CANDIDATO AL ESCRACHE

Abril de 1991, Estadio Obras. Un centenar de chicos que querían presenciar un recital de rock fueron detenidos en la gigantesca razzia organizada y dirigida por la comisaría 35ª, y apoyada por otras dependencias policiales. El operativo, calificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como inconstitucional y arbitrario, culminaría con la muerte del adolescente Walter Bulacio, sin dudas el caso de represión policial acompañado de mayor repercusión pública y movilización popular de la década.
Julio de 1998, Bajo Flores. Un grupo de familias sin vivienda que ocupó un predio municipal para levantar sus precarias casas fue brutalmente desalojado por efectivos de la comisaría 38ª. Varios vecinos y vecinas fueron maltratados y detenidos. La violencia empleada con mujeres y niños fue transmitida en directo por televisión.
Agosto de 1998, casa del Ministro Corach. Familiares de las víctimas de la masacre de la AMIA manifestaron frente al edificio. Querían entregar al funcionario una requisitoria judicial, cansados de esperar que el ministerio del interior aportara al juzgado federal del Dr. Galeano determinada información sobre ingresos y salidas del país de ciertas personas. Fueron detenidos “por averiguación de antecedentes” por personal de la comisaría 23ª.
Los tres episodios forman parte de la política estatal que caracterizamos como represión institucional, y que tiene por objeto el control social como medio de mantener el “orden” –del sistema.
En los tres casos fue la policía federal el ejecutor de esa política que cuenta con formidables herramientas represivas como la facultad policial de detener personas en averiguación de antecedentes.
En las tres oportunidades fue protagonista un mismo personaje: el actual comisario Aragona, titular sucesivamente de las comisarías 38ª y 23ª, fue antes el subcomisario de la 35ª. Era el segundo de Miguel Angel Espósito, el comisario jubilado por su propia decisión que, a casi ocho años de la detención ilegal y muerte de Walter Bulacio sigue procesado sin sentencia a pesar de que en abril de 1996 la fiscalía pidió que se lo condene a la pena de 15 años de prisión.
Evidentemente haber sido partícipe del caso Bulacio, haber incluso prestado declaración en la causa como imputado no procesado, no obstaculizó la carrera de Aragona, ascendido a comisario. Tampoco las imágenes en las que se lo vio intentando llevarse por la fuerza un menor de edad que se refugiaba en los brazos de un abogado, compañero nuestro, impidieron que se le “mejorara” el destino, dándole el mando de una comisaría en pleno barrio de Palermo, lejos de los barros contaminados del Bajo Flores.
Mientras tanto, la gran preocupación en el discurso oficial es lograr consenso para superar la crisis de legitimación de sus instituciones, entre ellas la policía y la administración de justicia. Ni una ni otra son bandas autónomas que determinan políticas propias. Ni una ni otra afrontan esa crisis de legitimidad sólo porque necesitan, como un constipado, “una buena purga”. Ambas forman parte, ambas son los ejecutores conscientes de las políticas de seguridad del Estado.