Boletín informativo nº 788

 

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer un fallo que establece que sólo los sindicatos con personería jurídica o inscripción “formal” tienen derecho a convocar una huelga, y niega ese derecho a aquellos sectores organizados de manera “informal” o por fuera de las estructuras reconocidas por el Ministerio de Trabajo.
La causa fue iniciada por el trabajador de Correo Argentino, Francisco Daniel Orellano, quien hace tiempo fue despedido por haber participado de asambleas y otras medidas de fuerza en su lugar de trabajo sin el aval de la conducción del sindicato. El trabajador reclamó su reincorporación, y tanto en primera instancia y como en la Cámara del Trabajo el despido fue declarado discriminatorio y se ordenó la reinstalación. Ahora, la Corte le dio la razón a la patronal, y de paso cercenó el derecho a huelga.
Este fallo implica una gravísima violación a un derecho históricamente adquirido como es el de huelga. es una decisión a la medida de los intereses empresariales y la conducción de la burocracia sindical, ya que tiende a anular la intervención de comisiones internas o seccionales opositoras a las conducciones oficiales de cada sindicato, lo que indefectiblemente se traduce en frenar el crecimiento de los sectores combativos que se organizan o pretendan hacerlo. De este modo, se consolida el modelo clásico del unicato sindical regulado por el Estado a través de la Ley de Asociaciones Sindicales.
Al mismo tiempo, se pone de manifiesto una vez más, que el Estado Nacional, a través sus distintos poderes, sean ejecutivo, legislativo, o judicial, lejos de ser un “árbitro”, como pretende instalarse, siempre falla a favor de los intereses de los poderosos, en detrimento del pueblo trabajador.
Pero, como sabemos, en este paño no hay casualidades, y a la hora de tomar decisiones no sólo se juegan los intereses sino también la elección de los momentos y los costos de oportunidad: a seis meses de la asunción de la Alianza Cambiemos, las contradicciones mismas del modelo empujaron al gobierno a reafirmar los lazos con sus aliados estratégicos, al tiempo que cada uno presentaba sus acuerdos y también sus reparos.
Por un lado, hacia el sector empresario, que si bien ofreció desde un primer momento su entera disposición al nuevo gobierno, también impuso sus matices al marcar que aún así “no es suficiente”, motivo por el cual algunos de los voceros públicos tuvieron que salir a excusarse: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aclarando que en caso de no mejorar en el segundo semestre “lo harían en el tercero”, y la vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien tuvo que recurrir a la vergonzosa metáfora de “luz al final del tunel”.
Por el otro, hacia la burocracia sindical, que también mostró disposición entregando los conflictos sectoriales desde un primer momento. Que la reacción inmediata a lo grosero del ajuste y un rumor genérico en la base haya hecho que las CGT y una parte de la CTA tuvieran que correr el eje de las luchas reivindicativas e inventar un término medio con la Ley Antidespidos, no implica que no fueran ellos mismos quienes terminaran por enterrarla, al permitir el veto presidencial en silencio, llamando escuetamente a la realización de ollas populares. No por nada este fallo se dicta en el mismo contexto en que las CGT tienden a la unificación.
Es así entonces, que el fallo apunta a garantizar la “gobernabilidad”, poniendo límites a la conflictividad social y allanando el camino de sus beneficios, con una venia empresarial y un guiño a la burocracia sindical.
 
  Programa de formación y equipamiento para la Bonaerense

El jueves 9 de junio, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó, durante un acto realizado en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”, en lalocalidad de Berazategui, un nuevo programa de formación y capacitación de la Policía Bonaerense.
Con la inseguridad y la delincuencia como excusas, y en sintonía con el slogan con el que su grupo político ganó las últimas elecciones, proclamó orgullosa el “gran cambio” que consiste en la formación policial en “un período mínimo básico no negociable de nueve meses” en lugar de seis, como era antes. Pero lo central, además del exiguo “cambio”, es que se destinarán  más de 50 millones de pesos en tecnología y equipamiento, entre otras cosas, para polígonos de tiro.
Este nuevo “entrenamiento”, como ya denunciamos en Boletines pasados (N° 786, mayo de 2016), se da en el marco de la política de formación que brindan agentes de la DEA y del FBI.
Aunque esta política de la clase dominante no es nueva, sí es una profundización que quedó reforzada a partir de la “visita” del presidente estadounidense, Barack Obama, en el 40º aniversario del último golpe cívico militar en Argentina. De este modo, el gobierno de turno pretende ser el mejor alumno del imperialismo, y para eso es necesario que sus fuerzas de seguridad “estén a la altura” de las circunstancias.
Vidal declaraba, “nos interesa combatir todos los delitos, pero en especial el narcotráfico”. Es así como instalan la legitimación de las prácticas, para justificar la persecución al pueblo explotado, levantando con más fuerza la tesis del narco, para militarizar más todavía los barrios a lo largo y ancho del país, con sus consecuencias cotidianas.
Porque como sabemos, y siempre denunciamos desde CORREPI, si hay algo en lo que la policía está bien entrenada es la administración y connivencia en el robo organizado, las zonas liberadas, los secuestros, las redes de trata, la prostitución y, desde ya, también el narcotráfico.
No podríamos llegar a una mejor conclusión que la expresada por la propia gobernadora: “el Estado quiere cuidar a la policía para que dé lo mejor y para que nos cuide bien”. Cuidar a los de arriba, claro.
 
  Desalojos en Brown y Martínez

Pasado el mediodía del martes 7, el cuerpo de infantería de la Policía Bonaerense reprimió a decenas de familias que resistían el desalojo del predio ubicado en el Barrio Las Cavas, partido de Almirante Brown, predio que fue reacondicionado para poder ser habitado por los vecinos y vecinas, de un basural en un barrio.
Con balas de goma, gases y topadoras, fueron atacados de manera brutal, sin distinción en rangos de edad. Hubo al menos dos detenidos y varios heridos. Algunos intentaron filmar la represión y sacar fotos del hecho, pero también fueron agredidos por la policía con gas pimienta, impidiendo el registro audiovisual.
Asimismo las fuerzas policiales utilizaron la Casa del Niño, un centro donde hay actividades culturales y merendero para las y los chicos de la zona, como centro de operaciones, impidiendo el normal desarrollo de las tareas cotidianas.
La “respuesta” del Municipio de Almirante Brown fue realizar un censo, una vez que esté todo el predio desalojado, sin ningún otro tipo de solución o garantía para el paradero de las familias.
Días después, la policía desalojó por tercera vez la cooperativa RB, en Martínez, zona Norte del Gran Buenos Aires, desde la expropiación de la planta. La fábrica de Industrias RB había sido expropiada en 2007, obtuvieron la extensión de la misma en 2012, y posteriormente hasta 2017. La empresa que se conformó como cooperativa en 2004, se encarga de producir instrumentos de medición y control para la industria nacional, siendo proveedores de empresas como Metrovías y Edenor.
El conflicto entre los trabajadores de Industrias RB y un acreedor hipotecario de la empresa quebrada en el año 2000 que intenta quedarse con el edificio ubicado en Panamá al 1700, tomó público conocimiento cuando a mediados de 2015 se produjo el primer desalojo de la fábrica.
En este sentido, los trabajadores de la empresa recuperada plantean la ilegalidad del desalojo, no sólo por “la vista gorda del juez” ante la ley de expropiación otorgada por la Legislatura Provincial, sino también por la existencia de otra causa. “Como en el Juzgado Federal Comercial N°9 de Capital no pudieron avanzar y nosotros teníamos todo a nuestro favor; ahora quieren hacerlo acá en San Isidro, sin tener en cuenta lo que dice el otro expediente”, explicó Ricardo Perea, referente de la cooperativa.
Mientras tanto la producción sigue parada, y sus trabajadores siguen sin poder trabajar, pese a que presentaron la documentación necesaria, frente a una legislatura provincial que hace lo posible por beneficiar un acreedor hipotecario quien quiere adueñarse de la fábrica.
 
  ¿Quién se cuida de quién?

Hace pocos días, el jefe del Departamento de Secuestros Extorsivos de la Policía Federal Argentina fue baleado en un operativo en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. A partir del hecho, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, salió a pedir a viva voz que le suban las penas a aquellos que “hieran o maten a los miembro de la policía”, bajo la consigna de “cuidar más a nuestras fuerzas de seguridad”.
Rápidamente, la propuesta fue defendida por el nuevo jefe de la PFA, Néstor Roncaglia (que, dicho sea de paso, está acusado de tener relación con el ex espía de inteligencia de la SIDE, Jaime Stiuso, poco después de reemplazar a su antecesor, Di Santo, quien debió dejar el cargo por su accionar en el caso Nisman), aunque debió admitir que ya existe el art. 80, inc. 8 del Código Penal, que prevé prisión perpetua para el que mata “a un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición”, -inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.601 B.O.11/6/2002-, es decir, lo mismo que reclama Bullrich.
Al mismo tiempo, varios de estos “encargados del orden” fueron ejemplo en el ojo de la tormenta, al desenmascararse algunas de sus prácticas en la sociedad que “pretenden defender” a punta de pistola durante las últimas semanas, lo que nos permite demostrar que son ellos de los que tenemos que cuidarnos.
Un policía de la fuerza local de Vicente López fue detenido en Pilar, luego de una percusión por la Autopista Panamericana, tras haber hecho una entradera en Ingeniero Maschwitz. Unos días después, dos miembros de la PFA fueron detenidos luego de demostrarse que fueron parte de un secuestro extorsivo por el que se habían quedado con el pago del rescate. Pero esto no termina ahí.
Al finalizar el mes de mayo, dos efectivos de la Bonaerense fueron detenidos. El primero, fue hospitalizado por un una herida de arma blanca causada por un comerciante al que había intentado robar en su negocio. El segundo, fue a extorsionar a la madre de una persona privada de su libertad para que “tenga mejor trato”. Ante la negativa, sacó su pistola y comenzó a disparar dentro de la casa. No conforme con eso, al no poder conseguir lo esperado, le robó un DVD.
Como venimos mostrando a lo largo de los años, el accionar de las fuerzas no versa sobre hechos aislados. No es un policía, es toda la institución. Y si para muestra basta un botón, acá sobran.
 
  Chile y la tortura de los Carabineros

El sábado 4 de junio, en la ciudad de Concepción, Chile, las fuerzas especiales de Carabineros desalojaron el Liceo de Niñas que estaba tomado como medida de fuerza, en el marco de los reclamos por mejoras educativas.
Se llevaron detenidas a diez alumnas a la comisaría, pero sólo nueve fueron liberadas con el correr de las horas. Constanza Vargas, de 18 años, fue llevada a los calabozos y obligada a desnudarse; fue insultada y agraviada con frases homofóbicas, y recibió golpes hasta tener que ser hospitalizada. Días después, Constanza declaró que las cámaras del calabozo estuvieron apagadas durante el tiempo que fue torturada.
Por este hecho se presentó una denuncia por apremios ilegales, que no sólo precisa la última circunstancia, sino que evidencia una práctica sistemática de amedrentamiento y tortura que sufren los estudiantes de los colegios secundarios a lo largo de 2016, como sucedió en el mes de mayo con el presidente del Instituto Nacional, quien recibió una brutal golpiza, y una estudiante del Liceo Carmela Carvajal que fue torturada por fuerzas de seguridad.
Basta recordar la represión policial que a fines de mayo se desató en la manifestación convocada por estudiantes en la ciudad de Santiago. Varios dirigentes estudiantiles aseguraron que el actuar de los Carabineros les recordó las peores imágenes de la dictadura. En sintonía, hace unos días la CODEJU denunciaba: “Podemos reconocer claras violaciones a Derechos Humanos como la existencia de tortura en el procedimiento, discriminación y violencia de género dentro del relato dado por la estudiante Constanza Vargas.”
La toma de los establecimientos educativos se enmarca en el contexto de paros y otras medidas de protesta, en más de cuarenta liceos en el país vecino. Tanto los estudiantes universitarios, como docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación, se solidarizaron con esta lucha, aun cuando muchos de ellos han denunciado persecución e intentos de desvinculación por adherir a los métodos de lucha.
Las demandas del movimiento estudiantil son la educación gratuita, totalmente financiada por el estado, el pasaje escolar gratuito, la derogación de la Ley General de Educación, entre otras. Según expresó el Centro de Estudiantes del Liceo de Niñas en una declaración pública la semana pasada: “Denunciamos enérgicamente al Estado y al Gobierno de Chile, que después de 10 años de movilización social por la educación no ha sabido dar respuestas justas a nuestras demandas, reaccionando con violencia y represión a las luchas ciudadanas que buscan construir un Chile más digno para las familias trabajadoras de las cuales clase política dice falsamente representar.”
Nos solidarizamos con ellos y adherimos en contra de la criminalización de la protesta social, la implementación de leyes represivas y el hostigamiento directo a los trabajadores, trabajadoras y estudiantes que se organizan en Chile.