Boletín informativo nº 604

VEINTE AÑOS DE LA DETENCIÓN Y MUERTE DE WALTER BULACIO

Actividades:

Sábado 23 de abril, desde las 16:00, Radio Abierta en Parque Centenario.

Miércoles 27 de abril, 19:30, estreno del video “Yo sabía…” en el Auditorio del hotel Bauen (realización conjunta de CORREPI y PTSTV).

Viernes 6 de mayo, gran festival en Plaza Houssay, desde las 19:00, con Chapones Di Teresa, La Pala Mecánica , La Escuela del Desaprender, La Covacha , La Que Se Viene y mucho más.

MÁS DE POLICHORROS

Un empleado de seguridad privada fue detenido la semana pasada, por haber colaborado con los asaltantes que la madrugada del domingo robaron en los estudios de los Servicios de Radio y Televisión (SRT), dependientes de la Universidad Nacional de Córdoba, desde donde se emite el Canal 10.

El vigilador actuó como “entregador” y facilitó a los delincuentes la información necesaria sobre los movimientos que se realizaban el fin de semana en el edificio.

Entre los elementos robados había tres islas de edición, más de 20 computadoras, una docena de televisores LCD, siete impresoras y una consola de luces.

Por otro lado, pasado un año del famoso “Robo del Milenio”, citaron para ser indagado al subcomisario Marcelo Amarilla y al cabo Jacobo Omar Mikic, ambos integrantes de la comisaría 5ª, con jurisdicción en Congreso, cercana a la sucursal del Banco robado.

Los policías fueron puestos en disponibilidad, y se los acusa de liberar la zona en el momento del robo. En la causa hay imágenes de los funcionarios captadas por las cámaras de seguridad de una playa de estacionamiento, ubicada a metros de la sucursal, mientras ocurría el robo.

Otra vez, aquellos que cuidan las espaldas de los poderosos y sus ganancias, aparecen implicados en robos o garantizan su realización.

El sentido común se sorprende, y es así porque responde a la lógica del discurso que los medios de comunicación fabrican cuando hablan de criminalidad y marcan como solución la incremento de la presencia policial en la calle.

Ocultan así, la real regla que regula todos los crímenes, desde el robo menor, hasta los grandes atracos; ocultan lo que de a poco logramos que se escuche: inseguridad es la policía en la calle.

AMENAZAS CONTRA MILITANTES

A sólo días de que todo el arco kirchnerista festejara la condena contra Patti fortaleciendo su falso discurso de DDHH, mostrándose como ajenos y enemistados con las políticas brutales propias de la dictadura y (según ellos) sólo de las dictaduras, comenzaron a circular dos comunicados.

Uno, firmado por el Frente de Acción Revolucionario y el Movimiento Teresa Rodríguez, organizaciones de las cuales es miembro Roberto Martino (actualmente preso por ser un referente en la lucha), denuncia tres llamados hechos a uno de los compañeros de su dirección, al cual le dijeron “te vamos a cagar a tiros” y “déjense de joder con tantas reuniones, se donde andas vos y los otros revolucionarios.”

También denuncian varias persecuciones a pie y con autos que buscaban intimidar a algunas compañeras y mencionan que cada vez que hay una novedad en la causa de su compañero Martino hay diversos intentos de acallar la lucha por su libertad.

El segundo comunicado es del grupo de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que también denuncian que, en las últimas semanas, han sido víctimas de una seguidilla de amenazas.

Comenzaron en la casa de Mónica, mamá de Luciano, cuando alguien introdujo por la ventana una madera en brasa y la colocó entre unas frazadas apiladas que estaban al alcance.

El siguiente episodio ocurrió a los pocos días, cuando un policía en un patrullero de la comisaría de Lomas del Millón, tocó el timbre en la casa de un amigo íntimo de dos integrantes de su grupo. Luego de preguntarle si los conocía, le transmitió un mensaje para ellos: que desaparezcan por dos meses porque van a terminar mal.

El último hecho tuvo lugar en el barrio 12 de Octubre, cuando un compañero repartía cuadernos a los chicos. Un patrullero de la misma comisaría con dos efectivos, uno de los cuales está implicado directamente en la causa de Luciano, interceptó al compañero; le preguntaron su nombre, su domicilio, le pidieron documentos e intentaron subirlo al patrullero. Cuando se negó, lo empujaron violentamente y lo golpearon contra el vehículo. Al mismo tiempo, uno de los policías cargó su arma a la vista de todo el barrio. No fue llevado gracias a la intervención de algunos vecinos y de Mónica (mamá de Luciano). Posteriormente estos policías increparon a los vecinos que salieron en defensa del compañero.

Así vemos el real alcance de la institucionalidad democrática, cuando lo que precisan es tratar de disciplinar y amedrentar cualquier intento de lucha y organización.

SATURADOS DE POLICÍAS

El ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, a cargo de Ricardo Casal, viene llevando a cabo operativos de saturación con “carácter preventivo” en los barrios pobres del conurbano, con allanamientos, según ellos, “por distintas causas”, sin más explicaciones, y detenciones arbitrarias.

Esta semana se implementó una nueva forma de publicitar estas políticas de seguridad. Ante el beneplácito de los medios, de las cámaras de televisión y de algunos transeúntes, se realizaron megaoperativos en Olivos, San Fernando, La Matanza , entre otros municipios, con gran despliegue de efectivos y patrulleros, deteniendo autos, motos y colectivos para requisar a los sospechosos de siempre. A la vez, se expusieron en cada lugar prolijos stands con armas y droga incautadas a lo largo de la semana durante los operativos regulares de saturación que los vecinos de los barrios ya debieron incorporar a su vida cotidiana.

Los argumentos son la “prevención del delito” y la “tranquilidad de los vecinos” al ver a la policía actuando en la calle. Argumentos que quizá sirvan para tranquilizar al vecino que ve a su par como enemigo, haciendo caso omiso de la sistematicidad del delito, garantizada por la impunidad de la que goza la policía, partícipe y protectora del narcotráfico, la prostitución, los golpes comando y la larga lista de etcéteras que CORREPI denuncia cada semana.

Es con estos argumentos que el gobernador Scioli logra el consenso para seguir invirtiendo en distintas clases de medios funcionales a la represión estatal. Esta semana anunció en La Matanza aportes para la construcción de comisarías, la entrega de 197 patrulleros y la incorporación de 350 policías. Y sigue solventando la instalación de equipos de video, informáticos y de telecomunicaciones para el Programa Integral de Protección Ciudadana, aplicado a través de la video vigilancia en la vía pública.

También se implementaron los corredores escolares, “caminos seguros” vigilados por la policía para que los chicos de las escuelas se sientan “protegidos”, aprendan a confiar en la policía y colaboren con quienes, más temprano que tarde, los van a estar deteniendo, requisando, golpeando y matando con el gatillo fácil. Todo en forma preventiva y en nombre de la seguridad.

EL OBJETIVO SON LOS PIBES

El objetivo de los explotadores son los pibes. Mucho miedo le tienen a la juventud. Ya sea reprimiéndolos o desclasándolos, ambas son maneras de mantenerlos a raya, para que no se organicen, para que no luchen. Son distintas estrategias para seguir perpetuando la explotación.

Si no es con el gatillo y las torturas, es militarizándolos. Es en este marco que se encuadra el programa Creciendo Juntos, llevado a cabo por el ministerio de Seguridad de Mendoza. En este programa se da formación militar a 4.000 chicos que tienen entre 7 y 13 años. Les ponen uniforme, les enseñan a hacer la venia, los forman, los hacen marchar, en fin, todo lo que ya se conoce para amoldar una mente para que no sea crí­tica, para que discrimine y reprima a los que están en su misma condición de explotación.

Claro que no es el único lugar del paí­s donde se da la militarización infantil. Como hemos contado muchas veces en este Boletín, Catamarca, La Rioja , Jujuy, San Juan, Neuquén, Santa Fe, Chaco, Corrientes, etc. son otros bastiones en los que se desclasa a los jóvenes desde chiquitos con la excusa de darles contención y valores, “para que no caigan en la drogadicción y la delincuencia”, criminalizando la pobreza, como siempre.

Por eso no tenemos que dejarnos engañar y tenemos que cuidar a los chicos para que no sean carne de cañón. Tenemos que luchar contra la represión, recordando que lo más importante es la toma de conciencia y la organización.

LA CONDENA A PATTI

Esta semana el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín condenó a prisión perpetua en cárcel común a varios represores de la dictadura, incluido Luis Abelardo Patti. Esta demorada sentencia contra Patti es una buena excusa para reflexionar sobre un par de cosas. Primero, tenemos que recordar bien, con el prontuario completo, quién es el ilustre condenado.

Porque hoy es fácil ponerse contento por esta sentencia, y tratar de apropiarse de un poquito del mérito de la condena. No faltó nadie que dejara de festejar la noticia. En primerísimo lugar, hizo su autobombo el gobierno. Desde el secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, pasando por su aliado, el diputado Jorge Rivas, hasta el jefe de los diputados oficialistas Agustín Rossi, todos celebraron la noticia y compitieron para elegir los términos más duros para referirse al nuevo condenado.

Ni que hablar de los bastiones oficialistas en los extintos organismos de DDHH, como Madres y Abuelas, o de los ex kirchneristas, hoy alineados en otras variantes “progres” del peronismo, como Victoria Donda y el resto de los ex Libres del Sur.

Pero, decíamos, primero hay que acordarse bien de quién estamos hablando. Este tipo que hoy está internado en la clínica Fleni de Escobar porque tuvo un accidente cerebrovascular, ya era policía en 1975. Trabajaba en el destacamento policial “Otero”, en Victoria, en el que funcionaba un centro clandestino de detención. Sus superiores eran hombres del círculo íntimo del Gral. Ramón Camps.

Corría 1977 cuando, ya afincado en Escobar, la ciudad que 18 años después lo elegiría intendente, Patti intervino en el fusilamiento de tres chicos que jugaban al metegol de un bar de la zona. El militante comunista que denunció el hecho a un diario local, todavía está desaparecido.

Un poco más tarde, cerca del ocaso de la dictadura, Patti secuestró y mató a Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, militantes montoneros, causa por la que fue condenado. Pero en los primeros años después del ’83, no sólo los apologetas explícitos de la dictadura ayudaron a demorar la imputación penal. Sus principales defensores, por aquellos años, fueron Carlos Menem y Eduardo Duhalde, que se cansaron de repetir que había sido “un enfrentamiento”.

En enero del ’90, en Garín, Patti encabezó la partida policial que fusilo al joven Luis Selaye. En las manos del muerto apareció un revólver calibre 38, como siempre. Un policía “arrepentido”, es decir, enfrentado con Patti en la interna policial, declaró el 5 de enero de 1996 al diario Página/12 que antes del operativo, ese revólver estaba “en el despacho del subcomisario Patti, que siempre hablaba que debía ser utilizado para justificar un enfrentamiento”. El ex subcomisario nunca fue procesado por este caso.

En septiembre de 1990, dos presos comunes, Miguel Guerrero y Mario Barzola, denunciaron que Patti los había torturado. El Juez de San Isidro Raúl Borrino ordenó una serie de pericias, y comprobó que los presos habían sufrido tormentos por golpes, quemaduras, submarino seco y picana eléctrica. Lo mandó detener.

El escándalo fue mayúsculo. En medio de una campaña mediática dirigida a desacreditar la denuncia, la Cámara Penal de San Isidro, en un fallo memorable, “bajó” la carátula de tormentos a apremios ilegales. Patti fue inmediatamente excarcelado, la causa entró en el túnel que preanunciaba la prescripción, y la “gente de bien” respiró tranquila. El adalid de la seguridad, estaba seguro.

“Voy a ser claro para que se entienda -le dijo Patti al Diario Clarín en octubre de 1990- la policía, para esclarecer un hecho tiene que cometer no menos de tres o cuatro hechos delictivos. De lo contrario no puede esclarecer absolutamente nada. Esto ocurre en la Argentina y en cualquier parte del mundo. ¿Cuales son estos delitos? Privación ilegal de la libertad, apremios y violación de domicilios, entre otros. Y no queda otro camino que hacer eso. Cuando los comisarios no esclarecen hechos es porque, como se dice en nuestra jerga, no se la juegan”.

Ningún fiscal lo acusó por esas declaraciones, que, en cambio, aportaron una sonrisa a los mismos que hoy piden más seguridad.

Así, mientras iba a fiestas con su novia fashion, Liliana Caldini, y era enviado como si fuera el Inspector Gadget a investigar el crimen de María Soledad Morales en Catamarca, Patti fue dejando en el olvido sus andanzas de juventud en la dictadura, y se recicló como “policía de la democracia”.

El martes 13 de agosto de 1996, de nuevo en Página 12, Patti, ya todo un símbolo de la “lucha contra la inseguridad”, declaró que estaba en contra de “los policías que no hacen nada porque no tienen orden del juez” y les aconsejó “pegar una buena patada en el trasero a los sospechosos para obtener prueba”.

Su alianza con el partido justicialista le garantizó la intendencia de Escobar, y luego una banca de diputado, en 2005, que ya no pudo ocupar, porque los aires habían cambiado, y el viejo policía descubrió que, como decimos siempre, la lealtad no figura en el diccionario de la burguesía. Sus antiguos amigos lo abandonaron, e hicieron fila para pegarle. Total, su aparato represivo ya estaba dirigido por otros.

Entonces, hoy pueden condenar a Patti a perpetua y festejarlo, mientras sostienen con las dos manos la impunidad de los que hoy, con el mismo uniforme, cumplen esa tarea, la misma que el internado en Fleni ya no les puede garantizar.

REPRESIÓN TERCERIZADA EN SANTA CRUZ

El martes 12 de abril, trabajadores de los hospitales de ATE y docentes llevaban adelante la primera jornada de movilización en el año en reclamo por mejoras salariales, cuando un grupo de matones de la UOCRA le puso fin a la medida mediante una represión que dejó como saldo a 17 heridos.

Esta vez el protegido la UOCRA fue el gobernador kirchnerista Daniel Peralta, quien ese día encabezaría un acto en la ciudad de 28 de Noviembre (cercana a Río Turbio, provincia de Santa Cruz). Al grito de “salgan de acᔠla patota obligó a golpes a los trabajadores a despejar el acceso a dicha ciudad porque “el Gobernador iba a pasar con su comitiva y no quería verlos”. Una vez más y como lo hizo en el caso de los trabajadores del Roca la Unión Ferroviaria , el gobierno kirchnerista acudió a la burocracia sindical para realizar su trabajo sucio.

Una jugada inteligente teniendo en cuenta que, en cuanto el costo político de dichas maniobras se vuelve muy alto, el gobierno K no se conflictúa demasiado en soltarles la mano a sus aliados. Prueba de esto fueron los dichos de Peralta acerca del hecho: “Creemos que la justicia debe actuar con una actitud sumarísima”. Por supuesto que para nada nos extrañaría observar en un futuro cercano la rapidez de esta supuesta justicia a la hora de limpiar el prontuario de sus gobernantes mostrando a la UOCRA como la única y solitaria responsable de los hechos…

Pero, más allá de las idas y venidas mediáticas del caso, queda claro que este gobierno, al igual que todo gobierno que defiende los derechos de los empresarios, no titubea a la hora de reprimir a quienes nos organizamos. Ya sea mediante gendarmería, policía (que, vale aclarar, otra vez dejó la zona liberada), cualquiera de las formas represivas del estado o las patotas de la burocracia sindical; es fuerte la lucha que darán los poderosos por seguir garantizando su lugar en el poder. Es por eso que frente ello, la única respuesta es y debe ser la organización y la lucha.