CASO BOGADO: PIDEN PERPETUA PARA EL POLICÍA ASESINO

Tanto el fiscal, Dr. Bernardo Kiper, como las abogadas María del Carmen Verdú y Silvia Góngora, de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), que patrocinan a Nicanor y Zunilda Bogado, padres de Marcelo, coincidieron en sus alegatos al pedir prisión perpetua para el policía José Luis Díaz, acusado por ambos por “homicidio agravado”, cometido por un miembro de una fuerza de seguridad del estado y con su arma de fuego reglamentaria. Las abogadas de CORREPI reclamaron además que el policía vaya a la cárcel, ya que tiene arresto domiciliario, y señalaron que el delito, por ser cometido por un policía, es un crimen de estado.

El fiscal rechazó de plano los argumentos defensistas respecto de un supuesto “forcejeo”, y tuvo por probado que al recibir el disparo en la nuca, el chico estaba tendido boca abajo en el suelo, con las manos hacia atrás, y el policía parado con el arma en su mano. Destacó el testimonio de una mujer que desde la ventana, en el primer piso de la casa frente a la cual ocurrió el hecho, describió lo ocurrido. También valoró el testimonio del médico autopsiante, quien afirmó que el disparo se produjo cuando el chico levantaba la cabeza, para quejarse por los golpes que le estaban dando, como dijo la testigo presencial cuya identidad fue reservada hasta el juicio oral para protegerla. Finlmente ponderó los dichos del perito balístico, que declaró que el modelo de arma utilizada por Díaz (una Astra 9 mm) no puede dispararse accidentalmente sin que se presione el gatillo debido a su sistema de seguros.

Verdú, además de acusar por homicidio calificado y pedir la pena de prisión perpetua, solicitó al Tribunal que la condena sea de cumplimiento efectivo inmediato, pues el policía, a pesar del grave delito con que llegó al juicio, está en su casa gozando una “prisión preventiva morigerada”. Fundó ese pedido en que una condena no efectiva permitiría la profugación del condenado, como, citó, “sucedió con el Comisario José Nicolás Chain, condenado a prisión perpetua por el homicidio calificado de su ex mujer, Ana María Domínguez por el TOC 2 de Mercedes; con el Suboficial principal Ramón Olivera, condenado a 18 años de prisión por el homicidio de Daniel Sosa por el TOC 3 de La Matanza o con el Cabo Néstor Moroño, condenado a 12 años de prisión por el homicidio de Leandro Bazán por el TOC 5 de Lomas de Zamora, todos profugados después de sus sentencias, ante la complicidad estatal, como lo prueba que el policía Ramón Medina, condenado por el Tribunal de Zárate-Campana por el homicidio de Pablo Martinoli, fue encontrado trabajando registrado como personal de seguridad en la ciudad de Buenos Aires 10 años después del hecho”.

Al término de la audiencia, destacó la Dra. Verdú que Díaz “es un policía modelo Arslanian, que hizo cursos de reentrenamiento todos los años, y está claro qué le enseñaron”. También señaló la abogada de CORREPI al Tribunal que, por ser Díaz policía, de acuerdo a la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio, su delito configura una violación a los derechos humanos. “Es sobre un crimen de estado que ustedes deberán dictar sentencia, un crimen en el que un individuo, miembro de una agencia de seguridad del estado, mató e intentó ganar la impunidad con los recursos y al amparo del estado. No sólo Marcelo Bogado y su familia son las víctimas en autos. Es la sociedad, la humanidad toda, la que fue victimizada por el proyectil que atravesó la nuca de Marcelo. Díaz mató a Marcelo, pero nos agredió a todos, porque su dedo, al apretar el gatillo, pertenecía a la mano homicida del estado”, dijo al finalizar su alegato.

El imputado, que se había mantenido en silencio, pidió declarar antes de los alegatos, para explicar que Marcelo Bogado “era muy agresivo”, justificando así que le pegara con el arma en la cabeza, momento en que, no sabe cómo, sonó el disparo. Cuando el fiscal le pidió que explicara porqué decía que era agresivo, dijo que era más alto y joven que él (Díaz tiene 31 años) y que “tenía el pelo largo, y esas personas no quieren a la policía”. Reconoció sin embargo que el muchacho estaba tendido en el suelo boca abajo.

El defensor Dr.López, a su turno, se quejó del “cariz político y la declamación ideológica” del alegato de la abogada de CORREPI, y justificó el accionar de su defendido diciendo que Marcelo Bogado “se juntaba con delincuentes”, ya que algunos de los jóvenes que iban con él tenían antecedentes penales. “Bogado se quería ir, y Díaz tenía que evitarlo” concluyó. Pidió la absolución, o la condena a la pena mínima por el delito de homicidio culposo.

Durante toda la audiencia, que sólo pudo ser presenciada por una docena de personas, un numeroso grupo de militantes de CORREPI, la mayoría familiares de víctimas de la represión policial, acompañados por organizaciones como la Coordinadora Antirrepresiva Oeste, la CSP 29 de Mayo, el PRG y el BOP se concentraron en la entrada del edificio de tribunales, exhibiendo fotos de chicos asesinados por la policía y coreando consignas como “Atención, atención, no es un policía, es toda la institución” o “Yo sabía, a Marcelo lo mató la policía”.

El miércoles 10 a las 14:30 el Tribunal Oral nº 2 de Morón dará a conocer la sentencia.