Boletín informativo nº 787

  Avanzan las botas, cantando el Himno
 
“Avanza Gendarmería” titulaba el canal Todo Noticias el jueves 2 de junio, junto a un escenario que disponía 200 gendarmes y carros hidrantes sobre Autopista Ricchieri, que se sumaban al espectáculo represivo de cada día en los diferentes puntos del país. “Se preparan para poner en práctica el Protocolo Antipiquetes”, celebraba un periodista de Radio Mitre minutos antes.
Desde temprano, trabajadores y trabajadoras de la empresa Mascardi se manifestaban en el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza contra los despidos y los descuentos salariales, en el marco de un plan de lucha contra la precarización laboral, cuando fueron desalojados con palos, gases lacrimógenos y balas de goma. 
No casualmente, dos días antes la policía provincial irrumpía en el acampe que desde hacía casi 90 días llevaban adelante cientos de docentes y estatales en Tierra del Fuego, en el marco de una huelga en repudio a la Reforma del Régimen Provisional impulsada por el gobierno provincial dirigido por Rosana Bertone, del Frente Para la Victoria. 
Pero en este caso no sólo llovieron los gases y las balas. La madrugada del 31 de mayo inició con fuego, y no artificial: los uniformados, además de reprimir, incendiaron las carpas de los manifestantes. La Unión de Gremios y Estatales denunció que, entre otros hechos gravísimos, una trabajadora “estuvo tirada con ataques de epilepsia en el asfalto 20 minutos y la policía nunca llamó a la ambulancia“. El saldo fue más de una decena de heridos, en su mayoría con quemaduras en rostro y cuello, irritación faríngea –a causa de los gases- y lesiones oculares, según informaron desde el Hospital Regional de Ushuaia. 
Alejandro Gómez, secretario de Organización del SUTE Tierra del Fuego (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación) declaraba momentos después a FM La Tribu: “la policía se presentó por dos perímetros del acampe, en uno de ellos cantando el himno nacional llamativamente, al mejor estilo fascista”. Por su parte, el secretario de Seguridad provincial, Ezequiel Murray, concluía que el operativo de desalojo se había llevado a cabo “con mucho profesionalismo”.
No nos cabe duda el parte de conformidad. El objetivo fue cumplido con creces, y la estrategia sigue rodando: avanzan las botas, cantando el Himno del gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
  
 Otro aumento de la legislación represiva
 
El mes de junio se inauguró con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de dos proyectos de ley de claro contenido antipopular. El primero de ellos introduce la figura del “agente encubierto” (el infiltrado), el “revelador” (provocador) y el “informante” (el buche, bah). Espionaje e información paga para construir pruebas cuando convenga. El segundo amplía el procedimiento ultra rápido para los casos considerados de flagrancia, que ahora se podrá aplicar a cualquier delito doloso con penas de hasta 20 años, es decir, 4/5 partes del código penal. Así, con la máscara de “agilizar” la justicia, desaparece la instrucción de las causas para ser un mero trámite hacia la condena.
Por otro lado, en Mendoza, se modificó el Código Procesal Penal para que a los detenidos con más de dos causas se les aplique la prisión preventiva, violando toda una serie de garantías constitucionales. 
Estas innovaciones represivas entran en escena de la mano con otras medidas que viene tomando el gobierno, que se corresponden con la estrecha relación de alianzas que mantiene y mantuvieron los gobiernos anteriores con los Estados Unidos, como también lo fueron en su momento las Leyes Antiterroristas, precio para el ingreso de Argentina en el G-20. 
En esta ocasión, la tarea de “proteger al ciudadano” que se propone la legalización del agente encubierto en sus dos variantes blanquea la infiltración y la fabricación de evidencias útiles para atacar cualquier organización que sea clasificada por el aparato represivo como delictivas. Esto recuerda las nefastas declaraciones de Aníbal Fernández década atrás, cuando señalaba que estas formas de investigación permitieron impedir una revuelta social. En ese caso, Fernández se refería a la represión en Puente Pueyrredón en 2002, que culminó con el asesinato de los compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Además, como ya sabemos, las fuerzas de seguridad son garantes del delito organizado, por lo que la figura del agente encubierto/revelador servirá para legitimar la criminalidad policial. 
Estas medidas, junto a la Declaración de la Emergencia Nacional en Seguridad y el Protocolo Antipiquetes, son un aporte más del gobierno al conjunto de políticas represivas para tratar de blindar el ajuste.

 Solidaridad con el FOL Rosario
 
Repudiamos el megaoperativo policial sufrido a fines de mayo por la regional Rosario del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), en el Barrio Itatí, que incluyó nueve allanamientos simultáneos, violentos y totalmente irregulares, desarrollados en el Centro Comunitario Barrial y siete viviendas de distintos compañeros y compañeras activistas de esa organización que aparentemente buscaban armas. 
Según informaron los compañeros a través de un comunicado, el operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) local presentó las mismas características en todos los casos: los efectivos ingresaron a los recintos con el rostro tapado, sin orden judicial ni constancia de ningún tipo, apostaron sus propios testigos en cada ingreso y ejercieron libremente violencia tanto física como verbal hacia niños y adultos. 
Por poner algunos ejemplos, en el extremo del escarnio, apuntaron con ithakas a la cabeza a niños de cuatro años y los interpelaron a los gritos pidiendo que señalaran los domicilios de tal o cual referente específico del barrio, como hacían los grupos de tareas durante la dictadura; antes de irse secuestraron carros, caballos, y rompieron juguetes, por si el mensaje no quedaba claro.
Es importante señalar que este no es un hecho aislado, sino que se da en el marco de una sucesión de antecedentes que responden a una disputa por el territorio, que incluye el hostigamiento sufrido por los constantes ataques de patotas y punteros que responden a la concejal de la UCR, María Eugenia Schmuk, y al intento de desalojo de varias familias ligadas a la organización que residen en el barrio desde hace más de 30 años. 
Denunciamos el accionar de las fuerzas de seguridad local, y nos ponemos a disposición de los compañeros y compañeras del FOL Rosario ante cualquier eventualidad. Expresamos nuestra entera solidaridad, y hacemos responsable de cualquier avance a la complicidad de la intendenta Mónica Fein y el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz.

 
 Ni una menos, ni un policía más

La discriminación por portación de rostro o identidad sexual, el acoso callejero, la violencia de género y los femicidios no son una sensación: son parte de la vida cotidiana de millones de personas y nos afecta a todos y a todas. Más aún se potencia en cada aspecto, cuando se cruza con las garantías y consecuencias de la intervención del aparato represivo del Estado. 
Sólo entre 2009 y lo que va de 2016, la violencia patriarcal arrebató la vida de 2.164 mujeres en Argentina, lo que da un promedio de un femicidio cada 30 horas en nuestro país. De ese total, el 6% fue cometido por miembros de las distintas fuerzas de “seguridad” con las mismas armas que el Estado les brinda. 
Sobre el total de casos registrados por Casa del Encuentro entre 2008 y 2015, casi el 20% de los femicidas pertenecen a las fuerzas armadas o de seguridad del Estado. 
Por otra parte, como hemos podido demostrar con nuestro Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Estado, desde 1983 hasta la fecha, más de la mitad de los asesinatos de mujeres, niñas y niños cometidos por integrantes del aparato represivo son femicidios o femicidios vinculados –excluidas las muertes en lugares de detención-. 
Por todo esto es que cuando decimos #NiUnaMenos, también decimos #NiUnPolicíaMás.

 
 Oculta Rock contra las DDAA

El 25 de mayo se celebró una vez más el Festival Ciudad Oculta Rock, evento que convoca año tras año a músicos y vecinos de Mataderos, Lugano y otros barrios. Allí fuimos invitados en el marco de la Campaña contra las Detenciones Arbitrarias y pudimos compartir una jornada fraterna y a puro rock. 
Pero este festival tiene su historia. Todo empezó hace 31 años, cuando un grupo de vecinos organizó un encuentro con música, tortas fritas y mate cocido para festejar el 25 de Mayo en el barrio, con la idea de compartir y escuchar rock. El lugar de encuentro era una de las casillas de los jóvenes que lo impulsaban. Las ganas de compartir entre los vecinos, que deseaban ver al barrio unido luego del regreso de la democracia, era lo más importante.
Korneta Suarez (músico y fundador de Los Gardelitos) y July, su compañera, se pusieron la iniciativa al hombro y organizaron los primeros locros junto con los vecinos, a la vez que recibían a los pibes y pibas del barrio con una chocolatada. De a poco se empezó a correr el rumor que en la Oculta todos los 25 de mayo se hacía un festival de rock, al que había que concurrir con un alimento no perecedero o donaciones de libros para colaborar con los comedores y las escuelas del barrio.
Poco tiempo después se acercaría a participar Cristian “Pity” Álvarez, aún antes de formar Viejas Locas. El posterior crecimiento de las bandas, como Los Gardelitos y Viejas Locas, ayudó a que el festival tomara una dimensión que trasciende la mera difusión. Los músicos invitaban a otros músicos a participar del evento y la gente de distintos barrios se acercaba cada vez más, logrando que el festival se hiciera más popular y convocante año tras año. Pero lo que nunca se perdió es el espíritu inicial, autogestivo y solidario, en donde se conjuga la alegría de la fiesta rockera con la lucha reivindicatoria del barrio.
Nos contaron que en el escenario del Ciudad Oculta Rock nunca se colgará la bandera de ningún partido político ni poder de turno; que las banderas de Chicago, de Argentina y de las personalidades del barrio son las únicas que flamean. Tampoco se pide la presencia de fuerzas de seguridad y desde el escenario se enfatiza una y otra vez que la seguridad la hacemos entre todos.
Fue una experiencia altamente positiva, donde tuvimos la oportunidad de acercarnos al barrio e intercambiar unas palabras con los vecinos, que se acercaron durante toda la jornada con preguntas e inquietudes. “El Mono”, uno de los organizadores del encuentro, se subía al escenario a presentar a los artistas y a desmitificar los “relatos oficiales” de la historia de la Revolución de Mayo. Y cada vez que lo hacía, invitaba al público a acercarse a nuestro espacio: “No dejen de pasar por la mesa de la CORREPI, ahí van a encontrar material muy importante para leer…” Y muchos se acercaron. Algunos compartieron sus experiencias, otros adhirieron a la Campaña y hubo quienes nos invitaron a dar talleres en los colegios de sus barrios. Y no faltó aquel que pidió más material para llevarle a sus amigos.
Esta experiencia nos vuelve a confirmar la importancia de estar organizados y la necesidad de construir lazos de unidad, de lucha y solidaridad, como lo hacen en la Oculta desde hace 31 años y como apostamos a seguir haciendo desde CORREPI.
 
 Colombia: tu lucha es nuestra lucha
 
En los últimos días, campesinos, indígenas y trabajadores del campo de Colombia han iniciado un paro agrario para rechazar el actual modelo económico capitalista y de libre comercio, a la vez que denunciar la presencia de paramilitares en las zonas agrícolas. Y una vez más, la movilización fue reprimida de manera violenta.
El gobierno colombiano había prometido llegar a un acuerdo el año pasado, tras el levantamiento del anterior paro. Sin embargo esto no sucedió y los grupos manifestantes volvieron a salir a las calles para reclamar por el cumplimiento de los puntos acordados, entre los que se encontraban el acceso y uso de la tierra (incluidas las improductivas), la formalización de la propiedad, la protección de las zonas de reserva ecológica y la implementación de los programas de desarrollo con un enfoque territorial. No hay que dejar de mencionar la lucha de cara al desarrollo social en términos de salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. 
Lejos de atender a estos reclamos, el estado colombiano ha buscado desprestigiar el movimiento bajo diversas estrategias, a través del uso propagandístico y mediático funcional al estado. Por un lado, el señalamiento público de quienes participaban de la jornada de lucha, vinculándolos con grupos de oposición armadas y amenazando a varios compañeros dirigentes. Por otro lado, el constante amedrentamiento hacia los manifestantes, bajo la Ley de Seguridad Ciudadana, que establece la criminalización de quienes participen en cualquier manifestación o reclamo.
En este contexto, la represión de las fuerzas de seguridad ha dejado hasta el momento tres muertos, 136 heridos y cuatro desaparecidos, y se ha reportado el ataque del escuadrón anti disturbios (ESMAD) en 16 municipios del país. A través de este escuadrón se intenta infundir el miedo en diversos sectores de la población, reprimiendo a lo largo y ancho del país. En los últimos 10 años, se registraron aproximadamente 50.000 desapariciones, y lo peor es que esta cifra crece día a día. Se estima que al menos 32.000 de ellas fueron cometidas por paramilitares y miembros de la fuerza pública, dejando en evidencia que no suceden sólo bajo las dictaduras, sino también en estados “democráticos”.
Como venimos denunciando, la represión y las  desapariciones en democracia ocurren y son políticas sistemáticas de control social para proteger los intereses de los que más tienen por sobre el pueblo que lucha por sus derechos.

  
 Francia y Bélgica no se quedan atrás
 
Con escasez de combustible en el 20% de las estaciones de servicio del país y con las 19 centrales nucleares en huelga, el presidente francés, Francois Hollande, reafirmó su voluntad de sacar adelante la Reforma Laboral en su país y defendió mantener “la filosofía” del polémico proyecto. 
La reforma contempla la primacía de la negociación directa entre empresario y trabajador, por encima del código de trabajo y los convenios colectivos; establece un techo en las indemnizaciones por despido improcedente y fija las condiciones que justifican el “despido económico”. De esta manera queda expuesta la alianza entre el poder político y el poder económico. 
Sindicatos y estudiantes, por el contrario, dicen que es una ley puramente neoliberal que busca debilitar a los trabajadores y hacer más fácil y más barato despedir a empleados, además de suponer un retroceso a la situación laboral del siglo XIX, agravado por el hecho de que es impulsada por un gobierno “socialista”. Las manifestaciones se incrementaron este mes, cuando el gobierno, percatado de que no tenía el apoyo necesario para aprobar la medida, decidió recurrir a un polémico artículo constitucional, el 49-3 y adoptó la ley sin una votación en la Asamblea Nacional, la Cámara baja del Parlamento. 
El 1º de mayo, Día del Trabajador, se vio un enfrentamiento entre la cabecera de la movilización y la policía. El conflicto duró una hora y media. Adoptando un carácter agresivo y provocador, los uniformados encerraron a los manifestantes de manera que se les impidió el paso y quedaron entre escudo y macana. Por la noche la situación se agravaría con 10 detenciones más. 
El hecho más importante tuvo lugar el 28 de abril, cuando, luego de una represión, dos manifestantes fueron detenidos, y al día siguiente, sin tiempo para construir una defensa, quisieron ponerlos bajo arresto provisorio. El mismo día, otro manifestante fue condenado con prisión preventiva, mientras que otros siete están a la espera de un juicio, y tres lograron su libertad, pero su identidad quedó manchada por antecedentes penales. 
Mientras que más del 60% de la población se encuentra en contra de la nueva reforma laboral, la justicia imputó y detuvo a cuatro personas por la quema de un patrullero el día 20 de mayo, con elementos de investigación poco fiables, por parte de un infiltrado (allá también hay) que siguió y denunció a los manifestantes, en un claro intento de fracturar al movimiento. 
Ante el nivel totalmente desmedido de la represión, y la necesidad de protegerse, muchos manifestantes adoptaron la violencia como respuesta política en determinadas situaciones. Mientras los medios y el poder político se empeñan en tratar de deslegitimar estos movimientos, despolitizando su accionar y tildándolos de “sujetos violentos” que buscan la confrontación, otros empiezan a entender esta violencia como un medio necesario para un fin y buscan evitar que la movilización se divida entre manifestantes “buenos” y “malos”. 
El domingo 15, a las dos de la madrugada, la policía fue al domicilio de la madre de un periodista independiente, a entregarle una interdicción de manifestar en la marcha del 17, práctica muy generalizada en estos tiempos de represión. El periodista apeló, alegando que se le impedía ejercer su trabajo y denunció la censura. Como logró mediatizar su caso, la prefectura retrocedió y anuló su primera decisión. El día de la marcha, con la autorización lograda en mano, la censura continuó cuando se le impidió cruzar el cordón policial para acceder al lugar de la manifestación. Le pedían que entregara su casco, elemento muy necesario a la hora de trabajar en semejantes condiciones, pero el fotógrafo se negó y no pudo participar de la marcha. Hoy, la prefectura sacó un comunicado alegando que el periodista gravemente herido en la cabeza por una granada en la protesta del 26 de mayo tendría que haber usado de un casco para protegerse. 
El líder de la CGT, Philippe Martinez, sostiene que para la ley “El Khomri” existe sólo una solución. La retirada total del proyecto de reforma laboral. 
No muy distinta es la situación que se vive en Bélgica, donde los principales sindicatos se sumaron a la manifestación, unidos en su oposición a los planes de aumentar la flexibilidad de los trabajadores, retrasar la edad de jubilación y reducir la paga por condiciones duras de trabajo.
Los sindicatos afirmaron que, en los últimos dos años, las políticas de mercado libre del gobierno de centroderecha del primer ministro Charles Michel han causado un grotesco ajuste en el ingreso de los trabajadores, mientras que la promesa de que se crearían muchos empleos nuevos no se ha concretado. Los sindicatos señalaron que el gobierno debería centrarse en combatir la evasión fiscal. Como respuesta a la masiva marcha, los policías antimotines usaron camiones hidrantes en medio de una protesta contra las medidas de austeridad económica en el centro de Bruselas. Varios manifestantes resultaron heridos.