Buenos Aires, 9 de diciembre de 2005
La CORREPI y los familiares de las víctimas de la policía, una vez más - igual que la 1ª vez en el año ´96- estamos en esta plaza para hacer oír nuestro reclamo de justicia por nuestros muertos. Para decirle a este gobierno, que dice ser líder en DD.HH, que es la continuidad de los anteriores en materia represiva, violando sistemáticamente nuestros derechos.

En esta lucha de clases queremos dejar de ser ciudadanos de 2ª y tener derechos igualitarios, que no tengamos que peregrinar para tener justicia para nuestros muertos. Es fácil ordenar de palabra las violaciones de DD.HH. de años atrás en tiempo de la dictadura y no decir nada de las violaciones cometidas por esta pseudo-democracia, gobiernos más y menos corruptos, más y menos represivos, que NO dan señales políticas de terminar con una de las prácticas más perversas del Estado, “el gatillo fácil”, asesinando a personas indefensas en situaciones en que NO presentan un peligro inmediato para la sociedad ni para las fuerzas de seguridad, tal como intentan mostrar.

Este método usado como control social, tiene en la policía federal y las provinciales, la gendarmería, la prefectura y los servicios penitenciarios, la mano ejecutora y quienes más los sufrimos somos los pobres, los marginados, los que resistimos, los que tenemos muy en claro quienes son nuestros enemigos, los que no desvirtuamos nuestra lucha y el martirio de nuestros muertos por un sueldo en una oficina del gobierno, como sí lo han hecho otros familiares y otras organizaciones que antes eran luchadoras y combativas y hoy apoyan al gobierno, convirtiéndose en cómplices de este sistema, desvirtuando todo por lo que han luchado sus hijos que murieron o fueron desaparecidos.

Sistema que desde el momento que nacemos nos violenta, nos reprime, nos margina, negándonos el derecho a una buena educación y una mejor salud, negándonos el derecho a un trabajo digno que nos permita vivir con lo mínimo indispensable; sistema que para los pobres, el único destino que ofrece a nuestros chicos es morir a balazos o torturados en cárceles o comisarías. Sistema del poder político, económico, judicial y policial, que no tiene ningún derecho moral para juzgarnos, ya que el peor de nuestros chicos, es mejor por lejos, que el mejor de ellos.

También, luchamos contra la incomprensión de una sociedad, por no hacer concesiones, no tenemos el apoyo mediático para aparecer ante las cámaras con cara de dolor; la iglesia que lucha en contra de la homosexualidad, en contra del uso del preservativo, en contra del aborto, según el clero por defender la vida, no dijo ni dice nada cuando el estado asesina a nuestros familiares, la red solidaria nunca se solidarizó con nosotros, el coro Kennedy, no canta por nuestros muertos, quizás piensen que nuestra clase lo único que sabe escuchar es rock o cumbia villera.

Hace un año sucedió la “Masacre de Cromañon” y la legislatura pidió juicio político para el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, este año han muerto seres humanos en el penal de Mendoza, en el penal de Córdoba, en la cárcel de Coronda de Santa Fe, por gatillo fácil, por torturas, hace 2 meses en el penal de Magdalena, donde murieron 33 personas, el periodismo ya se olvido de estos hechos. Este año el estado mató 183 pibes con el gatillo fácil y la tortura, y a ningún legislador se le cruzó la idea de pedir juicio político al presidente Kirchner o a los gobernadores de las distintas provincias, tanto o más responsables que Ibarra, por que estas muertes fueron EN y POR instituciones del Estado que les debían garantizar seguridad, dejando al desnudo la impunidad del poder político para juzgar sus propios crímenes.

No olvidamos que con la muerte de nuestros familiares hemos firmado un compromiso de por vida para luchar en contra de toda injusticia. Para que las palabras “Iguales ante la ley” sean una realidad, para que el “Nunca Más”, dejen de ser sólo palabras escritas en un libro y tener presente lo que una vez dijo una Mamá: “una mentira es una mentira, un crimen es un crimen pero no hay que dejarles a los verdugos la ultima palabra”.
Por eso creemos que la resistencia en nuestra forma de organizarnos en la lucha, es nuestra dignidad y nuestra ultima palabra.

Por todo esto todos juntos decimos y exigimos: ¡BASTA DE GATILLO FACIL! ¡BASTA DE TORTURAS! ¡BASTA DE IMPUNIDAD! ¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS Y CADA UNO DE LOS CULPABLES Y SUS ENCUBRIDORES!

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales siguen teniendo las fuerzas de seguridad que necesitan para ejecutar sus políticas de hambre y exclusión a través de la represión, aunque se quieran lavar la cara con “purgas” o “reestructuraciones” mediáticas, mientras ejercitan el “meta bala”. Los escuadrones de la muerte que practican la “limpieza social” en las villas y barrios pobres, sobre los que venimos alertando desde hace años, motivan acordadas de la Suprema Corte bonaerense, la misma que como máximo órgano judicial de la provincia es el garante final de la impunidad de los asesinos.

Los sucesivos regentes del poder, con discurso de “mano dura” o con un discurso aparentemente garantista y democrático, ni se convierten en jefes de las fuerzas de seguridad las mandan a reprimir y asesinar al pueblo, como en Corrientes y Salta, como el 20 de diciembre y el 26 de junio. Nuestros hijos, los hijos de los pobres, siguen siendo asesinados, en todo el país, gobierne quien gobierne.

Nos asustan con la inseguridad para que no nos demos cuenta que “mano dura” es represión, y que no hay mayor inseguridad que los asesinos de uniforme en la calle, sean milicos o policías.

La Justicia del sistema, además de amparar como de costumbre a sus patrones políticos, legitima cada vez más las cotidianas violaciones a los derechos humanos de los pobres, de los jóvenes, de los excluidos, es decir, de los “sospechosos” de siempre. Los jueces y fiscales sólo son garantistas cuando se trata de proteger al asesino de uniforme para reproducir la impunidad y sólo son duros en la aplicación de las leyes para reprimir a los pobres. Contra ellos, todo vale, especialmente Meter Bala, mientras los que sí van presos son los luchadores sociales, los que cortan rutas para reclamar trabajo, los que piden comida frente a un supermercado.

Los muertos de nuestro Archivo no eran, en su mayoría, militantes ni luchadores sociales, aunque desde 1995 son más de 50 los compañeros asesinados en protestas, cortes y movilizaciones. Casi todaslas víctimas responden a una misma definición de clase: jóvenes pobres, desempleados y excluidos, lo que dificulta a algunos dogmáticos con anteojeras caracterizarlos como víctimas de una violación a los Derechos Humanos. Los muertos de nuestro Archivo son los hijos y hermanos de los que cortan rutas porque hasta el derecho de huelga les ha sido arrebatado por este sistema injusto que cada día viene por más. Sus muertes no fueron “errores” o “excesos”, sino el resultado de las políticas represivas implementadas para reproducir y ampliar la explotación.

Nosotros, que ya perdimos lo más preciado, que tenemos de nuestros hijos un nombre y un número en una lista junto a mil trescientos más, seguiremos luchando contra la represión y la impunidad. Seguiremos denunciando como podamos que no fueron loquitos sueltos ni psicópatas reclutados por error los que mataron a nuestros hijos. Seguiremos insistiendo en que ninguna sociedad puede ser segura si el Estado nos asesina, tortura y desaparece. A nuestros hijos los mató el Estado. Por eso, por ellos que no están y por los que aún nos quedan, exigimos y reclamamos

JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE AYER Y DE HOY
BASTA DE REPRESION
BASTA DE IMPUNIDAD.