Boletín Informativo N°233

NO SABEN, NO CONTESTAN

Durante la última semana de campaña para jefe de Gobierno de la Ciudad, CORREPI envió a cada uno de los candidatos un cuestionario para conocer sus proyectos y posiciones en materia de represión y libertades públicas.

Fundamentalmente esta humilde organización popular quería saber de los que procuran conducir los destinos de la ciudad más importante del país, que es lo que harán con la policía, el presupuesto que manejarán en “ayuda” a la represora Federal y sobre todo si apoyan las facultades para detener personas en averiguación de antecedentes o si están a favor de su derogación.

Enviamos nuestro interrogatorio por correo electrónico a las direcciones oficiales de todos los candidatos. Pasada una semana, NADIE NOS CONTESTO. Ninguno de los candidatos, ni los que tienen alguna chance, ni los que en términos turfísticos no saldrán ni a “placé” nos contestó. Ni los de izquierda, ni los de derecha.

Tenemos que creer que los virus informáticos que estos últimos días atacaron las computadoras en todo el mundo descompaginaron los e-mail de todos los candidatos, o bien que nosotros no sabemos mandar ninguno. Lo cierto es que nadie nos contestó. O podemos creer en cambio que nuestras inquietudes antirrepresivas les importan un bledo.

No nos imaginamos, por ejemplo, al empresario menemista Macri haciéndose problema por contestarle a la CORREPI, o al ex chachoalvarista, exdelarruista y actual kirchnerista Ibarra corriendo para responder a nuestra agrupación, pero sí esperábamos definiciones de otros sectores.

En fin, parece que a los candidatos les parece más importante mandar sus declaraciones patrimoniales a la organización derechista y vinculada a los intereses norteamericanos Poder Ciudadano, que decirle a la CORREPI lo que piensan de la policía. Las preguntas concretas que formulamos eran las siguientes:

1) ¿Cuál es su posición con relación a la facultad policial de detención por averiguación de identidad? ¿Propone ratificarla o derogarla? Justifique. 2) ¿Conoce el proyecto 3048-D-2002? ¿Qué posición tiene Ud. y/o su bloque al respecto? 3) Con respecto al ejercicio de la función policial en la Ciudad de Buenos Aires, ¿propone el traspaso de una parte de la PFA (en su caso, detalle qué reparticiones incluiría), la creación de una organización local o alguna otra alternativa? 4) ¿Cómo describiría el accionar de la PFA en la Ciudad? ¿Considera usted que viola los DDHH? Justifique. 5) ¿Destinará presupuesto de la Ciudad a la PFA u otra fuerza policial o de seguridad? En caso afirmativo, detalle qué monto y con qué finalidades.

MÁS CANDIDATOS REPRESORES

Los candidatos con antecedentes como represores, colaboradores o simplemente simpatizantes de la represión no se agotaron con los descriptos en los números anteriores de este boletín. Seguro que hay más, pero en esta edición debemos agregar, por ejemplo, al candidato a diputado de Macri, Rafael Martínez Raymonda, ex embajador en Italia de la dictadura militar, o al candidato del MODIN Mariano Mera Figueroa, que en las elecciones presidenciales apoyaba a Menem y en sus intervenciones públicas pregonaba sacar a los militares a las calles para hacerle la guerra al delito.

Luis Alejandro Recio, del ignoto Partido Popular de la Reconstrucción, basó su campaña en diferenciarse del “ex terrorista arrepentido Bonasso”, dándose por sentado que él es un terrible facho. En la misma lista, pero como 4ª diputada suplente, figura la Sra. Norma Josefina Brun, única testigo civil del fusilamiento de Marcelo Maione Míguez por policías de las comisarías 48ª y la 42ª, que cambió oportunamente su testimonio en la causa cuando la cosa se empezó a poner espesa para los asesinos, que atravesaron con 16 balas al pibe.

Y último pero no menor, nuevamente se nos cruza el simpático gordito de lentes que hoy se vende como economista progre de la CTA, mientras ayer nomás (diciembre de 1999) era según sus propios dichos “la mano derecha de Fredy Storani”, ministro del interior de Fernando de La Rúa. Martín Hourest, décimo candidato a legislador de la ciudad en la lista que lleva a Ibarra como Jefe de Gobierno y a Claudio Lozano como diputado nacional, fue el operador político de Storani cuando la masacre del Puente de Corrientes. Como Secretario de Gobierno del interventor radical-menemista Ramón B. Mestre, fue el encargado de intentar comprar con subsidios la conciencia de las madres de Mauro Ojeda y Francisco Escobar, asesinados por la gendarmería en la represión del puente.

REUNION CON LA CIDH

Funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estarán en Argentina la próxima semana, y han iinvitado a varios orgaismos, entre ellos a CORREPI, a una reunión informativa el 27 de agosto de 2003.

CORREPI estará representada por los compañeros Daniel Stragá y Gabriel Lerner, que expondrán a los miembros del organismo internacional los planteos que en materia de derechos humanos formula nuestra agrupación.

Los compañeros reiterarán que la política de gatillo fácil y las torturas son un método cotidiano en nuestro país y que poco o nada ha cambiado con el actual gobierno, y que tenemos en carpeta varias denuncias que por casos específicos impetraremos ante la Comisión. Por otro lado, expondremos nuestro proyecto de ley de amnistía a los luchadores sociales para que la CIDH incluya en sus reuniones con funcionarios del gobierno el reclamo del cierre definitivo de las causas seguidas a luchadores populares.

MUERTOS EN COMISARIA

Otra vez la muerte en comisarías. Temprano por la mañana del sábado 23 de agosto se produjo un incendio en la comisaría de Carapachay. Como consecuencia de la inhalación del humo murieron dos presos.

Las políticas económicas de ajuste, desocupación y miseria han arrojado a muchos individuos al camino de los delitos contra la propiedad. A su vez, sucesivas reformas procesales han saturado las cárceles y comisarías. Mientras los ricos que cometen delitos –aun homicidios- zafan de ir a prisión con inventos “modernos” como las excarcelaciones extraordinarias o las prisiones preventivas morigeradas, los que roban una bagatela siempre van a parar entre rejas.

Las prisiones y las comisarías, en especial en la Pcia. de Buenos Aires, se convirtieron en depósitos humanos donde se amontonan los procesados por delitos que después del juicio oral quedan en libertad porque pasaron más años adentro que la condena que les corresponde.

La causa de este incendio parece ser una pelea entre internos. Cualquiera puede ser la causa inmediata. Lo cierto es que en una celda con espacio para diez personas había veintidós alojados. La falta de lugar, el hacinamiento y la superpoblación es la verdadera causa de un problema social que no está en la agenda de los políticos del sistema.

Parece también que en este caso algún policía intentó abrir los candados para que no murieran todos. Los jueces, a cuya disposición estaban los presos, seguramente no afrontarán ninguna responsabilidad. La Provincia de Buenos Aires tal vez tenga que pagar, en diez o doce años, una mísera indemnización a la madre, viuda o hijos de los muertos, encima en algún bono a dieciséis años, devaluados y que no sirven para nada.

CRÓNICA DE UNA ENTREGA ANUNCIADA

Finalmente, después de casi un año y dos meses, se entregó el Sargento de la Policía bonaerense Carlos Leiva, el único prófugo que quedaba pendiente de la que se denominó mediáticamente la Masacre de Puente Pueyrredón, es decir la represión implementada por el gobierno de Duhalde contra el movimiento piquetero que costara la vida de Maxi Kosteki y Darío Santillán, además de decenas de heridos con munición de plomo y cientos de detenidos.

Decimos crónica de una entrega anunciada porque la detención del Sargento Leiva no fue producto del trabajo de la justicia, sino de un acuerdo entre el gobierno de Solá, representado por el “progre” Juampi Cafiero, y el propio Leiva.

A cambio de la entrega, se garantizó a Leiva una importante suma de dinero para “solventar” los gastos de su familia, un adecuado lugar de detención y serias gestiones gubernamentales para que la justicia cambie la calificación legal de tentativa de homicidio (delito no excarcelable) a lesiones graves (delito excarcelable) y pueda de esta forma recuperar la libertad en un
plazo de 30 días. Todo esto se acordó en una reunión que se realizó en el Ministerio de Justicia hace dos semanas atrás.

Es por ello que, más allá de la detención de tal o cual policía, es necesario seguir luchando diariamente contra la impunidad.

CAUSA TRILLO

En boletines pasados publicamos información sobre el homicidio de Gustavo Trillo, militante de la CTD Anibal Verón de Lanús, a manos de una comisión policial de la Comisaría 6ª de Monte Chingolo. El hecho fue presentado oficialmente como un enfrentamiento ocurrido a la media noche del 25 de mayo pasado. Luego de mucho trabajar, recoger pruebas y con una numerosa movilización de vecinos a los Tribunales de Lomas de Zamora, logramos demostrar que el “supuesto” enfrentamiento fue un claro caso de gatillo fácil.

Así logramos que, durante el fin de semana pasado, el Juzgado de Garantías N° 5 de Marisa Salvo (la misma jueza que entiende en la causa de Puente Pueyrredón) ordenara e hiciera efectiva la detención del Agente Suárez por homicidio y del Sargento Alderete por falsificación de instrumento público y falso testimonio.

La causa sigue y probablemente los policías recuperen la libertad en el plazo de 30 días, dado que muy rara vez les dictan la prisión preventiva, pero dimos un paso importante en lograr el procesamiento de estos dos asesinos de uniforme, quedándonos pendiente aún lograr el procesamiento de los otros dos integrantes de la comisión policial (el Oficial Filito y el agente Vergara), para luego lograr llevarlos a juicio oral.

Como siempre decimos, los nombres se repiten: en esta causa nos volvemos a encontrar con el abogado defensor particular Javier Raidan, que sin ser de la bonaerense oficialmente, siempre aparece defendiendo a sus integrantes. Es el mismo que defiende a los policías De la Fuente, Sierra, Robledo y Leiva, procesados en la causa del Puente Pueyrredón, y al policía Burguess, asesino del joven Leonel Ignacio Puente.

IMPUTACION A DELEGADO GREMIAL

Como una nueva versión de la criminalización de la protesta social que reactualiza permanentemente la necesidad de nuestro proyecto de amnistía, nos llegó una denuncia firmada por el Secretario Gral. de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén Sobrero, en la que nos anoticia que un delegado de los talleres Castelar fue imputado por reclamar la recategorización de su sector.

De acuerdo a la denuncia, el 31 de julio la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) denunció a este trabajador ante el Juzgado Federal Criminal 3 de Morón tomando como excusa un conflicto gremial. Esta empresa concesionaria que gana fortunas por un servicio pésimo, que goza de más de 2 millones de pesos mensuales en concepto de subsidio estatal, que quiere a toda costa aumentar la tarifa en perjuicio de los usuarios del tren, ahora intenta llevar un reclamo legítimo de los trabajadores al terreno judicial, tratando de intimidar las reinvindicaciones obreras.

Los trabajadores ferroviarios se movilizarán al juzgado federal el día 2 de septiembre para acompañar al acusado y en protesta contra este atropello patronal. CORREPI se solidariza con el compañero y adhiere a la medida.

PROXIMAS ACTIVIDADES

28 y 29 de agosto: La compañera María del Carmen Verdú participará como invitada de la Conferencia Internacional “Paz, crisis regional, y política exterior de Estados Unidos” en la FLACSO de Santiago de Chile.

Viernes 29 de Agosto, 18:30: ESCRACHAMOS A MATHOV, secretario de seguridad de De La Rúa tanto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como durante su presidencia, y co-responsable de los asesinatos del 20 de diciembre. Concentramos en Corrientes y Callao para ir a su domicilio en Tucumán al 1621.

Septiembre 9: Charla debate en Escuela de Arte de Avellaneda. Intervienen los compañeros Delia Garcilazo y Pedro Ortiz.

Septiembre 10: Charla debate en Escuela Ing. Huergo a cargo de los compañeros Ramiro Geber y Federico Pollevik

CORREPI