Boletín Informativo N°325

SANTA FE: CREAN LA POLICÍA PARA CHICOS
Quien crea que lo ha visto todo en materia represiva, que se pegue una vuelta por la campeona nacional del gatillo fácil, la tortura y las muertes en cárceles, la bonita Santa Fe. El último proyecto de las Subsecretarías de Seguridad Pública (a cargo de Gustavo Peters) y de Justicia (cuyo flamante titular es Héctor Gabriel Somaglia) es crear un organismo especializado en el tratamiento de las problemáticas y los derechos de niños y jóvenes, o sea, una policía para los menores de edad. Se indicó que participan 290 agentes en la ciudad de Santa Fe y 380 en la ciudad de Rosario.

Lejos de tratarse de una iniciativa despenalizadora, será personal policial de la Unidad Regional 1 el que, cursillo mediante, conformará la futura “Policía de Niñas, Niños y Jóvenes”. La jefa de la policía santafesina, Leyla Perazzo, que desde los tiempos de la dictadura se ha ocupado bastante de los menores (algunos que todavía siguen desaparecidos) es la impulsora del proyecto, al que se sumaron entusiastas otros “especialistas” del Poder Judicial y del Colegio de Abogados.

¿Se imaginan a los agentes de la UR1 memorizando la Convención de Derechos del Niño, mientras juegan con el bastón tonfa?

SOLDADOS YANKYS Y UN COMISARIO DE LA PFA UNIDOS EN DEFENSA DE LAS TORTURAS
Esta semana, con escasísima cobertura mediática, se filtró la información sobre dos casos de tortura seguida de homicidio cometidos por tropas yankys en Afganistán, en el marco de la práctica sistématica de tormentos contra los prisioneros de la cárcel de Bagram.

Al menos 27 militares estadounidenses podrían ser investigados por los homicidios de Habibullah y Dilawar, dos afganos que murieron en diciembre de 2002 tras ser golpeados en sus extremidades inferiores mientras colgaban del techo por sus muñecas, privados de comida y bebida, aunque hasta ahora sólo siete fueron formalmente acusados (por supuesto, los jefes del Pentágono y otras áreas del Gobierno de Bush que impulsan la utilización de torturas no se encuentran ni se encontrarán entre los investigados).

Dilawar era simplemente un chofer de taxi de 22 años, que pasó con su vehículo y tres pasajeros frente a una base yanky (al este de Afganistán) que había sido atacada inmediatamente antes. Sus tres pasajeros tuvieron más suerte, ya que fueron liberados tras quince meses de detención injustificada en Guantánamo, mientras él murió como consecuencia de las torturas. La defensa de uno de los soldados acusados es una clara condena al gobierno de Bush y sus prácticas criminales, ya que afirma que su actuación es acorde con los procedimientos normales en vigor en la cárcel de Bagram.

En nuestros pagos, el mediático comisario retirado de la P.F.A. Jorge Alberto Gómez publicó en un periódico de la Ciudad de Buenos Aires una carta de lectores que apareció bajo el título de “El delincuente libre y los policías presos”, defendiendo al comisario mayor Palo, el comisario inspector Sablich y otros funcionarios de menor grado detenidos por torturar a secuestradores también pertenecientes a la P.F.A. (detalle que, por supuesto, Gómez omite).

¿En qué se funda para defender a sus compañeros? En que tendrían “35 años de antigüedad en su carrera” (lo cual los sitúa en 1970, a tiempo para participar de las represiones de Lanusse, de la Triple A y, por supuesto, de la última dictadura militar), en que se trata de “hombres premiados por la institución” (como si fuera mérito ser premiado por una institución que tuvo recientemente un jefe felicitado por asesinar un sindicalista - Pelacchi, luego jefe de seguridad de Aeropuertos 2000 - y otro que tuvo que ser dado de baja por quedarse con el dinero de la Obra Social policial, defraudando a sus subordinados, excepto por supuesto a los que estaban en el negocio con él -), premiados por “organismos del exterior” (cuando el procesado comisario Buscaglia estuvo a punto de recibir un premio del Gobierno francés y el “Fino” Palacios había sido multipremiado por los EE.UU.), etc. No realiza críticas específicas a la Sala interviniente, a la que ni siquiera menciona por su número (se trata de una de las salas más reacias a defender los DDHH., casi tan amiga de las fuerzas represivas como el Juez de Instrucción Zelaya).

La línea de su argumentación es clara (aunque no se atreve a hacerla expresa): las personas acusadas de cometer delitos no tienen derechos y por ende están inhabilitadas para denunciar cualquier delito en su contra. El problema es que ese argumento se da vuelta cuando, en la misma carta, defiende a los policías investigados por la justicia o cuando, oportunamente, salió a defender a Giacomino invocando el principio de inocencia que niega al resto de los mortales.

LA UNIÓN EUROPEA COORDINA LA REPRESIÓN
La Unión Europea no es sólo una comunidad de intereses económicos con una moneda común. Es también una comunidad a la hora de coordinar sus esfuerzos represivos, en particular contra los inmigrantes ilegales de países empobrecidos, que como es sabido cruzan fronteras sólo para delinquir.

Esta semana representantes de los estados español, francés, alemán, belga, holandés, austriaco y luxemburgués firmaron su adhesión al Tratado Schengen III, que refuerza la cooperación frente al «terrorismo», la delincuencia organizada y la inmigración que llaman «ilegal». Los ministros de Interior o de Justicia suscribieron el convenio, que tiene por objetivo declarado reforzar la cooperación transfronteriza, sobre todo en materia de intercambio de información, para prevenir atentados y otros delitos.

El acuerdo permitirá a los siete estados «intercambiar por primera vez información sobre ADN, huellas dactilares, vehículos y personas vinculadas al terrorismo y el crimen organizado internacional», a la vez que incluye disposiciones para la protección de datos. Los estados han acordado reforzar el control sobre sus fronteras internas durante grandes acontecimientos deportivos, musicales, sociales o políticos, así como tras una catástrofe o atentado. El alemán Otto Shili dijo que este sistema, que prevé patrullas policiales comunes de dos o más estados miembros, se pondrá en práctica el próximo año con motivo de los mundiales de fútbol en Alemania.

El Tratado firmado prevé un refuerzo de la seguridad de los vuelos mediante el empleo de escoltas que podrán ir armados y permitirá luchar contra la «inmigración ilegal» a través del envío de asesores y expertos a los países considerados como de origen o tránsito de dichos inmigrantes.

LA MATANZA: PALIZA Y BRAZO ROTO
El Sr. Luis Alberto Díaz estaba con su hijo de 14 años en un pool de Villa Dorrego, La Matanza, el 13 de marzo pasado. Discutió con uno de los mozos y lo echaron a la calle. Cuando se estaba yendo con el pibe, apareció un patrullero convocado por los dueños del negocio. Delante del pibe le pegaron una soberana paliza, y lo coargaron en el móvil.

En la comisaría le volvieron apegar, especialmente después que dijo que los iba a denunciar por lo ocurrido en la calle. pasó la noche esposado en un calabozo, con terribles dolores en el brazo derecho.

Al día siguiento lo liberaron con cara de “aquínohapasadonada”. El Sr. Díaz fue al hospital, sólopara verificar que entre otras muchas lesiones corporales, tenía una doble fractura de radio y cúbito derechos. Era tan grave que debieron operarlo para hacer la osteosíntesis usando varios clavos metálicos. Esta semana todavía lleva su brazo enyesado.

El Sr. Díaz denunció lo ocurrido, confiando que la fiscalía actuaría de oficio. A casi tres meses del hecho, la causa sólo contiene su propia exposición al efectuar la denuncia. Absolutamente ninguna actuación hasta hoy, más que poner la hoja en una carpetita y darle un número.

CORREPI lo va a patrocinar para constituirse en parte e impulsar la acción penal que, parece, los fiscales no representan cuando el acusado es la policía.

DE CHIVILCOY: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA SÓLO PARA LA CANA
(Agradecemos el aporte a la ASOCIACIÓN CIVIL POR LOS DERECHOS HUMANOS Chivilcoy)
Hace casi un año, la Asociación Civil por los Derechos Humanos de Chivilicoy envió una nota al Concejo Deliberante señalando la gravedad de la práctica policial en la ciudad de dar a conocer los datos personales de toda persona que detenida por cualquier motivo. Es que el comisario acostumbra difundir la lista de demorados y detenidos, incluso menores de edad, para mostrar su eficiencia, aun cuando se trate en su mayoría de detenciones por averiguación de antecedentes o contravenciones.

En ese entonces, el señor Intendente manifestó que “existían problemas más serios para discutir”, y desde la comisaría se cuestionó duramente a los compañeros por dificultar la “lucha contra la delincuencia”.

Hace unos días, la ciudad se conmocionó al conocerse que un funcionario policial estaba acusado por abusar sexualmente de una niña de 13 años. Cuando el Secretario de Seguridad de la municipalidad dio a conocer el nombre del policía, el comisario hizo un escándalo en los medios locales, argumentando que al difundir el caso y la identidad del imputado, se violaba el estado de inocencia.

Como si fuera poco, el comisario en cuestión ha hecho declaraciones diciendo que el hecho denunciado no constituye delito, inmiscuyéndose de manera increíble en lo que es exclusivo resorte d ela justicia.

La Asociación remitió una nueva nota a Consejo deliberante sobre el tema, en la que luego de exponer el asunto dicen:
Una vez más vemos cómo las Agencias del Estado (en este caso la Policial) respetan de forma discriminatoria las Garantías Constitucionales. En Chivilcoy, el señor Comisario puede determinar e informar a los Medios qué delitos y qué delincuentes merecen condena social, pero de ninguna manera se puede informar a la sociedad sobre denuncias dirigidas a funcionarios policiales. Ni la identidad de un pibe que presuntamente roba una bicicleta como la de quien es acusado de homicidio debe ser escrachada ante toda la población. Hasta que no recaiga una condena judicial en su contra, el Estado está obligado a preservar y respetar el estado de inocencia de todo individuo. Es más, dicha tarea mediática tampoco le incumbe a un funcionario policial. Desde esta Asociación abogamos para que todos seamos tratados de igual manera ante la ley, sin discriminaciones ni privilegios. Por los niños que hoy sufren las consecuencias de un modelo de exclusión social, basado en discriminaciones y privilegios en la aplicación de leyes y recursos, y por los que sufrirán mañana, debemos imperiosamente cambiar la historia de este País, porque no debemos permitir que sigan existiendo sectores sociales que, ante la ley, sean más iguales que otros. Debemos entender, de una vez y para siempre, que en este País la discriminación y los privilegios matan niños, matan personas, seres humanos que para los algunos son menos iguales que otros.

OTRA DE LOS JUECES DE SAN ISIDRO
Apenas días después de la escandalosa escandalosa absolución de Héctor Eusebio Sosa, policía que asesinara a Víctor “Frente” Vital el 6 de febrero de 1999, otro tribunal oral de San Isidro dictó sentencia en el juicio seguido al sargento Roberto Sandroni, al oficial Julio Morinigo y a dos civiles por el homicidio de Martín Suárez, ocurrido el 29 de agosto de 2002 en la comisaría 3ª (Munro).

Martín fue falsamente acusado por los dos civiles por haberles robado un par de zapatiullas, y trasladado a la comisaría donde lo apalearon hasta morir. Una vez más se tolera desde el poder judicial la tortura seguida de muerte en una comisaría.

El tribunal compuesto por el Dr. Federico Guillermo Ecke, Dr. Osvaldo Rossi y Dr. Hugo Santillán absolvió a los policías y a uno de los civiles, condenando al otro civil, Ezequiel Fernando Grecco, a tres años de cárcel.

El fallo fue cuestionado por la familia de Suárez y repudiado en una ruidosa protesta en el hall de los Tribunales de San Isidro, como pocos días antes ocurriera en la calle al conocerse la absolución de Sosa.

CORREPI repudia el fallo, y hace propios los términos del comunicado de la Comisión Contra la Represión y la Impunidad de zona norte: “Es habitual que un mismo policía cometa más de un asesinato y todos queden impunes. No sólo se trata entonces de policías perturbados que andan por ahí matándonos; detrás de ellos hay todo un sistema de jueces, fiscales, políticos y funcionarios que también son responsables. Y los vecinos, mientras tanto, vamos comprando cotidianamente falsas teorías de la seguridad con las que nos envuelven tanto los discursos oficiales como muchos periodistas estrella”.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Miércoles 1º de junio, 18:00, MARCHA DESDE MITRE Y BRANDSEN (QUILMES) A PLAZA SAN MARTIN a cuatro años de impunidad para CARLA LACORTE.

Viernes 4 de junio, desde las 22:30, Peña Antirrepresiva y Exposición de Fotos en la “Casa del Pueblo”, calle 49 entre 9 y 10, La Plata, convocan Fançmiliares de Víctimas de la Represión Policial en CORREPI.

Viernes 10 de junio, 14:00, charla en La Plata con estudiantes universitarios, Sergio Smietniansky y Ramiro Geber, de CORREPI.

CORREPI EN FM LA TRIBU (88.7), lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.

Próximamente, CORREPI en FM EN TRÁNSITO

CORREPI