CASTRILLI: ¿PATOVICA O SOCIO DE PROSEGUR?

La CORREPI ha intervenido en varios casos de gatillo fácil en el fútbol, como el de Alejandro Molina, lesionado en septiembre del 2000 en la cancha de Rosario Central; el de Alberto Joy, herido en la cancha de Flandria (cerca de Luján) en el 2001, o el de Fernando de la Cuétara en las inmediaciones del estadio de Boca Juniors el año pasado. Las víctimas sufrieron lesiones graves por disparos de armas de fuego de personal policial (la santafesina, la bonaerense o la federal). Los dos primeros perdieron parcialmente la visión por balas de goma. Los perdigones, en el tercero, ocasionaron una seria lesión pulmonar. Dentro o fuera de las canchas, las policías actúan como saben: reprimiendo.

Las imágenes de los incidentes en la Bombonera entre las rivalidades de Boca y Chacarita la pasada semana se concentran en los energúmenos de las barras bravas y en los energúmenos de la Federal, pegándole a un hombre mayor. Mientras los barrionuevistas del equipo de San Martín y los macristas hacían desmanes, la Federal intervino para reprimir a los viejitos que quedaron en las graderías.

Para el perpetuado presidente de la A.F. A., es el Estado que debe garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos. Con este eterno criterio Grondona pretende eludir la responsabilidad (suya) en la organización del evento futbolístico, como le gusta decir a los relatores radiales. La A.F.A. -al contrario a lo que sucede en otras Ligas- nunca se hace cargo por lo que pueda pasar a los que vamos a la cancha. Y siempre que se suscita algún infortunio (provocado o accidental) la culpa la tiene otro. Por ejemplo, el Estado. Claro que con semejantes fuerzas de seguridad es muy sencillo hacerlo.

Pero el negocio de las Policías es otro. El negocio es que haya quilombo. Que haya “violencia en el fútbol”. Con el criterio capitalista de que el Estado o las instituciones del Estado no deben dar pérdida (como si los servicios no fueran una inversión de índole social) las Universidades estatales salieron a “venderse” para autoabastecerse. Y la Policía también. A través de sus “horas extras” las fuerzas policiales de todo el país salen a “vender seguridad” al mejor postor. Se pueden llamar adicionales como en la Federal o cores como en la bonaerense. Lo cierto es que cada fuerza de seguridad tiene una oficina destinada a subastar seguridad a quien la contrate.

Y los clubes de fútbol son una presa codiciada. Los clubes necesitan garantizar la seguridad de los espectadores y por tanto necesitan a la policía. Cuanto más complicado es el partido, más despliegue policíal se requiere. La complicación la da la rivalidad entre las hinchadas. Los clubes deben pagar una buena cantidad de pesos por cada efectivo individual contratado, por armamento contratado, etc. Ese dinero ingresa en las arcas oficiales de la policía y una parte es destinada a pagar a cada miembro que participe en el operativo. A la policía le conviene que el espectáculo sea de alto riesgo, así son más los policías que se contratan. Ingresan dividendos a la institución, y cada policía se hace una “changa” que le completa el sueldo. Simple “toma y daca”.

La policía califica el partido y ofrece un número -generalmente exhorbitante- de efectivos. Los clubes regatean esa cantidad para pagar menos. A la cana le conviene que haya bardo, así los clubes se encuentran compelidos a contratar más. Ya hubo varias defraudaciones cometidas por comisarios (incluso el propio ex Jefe de la Federal delarruista Santos estuvo involucrado) porque pasaban la lista de una cantidad de policías afectados a tal partido, después llevaban bastantes menos y se quedaban con el vuelto.

Para la Federal es un negocio estupendo. Esto lo sabe el juez Berges y lo sabe también el actual Secretario de Seguridad en Espectáculos Deportivos Javier Castrilli.

Sin perjuicio de cuestionar que un tema como el fútbol adquiera la jerarquía y el rango de Secretaría de Estado (lo que refuerza el espíritu represivo de este gobierno, aún más que el de Duhalde) la solución a la Castrilli del problema resulta sospechosa.

Castrilli, al que por su arbitraria capacidad para exponer tarjetas amarillas y rojas a jugadores, técnicos, aguateros y hasta simpatizantes, lo apodaban el Sheriff, quiere privatizar la seguridad dentro de los estadios. La excusa es que las policías son corruptas y no brindan seguridad, y que promueven la violencia para ser contratados por los clubes. En esto tiene razón Castrilli. Desde CORREPI podemos agregar que la policía es represora, y mata y lesiona ante cualquier altercado.

Ahora ¿Seguridad Privada? ¿Porqué seguridad privada? ¿La seguridad privada es mejor? ¿Las agencias de seguridad privada han dado muestras de ser más eficientes? ¿Los canas privados se mostraron como más respetuosos a los derechos humanos? ¿Cuántos casos de homicidio hay cometidos por policías privados? ¿Hay alguna agencia de seguridad privada que no sea de personajes vinculados de una u otra forma al aprato represivo del estado?

En fútbol, cuando un equipo saca muchos jugadores de sus divisiones inferiores, se dice que tiene una cantera. ¿De dónde salen los tipos que trabajan como seguridad privada? ¿No sabe Castrilli que los agentes de seguridad privada, en el mejor de los casos, son canas en actividad, y que por lo general son retirados, exonerados, y echados en general? ¿No sabe que los que integran las agencias que él quiere que cuiden a los espectadores en muchos casos fueron expulsados de las fuerzas por hechos graves?.

Castrilli, ¿tampoco sabe que las agencias de seguridad privada están conducidas, generalmente, por ex represores de la dictadura o ex comisarios con prontuario más voluminoso que alguno que pasa sus días en Sierra Chica? ¿No era presidente de una agencia de seguridad el genocida Donda, o el ex comisario Naldi o el ex comisario general Colotto, por ejemplo?

Los que saben cómo actúan las empresas de seguridad privadas son los pibes que padecen a los patovicas en las disco o bailantas. Las desfiguraciones de rostros o huesos quebrados no acreditan ni eficiencia ni respeto por los derechos de los demás, y como de costumbre cuando de reprimir se trata, después nadie es responsable.

La solución Castrilli supone un pingüe negocio que algunos le quieren sacar a las fuerzas de seguridad para pasárselo a los privados. Achicar el Estado es agrandar la nación, escuchamos de boca de tanto engendro neoliberal. Mientras algunos deglutían “las acciones de esa farsa” como diría Cazuza interpretado por la Bersuit, los empresarios a los que “les interesa el país” se quedan con la torta.
¿No será que Prosegur o alguna otra empresa de seguridad privada está atrás? ¿No será que el Sheriff es socio de alguno que puede “proveer otro modo de seguridad” al espectáculo de fútbol?

Preguntamos a Castrilli (o a Beliz en su caso): ¿qué tipo de armamento utilizarán esos agentes privados? ¿Dispondrán de arsenales antidisturbios? ¿Postas de goma o de plomo? ¿Qué facultades les otorgarán a los privados? ¿Podrán detener personas? ¿Investidos en qué atribuciones podrán pisotear derechos garantizados?

Ni mayores facultades al Estado para reprimir ni muchísimo menos, seguridad privada. Tampoco fascinerosos adscriptos a equipos de fútbol o a dirigentes corruptos o a los partidos políticos del sistema.

DANIEL A. STRAGA - CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional
14 de septiembre de 2003