Boletín informativo nº 789

 

Hace unos pocos días trascendió un informe semestral de la división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense basado en la apertura de sumarios por malos desempeños al interior de la fuerza.
En la ciudad de La Plata, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó los resultados parciales en conferencia de prensa con un saldo aparente de 1.600 agentes apartados por presuntos antecedentes de corrupción. Concluyó que “no solamente hay que apartar al policía que está involucrado en un delito; también hay que premiar, valorar y respaldar al que quiere trabajar bien”. La trampa –o lo que no se dice- se encuentra precisamente en este binomio: el castigo y el premio.
En esta operación, el “castigo” se utiliza como chivo expiatorio de lo que al gobierno dejó de servirle, para legitimar las prácticas que les siguen sirviendo para la defensa de sus intereses sin pagar costo. Y si hubo un costo que pagar, fue porque trascendió, y no porque mientras tanto no pasara. En esto no hay demasiada vuelta: si la olla se destapa, entregan a uno, o a un par, para cortar la cadena de mandos. Pero arriba nunca llega. Entonces pareciera que lo que pasa los excede por completo.
Sin embargo, nuestra ventaja siguen siendo los hechos. Lo cierto es que, en estos meses de vestiduras rasgadas, el corolario del combate a la inseguridad y el narcotráfico fueron el incremento de la militarización en las barriadas populares, con mayor número de pibes y pibas asesinados por el gatillo fácil, o la tortura en cárceles y comisarías; un aumento considerable de las detenciones arbitrarias y el armado de causas sin mayor sustento que los huecos que no pueden taparse. ¿Y cuál es el “premio”? Bueno, eso merece un párrafo aparte.
A principios de junio salió publicado en el Boletín Oficial, por resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el decreto 224/2016, que dispuso un 35,75% de aumento al personal de las fuerzas de seguridad (como paritaria única, sin necesidad de negociación), la creación de nuevas escalas salariales para las FFAA y un incremento del presupuesto anual de 767 millones de pesos para la compra de equipamiento. Con ese impacto, la Dirección Nacionalde las distintas fuerzas pasó a cobrar nóminas de $40.000 a $55.000, y como si fuera poco, recibieron un complemento por “responsabilidad jerárquica” de $11.000. Comparen con su salario y el de sus vecinos.
El argumento de la disposición nos facilita la explicación: “Que con el propósito del Gobierno Nacional de reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que la correcta ejecución de la actividad de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y Cuerpos Policiales requiere, resulta necesario actualizar las escalas salariales vigentes”.
No nos cabe duda cuál es la relevancia que se le da al concepto de lo que resulta necesario para el gobierno. Sólo que nos molesta bastante que nos quieran contar cuántos pares son tres botas, jugando al heroísmo.

  ¡Fuera Peña Nieto!

El viernes 29 de julio, el presidente Mauricio Macri recibirá la visita de su par mexicano, Enrique Peña Nieto, con el objeto de ampliar las relaciones económicas entre ambos países y fortalecer los acuerdos políticos entre dos gobiernos marcados por la misma huella ideológica.
La agenda de actividades dispuesta desde hace unas semanas comprende una conferencia de prensa conjunta que abordará una síntesis de los temas a tratar en el convite: la puesta en común de ambas Reformas Educativas, la estrategia de Seguridad Nacional aplicada en cada caso y los tratados de libre comercio, temario puesto por la representación de la Alianza del Pacífico (AP), que comparte México junto a Estados Unidos, y otros países de Asia y América Latina.
La visita se da en el marco del enorme repudio a nivel internacional sobre las políticas represivas y las violaciones a los DDHH que lleva adelante el gobierno  de México, responsable de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, estado de Guerrero, en septiembre de 2014, y de la creciente criminalización de la protesta social en junio de este año en los estados de Chiapas y Oaxaca. En este último caso, la represión a docentes, estudiantes y sectores organizados en la CNTE, junto a las y los pobladores que adhirieron a la movilización contra Reforma Educativa en la comunidad de Nochixtlán, terminó con un saldo de al menos 13 muertos, cientos de heridos y desapariciones aún sin respuesta.
La Asamblea de Mexicanxs en Argentina convocó, junto a las organizaciones que integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y otros adherentes, a una jornada de lucha desde las 10:00, con una concentración en Plaza de Mayo y una movilización a las 17:00 hacia la Cancillería Argentina, en el Palacio San Martín, con estas consignas que hacemos nuestras:

  Patrullas FFAA

La semana anterior, un mensaje en la cuenta de twitter oficial del ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, pero que duró apenas unos minutos, hablaba de un trabajo en conjunto con el ministerio de Defensa para generar un trabajo “coordinado para más seguridad”.
Desde sus orígenes, el gobierno ha expuesto la necesidad de contar con las fuerzas armadas “en pos de la seguridad y desarrollo nacional”. Apoyado por las editoriales del diario La Nación, en aquellos primeros pasos del gobierno, y sostenidos por el tiempo, el diario exigió y exige la libertad de los pocos genocidas todavía presos, y revitaliza la idea de los dos demonios. A su vez, en estos días, una exposición en Tecnópolis reactualiza las declaraciones negacionistas del hoy ex ministro Lopérfido, afirmando que la cantidad de desaparecidos de la última dictadura militar del país fue “sólo” de 8.960. Todo para limpiar la imagen de los genocidas e intentar formar, en el imaginario colectivo, la idea de que son meros defensores del pueblo y sus intereses.
Podríamos seguir haciendo un punteo exhaustivo de cómo el gobierno ha estado trabajando en esta limpieza de imagen de las FFAA, como el aumento de sueldo, las declaraciones del Presidente en torno a la necesidad de que vuelvan a intervenir en las negociaciones con los países extranjeros, el contacto con el FBI, el llamado a la Interpol para cuidar las fronteras, la aparición de Obama el 24 de marzo, las declaraciones del ministro de defensa, Julio Martínez,  sosteniendo que las “las FFAA van a tener en este ministerio y gobierno un aliado”, etc., etc., etc.
Sin embargo, una de las situaciones más impactantes fue la aparición en los actos del 9 de Julio de los Carapintadas, al mando de Aldo Rico, que también fue una actor político del gobierno anterior, paseándose en la avenida Libertador con los Ex Combatientes de Malvinas, o aquella supuestamente no organizada reaparición en Tucumán de la Asoc. Civil Excombatientes Sanjuaninos del Operativo Independencia, y su asociación hermana de jujeños y otros, que abrieron paso a críticas y apoyos por parte de los diferentes medios, pero que logró el cometido de poner en debate nuevamente el rol de estas fuerzas buscando una aprobación social para tener mayor sustento el accionar del gobierno.
En CORREPI, no nos dejamos sorprender por la noticia, más aun, salimos a denunciar una vez más que esta “coordinación” de conjunto entre el gobierno y las FFAA es algo premeditado, que necesita de su reivindicación como garantes del orden y la seguridad nacional, mostrando una clara intención de generar una unión, capaz de poder reprimir y socavar cualquier tipo de acción social que sea un estorbo a la hora de la construcción de una sociedad al servicio de los agentes económicos-políticos más poderosos.

  Morir en el encierro, una costumbre de Estado

La Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo oficial que registra y documenta las muertes de detenidos del Sistema Penitenciario Federal. En su informe de la primera mitad del año, contabilizó 20 en diez unidades penitenciarias federales distintas. Quince de esos casos se produjeron en unidades definidas como “cárceles de máxima seguridad para varones adultos”. Por un lado, la distribución de muertes en tantas cárceles diferentes, da cuenta de la existencia de hechos lesivos para la vida a lo largo y ancho del archipiélago carcelario. Por el otro, casi todos los establecimientos carcelarios aparecen como lugares especialmente violentos y restrictivos, donde se refuerzan y agravan las vulneraciones registradas en otros espacios.
Resulta interesante analizar la clasificación de “modalidades de muerte” que hace el organismo, que distingue primariamente entre “causas violentas” y “no violentas”, y discrimina en estos seis primeros meses, siete de las primeras y trece de las segundas.
Sin embargo, entre las “no violentas” se incluyen las muertes por incendios, un caso denominado “muerte súbita” y otro definido como “causa no violenta no corroborada”, es decir, sin explicación alguna. La experiencia cotidiana nos viene enseñando que así se pretenden disimular, muchas veces, las muertes como consecuencia de la aplicación de torturas (descompensaciones, muertes súbitas, etc.). Tampoco se informa el detalle de las muertes atribuidas a enfermedades, a su vez discriminadas en “oportunistas HIV” y “otras enfermedades”. Nuestro Archivo de casos registra muchos casos de presos muertos por enfermedades que nunca hubieran causado la muerte extra muros, como hepatitis, en los que la situación de encierro deviene determinante para causar el fallecimiento, y convierte así una aparente muerte “natural” en un crimen de estado.
Más allá de los criterios de delimitación empleados por al PPN para agregar el adjetivo “violento” a una muerte en prisión, resulta muy clara la distribución de las que denomina violentas en relación a la edad del fallecido. El 93% de las muertes de jóvenes de 18 a 24 años corresponde a muertes violentas (excluidos, como ya se dijo, las muertes en incendios y de causas no corroboradas), mientras que, a la inversa, en el universo de personas mayores a 55 años, el 91% son muertes calificadas como “no violentas”. Cualquier similitud con los rangos de edad más afectados por el gatillo fácil y las muertes en comisaría no es simple coincidencia, sino que señala con transparencia que la represión estatal se concentra fabulosamente sobre el segmento más joven de la población, dentro o fuera de la cárcel.
El dato de que el 60% del total de muertes afectó a procesados y no a condenados refleja brutalmente la enorme proporción de presos sin condena en las cárceles federales, así como es revelador que sólo el 19% de esos muertos tenían defensores particulares, clara indicación de la extracción social del 81% restante.
Así, aun con sus limitaciones, el informe oficial de la PPN provee una radiografía de la situación carcelaria en nuestro país, que corrobora lo que surge de nuestro Archivo de Casos: el gatillo fácil es la primera causa de muerte a manos del Estado, y estar preso es la segunda, con casi un 40% de incidencia sobre el total de asesinatos represivos.

  Turquía: Entre la espada y la pared.

Después del golpe o “autogolpe” de estado fallido del 15 de julio, el pueblo turco se encuentra entre la espada y la pared. Turquía, al igual que Latinoamérica, tiene una larga tradición de golpes de estado, y los resultados son similares aunque varíen los climas, hablen distinto idiomas y los separen miles de kilómetros de distancia: nada bueno podemos esperar los pueblos de los perros guardianes del sistema, de verde oliva o de cualquier otro color. Sus trajes han cambiado desde su nacimiento, pero nunca su función. 
La respuesta del gobierno de Erdogan se tradujo, desde el comienzo, en medidas que poco tienen que ver con la defensa de la democracia que tanto halaga. Por eso, ante la confusión generalizada, es importante escuchar lo que dice, pero más importante aún es ver lo que hace.
Además de llamar a la movilización contra el golpe a través de los almuédanos (los encargados de llamar a los rezos islámicos desde minaretes), y distintas redes sociales, llevó adelante medidas conducentes: desde el 15 de julio hasta hoy detuvo a 13.165 personas, 6.000 se encuentran en prisión preventiva y el resto aún espera comparecer en el juzgado. Del total, 8.838  son soldados, de los que 123 tienen el rango de general, 2.101 son jueces y fiscales y 1.485 son policías. Más de 60.000 funcionarios fueron despedidos o suspendidos en su trabajo, incluidos jueces, fiscales y funcionarios del Ministerio de Educación.
Amnistía Internacional (AI) denunció en un informe que, durante la fase de detención en dependencias policiales, se documentaron numerosas torturas, sobre todo dirigidos contra militares de rangos superiores. Muchos detenidos fueron abandonados sin comida, agua ni asistencia médica y fueron forzados a mantener posturas agotadoras hasta durante 48 horas o sufrieron incluso violaciones anales.
La imagen de la derrota del golpe son las decenas de fotografías en la prensa propagandística de civiles linchando a los soldados que se entregaban, con el apoyo del sector oficialista de la policía. La otra cara de esa misma moneda es la generalización de ataques a los kurdos, que representan el 18% de la población, por parte de los partidarios del gobierno.
Por otro lado, la fiscalía general ordenó el 25 de julio la detención de 42 periodistas en relación con las investigaciones sobre el levantamiento, al tiempo que la purga alcanzó a más académicos, soldados, diplomáticos y empleados de la aerolínea semiestatal Turkish Airlines.
En la movilización opositora tanto al golpe como a la andanada de las medidas totalitarias del gobierno, miles de personas se acercaron a la plaza Taksim, vigilada por un helicóptero y acordonada por blindados y vehículos antidisturbios,  tras ser sometidos a tres registros.
Erdogan logró la aprobación parlamentaria del estado de emergencia, que limita las garantías constitucionales, y anunció la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos, en un movimiento de pinzas que le deja las manos libres para maniobrar sin grandes reparos legales.
El vice primer ministro, Numan Kurtulmus, anunció asimismo que Turquía desactivará la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), alegando que Francia hizo lo mismo luego de los atentados en París de noviembre pasado. Las medidas represivas tomadas por el gobierno del autoritario Erdogan y las medidas represivas del socialdemócrata Hollande, dan lugar, ya que las diferencias son sólo de grado, a preguntarse si algo seguirá en pie del régimen democrático burgués en alguna parte del mundo.
Como si todo lo anterior fuera poco, Erdogan insiste en la necesidad de reintroducir la pena de muerte. Por ello el Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea amenazo con paralizar el trámite de su ingreso a la UE.
Para salir de la espada y la pared, a los pueblos, más temprano que tarde, no les quedará otra opción que la de enfrentarse a todas las instituciones del Estado, capitalista y represor de nacimiento, sobre todo en tiempos de crisis económica.