Boletín Informativo N°252

NI PARA OYARBIDE FUE DELITO
El pasado 22 de octubre cuatro organizaciones piqueteras se movilizaron a Ministerio de Trabajo reclamando una serie de reinvindicaciones específicas (planes, subsidios para y materiales para proyectos productivos, alimentos frescos, etc.). El hecho fue utilizado desde el gobierno para lanzar una fuerte ofensiva contra el conjunto de las organizaciones populares, y ensayar su política represiva antipiquetera, dirigida a aislar, criminalizar y dividir a los sectores del movimiento que el propio gobierno define como “ideologizados” (ver Boletines Informativos n° 242 y 243).

La noticia de la mañana del 23 de octubre giraba en torno al “secuestro” sufrido por los funcionarios del Ministerio, Ministro Tomada incluido, quienes según la información de todos los medios “habían sido retenidos por la fuerza en el edificio hasta las 5 de la mañana”. Durante varios días se agitó desde la prensa del sistema diciendo cosas como “es intolerable en democracia que se prive de la libertad a un ministro” y presentando el episodio como “el límite necesario que hay que poner a la legítima protesta social”.

Curiosamente, como lo señalamos entonces, toda esa diatriba no se vio reflejada en una denuncia penal sino hasta varios días más tarde, cuando el ministro Tomada emitió una resolución ordenando a sus asesores legales redactarla, después de que le ordenaran desde la Jefatura de Gabinete promover acción penal contra los compañeros.

Caracterizamos entonces la movida oficial diciendo “Lo cierto es que los sucesos del ministerio de Trabajo sirvieron al gobierno como “globo de ensayo” para ver hasta donde podía reprimir a los grupos piqueteros que no acuerdan con el gobierno. Desataron una marea propagandística “antipiquetera” contra los grupos más radicalizados y que responden a ideologías alejadas al “trasvasamiento” kirchnerista”, y destacamos la inmediata reacción del conjunto de las organizaciones populares, que lejos de jugar el rol macartista propuesto desde el gobierno se unieron en la denuncia frontal de la maniobra, logrando que en pocos días se diluyera el ataque, y las detenciones inminentes anunciadas en las portadas de los diarios quedaran como una bravuconada sin sustento.

La causa, que tramitó ante el juzgado federal n° 5 a cargo de Norberto Oyarbide, nunca tuvo siquiera imputados. Los abogados de las distintas organizaciones de DDHH que de inmediato nos pusimos a disposición de los compañeros represaliados no tuvimos que presentarnos formalmente como defensores de nadie. El perro represivo se mordió la cola, y la causa quedará para el recuerdo como un gran “blooper” del gobierno de Kirchner.

Es que el 29 de diciembre el juez Oyarbide (insospechado de simpatía alguna con los piqueteros) debió ordenar el archivo de la causa por inexistencia del delito, ya que los funcionarios, policías y empleados de seguridad del ministerio no tuvieron más remedio que admitir que se quedaron en el edificio por decisión propia, y que fueron ellos quienes dilataron las negociaciones, buscando agotar a los compañeros movilizados para que se fueran con las manos vacías.

El juez tuvo por probado que ninguno de los empleados ni funcionarios intentó salir y fue impedido de hacerlo por los compañeros, que no hubo incidentes ni agresiones hacia el personal, que policías de civil entraron y salieron cuantas veces quisieron del edificio ministerial, y que fue el personal de seguridad del ministerio el que aconsejó al Ministro quedarse hasta la madrugada.

Pero sin dudas la frutilla de la torta fue la presentación efectuada el 30 de diciembre por los fiscales Patricio Evers y Luis Comparatore, los mismos que en su requerimiento de instrucción habían anunciado el pedido de detención de “los responsables” por el inexistente secuestro. Indignados por el giro que tomó el asunto, solicitaron que se investigue cómo fue que una autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene asesores legales a su disposición, requirió la puesta en marcha del mecanismo del derecho penal para luego llegarse a la conclusión que no fueron víctimas de delito alguno. O sea, pidieron que se forme una nueva causa para investigar si las presuntas víctimas cometieron un delito al efectuar una falsa denuncia. Eso sí que es ir por lana y salir trasquilado.

SIETE AÑOS DEL ASESINATO DE MAXI MAIDANA
El 12 de enero se cumplen siete años de la muerte de Maxi Maidana (17) por las manos asesinas de los policías de la comisaría 5ª de Talar de Pacheco, los oficiales Pérez y Nervo, quienes siguen en actividad y seguramente matando en otros lugares del Gran Buenos Aries.

Maxi -que jugaba al fútbol en la 5ª división de River- volvía de una fiesta de cumpleaños junto a su familia. Cerca del edificio en el que vivía (los monoblocks del Barrio San Pablo) recibió los disparos de la partida policial, supuestamente dirigidos a unos chicos que jugaban en un auto abandonado en el lugar. La causa fue archivada sin culpables, a pesar del esfuerzo denodado de su madre Mabel y de su padre en el afecto Juan Carlos, que nunca aflojaron en su reclamo de Justicia para Maxi, organizando todo tipo de actividades en el barrio y colegios de la zona.

Este domingo 11 de enero a las 17:00 nos volveremos a reunir en el Centro Cultural (ex centro comercial del Barrio San Pablo) sobre la Av. Pacheco a metros de los monoblocks, con vecinos, amigos, familiares y chicos del barrio. Arrancaremos con una merienda para los pibes, luego habrán distintas actividades artísticas, entrega de materiales antirrepresivos y una charla con los familiares y compañeros de CORREPI. Convocamos a todos los compañeros que se puedan acercar a compartir la tarde.

¡VAMOS LAS BANDAS! (A SANTA FE)
Los compañeros de la organización antirrepresiva santafesina aLERTA! CONTRA LA REPRESIÓN están convocando bandas de todo tipo para grabar un CD antirrepresivo para distribuir en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Paraná. En su convocatoria dicen “La poli de Santa Fe es la más asesina del país, nos falta mucho trabajo antirrepresivo por estos lugares”.

La idea es sacar un CD de rock, ska, reggae, punk, lo que fuera, todo mezclado para editar con materiales de información y formación antirrepresiva como el Manual del Peuqeño detenido, etc. Ya se han comprometido bandas de Buenos Aires, Chile, Canadá y EEUU. Los interesados en participar pueden contactarse con los compañeros de aLERTA al correo alertacontralarepresion@yahoo.com.ar .

LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS DE MOSCONI
Desde la madrugada del 21 de noviembre, diez integrantes de la salteña UTD de Mosconi están detenidos. Desde entonces, también, en la puerta del juzgado penal Nº 1 de Tartagal están apostados sus compañeros y familiares, reclamando su liberación. Allí pasaron Navidad y Año Nuevo. Allí siguen exigiendo justicia.

En tanto, el juez Nelson Aramayo extiende los plazos de la definición de una causa que nació mal y amenaza con terminar peor. El origen es la protesta que sacudió la ciudad de Mosconi cuando el mismo juez ordenó la detención del mayor referente y más querido dirigente de la UTD, Pepino Fernández. Apenas la policía concretó la orden judicial, la protesta logró su liberación luego de una jornada violenta, donde hasta hubo fuego en las oficinas de las empresas petroleras que dominan a voluntad esa zona. Con las cenizas, llegaron los allanamientos y las detenciones de los 10 miembros de la UTD, acusados ahora de robo, incendio, amenazas e instigación a cometer delitos.

La denuncia fue presenta por el abogado de la empresa Tecpetrol, Antonio Restom, quien según informa la agencia independiente Copenoa, además de haber sido el secretario de Derechos Humanos del gobernador Romero es el actual representante de la gobernación en Tartagal.

Las pruebas que presentaron en contra de los detenidos fueron dos videos de los noticieros locales que registraron los incidentes. El 16 de diciembre, las pericias realizadas por el licenciado Rubén Torres, jefe de Criminalística de la Unidad Regional 4 de Tartagal, informaron al juez que en esos videos no se podían identificar a ninguno de los imputados. Fue entonces cuando la declaración de uno de los integrantes del cuerpo de seguridad de la empresa petrolera cambió por tercera vez. La primera, había declarado no reconocer a ninguno de los atacantes porque estaban encapuchados. La segunda, aseguró que sabía sus nombres porque se los había revelado alguien que no podía nombrar por cuestiones de seguridad. La tercera lo encontró desmitiéndose: ya reconocía nombres y caras, que por supuesto coincidían con las de los detenidos.

La abogada de la UTD, Mara Puntano, solicitó ahora su procesamiento por falso testimonio y la pronta liberación de los detenidos. Pide, también, la solidaridad de todos, haciendo llegar al juzgado a través del fax 03875 421 885 la exigencia de justicia, y la pronta liberación de Oscar Ruiz, Rubén Sedan, Carlos Cabral, Hugo Carabajal, Ramón Maldonado, Antonio Vargas, Victor Chananpa, Rubén Gordiola, Omar Salinas y Daniel Valencia.

EL ATENTADO DEL 20 DE DICIEMBRE
Como anticipamos en el último Boletín, más de 35 organizaciones y organismos populares nos presentamos el pasado martes ante el juez Norberto Oyarbide reclamando ser tenidos por parte en la causa que investiga el atentado perpetrado el pasado 20 de diciembre en Plaza de Mayo, durante la multitudinaria concentración a dos años de la rebelión popular que echara al gobierno de la Alianza.

También como previsiblemente anticipamos, el juez, aunque nos permitió acceder al expediente y compulsar las evidencias hasta ahora recolectadas, rechazó nuestra petición con el argumento de que sólo quienes resultaron heridos por el estallido de la bomba tienen derecho a ser querellantes. Igual decisión tomó el juez respecto de las organizaciones a las que pertenecen los heridos, rechazando también la legitimación para querellar de sus referentes nacionales.

Este planteo presupone una definición ideológica de qué se investigará en la causa, si las lesiones sufridas por quienes estaban más cerca del letal artefacto, o el ataque al conjunto del movimiento popular, con el objetivo concreto de romper el acto, generar pánico y promover al desmovilización de los compañeros.
Más allá de toda consideración jurídica, entendemos que la exigencia de las organizaciones de ser formalmente tenidas por parte es un necesario posicionamiento político acerca de la naturaleza del atentado y sus objetivos.

Hoy mismo los abogados de las organizaciones presentadas planteamos la reposición y apelamos el breve decisorio. Ampliaremos los fundamentos una vez elevada la cuestión a la Cámara. Para evitar demoras en el trámite, solicitamos la habilitación de la feria judicial y la formación de incidente para resolver el tema de las querellas. Mientras tanto, varios de los heridos ya están reconocidos como querellantes y otros están poniéndose en contacto con los organismos para hacerlo de inmediato.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

Domingo 11 de enero, desde las 17:00, merienda, actividades artísticas y debate en el Centro Cultural (ex centro comercial del Barrio San Pablo) sobre la Av. Pacheco a metros de los monoblocks, a siete años del asesinato de Maxi Maidana.
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

CORREPI