Boletín Informativo N°225

A UN AÑO DE LA MASACRE

El jueves 26 se conmemoró el primer aniversario de la llamada Masacre de Avellaneda, que costó la vida de los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Como tantas veces a lo largo de casi 200 años de historia, el pueblo ofrendó su sangre por un país justo.

Desde temprano las columnas de diversas organizaciones piqueteras y combativas se fueron agolpando en el medio del puente Pueyrredón. Pasado el mediodía se leyó un documento de todas las organizaciones participantes que hizo hincapié en los dos ejes que sostuvieron la reconversión capitalista: el ajuste y la represión, y resaltó el espíritu de lucha, solidaridad y resistencia que caracteriza a la clase trabajadora de nuestro país.

Finalizada la lectura, los desocupados de la Aníbal Verón dieron comienzo a un juicio popular presentado por uno de los referentes de esa agrupación, Juan Cruz D´Affunchio. Después de hacer un semblante de los caídos, se dio inicio a la presentación de los testigos, tarea a cargo de los compañeros Sergio “Cherco” Smietniansky y Claudio Pandolfi de CORREPI.

Los primeros testimonios fueron de que resultaron heridos debajo del Puente Pueyrredón, en los primeros 50 metros de la Avenida Pavón, y los que estuvieron con Darío y Maxi en la estación Avellaneda. Posteriormente declararon los que fueron heridos sobre la Avenida Mitre, cuyo responsable es el prófugo Carlos Leiva. También declararon los médicos del Hospital Fiorito y finalizaron los compañeros que fueron reprimidos dentro del local de Izquierda Unida. Entre estos últimos se destacó nuestro compañero Mariano Benítez que fue herido de varios disparos de bala de goma en su cabeza, cuando estaba confeccionando las listas de los detenidos por las fuerzas represivas del duhaldismo.

La última testigo fue Hebe de Bonafini. El alegato estuvo a cargo de Pablo Solanas, integrante del MTD Aníbal Verón y uno de los responsables de la edición del libro “Darío y Maxi, Dignidad Piquetero”.

Al finalizar el juicio, los miembros de la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados iniciaron su acto. Hablaron Nestor Pitrola (Polo Obrero), Laura (UTDyO), Sebastián Ruso (UTL), Quito Aragón (FB19), Tibu Nuñez (MTD Resistir y Vencer), Antonio Bitto (MTR), Oscar Kuperman (CUBa), Jorge Ceballos (Barrios de Pie), Carlos Chile (MTL), V. Kosteki (hermana de Maxi) y Raúl Castells (MIJD).

CORREPI hubiera querido llevar su saludo a ese acto. Aunque la mayoría de las organizaciones aceptó de buen grado que hablara nuestro compañero Sergio “Cucú” Cabrera -consecuente activista antirrepresivo, militante de base en un comedor popular, víctima de la tortura bonaerense y cuyo hermano fue recientemente fusilado por el gatillo fácil- finalmente no fue posible, porque el Polo Obrero consideraba que era un acto “de las organizaciones piqueteras”.

Lástima. Creíamos –creemos- que era un acto de la clase trabajadora y el pueblo contra la represión y la impunidad.

“EDUCACIÓN” A LA BONAERENSE

Con fecha 12 de mayo de 2003 la Resolución N° 1847 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Bs. As. aprobó un convenio firmado con el Ministerio de Seguridad por el que ambas reparticiones bonaerenses acuerda prestarse mutua colaboración y asistencia para alcanzar “resultados y objetivos comunes”.

En el articulado del convenio aparece como cuestión principal facilitar que el personal policial –en especial suboficiales- adquieran mayor capacitación alcanzando o completando el ciclo de estudios secundario, lo que obviamente no es criticable, aunque sabemos que no por cultos son menos represores. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo para disimular los verdaderos propósitos de la “colaboración” interministerial, ya en el artículo segundo se confiesa que uno de los objetivos es el “intercambio de información georeferenciada”.

El verdadero propósito del convenio salta a la vista al leer los Protocolo Adicional, integrantes del texto oficialmente publicado. En el primero, se resuelve llevar adelante un plan conjunto de “capacitación en Prevención Temprana de la Violencia” destinado a maestros y profesores, cuyos contenidos –convenientemente entremezclados con textos de derechos humanos, tratados internacionales y directrices de la ONU- son un verdadero ejemplo de cómo “capacitar” docentes para el control social.

Para llevar adelante esa capacitación, dirigida a todo el personal dependiente de la Dirección General de Educación, desde maestros a directores, el Ministerio de Seguridad proveerá los materiales y profesionales que dictarán los 30 talleres pactados.

Entre los contenidos que los policías de Juan Pablo Cafiero “enseñarán” a los docentes de Mario Oporto, encontramos conceptos como: Los estereotipos: grupos identificados con la violencia.

En el segundo protocolo adicional el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Educación se comprometen a “articular y coordinar medios, recursos y acciones recíprocas para la concreción del intercambio de información GEOREFERENCIADA, constituyendo un Equipo de Trabajo conjunto entre el DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y ANALISIS de la DIRECCION GENERAL DE EVALUACION DE INFORMACION PARA LA PREVENCION DEL DELITO (DGEIPDA) y la DIRECCION DE INFORMACION Y PLANEAMIENTO EDUCATIVO (DIPE), el que será coordinado por los titulares de dichos organismos.

El último protocolo es sin dudas el más jugoso. Allí los jefes de los policías y maestros se comprometen a articular y coordinar medios, recursos y acciones recíprocas de prevención en materia de seguridad pública en los ámbitos educativos. Para eso, el ministerio de seguridad “se compromete a realizar funciones policiales preactivas tendientes a fortalecer una adecuada prevención y conjuración de ilícitos que pudieran afectar a los derechos a la vida, la integridad psicofísica, la educación y la propiedad de la comunidad en general y de los particulares que participen de la actividad en los establecimientos educativos, mediante las Policías de Seguridad Departamentales”, promoviendo para ello “un diálogo fluido entre los titulares de las Jefaturas Departamentales de Seguridad y las autoridades de los establecimientos escolares, consejos escolares, autoridades municipales, entidades gremiales, padres de alumnos y alumnos, atendiendo a optimizar el diagnóstico necesario para las medidas de seguridad a implementarse”.

Finalmente, establecerán, de común acuerdo, instancias de capacitación en la temática para los auxiliares de seguridad escolar, que serán instruidos por “personal idóneo” designado por el Ministerio de Seguridad.

O sea, que a nadie le extrañe dentro de un tiempito que su hijo de seis añitos conteste “¡Negativo!” cuando le ofrezcan sopa, que desarrolle una exagerada afición por la muzzarela, ni que empiece a considerar “sospechoso” a su hermano adolescente.

IBARRA LE REGALA MÁS PATRULLEROS A KIRCHNER

El miércoles pasado el presidente Kirchner recibió del jefe de gobierno de la ciudad Ibarra 58 patrulleros para la Policía Federal Argentina. Con presencia de Alberto Fernández, Gustavo Béliz, Eduardo Luis Duhalde (el de DD.HH.), el Subprefecto Nacional Naval, el Subjefe de la PFA y el Diputado socialista Raúl Puy, entre otros funcionarios (público prácticamente no había), la PFA recibió los 38 Fiat Siena ELX (numerados entre el 442 y el 489) y 20 Peugeot Partner (numerados correlativamente del 522 al 541).

El Capellán de la fuerza, Miguel Angel Bartolo, pidió la bendición de “esa nueva flota automotor”, solicitó “que no los dañe ninguna adversidad” y los encomendó a la Virgen de Luján y San Cristóbal, el patrono de los automovilistas.

Tanto Kirchner como Ibarra (el de la represión del PADELAI, que insistió en que el represor Giacomino quedara al frente de la fuerza) reiteraron que “no debe criminalizarse la protesta social”, a la vez que Ibarra elogió las tareas realizadas por los móviles donados hace poco más de un año (fueron entregados el 1º de octubre de 2001 y fueron usados – entre muchos otros - en la represión del 20 de diciembre de ese año).

Si bien ambos trataron de no caer en discursos manoduristas, no pudieron esconder la hilacha del todo y se les escaparon alguitas cositas. En el caso de Ibarra, contrariando la realidad, afirmó que “es importante el control policial” y “es importante la presencia en la calle” de la policía.

A K., además de declarar en el sentido de Ibarra que los patrulleros son “los instrumentos que garantizan la seguridad cotidiana de los habitantes de la ciudad”, se le filtró un planteo mucho más profundo: se debe buscar el respaldo cotidiano de la población a la fuerza, por eso el Gobierno buscará “mayor seguridad y respaldo de la policía”. Si bien lo dijo para oponerse a quienes desde la derecha usan las muertes policiales para hacer reclamos, el contenido de reaseguro de las instituciones represivas no fue por ello menos claro.

Ninguno de los dos “progres” habló de la comisión de delitos por parte de los efectivos policiales. Y ese cuento no se acabó. El rearme sigue. Hay otros 38 Fiat Siena ELX que fueron comprados por el Gobierno Nacional y están en condiciones de ser entregados a la PFA.

AVERIGUACION DE ANTECEDENTES

A fines del año pasado los diputados de la ciudad Abel Latendorf y Patricio Etchegaray presentaron un proyecto de ley para derogar la ley 23.950, la que faculta a la policía para detener personas para establecer su identidad, o sea, la vieja averiguación de antecedentes. La Comisión de Asesores de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura se reunió el lunes 9 de junio. Este era uno de los proyectos a tratar.

Los diputados porteños de los partidos del sistema debían defender la facultad policial para detener personas ya que se trata de la herramienta por excelencia para el control social. Para lograr su objetivo utilizaron cualquier argumento. Realmente los ciudadanos porteños deben conocer de qué manera salvaguardan sus representantes las libertades fundamentales, garantizando a la Policía Federal los medios más idóneos para continuar reprimiendo.

Esta facultad policial está reglamentada en todas las provincias en leyes locales, pues no forma parte de las materias delegadas a la nación. Sólo en la ciudad de Buenos Aires se aplica una norma dictada por el Congreso Nacional, porque en 1991, cuando diputados y senadores dictaron la ley 23.950, dando legalidad constitucional a la anciana práctica de la “doble A”, la ciudad de Buenos Aires era territorio federal y no tenía autonomía ni, por ende, órgano legislativo propio. Pero desde 1994 es una ciudad tan autónoma como el resto de las provincias, y es su legislatura la que debe dictar todas las leyes de aplicación local, las ejecute quien las tenga que ejecutar.

Graciela Lois, directora de la comisión y asesora de la diputada menemista Alicia Pierini -la misma que bancó a Menem y sus indultos- sostuvo en el debate que acordaba con la derogación, pero que la ciudad no tenía jurisdicción sobre el asunto y que eso sería así hasta que no hubiera policía y tribunales propios. O sea, rechazó el proyecto con un argumento técnicamente inválido y sugirió que se transformara en una simple Declaración.

Eso sí, la señora Lois sostuvo que el proyecto era absolutamente factible si había voluntad política de que saliera, y para eso podía hacer arreglos para que los autores del proyecto (para cuya redacción fue consultada CORREPI, que lo avala) vieran al Secretario de DDHH Eduardo Duhalde alias “el Bueno”, y al Ministro Béliz, defensor de la policía metropolitana…

Luego de rechazar el proyecto, se revisaron otros que sobre los sucesos del 20 de diciembre del 2001, y que en definitiva se centraron en la magnífica comisión Ad Hoc integrada por la susodicha Pierini, la secretaria de DDHH de Ibarra y el CELS. Comisión de la que CORREPI, a través de los compañeros Smietniansky y Stragá, declinó participar en enero de 2002.

En ese contexto los inmaculados referentes de dicha comisión ad hoc sostuvieron, con el verso de la jurisdiccionalidad, que los policías federales no pueden ser tocados porque no son “policías de la Ciudad”. La Federal puede asesinar, como a los compañeros que cayeron en la Plaza, o reprimir a su gusto, como lo hicieron en el edificio del Ex Padelai y en Brukman, pero los diputados de la ciudad no están facultados para cuestionar sus atributos represivos.

En suma, la comisión de DDHH de la legislatura porteña le tiene miedo a la Policía Federal. Está tan “al servicio de la comunidad” como el propio “Aníbal” -ex fiscal progre del FREPASO- que se la pasa renovando la vasta flota de patrulleros y otras cositas para que esa policía, que no es de la ciudad, pueda seguir reprimiendo.

Eso sí, debido a que la vieja fascista Elena Cruz asume como legisladora, el diputado Bellomo presentó un proyecto por el cual la Legislatura de la Ciudad deberá sesionar con el pabellón nacional a media asta hasta el 10 de diciembre de 2003, en memoria de los detenidos desaparecidos, torturados y asesinados durante la última dictadura militar. Ese acto meramente simbólico, que no confronta a nadie -ni a Elena Cruz- se aprobó sin objeciones.

LA “JUSTICIA” CHAQUEÑA CONDENÓ A OTRO LUCHADOR POPULAR

En el año 2000 la CORREPI desarrolló un informe de la situación represiva que se vivía en la provincia del Chaco. Especialmente poníamos de resalto la capacidad para reprimir de la policía del gobernador radical Rozas, pero señalábamos cómo su justicia genuflexa avalaba la criminalización de la protesta.

Uno de los represaliados de entonces, Adolfo “Fito” Molodezky, dirigente docente del M.T.L. y del Partido Comunista, fue condenado esta semana a seis meses de prisión en suspenso por la Jueza correccional Lucía Casas de Sanchís “en un caso que se inició con la denuncia del comisario Inspector Jorge Gaona, quien acusó a Molodezky de golpear y dañar su vehículo particular en la siesta del 17 de mayo de 2000, mientras la ciudad era un campo de batalla por la represión policial sobre manifestantes que rechazaban una ley de ajuste que la Legislatura se aprestaba a votar” (Diario NORTE, 27/06/03).

El fallo condenatorio fue anticipado por la negativa del Presidente del Superior Tribunal de Justicia a recibir a las organizaciones chaqueñas del Bloque Piquetero Nacional, quienes se movilizaron para reclamar el desprocesamiento de decenas de dirigentes sociales incriminados por la justicia del gobernador Rozas, entre los que se destacan Aurelio Díaz (Polo Obrero), Emerenciano Sena (17 de Julio) y el ahora condenado Molodezky (M.T.L.).

Dice el compañero Fito en reciente comunicado: “El sistema me acaba de colgar en el pecho la mas grande condecoración de mi vida (…) Este sistema corrupto jurídico - policíaco que se instaura en la provincia, no hace mas que reafirmar sus criterios de judicialización y criminalización de la protesta.”

Y continúa afirmando: “Como comunista en primer lugar, pero como luchador social por los trabajadores y desposeídos de mi provincia y mi país, jamás podrán hacerme abdicar de la lucha. Jamás podrán hacerme renunciar a enfrentar a los poderosos que solamente piensan en seguir lucrando con el sudor de otros amasando fortunas mientras nuestro pueblo se muere desnutrido, sin medicamentos, sin salud, sin educación, sin trabajo, sin viviendas, ni un pedazo de tierra. ¡La lucha recien comienza!”

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Martes 1° de Julio, 17:00 – Concentración en Gaona y Santa Rosa (Castelar), donde los padres, hermanos, familiares y amigos e integrantes de la murga Chinaka Murguera pedirán rápido procesamiento y castigo de los dos policías que el 27 de junio asesinaron a Rodrigo Corso. Para adhesiones u otra comunicación chinaka@murguera.arg.net.ar

Jueves 3 de julio, 12:00 - Marcha por Daniel Sosa, asesinado por el policía bonaerense suboficial Ramón A. Olivera, desde la Plaza de San Justo hasta el juzgado de La Matanza, en Mendoza y Arieta.

Martes 8 de julio, 19:00 - En la sede de la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires), ubicada en Alsina 779, Capital Federal, el periodista Alejandro Córdoba presentará una investigación sobre la Masacre de Wilde y su relación con el atentado a la AMIA, titulada “La Patota”. Para obtener más información, comunicarse con el autor a alejandrocordova@infovia.com.ar o a los teléfonos 4292-9063 (particular); 4239-9526/9685 (trabajo, por la tarde); o a la UTPBA, al 5218-2840 al 45.

Viernes 11 de julio, 18:00 – Marcha a la comisaría 1ª de Caseros reclamando JUSTICIA PARA CHOCO Y WALTER, asesinados por el SARGENTO 1º WALTER HUMBERTO MENDEZ y la CABO ADRIANA PORONI, bajo la consigna ADONDE VAYAN LOS IREMOS A BUSCAR - HASTA QUE EN NUESTRO PAIS HAYA JUSTICIA PARA LOS POBRES.

Viernes 4 de julio, Marcha organizada por CORREPI Noroeste y los familiares de “Piri” y “Chapita”.

Jueves 24 de julio de 18:00 a 22:00, en el marco del Segundo Encuentro Antifascista del Cono Sur (21/7 al 27/7) en el Salón Pueyrredón, Av. Santa. Fe 4560, charla-debate sobre la Criminalización de la Protesta coordinada por CORREPI.

27 de Julio: A cuatro años del homicidio del Frente Vital, los familiares le festejan su cumpleaños: A partir de las 13:00 en French y Gral. Pintos, San Fernando.

CORREPI