar de Uribe.

Pero sus candidatos merecen algunos párrafos. Por ejemplo, Patti. El torturador de Pilar y Escobar, asesino de Cambiasso y Pereira Rossi, ha afirmado que “terminará con la inseguridad en 7 meses”. Ni en 6 ni en 8, o sea a un promedio de 0,80 y pico % mensual. Todo un estadista. Y ahí están los periodistas del sistema para que semejante sandez sea reproducida por radio, TV y gráfica. Eso sí, en estos días ha logrado el apoyo de un ícono de la literatura femenina, doña Poldy Bird. Como si Coelho apoyara a Collor de Mello…

Otro de los candidatos menemistas es el varias veces acusado de antisemita Pierri. Al zar mafioso de La Matanza lo acompaña un personaje prenazi (porque ni siquiera logró evolucionar hacia el nazismo), la Sra. Mirta Pérez. Esta señora tuvo la terrible desgracia de perder a su hijo Santiago de 8 años cuando su marido quiso evitar que le robaran el auto.

A raíz de esta tragedia, la Sra. Pérez se convirtió en “la mamá de Santiaguito” e inició una campaña de persecución mortal hacia los delincuentes, pidiendo pena de muerte, mayores facultades policiales, etc. La derecha rápidamente la utilizó en su cruzada contra la “inseguridad” (del régimen) y los set televisivos hicieron conocido su rictus de fundamentalista antigarantista. Llegó a plantear cosas que harían ruborizar al General Camps, pero pocos la confrontan por respeto a su dolor de madre.

Ya en las últimas elecciones, a la Sra. Mirta Pérez mostró la hilacha y demostró que además de victima de un hecho horroroso, es una fascista que apoya al torturador Patti. Para las próximas, se le termino de caer la careta y consumó su carácter de política de derecha. Ahora es la compañera de fórmula de Pierri en el “Frente de la Lealtad” de Carlos Saúl.

Marche otro represor…

REPRESIÓN PRIVADA EN BRASIL

Los terratenientes brasileños anunciaron esta semana que pasarán a la ofensiva contra los compañeros del Movimiento Sin Tierra. Se reunieron en la localidad de Pitanga, Estado de Paraná, donde decidieron conformar un grupo paramilitar para enfrentar la reforma agraria que el MST impone con su lucha.

El grupo de sicarios, integrado por dos pistoleros armados por cada “socio” de la Unión Democrática Ruralista (especie de “sociedad rural”), hasta lo han bautizado con un nombre bastante peculiar: “Primer Comando Rural”, muy parecido al “Primer Comando de la Capital” integrado por narcotraficantes.

No es la primera vez que los hacendados utilizan paramilitares para atacar a los sin tierra. Incluso en el Estado de Paraná –con la anuencia del entonces gobernador- en 1997 fueron notorias las acciones de estos grupos. Dejando de lado las innumerables represiones llevadas adelante por la Policía Militar, debemos destacar que en el 2002 hubo 38 muertes en todo Brasil en manos de facendeiros contra ocupantes.

También hay que poner de resalto que hace una semana en Minas Gerais otro grupo paramilitar atacó un campamento del MST hiriendo a varios de los luchadores.

Mientras esto ocurre, en Río de Janeiro los amigos de Alberto Hugo Pérez Sttetler buscan esclarecer su homicidio ocurrido a mediados de octubre del año pasado. Alberto era un compatriota radicado en la localidad de Maua, cerca de Río, que fue asesinado de 7 tiros en la cabeza y tórax. En el hecho están involucrados miembros de la Policía Militar de ese Estado. No se trata de un homicidio común sino que las pruebas indican que se trato de un crimen por encargo.

Alberto formaba parte de una comunidad ambientalista instalada en un terreno no productivo. A partir de un reclamo del supuesto propietario comenzó un conflicto judicial sobre la tenencia de la tierra, que no tuvo carriles precisamente judiciales sino que fue mezclado con amenazas e intimidaciones, que culminó con el asesinato de Alberto.

De acuerdo a la denuncia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Río de Janeiro, son fuertes las sospechas que recaen sobre policías militares del municipio de Resende, los que habrían sido pagados para eliminar a Pérez Sttetler.

JUICIO A QUEBRACHO

El día jueves se escucharon los alegatos de las partes ante el Tribunal que juzga a los compañeros Caviasca, Esteche, Del Grosso y Franca. El fiscal Huarte Petite consideró que los imputados deben ser condenados por el delito de “incitación a la violencia colectiva” en las marchas 100 y 150 de los jubilados y la que se realizó contra la Ley Federal de Educación, en los años 1994 y 1995, y en el caso de Esteche, además, por la portación de un arma de guerra. En todos los casos pidió la pena de 3 años en suspenso, con lo que los compañeros no ven peligrar su libertad ambulatoria.

Los defensores expusieron lo suyo. Mientras la compañera Liliana Malea de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre criticó duramente los tipos penales por los que se los acusa, el Dr. Schoklender llevó la solidaridad de Madres de Plaza de Mayo y Edgardo Soares cuestionó el marco fáctico de la acusación. Nuestro compañero Gabriel Lerner planteó la enorme cantidad de nulidades en la instrucción de la causa, en especial denunciando las tareas de “inteligencia” que sustentaron el procesamiento, prisión preventiva y el juicio oral.

En este sentido cuestionó al ministerio público por avalar una instrucción viciada y únicamente basada en documentos que nadie, ni el ministerio del interior, ni la SIDE, ni ninguna agencia estatal, se atrevió a firmar. El compañero recordó que durante la dictadura militar el genocida Osiris Villegas afirmó que la represión debía basarse en tareas de “inteligencia”, pero que en un estado de derecho no se puede hacer “inteligencia” y menos inventar causas judiciales porque a los funcionarios de turno no les gustan las ideas políticas de los contrarios.

Invitamos a ampliar sobre el tema con el documento “QUEBRACHO, CORACH Y LA “JUSTICIA DE LA SERVILLETA (2)” que estamos distribuyendo.

BERLUSCONI REPRESOR

En estos días, el Gobierno de Berlusconi pretende aprobar una reforma del Código de Procedimiento Penal, que quitaría al Ministerio Público el control de las investigaciones. En síntesis, la reforma haría que las investigaciones estén a cargo de la policía judicial, que requerirá directamente a los jueces la autorización para secuestros u otros actos especialmente graves y luego entregará un informe a los fiscales para que actúen como “abogados de la acusación.” El secretario de Magistratura democrática, Claudio Castelli, declaró que “Con una reforma de esa clase, la Italia descendería al nivel de los procesos de policía. Parece increíble (…) que se pueda pensar en quitarle a la magistratura todos los poderes sobre los actos de policía que limitan las libertades fundamentales de los ciudadanos.”

La finalidad principal de Berlusconi es eliminar la participación de los fiscales en las investigaciones para garantizar la impunidad de los funcionarios del Ejecutivo, ya que en Italia el ministerio público resulta menos manejable para el Gobierno que la policía judicial. El “efecto colateral” será un acrecentamiento de los poderes policiales en toda investigación penal.

O sea, en Italia quieren tener un procedimiento parecido al que existía antes de la reforma en la Pcia. de Buenos Aires, con la instrucción legalmente en manos de la bonaerense, lo que en la práctica sigue ocurriendo, aunque tenemos un bonito y moderno código que dice todo lo contrario.

EL PROYECTO REPRESIVO DE ALICIA PIERINI

Nuevamente el sistema sale al ruedo para generar herramientas represivas legitimadas por la sanción de los “representantes del pueblo”. El legislador de la Ciudad Enríquez –antes radical, ahora ladero de López Murphy-, intentó varias veces “reglamentar el derecho de reunión” con proyectos de ley que ilegalizaban todo tipo de movilización o marcha en el ámbito porteño.

Ahora es el turno de la ex subsecretaria de DDHH del gobierno menemista, quien presentó un proyecto de ley destinado a “regular la distribución y circulación en el espacio público de la Ciudad durante el lapso crítico que se produce cuando por situaciones de hecho originadas en el libre ejercicio de los derechos de reunión, de expresión de ideas o de peticionar por parte de un sector de la población resultaren afectados los derechos de terceros a trabajar, reunirse o circular por el mismo”.

El proyecto prevé que el gobierno de la ciudad sea representado, desde el inicio de una concentración, marcha o movilización, hasta su finalización, por una “autoridad de aplicación”, que no se define, la que tendrá facultades para coordinar acciones con las fuerzas de seguridad, “mediar” con manifestantes, comerciantes, conductores de vehículos y transeúntes, cooperar con el desvío del tránsito, definir y ejecutar todas las “medidas de prevención” necesarias, y formular denuncias “en caso de detectarse la comisión de delitos de orden público, o de contravenciones”.

Esta “autoridad de prevención” también deberá definir en cada caso “los límites de ocupación del espacio público por parte de la movilización”, cuya violación por los manifestantes será penalizada, estableciendo como regla general que nunca podrá permitirse la ocupación de todos los carriles de una avenida o calle de más de un carril, lo que será motivo suficiente para la intervención de las fuerzas de seguridad.

El carácter represivo del proyecto habla por sí mismo, pero debemos resaltar algunos conceptos que pintan de cuerpo entero su intencionalidad. En primer lugar, toda su esencia se basa en la “lógica equivalencial de los conflictos”, poniendo a la par, como “derechos igualmente valiosos” el de circular o ejercer el comercio con los reclamos que motive la movilización, los que en los casos que nos preocupan refieren a derechos esenciales como la vida, la dignidad, la libertad de compañeros, etc.

Montada sobre la falacia ideológica de que “tanto derecho” tiene el comerciante a abrir su negocio o el automovilista a circular como nosotros a movilizarnos contra la represión, el hambre y la exclusión, lo que pretende la legisladora es “fortalecer la dinámica del ejercicio de la democracia, al regularlo, sin invalidar ningún derecho constitucional, ni abdicar del poder de intervención estatal en su carácter de garante del orden público local”. En otras palabras, “normalizar la protesta”, quitarle todo carácter confrontativo, ponerle límites con el verso de la “convivencia democrática”, y esconder bajo la alfombra que estamos hablando de lucha de clases.

En la Exposición de Motivos muestra la hilacha sin ocultamientos. La consigna es reprimir con el menor costo político, prolijamente, con una fachada garantista y consenso. Expresamente sostiene como su objetivo “evitar procedimientos represivos de imprevisibles consecuencias”, lo que no debe entenderse como deseo de eludir muertos o heridos, sino el costo político que ello implica para el estado.

Invitamos a quienes quieran decirle a la Dra. Pierini lo que piensan de su proyecto a hacerlo a: alpierini@legislatura.gov.ar
aliciapierini@speedy.com.ar alipierini@yahoo.com.ar

INTERROGANTE SANJUANINO

¿Será cierto que en la provincia de San Juan, para aumentar de manera encubierta los salarios de sus policías, el gobierno está otorgándoles a ellos y/o sus esposas planes jefes de hogar?

PROXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 17, 21:30, actividad a cargo del compañero Pedro Ortiz con alumnos de TEA en la sala Pablo Picasso de Paseo La Plaza.

Martes 18, 10:00, en Comodoro Py 2002, últimas palabras de los compañeros Caviasca, esteche, Del Grosso y Franca en el juicio que se les sigue, y luego lectura del veredicto.

Sábado 22, 18:00, en la Plaza 24 de septiembre, a una cuadra del Cid Campeador, charla de Correpi en el marco del festival organizado por la murga Cachengue y Sudor y otras. Temas: Políticas Represivas del Estado.

24 de marzo, movilización de Congreso a Plaza de Mayo en repudio del aniversario del inicio de la dictadura.

CORREPI