Boletín Informativo N°245

LA POLICÍA FEDERAL EN JUJUY
El viernes 14 la justicia federal de en Jujuy condenó a doce integrantes de la impoluta Policía Federal Argentina por el asesinato del almacenero Manuel Alfonso Fernández, a quien dijeron confundir con un narco. Después de matarlo montaron una escena para hacer pasar el caso como un enfrentamiento justificado.

La pena más alta se la llevó el oficial Raúl René Gaspar, a quien condenaron a 22 años de cárcel e inhabilitación absoluta para ejercer su cargo, por encontrarlo coautor del delito de homicidio en concurso real con tenencia de estupefacientes. Los otros involucrados recibieron condenas de 20 y 19 años de cárcel, mientras un comisario y un subcomisario fueron condenados a seis años de prisión por el delito de encubrimiento.

En la resolución judicial, el Tribunal Oral ordenó que sean detenidos de inmediato y se revoque las excarcelaciones de las que gozaban los policías Navarro, Martínez, Giménez, Gallegos y Voigt. Tras la lectura de la sentencia se ordenó que todos los policías sean remitidos al destacamento móvil de Gendarmería Nacional en Santiago del Estero, para cumplir la condena.

El 2 de julio de 2000, el almacenero Manuel Alfonso Fernández, de 40 años, retornaba a su casa desde el paraje Ocloyas luego de haber trasladado en su camioneta Ford 350 a un pariente y a un amigo para una excursión de caza. A la altura del paraje Tilquiza, 15 kilómetros al Norte de la capital de Jujuy, estaban apostados los policías federales, al parecer en una operación antinarcóticos. En el juicio se estableció que los policías quisieron parar a Fernández, pero éste se asustó, no se detuvo y huyó.

Entonces empezó una persecución y Fernández fue interceptado a la altura del barrio Chijra, donde lo mataron de un tiro en la cabeza, en Los Helechos y Las Vicuñas. Los federales intentaron justificar su comportamiento: dijeron que Fernández les había disparado y que incluso secuestraron droga que escondía entre sus ropas. Durante el juicio se comprobó que, como siempre, no hubo tiroteo, y que a la víctima le “plantaron” un arma bajo su cuerpo en una escena montada para hacerlo pasar como “narco”.

Pero no solo le plantaron el “perro”. Le pusieron 195 gramos de cocaína para enmascarar el gatillo fácil y así, de paso, que los sucesivos ministros del Interior y gobernadores los premien con algún ascenso.

LOS JUECES DEL LOLE
El ex ministro de Gobierno del queridísimo del establishment Lole Reuteman, Lorenzo Domínguez y el ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Álvarez, zafaron en una causa por la represión policial del 19 y 20 de diciembre trágico. En la misma sintonía de la jueza Servini que enCubría, el juez Roberto Reyes del Correccional de 8ª Denominación les dictó la “falta de mérito” en la investigación en la que están imputados por supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

A diferencia de los fiscales federales, que apelaron la falta de mérito, aunque más no fuere para no desentonar con el paso que marcan en la causa los abogados de la Liga y la CORREPI, el fiscal Ricardo Favaretto consintió la resolución y no la apelará.

El juez Reyes se dedicó durante toda la instrucción a investigar (es un decir) si la Policía de Rosario tenía balas de gomas suficientes para reprimir en los días de furia que dejaron siete muertos (con proyectiles de plomos) y decenas de heridos. Llegó a la conclusión de que en el segundo semestre de 2001, la Unidad Regional II recibió 9.000 cartuchos antitumultos y el 10 de diciembre otra partida con más pertrechos: 150 escopetas 12/70 y municiones de goma, lo que consideró una “provisión no habitual”. La revuelta se produjo nueve días después.

Sin embargo, el juez tampoco se privó de opinar sobre otro punto sensible: “No se desprende que las autoridades políticas hayan emitidos órdenes distintas y especiales al respecto de las generales de reprimir según las circunstancias”, afirmó. Dr.. Reyes, los represores no firman que hay que salir a matar gente, solamente ordenan que las policías -como la santafesina, la más asesina del país- cumplan con su cometido.

Reyes no es el primero que hace su parte en la función represiva garantizando impunidad. Ya el Juez Alarcón del Correccional 2 de Rosario exculpó en diciembre de 2002 a 4 jefes de la Unidad Regional II que estaban imputados también por el “gravoso” delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y “mandó” (también es un decir) la causa a Santa Fe para que se investigue a los funcionarios políticos.

La diferencia entre ambos jueces es que Alarcón salió a defender a los comisarios, ya que según su visión procana no recibieron “órdenes precisas y particulares” de reprimir. En cambio, Reyes (defensor de los funcionarios del represor Reuteman) sostuvo que los jefes policiales (dos comisarios mayores, un comisario principal y un comisario) deben tener la suficiente preparación y entrenamiento como para no necesitar instrucciones especiales de los mentados Domínguez y Alvarez.

Eso sí, Reyes le creyó a Domínguez cuando éste dijo que había encomendado “respetar a ultranza la vida humana y garantizar el derecho a la protesta”. Sin perjuicio obviamente de que “ante excesos como realmente se produjeron, mediante disturbios violentos y saqueos, se reprimiera según las órdenes generales para tales circunstancias”, agregó.

AMNISTÍA A LOS LUCHADORES (REACCIÓN DE LA REACCIÓN)

Ante la posibilidad seria de que el proyecto de Amnistía para los luchadores populares sea tratado en el recinto, ya que cuenta con la aprobación de buena parte de la bancada que responde al kirchnerismo, al ARI, Autodeterminación y Libertad e Izquierda Unida, los sectores más reaccionarios pusieron el grito en el cielo. Encabezados por el diario La Nación -Tribuna de doctrina ultraconservadora y oligárquica- se desató una campaña para confundir a la opinión pública, denostar el proyecto y profundizar la criminalización de los oprimidos.

Más abajo transcribimos la respuesta de Correpi a través de la pluma de nuestro compañero Gabriel Lerner, que salió parcialmente publicada en el diario Página 12 el sábado 15 de noviembre.

Párrafo aparte para el ultramontano Cosme Beccar Varela que con gran alharaca salió a denunciar que “el proyecto de ley impulsado por los diputados es el mismo que promovió a mediados del mes de julio la Correpi” (chocolate por la noticia), y de paso nos definió como “organismo organizador del movimiento piquetero y otros subversivos que atenazan al país”. ¿No será para mucho, viejo Cosme?.

LA DERECHA MIENTE - Gabriel Lerner
Desde el Santiagueñazo del 93′ para acá, y frente a los azotes hambreadores y excluyentes del “modelo”, millones ganamos calles, rutas y plazas resistiendo el despojo y la indignidad, vividos en cada hogar como desempleo, salarios miserables, enfermedad o educación de segunda.

Los grupos económicos “ganadores” y sus representantes gubernamentales no dudaron en responder al pueblo de pie con balas de goma y de las otras, con policías, prefectos y gendarmes. No menos de 50 personas perdieron sus vidas como resultado de las salvajes represiones desatadas durante la década.

La violencia contra el pueblo no solo fue física. Jueces, cámaras y fiscales, sintonizando la “onda” dominante, promovieron miles de procesos de Mosconi a Río Grande, persiguiendo a pobres que reclamaban comida a los hipermercados, imputando a desocupados que exigían trabajo sobre las rutas, repartiendo castigo estatal a trabajadores que denunciaban salarios de hambre. El fenómeno fue y es de tal magnitud que hoy son más de tres mil los compañeros encausados, víctimas de la criminalización de la protesta. ¡La injusticia de la marginación, más la injusticia de la represión y, como si no bastara, la injusticia de la persecución penal!!!

Frente a tanta inequidad un conjunto de agrupaciones sociales y de derechos humanos presentamos un proyecto de amnistía para que se extingan las acciones penales en desarrollo para esos miles de compañeros. No se resolverá con ello la desigualdad social y tampoco recobraremos las vidas de los asesinados en Puente Pueyrredón o Plaza de Mayo, pero habrá un mínimo de justicia para los que derrocharon dignidad y hoy, por ello, esperan juicio y quizás condena. El proyecto, promovido entre otros por Correpi, fue hecho propio por un grupo de diputados nacionales y ahora batallamos para que el Congreso se digne discutir el tema.

Como no podía ser de otra manera, la derecha puso el grito en el cielo. En el día de ayer el diario La Nación publica una nota de opinión firmada por Adrián Ventura, miembro de la redacción, que es todo un símbolo de cómo los medios voceros del privilegio deforman las demandas populares.

Luego de titular “Menos el homicidio, todos los delitos serán perdonados” Ventura explica que el proyecto “es mucho más grave de lo que parece a primera vista” y pretende alarmar al lector con sus supuestamente nefastas consecuencias. Por si el señor o la señora no entendieron, el periodista ilustra: “Imaginemos, por ejemplo, un reclamo estudiantil o gremial, donde una de las personas que participa dispara y hiere gravemente a otra. Incluso, tal vez, le amputaron un miembro. ¿Queda comprendido en la amnistía?. Si”

Ventura induce a equivocación: el proyecto no significa “perdón” por “los delitos”, sino un reconocimiento estatal de que lo que hubo fue una digna y justificada lucha popular que no merece reproche penal.

Ventura induce a error: cuando dice que “menos el homicidio todos los delitos serán perdonados” se olvida (¿?) que lo que no merecerá persecución penal son las acciones o conductas desarrolladas con finalidad de reclamo o protesta y dirigidas a hacer efectivos derechos humanos fundamentales.

Ventura induce, finalmente, a confusión. ¿Cuáles son las protestas a que se refiere, en que los estudiantes o trabajadores tiraron balas?¿En qué país se edita La Nación, como para que uno de sus redactores desconozca quienes han provocado los muertos y los heridos graves, por los que dice preocuparse?¿En cuántas notas los redactores de La Nación denunciaron la impunidad de mentores y ejecutores de la represión?.

Efectivamente sobran los ejemplos de muertos en la protesta, pero ninguno fue provocado por las manifestaciones del pueblo. No es casual que no exista en el país un solo condenado por los asesinatos de Víctor Choque, Teresa Rodríguez, por la masacre del puente correntino en el 99′, por Anibal Verón, por Petete Almirón y tantos otros.

Y es que -Ventura y La Nación deberían comenzar por reconocerlo- durante una década signada por la expoliación, la resistencia y la represión, la violencia y la muerte fueron patrimonio de los de arriba, mientras que abajo el dolor se mezcló con la dignidad. Sobre esa realidad -que La Nación elude describir- el proyecto de amnistía no es más que un pequeño aporte de reparación y equidad.

PERPETUA PARA LOS CANAS
Ha sido aprobada en la cámara de diputados una reforma al código penal que prevé la pena única de prisión perpetua para castigar a policías u otros miembros de las FFSS que mataren “abusando de su función o cargo”. Es decir, se califica el delito de homicidio teniendo en cuenta esta circunstancia.

La medida es saludada por nuestra organización, de hecho hace mucho reclamamos que la condición de miembro de las agencias de sgeuridad del estado sea un agravante de los delitos cometidos. Pero hay que hacer algunas puntualizaciones. Sería bueno que los representantes del pueblo tuvieran algún contacto con la realidad judicial, y admitieran que la policía, brazo armado de la clase dominante, cuenta sistemáticamente con el encubrimiento de jueces y fiscales.

Como decimos siempre desde CORREPI, “a un gatillo fácil, un sobreseimiento fácil”. La mayoría de los jueces y fiscales son procanas (”amigos”, como dicen los uniformados), que ante un policía imputado hacen todo por hacerlo zafar, inventando “legítimas defensas” o “ejercicios legítimos del deber” frente a homicidios alevosos. Frente a tiros por la nuca pretenden justificar enfrentamientos, y en casos de intencionalidad manifiesta hablan de negligencias o impericias.

Por otro lado, deberían reconocer los diputados de la nación que cuando se logra juzgar y condenar a un policía, los miembros de los tribunales, bajo la excusa del garantismo que canta ausente cuando el reo es un ladrón de gallinas, casi nunca se apartan de las penas mínimas, con condenas leves que jamás aplicarían a un civil en circunstancias similares.

Entonces, si bien la reforma es positiva, puede convertirse en un escollo a la hora de condenar a un policía, dada la forma concreta en la que opera el poder judicial. En primer lugar, porque para que el agravante se aplique la norma exigirá que el policía haya actuado “abusando de su función o cargo”, lo que dejaría afuera a quien, siendo policía, mate por razones “personales”. Sin embargo, si un cana balea con su arma reglamentaria a su la mujer porque la encontró con otro, lo que parecería ser un hecho común, hasta pasional, habría ocurrido porque usó el arma que la sociedad le dio para cumplir su función.

Por otra parte, si los jueces no tienen otra salida que condenarlos a perpetua, puede pasar como ha sucedido en infinidad de casos con la tortura seguida de muerte: a los hechos evidentes de tortura les cambian la calificación para hacerlos pasar por apremios, o en el peor de los casos homicidio simple. En los casos de gatillo fácil, si los jueces que hoy tenemos tuvieran que aplicar como única pena la perpetua, es muy factible que, en la disyuntiva de dejarlos impunes o mandarlos presos para siempre, opten por la primera.

TAXISTAS: ¡OJO CON BUCHONEAR!
Los taxistas son un gremio complicado. Hay que decirlo sin vueltas, ¿quién no se ha topado con un taxista facho, Radio 10 al mango y reclamando a los gritos “orden y mano dura”, pena de muerte para los pibes chorros y metralla a granel contra tanto piquetero que le corta la calle?

Muchos son el producto de la pauperización de la clase media sumada a cierto resentimiento y al deseo de distinguirse de los desocupados del todo, y se encargan de aclarar enseguida que “él cayó en el tacho pero estaba para más”. Por algo taxis y remises son el segundo laburo de mucho policía, prefecto o gendarme, o el rebusque de los exonerados y retirados.

No es novedad que el gremio que los agrupa colabora con la Policía Federal, auspiciando algún programa televisivo de los hombres de azul. Ya denunciamos una vez cómo desde los autos negros y amarillos los afiliados del burócrata Viviani, de buen trato con la inteligencia duhaldista, inventaban que se venían los piqueteros para crear caos en el centro y azuzar a la clase media a defender su “inalienable derecho” al tránsito liberado.

Esta nueva iniciativa surgió de ADRA (Asociación de Radiotaxis Argentinos), concretando lo que ya habían pergeñado con la Federal. Han convenido con el niño Beliz y el “progre” Aníbal que cada taxi tenga una radio para comunicarse inmediatamente con la P.F.A. La movida se llama “Ojos de la Ciudad” y supuestamente sirve para avisar de accidentes, problemas de tránsito como un semáforo que no funciona, incendios, etc..

Pero eso es la pantalla, en realidad, lo que quiere el Ministerio es que los tacheros se conviertan en buchones oficiales de la federal. El verdadero objetivo es que los taxistas estén alertas y avisen si ven algún “sospechoso” cometiendo o por cometer un delito.

¿Por donde pasará el “estado de sospecha”? Pronto habrá fallos judiciales justificando el “olfato taximetrero”, como se justifica hoy el “olfato policial”. Esta medida, vendida como colaboración para la seguridad de todos, no es más que una nueva vuelta de tuerca en la limitación a las libertades públicas. Los taxistas empiezan a participar de lo que tantos vecinos fachos hacen: En vez de estar la cana “al servicio de la comunidad”, la comunidad está al servicio de la cana.

ARCHIVO
La CORREPI, como todos los años, presentará el archivo de casos de víctimas de la represión y la violencia institucional. Será el día 3 de diciembre en Plaza de Mayo y probablemente, como lo indica la dinámica K, los familiares serán recibidos por algún funcionario que, como en épocas de la Alianza, pondrá cara de circunspecto, preocupado y alarmado mientras los pibes siguen muriendo bajo las balas policiales.

Estamos terminando de recopilar la información. La disponible en medios de comunicación es absolutamente escasa, no porque no hubieran casos de gatillo fácil, torturas seguidas de muerte y despariciones a manos policiales este año, sino porque el periodismo decidió ignorar olímpicamente este aspecto de la política represiva del estado.

Como mayoritariamente la fuente es nuestra propia organización y las organizaciones hermanas, hacemos un llamado a las agrupaciones populares que todavía no nos hayan acercado el material y datos de que dispongan.

INTERROGANTE
En promocionados operativos conjuntos de policía, gendarmería y prefectura en el barrio Ejército de los Andes (”Fuerte Apache”), en la Villa Carlos Gardel y La Cava, todos del conurbano, donde viven millares de familias, el gobierno anunció con bombos y platillos que, en total, hubo 14 arrestados. Cuatro tenían pedidos de captura. Los diez restantes fueron detenidos por averiguación de antecedentes. ¿Cuántas personas detendrían si allanaran el Country Carmel o la Torre Le Parc? ¿Alguno por averiguación de antecedentes, quizás? ¿Cuántas armas encontrarían en los countries?

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
17 de noviembre, 11:30, en el colegio Normal 5 (más conocido como el Arcamendia) en Av. Suarez entre Arcamendia y Cnel. Rico, charla con al participación de compañeros de Correpi (Rosario Guerrero y Flavio Dubczek).

3 de diciembre: Publicación y presentación de la actualización 2003 del ARCHIVO DE CASOS de personas asesinadas por la represión desde 1983.

6 de diciembre, en la ciudad de santa Fe, recital antirrepresivo organizado por aLERTA! CONTRA LA REPRESIÓN.

Los martes, en el programa FUIMOS TAN INGENUOS (FMI) por La Tribu, columnita de Correpi alrededor de las 23:30.

CORREPI