Boletín Informativo N°256

MÁS SOBRE LA REFORMA DEL CODIGO CONTRAVENCIONAL
En este momento la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha comenzado el tratamiento en comisión (por ahora con reuniones de asesores) de los proyectos para establecer un Código Procesal Penal porteño y reformas a los Códigos Contravencional y de Procedimiento Contravencional (varias propuestas crean en la práctica códigos nuevos).

En los proyectos de Código Contravencional priman las concepciones absolutamente reaccionarias, con fuertes reminiscencias de los edictos policiales y, en algunos casos, son aún más duros. Por ejemplo, la prescripción de la acción, que en los edictos era de tres meses, en la actualidad es de un año y alguno de los proyectos quiere elevarla a dieciocho meses o aún dos años.

El carácter reaccionario de estos proyectos no es extraño, ya que debemos partir de la ausencia de facultades por parte de la Legislatura para establecer un código que sólo se diferencia del penal por el nombre y por la inaceptable amplitud de sus tipos penales/contravencionales.

Debemos recordar que el art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional establece que sólo el Congreso de la Nación puede dictar el Código Penal (que nadie interprete que estamos de acuerdo con sus tipos penales, que también son un producto clasista, destinado a la defensa de los derechos de la burguesía dominante).

En cuanto a la supuesta diferencia entre delitos y contravenciones, vamos a ver dos ejemplos, la definición usada en su tiempo por la PFA y el contenido concreto de los proyectos en trámite. El “Manual de Instrucción para el Personal Subalterno de la Policía Federal Argentina”, elaborado por el Departamento de Doctrina y Organización de la Superintendencia de Planeamiento y publicado en 1979 por la Editorial Policial, en su página 114, define las contravenciones como “el conjunto de todas aquellas disposiciones que, participando del mismo carácter que las penales, no configuran la condición de delito, en vista de su menor importancia, vinculada ésta a diversos factores, tales como el bien jurídico afectado, daño físico – personal o material – y moral, peligrosidad, etc.”

Dado que la Constitución Nacional no diferencia entre delitos menores y mayores ni otorga a las Provincias o a la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de definir esos pequeños delitos, de esta definición surge la inconstitucionalidad de cualquier Código Contravencional local.

En cuanto al contenido de los proyectos, compiten abiertamente con el Código Penal por definiciones de los mismo tipos penales. Así, el de De Giovanni-Giorno tipifica el daño (art. 51), ya contemplado en los arts. 183 y 184 del Código Penal (Enríquez lo llama “deterioros” y lo consagra como art. 60). Es manifiesta aquí la ampliación inconstitucional de tipos penales ya contemplados por el Congreso de la Nación.

Varios de los proyectos sancionan el acecho o merodeo, en abierta contraposición con el art. 13 inciso 9 de la Constitución de la Ciudad. Así, Enríquez (el amigo de la PFA que hizo campaña por los edictos de la mano del luego procesado Comisario General Luis Santiago “Gordo” Fernández) lo propone sin maquillaje en el art. 61 de su proyecto, con pena de arresto de hasta 20 días, mientras que De Giovanni-Giorno lo disfrazan como “permanencia injustificada” en el art. 52, que sanciona con arresto de hasta 3 días entre otros a quien “sin causa que lo justifique permaneciere en (…) adyacencias de un Banco o Institución Financiera o inmobiliaria y que ante el requerimiento de la autoridad, no cesare en su actitud” (podría incluir a quienes realicen acciones de reclamo ante la ex-CMV, en las “adyacencias” de un Banco de la Ciudad de Buenos Aires).

Todos los proyectos refuerzan la persecución a la prostitución callejera (a pesar de que ello fomenta la explotación de quienes se prostituyen por rufianes, muchas veces vinculados a la PFA) y varios pretenden cercenar el derecho de reunión (en el mismo texto o a través de normativas conexas, como en el caso de Enríquez).

Algunos de los proyectos establecen una baja en la edad de imputabilidad a los catorce años, que podría llevar a que dos chicos de esa edad fueran condenados contravencionalmente por pelear a la salida de la escuela, aún cuando ninguno resultara lastimado.

El conjunto de las reformas, que excede las posibilidades de este Boletín, no haría más que cercenar las libertades de quienes vivimos o transitamos en esta Ciudad, al fortalecer aún más las atribuciones de la PFA, olvidándose de su accionar durante la Triple A, la Dictadura, los centenares de casos de gatillo fácil de su autoría, la práctica sistemática de torturas y la existencia (reconocida por la Procuración General de la Nación) de más de 70 causas fraguadas contra más de un centenar de personas, que fueron privadas de su libertad o aún peor, asesinadas.

¿CARROS DE ASALTO CONTRA LA INSEGURIDAD?
El Gobierno Nacional ha reiterado hasta el hartazgo que no busca perseguir la protesta social (inclusive lo hizo el abogado del Ministerio de Trabajo al tiempo de formular la ya archivada denuncia contra grupos piqueteros que investigó Oyarbide). Ahora bien, si no hay voluntad de reprimir, ¿para qué se siguen incorporando vehículos que sólo sirven para eso?

A fines del 2002, hace poco más de un año, se incorporaron a los Cuerpos de Policía Montada y Guardia de Infantería decenas de carros de asalto, identificados con los números internos del 365 al 411. Este incremento elevaba por lo menos al doble los elementos de combate de esos Cuerpos represivos. En el año 2003, a pesar de este extraordinario incremento previo, descubrimos y denunciamos que se habían incorporado nuevos carros de asalto (por ejemplo, los números internos 607 y 611) y se habían reciclado además al menos dos de las tres antiguas camionetas blindadas marca Shorland.

En el mes de diciembre pasado, hemos comprobado que sigue el refuerzo de la Infantería y la Montada: entre otros, ya están en servicio los carros de asalto 612, 613, 616 y 618. Estas entregas no aparecen en los medios, como sí ocurre con las 83 nuevas motos que acaba de entregar Ibarra (quien – dicho sea de paso - también se había comprometido a entregar vehículos de combate reparados al G.E.O.F., acuerdo cuyo resultado desconocemos).

No se nos ocurre de qué manera un carro de asalto puede servir para combatir la inseguridad ciudadana, y en cambio sabemos muy bien para qué se usan cuando hay manifestaciones. ntonces, si dicen que no quieren reprimir al pueblo, ¿por qué y para qué se siguen rearmando con elementos que sólo sirven para eso?

LOS SUBSIDIOS DE IBARRA A LA PFA
Cerca de fin del año pasado informamos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siempre atento y diligente en su defensa del derecho al techo propio, sancionó una ley de expropiación para regalar a la policía federal el coqueto edificio de la calle República Arabe de Siria, cerquita del Botánico, para que siga funcionando allí la comisaría 53ª, esa que se creó para calmar los ánimos inseguros de los no menos coquetos vecinos de Palermo.

Pero no se limitó la ayuda a que la Legislatura destinara unos cuantos cientos de miles de pesos a adquirir el inmueble. Antes de comprar el edificio y regalarlo a los azules, en noviembre de 2003, el poder ejecutivo municipal dictó un decreto por el cual la Ciudad dio un subsidio de por nada menos que $ 180.000 para pagar los alquileres atrasados de abril a septiembre.

Es obvio que, si seis meses de alquiler representaban una deuda de casi doscientos mil pesos, la expropiación y obsequio resultó un verdadero negocio, y un ahorro para el erario público. Da gusto ver cómo las autoridades de la Ciudad cuidan nuestros dineros públicos y los destinan a evitar que los pobres policías queden en la calle por un desalojo. Eso es defender el derecho a la vivienda…

Nos queda una duda: Tratándose de un inmueble cuyo alquiler ronda los $ 30.000 mensuales, ¿quién paga ahora los impuestos municipales, que no deben ser baratos? ¿O también estarán subsidiados?

EN PARAGUAY TAMBIÉN SE CONSIGUE
La policía corrupta y represora, como necesaria herramienta de control social del capitalismo, no es exclusiva de la Argentina. El diario ABC Color de Asunción del Paraguay informó esta semana que unos 35 efectivos de la policía fueron dados de baja por el Tribunal de Calificaciones por incurrir “en hechos de corrupción e incumplimiento de los deberes”. Los hechos reprochados con esa genérica y casi eufemística definición incluyen graves delitos como homicidio, tentativa de homicidio, extorsión, privación ilegítima de libertad, robo y tráfico de automotores, narcotráfico, contrabando, etc.

El robo de automotores y su ilegal tráfico es una de las figuras más reiteradas, como el caso de un suboficial detenido cuando llevaba un lujoso automóvil Mercedes robado en Asunción hacia Bolivia.

En dos de los casos, los policías se dedicaban al secuestro extorsivo de turistas, como el de un argentino al que le “cobraron” u$s 2.500 por liberarlo y un brasileño por quien pidieron una millonaria suma de dinero de rescate. Este hecho ocurrió en Ciudad del Este, pero no parece ser el tipo de delincuencia que preocupa a Bush y Cia.

Lo interesante es que en el hermano país -a diferencia de lo que suele ocurrir en Argentina cuando se producen las reiteradas e inoperantes “purgas” que nunca terminamos de saber a quiénes incluyen- el periódico ha podido publicar la lista completa de funcionarios exonerados y los cargos que se les imputan. Entre los botones-delincuentes figuran dos subcomisarios, dos oficiales inspectores, tres agentes con el rango de oficial 1º, 28 suboficiales y dos funcionarios.

SOSPECHOSA DESAPARICIÓN EN CHOELE CHOEL
Norberto Andrés Luna tiene 17 años y esta desaparecido en la localidad rionegrina de Choele Choel desde el viernes 30 de enero de 2004.

Norberto se encontraba con tres amigos en el balneario de Choele Choel. De acuerdo a lo que la familia pudo reconstruir, alguien les habría proporcionado algún tipo de sustancia alucinógena. Uno de los chicos regresó a la entrada de su casa, donde lo encontraron desnudo. Los otros dos quedaron internados en el hospital y de Norberto sólo se encontraron sus ojotas y remera a la orilla del río.

La madre de Norberto recurrió a la policía para buscarlo, pero encontró tan mala predisposición que fueron los familiares y vecinos los que, linterna en mano, iniciaron la búsqueda por el lugar en el que fue visto por ultima vez. Sólo con mucha presión logró que se les sumara un patrullero, que sólo busca de día en esa zona semi-boscosa.

La desaparición de Norberto coincide con la puesta en marcha de un operativo de seguridad en el pueblo a cargo del BORA (grupo especial de elite provincial, responsable de varios casos de gatillo fácil denunciados en nuestro Archivo).

INTERROGANTE VERANIEGO
¿Por qué los patrulleros de la policía Bonaerense afectados al Operativo Sol que “custodian” los centros de diversión nocturna en Mar del Plata no tienen la chapa identificatoria y obligatoria para todo vehículo?
¿Por qué algunos de esos patrulleros tienen repintados o borroneados sus números identificatorios de móvil?

CORREPI