Boletín Informativo N°255

NO A LA REFORMA DEL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL

Transcribimos a continuación el texto que fue consensuado por los organismos y organizaciones que nos oponemos a la reforma al Código Contravencional del a Ciudad de Buenos Aires:

¿Por qué nos oponemos a la reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires?
El próximo jueves 19 de febrero, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se dispondría a tratar sobre tablas en sesión extraordinaria diversos proyectos de reforma al Código Contravencional, el Código de Procedimiento Contravencional y un Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires.

Estos proyectos de reformas, en su conjunto, tienden, en general, a la restricción de derechos, reinstalando en la ciudad de Buenos Aires el contenido de los derogados “edictos policiales”. El proyecto de Jorge Enriquez, -ex delaruista, luego bulrrichista y actual macrista, siempre vocero y operador de las fuerzas policiales, la iglesia y los sectores sociales más conservadores-,que reforma el Código Contravencional (exp. Nro. 1934-D-02), retoma con mayor énfasis el espiritu represivo de los viejos “edictos policiales”, al igual que otros proyectos presentados (Ver, proyecto Giovanni-Giorno y Moresi).

Aprovechando el receso de verano y ante la evidencia de que las políticas tanto del Estado nacional como del local no logran asegurar el acceso de numerosos grupos sociales a los derechos básicos de ciudadanía, la “nueva” legislatura retoma el gesto de 1999 y se apresta a afilar y producir otra herramienta inconstitucional de control social que facilite la represión y el disciplinamiento de sujetos vulnerables, los movimientos sociales y toda la ciudadanía en general; lo que en palabras del propio Enriquez, es “la pequeña criminalidad”.

En el mapa nacional de amplia y profunda miseria, la Ciudad de Buenos Aires no es la excepción. Según informaciones del INDEC, la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires afectaba al 19,4% de la población en el 2002[1]. Según datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires: “En el año 2002, la población de la Ciudad por debajo de la línea de pobreza … fue de 130.950 personas, lo que que representa el 21,2% de los residentes en la Ciudad. Esta proporción más de tres veces superior a la registrada en 1994 – 6,,4%. En cuanto a la línea de indigencia se registró un salto semejante, al aumentar del 1,1% de la población en 1994 al 5,7% en el 2002.”[2] La desocupación alcanzó en nuestra Ciudad el 16,3% y la subocupación el 15,5% en mayo de 2002[3].

En este contexto socioeconómico la mayoría de las propuestas buscan ampliar el art. 41 del Código con lo que se pretende no sólo limitar el ejercicio legítimo del disenso y la protesta, sino que además otorga a las corruptas fuerzas policiales la facultad de regular arbitrariamente las actividades de miles de vendedores ambulantes, artistas callejeros, cartoner@s, etc., es decir, trabajador@s que no pueden insertarse por falta de oportunidades en el mercado laboral formal. De este modo, las modificaciones pretendidas no sólo atentan contra las posibilidades de participación cívica de miles de ciudadan@s, sino que además atentan contra el sustento de gran parte de l@s habitantes de la ciudad que trabajan en la vía pública. Ello ante la falta de alternativas que les permitan emplearse de formas que les garanticen, junto a sus familias, el acceso a derechos sociales y a entornos más seguros de trabajo.

Por su parte el endurecimiento del inconstitucional artículo 71 también opera en el mismo sentido, en tanto condena a mujeres y travestis en estado de prostitución[4] a la represión, a prácticas de cohecho (coima policial) y, nos animamos a decir, su casi “exterminio”. En una maniobra peligrosa se habla de “oferta de comercio sexual” como una “afectación a los sentimientos individuales ¿Qué se entiende por “sentimientos individuales”? ¿Cómo los piensan ponderar la policía, la justicia contravencional y l@s legislador@s? Esto constituye una arbitrariedad y una clara violación a los derechos humanos. Asimismo, en alguno de los proyectos, bajo el concepto “simulación maliciosa de apariencia” se pretende reinstalar el viejo edicto 2°F que fue derogado y con el que se penaliza la sola identidad travesti, -se reimplanta el derecho penal de autor-cuando la constitución de la Ciudad y Tratados Internacionales de rango constitucional reconocen el derecho a la identidad de género, a la orientación sexual y a la participación en el desarrollo de la comunidad libre de toda discriminación. Hoy, esta figura también podrá ser utilizada para limitar la libertad de expresión, criminalizando la protesta social, al penalizar a todo manifestante que proteja su rostro en manifestaciones callejeras.

¿Por qué se afecta a l@s jóvenes en una sociedad que no les brinda oportunidades de desarrollar sus capacidades y planes de vida? Porque con las modificaciones pretendidas se judicializa y criminaliza innumerables situaciones y actitudes que deberían abordarse como complejas problemáticas sociales, muchas de ellas producidas por la falta de políticas públicas que atiendan las necesidades y derechos de este grupo. En este contexto, la propuesta de reducir la edad de imputabilidad (14 a 18 años), de penalizar a los padres y las madres de jóvenes ebri@s constituyen medidas absurdas que solo muestra la falta de inteligencia y compromiso de nuestr@s dirigentes con el diseño e implementación de medidas positivas, democráticas e igualitarias.

Por otra parte, la figura de acecho y merodeo constituyen una mera reedición de las figuras de vagancia y mendicidad, contenidas en los viejos “edictos”. Estas normas, vale recordar, fueron consideradas inconstitucionales por los tribunales judiciales, tanto nacionales como internacionales[5]. Además, esta figura incrementa el poder discrecional de la policía para decidir la detención o libertad de una persona.

Los sectores que impulsan la reforma utilizan el tema de la seguridad como otra excusa para impulsar el proyecto. Nosotr@s sostenemos que la seguridad colectiva es el resultado de la construcción de una comunidad con real igualdad de oportunidades, trato y resultados, y no de la concentración de poder en manos de instituciones probadamente corruptas, mafiosas e ineficaces. Los datos aportados por la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) demuestran a las claras que el accionar policial no asegura la vida de l@s ciudadan@s, sino que la pone en peligro: el estado está asesinando a un/a ciudadan@ cada 60 horas. Sostiene la CORREPI que teniendo en cuenta la cantidad de casos de gatillo por distrito la Ciudad de Buenos Aires ocupa el cuarto lugar respecto del resto de las jurisdicciones del país, con un 8.37%. Si comparamos el número de casos de cada provincia por millón de habitantes, la Ciudad de Buenos Aires alcanza el 42.[6]

Como se ve, lo que en el debate político más superficial y lobbista aparece como el control de “minorías inadaptadas” no es otra cosa que la mayoría de la población que habita y transita la Ciudad de Buenos Aires. Lejos de gobernar y legislar para resolver los problemas de la indigencia, la pobreza y el desempleo, la Legislatura porteña se avoca a una reforma inconstitucional que ratificaría en la ley y sus consecuentes procesos burocráticos, judiciales y represivos la indiferencia sistemática con la que se considera y gobierna sobre grandes grupos de la población local y la que circula por la Ciudad.

Nos preguntamos entonces, ante este panorama social ¿Para qué y por qué se modifica con tanta urgencia el Código Contravencional en vigencia en una sesión especial? ¿No hay otras urgencias? La respuesta es muy clara: la estrategia para abordar la crisis social que esta misma dirigencia provocó es apelar a la represión y a la invisibilización de los sectores castigados. Nosotr@s pensamos que el deber tanto del Estado como de la ciudadanía es concentrar esfuerzos en la implementación de políticas sociales que aseguren a todos los habitantes de la Ciudad el acceso a los derechos básicos.

Una vez que l@s sujetos son estigmatizados por la ley son carne de clientelismo y represión, por esto nos oponemos a la pretendida reforma.

¿SE PUEDE CONVENCER AL LOBO DE SER VEGETARIANO?

Los diarios del domingo 25 de enero abundaron en espacio para una noticia que los locutores radiales han leido con voz quebrada por la emoción: familiares de víctimas de la represión policial concurrieron, en el marco del “plan antiimpunidad” implementado desde el ministerio de justicia y seguridad de la Nación, a dar una charla a quinientos cadetes de la policía federal.

CORREPI, organismo antirrepresivo que se define como organización política activa en el campo de los Derechos Humanos, no pretende polemizar con las madres que decidieron participar en esa actividad como una de las formas de honrar la memoria de sus hijos. Respetamos la singularidad del dolor y comprendemos que cada cual sufre y realiza su duelo como puede.

No es nuestra función cuestionar las acciones que los familiares de víctimas de la represión policial o de cualquier fuerza de seguridad interviniente llevan a cabo desde su dolor. Pero sí no podemos dejar de señalar que cualquiera de esas acciones es al mismo tiempo una acción política que las autoridades de turno no van a dejar de utilizar para fines propios: desviar la atención de las políticas represivas en curso a acciones individuales de algunos “agentes” que se exceden. En este sentido CORREPI es consecuente con su forma de pensar la represión institucional: no hay malos policías, hay políticas represivas puestas en marcha para poder llevar adelante la administración de políticas económicas que se implementan en los organismos internacionales de turno.

Jamás cuestionamos a los familiares la forma de lucha que encaran, o si prefieren organizar una misa o una marcha. Pero frente a un hecho de pública incidencia, que es usado por el gobierno como eje de su propaganda en pos de la legitimación de las fuerzas represivas, no podemos seguir en silencio.

En muy poco tiempo esos quinientos cadetes, con un arma letal en la cintura, caminarán las calles de los barrios. Ojalá fuera cierto que antes de apretar el gatillo pensarán en Maxi, Ezequiel o Mariano. Lo más probable es que piensen “un negro menos, un chorro menos” y disparen porque reciben su formación bajo consignas como éstas. No se trata de que recuerden aquella pobre mujer que con lágrimas en los ojos les pidió que piensen antes de usar el arma. Tenemos aún en nuestra memoria la escena de Norma Pla llorando junto con Cavallo y de qué sirvió ese llanto. Tanto Cavallo como los jóvenes cadetes que invadirán el espacio público se han formado para defender los intereses de clase que representan y no son precisamente los del pueblo trabajador, ni de los jóvenes que pertenecen a él.

No vamos a dejar de sostener que cuando fusilan a un pibe, cuando torturan a un detenido, cuando plantan un arma trucha para simular un enfrentamiento o cuando tiran un chico al Riachuelo para divertirse, no se trata de comportamientos irracionales, ni de “malos policías”, como afirma una de esas mamás . Ese es el argumento oficial que los medios de comunicación divulgan y defienden.

Nuestro Archivo está lleno de casos en los que los autores son oficiales superiores, preparados, con cursos de perfeccionamiento de todo tipo. También está lleno de oficialitos recién recibidos, fresquitos, de esos que todavía no tienen las “mañas” de la calle, pero que asimilaron bien lo aprendido en la escuela. Una escuela que se sigue llamando, para los federales, Ramón L. Falcón.

El gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias, son herramientas que el sistema defiende con uñas y dientes porque le garantizan el control social, y que las fuerzas de seguridad simplemente aplican, porque esa -y no otra- es su tarea en el actual estado de las cosas. Confirmamos nuevamente que con este plan antiimpunidad y en su permanente búsqueda de consenso y legitimación, las autoridades no se privan, de utilizar maniqueamente a las familias que han desmembrado, sumando a su dolor la inevitable pérdida de dignidad que esta mediática manipulación significa.

COMPAÑEROS EN LIBERTAD, PERO NO TANTO
En el marco de una movida nacional importante, que incluyó movilizaciones en Salta y en la ciudad de Buenos Aires, los diez compañeros de la UTD de Mosconi que permanecían detenidos desde antes de Navidad fueron finalmente liberados.

Pero como nos informara su defensora Mara Puntano, seguirán imputados en la causa por los delitos de incendio y daño, mientras los verdaderos delincuentes, los que robaron a los trabajadores petroleros su sustento y los dejaron sin trabajo, siguen contando billetes en algún lugar del país.

No termina ahí la cosa, sino que en la línea del fallo condenatorio de la docente y militante de DDHH patagónica Marina Schiffrin, la libertad de los piqueteros ha sido condicionada al cumplimiento de una serie de “reglas de conducta” que incluye la prohibición de manifestarse públicamente, en marchas o cortes de ruta, y de participar de las actividades cotidianas de la UTD, la organización a la que pertenecen.

No es la primera vez que la justicia salteña impone este tipo de medidas inconstitucionales y cercenatorias de la libertad individual y de los derechos políticos de los compañeros. Por ese motivo, y aunque celebramos su retorno a casa, pasaremos el lunes 26 por la Casa de la Provincia de Salta en Buenos Aires, camino a la Plaza de Mayo, para reclamar su total e incondicionada libertad.

CORROBORADO: ESTÁN EN TODAS PARTES, SIEMPRE QUE SEA ILEGAL
Como dicen los noticieros, compacto de noticias de la semana:
1) El agente Sebastián Alberto Gallo, numerario de la comisaría 28ª de la policía federal, asaltó el pasado jueves una farmacia en el barrio de Recoleta. El policía que hacía adicionales en el comercio, y que lo detuvo, aclaró a los medios que sólo supo que “el caco” era policía después de arrestarlo.
2) El mismo día, se supo que los dos responsables de un asalto tipo comando a camiones blindados en el supermercado Easy de Don Torcuato eran un prefecto en actividad y uno retirado. El día anterior, los noticieros se regodearon mostrando el increíble arsenal secuestrado, que incluía tres fusiles FAL, tres ametralladoras, pistolas automáticas, revólveres, escopetas, chalecos antibalas y gran cantidad de municiones, mientras alertaban sobre la “inseguridad”.
3) El lunes pasado, un allanamiento judicial en un depósito del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 1 de Santa Fe incautó 17 colchones y 30 frazadas que habían sido donados hace ocho meses para las víctimas de la inundación, indebidamente apropiados por la policía.
4) También el lunes 19 Luis Tarragona (21) fue asaltado al salir de un pool en Wilde. Le robaron la billetera y le pegaron un tiro en la cabeza, del que afortunadamente se está recuperando lentamente. Sus asaltantes fueron dos policías bonaerenses, uniformados y en servicio. El hecho ocurrió en la misma esquina en la que, el 23 de julio de 1995, el agente Diego Centurión fusiló a Javier “Colo” Rojas Pérez (23), músico de rock, delante de sus compañeros de la banda trash Exterminio,
5) El viernes se anunció la detención del “Negro Sombra”, aparente responsable de varios secuestros notorios recientes entre los que se cuentan los casos Beluscio, Astrada y el actual del padre del “Corcho” Rodríguez. El detalle es que el hombre, con varias capturas de vieja data encima por homicidios y secuestros extorivos, se paseaba por la zona norte bajo la ostensible protección de sus aliados de la comisaría 5ª de Talar de Pacheco, la misma en la que revistaban los asesinos de Maximiliano Maidana (16). La información periodística señala que fue detenido por la SIDE y mediante información colectada por la Federal, en abierta interna con sus pares bonaerenses.

IBARRA Y EL NEGOCIO DE CUIDAR COCHES
En los últimos años se han hecho frecuentes en el paisaje urbano los muchachos, y a veces adultos, que con un trapo en la mano señalan dónde se puede estacionar, y por unas monedas cuidan el auto, u ofrecen lavarlo o limpiar el parabrisas. Con relativa frecuencia los abogados de CORREPI son consultados por estos trabajadores expulsados del mercado oficial, pues como todo aquel que se las arregla para sobrevivir en la calle están permanentemente expuestos a sufrir atropellos policiales, las más de las veces para sufrir extorsiones: o compartís lo que ganás, o te llevo preso.

En los viejos tiempos de los edictos, vendedores ambulantes y otros trabajadores callejeros eran coaccionados con alguna de las figuras de tipo abierto que hoy quieren reimplantar en el código contravencional. Desde la sanción del engendro que quisieron presentar como “de convivencia” la policía recurre al art. 42, y les labra acta tras acta, al punto que hemos podido verificar que un solo cuidacoches tenía acumuladas 17 actas en un mes. Y por cada una, unas cuantas horas de arresto en la misma comisaría, que tenía otros candidatos para cuidar cohes en ese predio en particular (se trataba del Paseo de la Infanta, y la Cría. era la 23ª).

El muy “progre” jefe de gobierno de la Ciudad ha decidido resolver la cuestión: a partir de febrero otorgará la exclusividad de la actividad de cuidado de coches estacionados a ONGs que aún no han sido dadas a conocer. cada sector concesionado será vallado por la policía, que se encargará de evitar que “cuidadores cuentapropistas” ingresen al lugar.

Lo notable del asunto es que la selección de los sectores se realizará en función de los lugares donde hoy hay cuidacoches trabajando, no de aquellos lugares donde no hay nadie realizando ese trabajo. Carecemos de datos confiables acerca de la cantidad de personas que han recurrido a este tipo de tareas para juntar unas monedas diarias, pero estamos seguros que son muchas las familias que dejarán de tener un mísero ingreso, pero ingreso al fin, para beneplácito de las Damas de la Caridad de Pilar o Daisy Chopitea.

BREVÍSIMA DE HAITÍ
Mientras se estrena en Haití un nuevo instrumento de dominación que el imperialismo ha introducido para controlar la crisis haitiana, la “CARICOM”, fueron liberados Michel Lamartinière Honorat Junior y Maxo St. Fleur el viernes a última hora. Fue una victoria del campo popular, ya que el tribunal sintió las presiones nacionales e internacionales y hasta reconoció que habían sido falsamente imputados.

Las propuestas lanzadas por el novedoso organismo regional son claras: 1) Dar a Aristide el tiempo necesario para desarticular el movimiento insurreccional mediante “negociaciones” con la oposición utilizando a la CARICOM como intermediario. 2) Pedir a Aristide el desmantelamiento de los gangs armados (parapoliciales), lo que no resulta creíble ya que ese mismo pedido ha sido formulado desde el 2002 por las resoluciones 806 y 822 de la OEA sin resultado positivo alguno. Si la OEA no “pudo” hacer cumplir esa exigencia no se ve cómo lo podría hacer la CARICOM. 3) Ofrecer una fuerza de Policía Internacional para ayudar a mantener la paz y el orden en Haití, lo que implica el primer paso hacia una nueva ocupación militar del país. En ningún momento la CARICOM contempló la posibilidad de la renuncia de Aristide ni condenó al gobierno por los numerosos actos represivos cometidos hace ya un buen tiempo. Una pregunta se impone: ¿Quién ha organizado esos gangs?. La respuesta es sencilla: el propio Aristide, y la CARICOM lo sabe.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
Lunes 26 de enero, Marcha de Congreso a Plaza de Mayo, reclamando el cese de la campaña contra las organizaciones populares, la libertad incondicionada de los compañeros salteños, el cese de la criminalización de la protesta y el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del atentado del 20/12/03.

28 de marzo, 14:00: Festival antirrepresivo en el anfiteatro de la Plaza Martín Coronado, frente de la estacion, BASTA DE POLICIAS ASESINOS - BASTA DE IMPUNIDAD. Convocan Familiares de Víctimas del Sistema choco_justicia@yahoo.com.ar

CORREPI