Boletín Informativo N°246

GATILLO FACIL A LA CATAMARQUEÑA
Catamarca es la tierra de los feudales Saadi y de los “barrabrava” Barrionuevo. Pero también es la tierra de las movilizaciones por el castigo a los culpables del asesinato de María Soledad Morales. Una tierra de distintos tonos de verdes como dice la copla y con algunas anécdotas costumbristas, que a veces, por lo trágicas, no se convierten en cómicas.

Es el caso del suboficial de la Policía de la Provincia de Catamarca llamado Sergio Javier Romero y su “cartuchera fácil”. A fines de abril este muchachito entró a un bar de San Fernando del Valle a tomarse un vino. Para sentarse más cómodamente se quitó el cinturón con la cartuchera y la arrojó desde dos metros sobre una mesa, al mejor estilo John Wayne. Se debió sentir un cowboy verdadero.

Pero con el golpe, la pistola se disparó y la bala impactó en una parroquiana sentada a una mesa vecina. La bala ingresó por la mejilla izquierda de María Emilia Lobo Herrera. Le atravesó la cara y salió por el lado derecho, destrozándole la mandíbula.

Aunque no se sabe como finalizó el asunto, lo lógica indicaría que Romero debe estar procesado por lesiones graves culposas. Por negligencia, imprudencia o impericia. Más que nada, por pelotudo.

¿SON PEORES LOS PATANEGRAS O LOS FEDERICOS?

Muchas veces señalamos, basados en estadísticas e informaciones periodísticas no desmentidas, que los policías cometen un número de delitos superior al promedio de los restantes habitantes. Esta semana, en “La Nación”, se publicaron algunos datos sobre la cantidad de policías bonaerenses (patanegras) y federales (federicos) sumariados.

Impresiona la información sobre los patanegras: de 45.000 efectivos, 27.000 están sumariados (un 60 %); entre ellos, unos 4.000 son investigados por la comisión de delitos y más de 1.200 se encuentran en disponibilidad. Las cifras nos ahorran cualquier comentario. En la misma nota se aclara que sólo habría 600 sumariados (el 1,6%) en la policía federal. ¿Qué sucede? ¿Los federicos son más honestos?

No. Sencillamente, la Superintendencia de Asuntos Internos de la PFA es más eficaz para encubrir compañeros cerrando los sumarios. “La Nación” reconoce que la Federal “sigue con la tradición de que “los trapos sucios se lavan dentro de la fuerza” (o se esconden, agregamos nosotros).

Como decimos habitualmente, para muestra basta un botón (en este caso, el informe de un botón). El 13 de noviembre de 2002, el Jefe del Departamento de Investigaciones Administrativas (de la Sup. de Asuntos Internos) de la PFA informó a un Juzgado de Instrucción acerca del resultado de setenta sumarios administrativos contra personal policial, vinculados todos ellos con procedimientos fraguados. El estudio de los resultados informados es muy claro: Hubo un total de 178 investigados, a los cuales sólo correspondieron 23 condenas. Sólo cuatro de ellas fueron cesantías (dos a personal condenado por el Poder Judicial y otra a un oficial principal que acumuló otras tres condenas – es decir que cuatro de las 23 condenas fueron al mismo personaje, evidentemente sin demasiado respaldo superior).

Hubo 36 sobreseimientos definitivos y 61 sobreseimientos provisorios, de los cuales respectivamente 26 y 48 corresponden a causas judiciales que se encuentran en pleno trámite (y en algunos casos, con policías indagados). En otras palabras, la mayoría de los sobreseidos administrativamente no han sido sobreseidos judicialmente. Otro botón de muestra: el sumario al comisario M. Angel Espósito se cerró 15 días después de la muerte de Bulacio, y no se reabrió ni con su procesamiento ni ahora, con la condena al Estado Argentino.

Esto quiere decir que la práctica de la Policía Federal Argentina es sobreseer a sus efectivos aún antes de que resuelva judicialmente su situación procesal. De esta manera, se consigue que el porcentaje de sumariados sea ínfimo y la fuerza pueda dar una imagen de pureza que en realidad encierra un altísimo grado de impunidad, tal vez superior al de sus primos patanegras.

Sólo así explica la bajísima cifra de sumariados en una fuerza responsable de centenares de detenciones, lesiones y al menos seis homicidios en la represión del 19 al 21 de diciembre de 2003, cuando personal de la Superintendencia de Asuntos Internos salió a asesinar (entre ellos estaba el Comisario Inspector Oliverio, entonces Jefe del Departamento Control de Integridad Profesional y cuya puesta en disponibilidad – largo tiempo después de su procesamiento – fue anunciada hace pocas semanas).

Reiteradamente nos referimos al sobreseimiento fácil del Poder Judicial que acompaña al gatillo fácil policial, pero no cabe ninguna duda que el sobreseimiento por parte de sus compañeros de Asuntos Internos es recontrarrefácil.

CARTA DE MARINA SCHIFRIN
A propósito del proyecto de amnistía impulsado por algunos diputados a partir del que consensuáramos con organizaciones populares, y a contrapelo del establishment y del propio gobierno, la compañera Marina Schifrin remitió una carta a todos los bloques de la Cámara de Diputados. Recordemos que Marina es militante del gremio Unter de CTERA e integrante de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén, y fue condenada por la Justicia Federal a 3 meses de prisión en suspenso y a no concurrir a movilizaciones por haber participado de un corte de ruta en defensa de la Escuela Pública en 1997.

A los Diputados y Diputadas de la Nación:
Me dirijo a ustedes, en mi calidad de ciudadana argentina, y haciendo uso del derecho de libre expresión, para hacerles conocer mi opinión sobre el proyecto de ley de amnistía para los luchadores populares presentado en la Cámara de Diputados.
Es lamentable leer en algunos medios de prensa, o ver por televisión, como se tergiversan los conceptos, ya que hubo funcionarios del gobierno que llegaron a hablar de “no avalar la impunidad”.
Durante la década del 90, se produjo el empobrecimiento del pueblo argentino, se lo dejó sin trabajo, sin alimentos, sin salud, sin
educación. Pero no pudieron arrebatarle su dignidad. En todo el país hubo resistencia al modelo de exclusión social. Resistencia frente al abuso de poder y en defensa de los Derechos Humanos, así se llama lo que algunos funcionarios entienden por impunidad.
Los cortes de rutas y demás manifestaciones populares en defensa de derechos son maneras que el pueblo crea cuando las leyes sociales son letra muerta.
Paradójicamente, en la década del 90, se le otorgo jerarquía constitucional a diez tratados sobre Derechos Humanos, cuya letra suena tragicómica, o mas bien, constituye el pliego de reivindicaciones reclamados en rutas y calles por el pueblo, que no es tan entendido en temas jurídicos, pero sabe que debe cumplirse algo tan elemental como permitir la vida de las personas bajo condiciones humanas.
Un poder judicial federal que acompañó la década privatizadora, es el que en la mayoría de los casos imputó, procesó y condenó a miles de luchadores, quienes no son victimarios sino víctimas de una situación doblemente injusta: carencia social y persecución judicial.
Ni hablar de las fuerzas de seguridad que reprimieron con dureza esas manifestaciones, violando los tratados sobre Derechos Humanos, es decir, la Constitución misma, asesinando a los luchadores: Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, y tantos otros, para ninguno de ellos hubo justicia. La década del 90 no ha terminado, amenaza con quedarse, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron víctimas de la represión a los que luchan en el 2002.
No esta claro que puede ocurrir ahora, es difícil entender como algún funcionario del gobierno supo tolerar a Elena Cruz como compañera de lista electoral, pero “confunde” a luchadores con delincuentes, cuesta creer que los valores éticos de esta época tengan realmente otro signo.
Nuestro querido país, es tristemente conocido en el mundo por la desaparición forzada de personas durante la época del terrorismo de Estado. Esperemos que esta vez no tenga que ser conocido como ejemplo negativo de criminalizacion de la protesta social, esperemos que las autoridades políticas resuelvan el problema antes de que tome estado público internacional en los organismos supraestatales.
De todas maneras, en la época menemista era impensable siquiera que se hubiese presentado un proyecto de ley de esta naturaleza. Antes de votar el del proyecto de ley de amnistía para los luchadores populares, creo que quien tiene intención de votar en contra, debería leer los tratados internacionales sobre derechos humanos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, por los que juró al asumir su cargo. Por lo expuesto, solicito que se vote afirmativamente el proyecto de ley.

INMUNIDAD PARA YANQUIS
El nuevo “chiche” con que la Fuerza Aéreas yanqui van a desparramar muertos se llama Moab, pesa 9,50 Kg. y mide 10 mts. Los asesinos de Washington la llaman la “madre de todas las bombas”. Fue probada hace unos pocos días con éxito en el estado de Florida.

Se supone que la bomba no iba a ser usada en los ejercicios militares del Águila III, que afortunadamente, por la firme oposición popular (sobre todo del pueblo mendocino) no se llevó a cabo. Mejor dicho, no se llevó a cabo porque no pasó en el parlamento el proyecto de otorgar inmunidad a todas las tropas yanquis que salen de USA.

El gobierno estaba dispuesto a otorgar esa garantía y para eso en su oportunidad los ministros Pampuro y Bielsa fueron a convencer a diputados y senadores sin mayor éxito. Querían que la Argentina formara parte de los tantos países que aceptan que los milicos yanquis que llevan adelante ejercicios en el extranjero, si cometen un delito, no sean juzgados allí, sino en la “tierra de promisión”. Acá se quiso dibujar el asunto diciendo que era sólo en casos funcionales, es decir si el crimen tenía relación con la misión militar.

Esta semana los yanquis volvieron a la carga para que Argentina les otorgue tal privilegio. La subsecretaria para asuntos político - militares Rose Liking, reunida con el embajador argentino, declaró que estaba decepcionada con nuestro país pero confió que “en el futuro encontremos una fórmula de entendimiento”. Sí, ni un soldado yanqui ensuciando nuestra tierra.

LOLE LA TIENE CLARA: PARA LOS POLICÍAS SÍ, PARA MAESTROS Y EMPLEADOS
PÚBLICOS NO
Los maestros y empleados públicos de la provincia de Santa Fe tiene sus sueldos congelados desde hace años. Frente a sus permanentes reclamos el gobernador Reutemann aclaró que no hay plata para aumentos, pero al mismo tiempo otorgó un plus salarial a la policía.

El diario El Litoral informa en su edición del 22/11/03 que los sindicatos que nuclean a los empleados provinciales, UPCN, Amsafé y ATE, exigen una recomposición salarial generalizada, y salieron a denunciar la discriminación que sufren frente a la policía de la provincia, que cobrará a fin de año un plus salarial además de una jerarquización para el personal superior de esa fuerza y del Servicio Penitenciario.

La excusa de Reutemann para dar este incremento es que ha dejado de tener vigencia la emergencia previsional y el consecuente recorte de sueldos, pero parece que sólo para los que usan uniforme.

Hace años que la policía de Santa Fe y el servicio penitenciario de la provincia encabezan los índices de gatillos fáciles y muertes por tortura en todo el país desde hace años, en proporción a la cantidad de habitantes del distrito, según surge de nuestro ARCHIVO DE CASOS. Parece que Reutemann lo sabe, y ha decidido premiarlos.

Por algo “Lole” era el preferido del establishment. Una de las razones era que sabe cómo tener contentos a los canas para que estén a mano para reprimir. Como el 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando mataron, entre otros, al compañero Pocho Lepratti.

CONVOCATORIA POR 20 DE DICIEMBRE
Los heridos y los familiares de los asesinados en el Argentinazo, las Madres de Plaza de Mayo (LF), los Artesanos de la calle Florida en lucha, HIJOS, CORREPI y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, barriales y organismos de derechos humanos a conformar una mesa de organización para una jornada de lucha en conmemoración a aquella que nos tuvo a todos como protagonistas el 19 y 20 de diciembre de 2001.
Como en aquel diciembre, hoy debemos unirnos todos para seguir adelante por una vida digna. Nos reunimos el miércoles 26 de noviembre en Corrientes 1785 2º “C”, sede de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre a las 19 hs.

Viernes 5 de diciembre: Publicación y presentación de la actualización 2003 del ARCHIVO DE CASOS de personas asesinadas por la represión desde 1983.

Sábado 6 de diciembre, en la ciudad de Santa Fe, recital antirrepresivo organizado por aLERTA! CONTRA LA REPRESIÓN.

Domingo 7 de diciembre, chori/expo/charla/debate en el Barrio La Serranita, organizada por la Regional de Berazategui del Frente José Martí. Desde las 10:00, choriceada y exposición acerca de Criminalización de la Protesta Social y Gatillo Fácil, con participación de compañeros de CORREPI e invitación a participar y adherir a todas las organizaciones.

Los martes, en el programa FUIMOS TAN INGENUOS (FMI) por La Tribu, columnita de Correpi alrededor de las 23:30.

CORREPI